Santo Domingo, RD.-El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader desde el comienzo de su gestión ha acostumbrado a la gente a“echar para atrás” disposiciones que han generado un gran revuelo en la población, lo cual proyecta la idea de mucha improvisación o de que el ciudadano se ha empoderado.Nacionales
Es una norma en el Gobierno recular o rectificar errores cometidos.
Santo Domingo, RD.-El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader desde el comienzo de su gestión ha acostumbrado a la gente a“echar para atrás” disposiciones que han generado un gran revuelo en la población, lo cual proyecta la idea de mucha improvisación o de que el ciudadano se ha empoderado.La más reciente de todas ellas se produjo por la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringe el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales que representen incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componen la administración pública.
La comunicación establece que el cumplimiento de la norma se realizará salvo aquellos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameriten, y que cuenten con la debida autorización tanto del MAP como de la Digepres.
Esa disposición causó una serie de reclamos y quejas, principalmente de parte de los miembros de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que aún están a la espera de ingresar al tren gubernamental, y justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación para “aclarar” que la circular no limita los nombramientos si son para cubrir vacantes o sustituir personal activo.
El ministro explicó que no está restringido el ingreso de nuevo personal a la administración pública bajo esas condiciones porque estos estarían incluidos en el presupuesto vigente y no representarían incrementos en el reglón de remuneraciones.
“Tampoco se limita el ingreso de nuevo personal a los órganos y entes de la administración pública que tengan planificada la instalación y apertura de nuevas oficinas, sucursales, dependencias, etc.”, establece la misiva.
Las tarifas eléctricas
Esas circunstancias ocurrían casi al unísono con las quejas en los medios por el aumento de las tarifas y las facturas eléctricas y que junto con los apagones, se había convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno.
Debido a los reclamos, los hashtags y las convocatorias a marchas multitudinarias, Abinader expresó ante varios reporteros que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana”.
Un día después de esas declaraciones, mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la que se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022.
“Luego de emitida la Resolución No. SIE-061-2022-TF, esta Superintendencia ha verificado que las condiciones extraordinarias actuales de la situación mundial, ha generado un incremento desmesurado de los precios de los combustibles, insumos indispensables para la generación térmica de nuestra matriz energética, los cuales impactan el costo de generación de electricidad; el proceso de abastecimiento de las Empresas de Distribución Eléctrica y el cálculo tarifario”, señala la SIE en la resolución.
El vocero de la Presidencia Homero Figueroa, reafirmó que las empresas distribuidoras de electricidad deberán refacturar a los usuarios del servicio público de electricidad la factura emitida en el mes de julio.
El retiro del proyecto ciberdelincuencia
Unas semanas antes, a mediados del mes de junio, el jefe del Estado instruyó el retiro del Congreso Nacional del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que podría sancionar a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias.
“Por instrucción del presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, expresó Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Abinader, mediante el mensaje número 13818 del 14 de junio de 2022, remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que tiene por objeto “lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos.
Las reacciones a favor de esa medida tomada por el jefe del Estado no se hicieron esperar y la comisión consultiva para revisar legislación sobre libertad de expresión, designada por el propio Poder Ejecutivo, saludó la decisión del mandatario de retirar ese proyecto legislativo.
Mediante un comunicado de prensa, la Presidencia agregó que la decisión fue tomada a fin de facilitar el trabajo de la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre libertad de expresión.
Fideicomiso de Punta Catalina
El 11 de enero de este año, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo unas semanas antes.
El mismo se trataba de un fideicomiso público integrado por dos instituciones del Estado Dominicano: la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).
Según la carta de motivación remitida por el presidente al Congreso, la finalidad del fideicomiso CTPC consiste en la creación de una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”.
De inmediato, las críticas desde varios sectores de la sociedad no se hicieron esperar y en medio de los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader anunció que solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”.
El contrato fue depositado en los primeros días del mes de febrero a las autoridades del CES y dos meses después abrieron el proceso de consultas públicas, que es el estado donde se encuentra hoy.
