Santo Domingo, RD.-Las investigaciones de los Estados Unidos, llevadas a cabo por largos años, han revelado que César Emilio Peralta fue el líder de una organización criminal trasnacional que operaba desde Santo Domingo y que tenía el siguiente modo de operación: su organización criminal operaba desde República Dominicana y recibía múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia.Más Noticias
Las modalidades que usaba César ‘El Abusador’ para lavar dinero
El ministerio público señala que César Peralta ha estado desde 1997, aproximadamente, operando en el mundo de las drogas y que su organización criminal generó millones de dólares del tráfico de estupefacientes.
Santo Domingo, RD.-Las investigaciones de los Estados Unidos, llevadas a cabo por largos años, han revelado que César Emilio Peralta fue el líder de una organización criminal trasnacional que operaba desde Santo Domingo y que tenía el siguiente modo de operación: su organización criminal operaba desde República Dominicana y recibía múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia.Esa droga luego era enviada a Puerto Rico y a los Estados Unidos.
De ahí es que surge el interés de investigarlo hasta descubrir el entramado de corrupción y lavado de activos que construyó.
Las autoridades señalan que producto de esas negociaciones ilícitas se coordinaban operaciones de lavado de dinero a gran escala y que, como resultado de las ganancias ilícitas de las ventas de estupefacientes, ese dinero regresaba a República Dominicana y a Colombia.
Las autoridades dominicanas señalan que César Peralta ha estado desde 1997, aproximadamente, operando en el mundo de las drogas y que, su organización criminal, generó millones de dólares del tráfico de estupefacientes.
La acusación que se le hizo en Puerto Rico señala que, desde 2007 y hasta junio de 2017, supuestamente se asoció, conspiró y acordó con otras personas conocidas y no conocidas por el gran jurado para importar narcóticos hacia territorio de los Estados Unidos
César Emilio Peralta construyó una carrera en el mundo del narcotráfico basado en el pago de sobornos a oficiales para no ser detenido ni se le decomisaran grandes cargamentos de cocaína.
Mientras se manejaba en las sombras, las autoridades construyeron un perfil suyo que les ayudó a imaginar cómo era el hombre que controlaba el tráfico de estupefacientes en República Dominicana y que transportaba cada semanas decenas de kilogramos de cocaína a Puerto Rico y a Miami, en los Estados Unidos.
Ese perfil es más o menos el siguiente: “un ciudadano dominicano que nació el 30 de enero de 1975. Descrito por sus informantes como un hombre hispano de ojos marrones y pelo negros, que mide cinco pies y cinco pulgadas de altura. Su peso aproximado es de unas 140 libras”.
Las agencias de investigaciones de República Dominicana indican que llevaban años dando seguimiento a Peralta, “realizando amplias tareas de inteligencia, vigilancia, seguimiento físico y electrónico, entrevistas a informantes y documentación de fuentes”, que le habría permitido al Ministerio Público determinar que la estructura criminal que ha estado utilizando diversos negocios de entretenimiento nocturno para lavar el dinero de las drogas.
Las autoridades dominicanas dicen que César Peralta y su organización se basaron en tres mecanismos principales de lavado de activos:
La adquisición de bienes muebles e inmuebles de lujo registrados a nombre de testaferros y prestanombres.
La apertura de centros de entretenimiento nocturno y de expendio de bebidas alcohólicas administrados a través de sociedades comerciales de los colaboradores y asesores de la estructura criminal para dar licitud aparente de los activos ilícitos y presentarse ante la sociedad como “hombres de negocios”.
El perfil
Su nombre es César Emilio Peralta para las autoridades dominicanas. Para las de Puerto Rico es César Emilio Peralta Adamez. En su haber en el mundo del narco se le han puesto varios apodos. Dos han destacado por encima de todos: “El Abusador”, su seudónimo más conocido y “El Pesao”.
MÁS DEL PERFIL
En 1997.
Las autoridades de Puerto Rico dicen que comenzó su carrera en el mundo del narcotráfico en el año 1997. También indican que ha sido detenido en tres ocasiones: 2000, 2008 y 2015.
Detención.
No se conoce hasta el momento que tenga condena alguna por esos casos y resalta su segunda detención, donde fue liberado porque la orden de arresto fue ejecutada dos días después de haber vencido.
Lugarteniente.
Esa carrera como narcotraficante lo trilló, en primer término, como asistente o lugarteniente de los capos más visibles de la historia dominicana: Rolando Florian Félix, Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto.
listindiario.com
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.