Los carnets de habitantes fronterizos
La Dirección General de Migración (DGM) tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa de expendido de los carnets de “Habitante Fronterizo”, a los ciudadanos extranjeros que residen en zonas fronterizas y que ingresan al país durante el día sin intención de quedarse; sin embargo, la medida nunca llegó a cumplirse debido al rechazo de la población a la misma.
En febrero, durante una visita al LISTÍN DIARIO, el director General de Migración, Enrique García, dijo que la medida fue suspendida debido a la situación socioeconómica que vive Haití.
García agregó en esa oportunidad que no se tiene una fecha de cuándo se iniciaría con el plan piloto de la entrega de ese carnet, pero sí enfatizó que a su entender, el mismo es un “primer intento” para controlar esa zona fronteriza con los mercados binacionales.
Los carnets fronterizos están establecidos en la resolución número 09-2021, que a su vez fue emitida según la Ley General de Migración. Su objetivo es establecer el diseño y la implementación del “Plan Piloto de Ejecución de la Subcategoría Migratoria del Habitante Fronterizo”, para los extranjeros de nacionalidad haitiana, con el fin de colaborar con el buen desenvolvimiento de las actividades socio comerciales que se realizan en esa zona del país.
Un segundo intento de reforma fiscal
Justo cuando en el país se sentaban las bases de iniciar el “dialogo por las Reformas”, en octubre de 2021, la conversación rondaba acerca de si el presidente intentaría por segundo año consecutivo implementar una reforma fiscal para el año siguiente. En esas semanas circuló entre economistas y líderes de opinión un proyecto de reforma fiscal que se atribuyó al gobierno, con el que se procuraba aumentar las recaudaciones sobre la base de incrementar las tasas de Impuesto sobre la Renta, gravar productos exentos con el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (Itbis), subir el impuesto a la propiedad inmobiliaria y eliminar exenciones fiscales.
De acuerdo con el mandatario, su propuesta de reforma estaba supuesta a ser debatida durante el marco del diálogo de las reformas convocado por el Poder Ejecutivo, sin embargo, durante una de las primeras reuniones, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que por “razones de tiempo” el Gobierno no contemplaba que el tema de la reforma fiscal sea debatido CES y que la idea que se manejaba era de que Abinader se la presentaría a los principales actores políticos y sociales con el fin de socializar las medidas que proponen.
Las críticas no cesaron desde el momento en que los miembros del gabinete e incluso varios empresarios expresaron públicamente su desacuerdo hacia la imposición de la misma.
La noche de ese 27 de octubre, el gobernante anunció que no aumentaría impuestos, y no sometió una reforma tributaria.
“No vamos a aumentar impuesto. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica”, dijo el mandatario en una alocución al país.
El presidente expresó que había llegado a un acuerdo con el sector financiero y con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, de modo que recibirán “adelantos de sus compromisos con el Estado”.
Esa decisión del Poder Ejecutivo fue aplaudida por varios dirigentes de la oposición, quienes compartieron la narrativa de que no “era el momento” debido a que el país se encuentra en un proceso de “recuperación económica”, tras el embiste de la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Los primeros traspiés
El primero de este tipo de casos fue con la situación de los escoltas militares que estaban asignados al periodista y ahora excónsul del país en Brasil, Melton Pineda, de los que curiosamente dos de ellos eran sus hijos.
En las redes sociales se viralizó el memorándum 23771 del Ministerio de Defensa, con fecha 3 octubre de 2020, donde se le asignaba a Pineda cuatro militares por “motivos de seguridad”.
La decisión generó un gran rechazó por parte de usuarios de la red social Twitter que llegaron a leer el documento oficial, mientras otros solo esperaban que el mismo fuera falso ya que preferían creer que era una broma de “mal gusto”.
Esa información fue confirmada cuando la Presidencia de la República informó que el Ministerio de Defensa había dejado sin efecto la medida.
El documento, con fecha del 6 de octubre de ese año, fue dirigido al primer teniente médico Maricarly Pineda Medina, al sargento mayor Melton Junior Pineda Medina, al sargento Ramón Olivo Medina Contreras y al sargento Cristian Bello Pineda. Horas antes salió el decreto donde Abinader destituía del puesto a Melton Pineda.
Ese mes de octubre del 2020, se hizo de conocimiento público el contenido del proyecto de ley de presupuesto que el mandatario se proponía aplicar en el 2021 y que ya se encontraba en el Congreso Nacional, en el cual se contemplaba una carga impositiva al sueldo doble de Navidad, las compras en monedas extranjeras, entre otros nuevos impuestos.
Eso de inmediato causó una reacción adversa a esas posibles nuevas medidas por parte de la población que trajo consigo volver a instaurar entre las primeras tendencias la etiqueta #SeVan, que hicieron popular los perremeístas para desalojar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Nacionales
Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.
El movimiento ocurrió a las 5:49 de la tarde y fue sentido en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras localidades; hasta el momento no se reportan daños
Santo Domingo, República Dominicana.– Un fuerte temblor de tierra volvió a sentirse este domingo en distintos puntos de República Dominicana, provocando alarma entre residentes y la evacuación preventiva de algunos edificios y actividades públicas.
El movimiento ocurrió aproximadamente a las 5:49 de la tarde y fue percibido en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras zonas del país.
Los primeros reportes situaron la magnitud en 5.5, aunque las mediciones fueron ajustadas posteriormente por diferentes organismos especializados.
El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó más tarde una magnitud de 5.6, con una profundidad estimada de 113 kilómetros y localización a unos 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.
Otros registros internacionales actualizaron el evento con valores distintos, algo habitual mientras se revisan los parámetros de un sismo.
Movimiento fue sentido a gran distancia
La profundidad del temblor contribuyó a que fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.
En Santo Domingo, algunas personas abandonaron temporalmente edificios y establecimientos comerciales como medida de precaución.
También fueron evacuados momentáneamente visitantes y participantes de la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.
Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían reportado personas heridas ni daños estructurales de consideración.
Fue el segundo sismo sentido este domingo
Horas antes, alrededor de las 6:06 de la mañana, otro movimiento telúrico había sido registrado en territorio dominicano.
Ese primer evento fue reportado con magnitud aproximada de 4.1 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros.
El director del Instituto Sismológico de la UASD explicó que durante la jornada se habían registrado varios eventos y relacionó esa actividad con la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.
Autoridades mantienen vigilancia
Los organismos especializados continúan revisando los parámetros del movimiento y monitoreando cualquier actividad sísmica posterior.
Las diferencias entre las magnitudes divulgadas inicialmente responden a los ajustes que realizan las redes sismológicas a medida que reciben y procesan información procedente de más estaciones.
Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y seguir únicamente las informaciones emitidas por organismos oficiales ante cualquier nuevo movimiento.
Nacionales
Ministerio Público sostiene que asalto contra Julián Oro Duro fue preparado con un mes de anticipación
La acusación asegura que hubo reuniones previas, información interna sobre la vivienda y posterior distribución del dinero y las prendas sustraídas
Por Carlos Baret
Santo Domingo, República Dominicana.– El asalto ocurrido en la residencia del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, no habría sido improvisado. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los cuatro imputados habrían organizado el hecho aproximadamente un mes antes de ejecutarlo.
El expediente atribuye participación en la planificación y ejecución a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel; Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como Chiquito; Juan Carlos Hernández García, alias Juan Carlos Peña, y Phillips Michael Tejada Vásquez.
El caso está relacionado con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, las lesiones sufridas por Julián Oro Duro y la sustracción de dinero, joyas y otras pertenencias de la residencia.
Para sustentar su teoría, el órgano acusador señala que cuenta con grabaciones de cámaras de vigilancia, recuperación de bienes sustraídos, evidencias materiales, movimientos posteriores del dinero y registros de reuniones que presuntamente se produjeron antes del asalto.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la supuesta participación de Phillips Michael Tejada Vásquez, a quien el Ministerio Público atribuye haber proporcionado información sobre la vivienda y sus ocupantes.
Las autoridades consideran que esos elementos permiten sostener, en esta fase inicial del proceso, que existió una planificación previa entre los involucrados.
Declaración de “Yandel” forma parte del expediente
La solicitud de coerción también recoge declaraciones atribuidas a Kevin Dariel Germán Troncoso luego de entregarse a las autoridades.
Según el Ministerio Público, Yandel identificó a Lawrence Mark Liranzo Marcos como la persona que lo acompañó y habría señalado que el hecho había sido coordinado previamente con Tejada Vásquez y Juan Carlos Hernández García.
Esa declaración forma parte de los elementos utilizados por la acusación para vincular a los cuatro hombres, aunque deberá ser debatida junto a las demás pruebas durante el proceso judicial.
Madre de la víctima habría sido llevada a una habitación
El expediente reconstruye además parte de lo que, según los investigadores, ocurrió dentro de la vivienda.
La acusación sostiene que Yandel condujo a Sara Castillo Martínez, de 97 años y madre de Zeneida Socorro Castillo, hacia una de las habitaciones, mientras Chiquito habría recorrido diferentes áreas de la residencia buscando dinero, joyas y otros objetos de valor.
El Ministerio Público atribuye a los asaltantes la sustracción de US$50,000 en efectivo, además de prendas de oro y otros bienes.
Según la investigación, Julián Oro Duro llegó a la vivienda aproximadamente a las 11:50 de la noche.
La acusación sostiene que, al entrar, fue atacado con una escultura de madera y un jarrón, recibiendo varios golpes en la cabeza y el rostro.
Luego habría sido despojado de una cadena de oro con una medalla de Jesucristo, además de dinero y otras pertenencias.
Dinero y prendas aparecen entre evidencias ocupadas
Parte importante del expediente está sustentada en dinero y objetos que las autoridades dicen haber recuperado durante arrestos y allanamientos.
A Phillips Michael Tejada Vásquez le fueron ocupados, según el Ministerio Público, 98 billetes de US$100, equivalentes a US$9,800, así como una cadena amarilla con una medalla de Cristo que la acusación identifica como propiedad de Julián Oro Duro.
También fueron ocupadas prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante reuniones previas captadas por cámaras de seguridad.
En el caso de Kevin Dariel Germán Troncoso, el expediente refiere la ocupación de RD$30,000 y, en otra mochila localizada en una habitación de la vivienda de su suegra, US$3,750 y RD$88,000.
Respecto a Juan Carlos Hernández García, el documento presentado por el Ministerio Público señala la ocupación de US$240 y RD$500, aunque una información anterior de la Policía Nacional había situado la cantidad en US$240 y RD$32,000.
La diferencia entre ambos reportes deberá ser aclarada dentro de la investigación.
Allanamiento relacionado con “Chiquito”
Las autoridades también informaron sobre la recuperación de dinero y prendas durante una intervención vinculada a Lawrence Mark Liranzo Marcos.
Según el expediente, en poder de su madre fueron encontrados US$19,900 y RD$78,000, además de dos relojes, una cadena, una medalla, un guillo y un broche de mujer que el Ministerio Público relaciona con los bienes sustraídos durante el asalto.
La procedencia de estos objetos y su conexión con cada uno de los imputados deberán ser establecidas judicialmente.
Acusación deberá ser probada ante el tribunal
El Ministerio Público utiliza estos elementos para sostener que existió una actuación coordinada antes, durante y después del hecho.
Sin embargo, la descripción contenida en la solicitud de coerción representa la teoría inicial de la acusación y no una declaración definitiva de culpabilidad.
Corresponderá al tribunal valorar las evidencias, las declaraciones de los imputados y los argumentos de sus defensas para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en el proceso.