Reportaje A Fondo
Las ‘mulas’ desaparecidas de la droga
La mayoría de presas bolivianas en Brasil están acusadas de transportar cocaína. Son el eslabón más débil de un negocio en el que estas mujeres encuentran una salida económica
São Paulo.-Al igual que sus 34 compatriotas bolivianas privadas de libertad en la Penitenciaría Femenina de Sant’Anna, en São Paulo, la vida de Gabriela A. dio un giro luego de aceptar llevar una maleta: un equipaje ajeno que, en medio de la ropa, escondía dos paquetes con casi dos kilos de cocaína. Para la policía brasileña, el hallazgo fue parte de un procedimiento de rutina en la ruta que une Corumbá, en la frontera con Bolivia, y la capital paulista. Para Gabriela, entregar el encargo significaba la posibilidad de cobrar 500 dólares para empezar una nueva vida junto a sus hijos de 20 y 15 años.
“No me gustaría que vengan otras personas. No se lo deseo a nadie porque es muy triste y muy difícil estar aquí”, dice. Su llanto se pausa cuando se traslada a los platos que cocinaba y que en los tres meses que lleva privada de libertad se han convertido en un anhelo constante: charque, lambreado de conejo, pique macho. Su relato zigzaguea entre recuerdos como esos y mensajes de arrepentimiento.
Lo que más le preocupa en la cárcel es que nadie nunca más supo de ella. Ni su madre, ni su hijo menor, con quienes vivía en Cochabamba, en el centro de Bolivia, ni su hijo mayor, que vive en Santa Cruz, en el oriente del país. Gabriela cruzó la puerta de su casa y se despidió de los suyos avisando que estaría afuera apenas unos días, pero nunca más volvió.
Cuando la detuvieron, la policía retuvo todas sus pertenencias incluyendo su celular, donde tenía los contactos de sus familiares, de sus jefes, de sus amigos… “Ahorita es como si estuviera desaparecida para ellos”, dice angustiada.
De acuerdo a la Constitución brasileña, el protocolo de encarcelamiento incluye una notificación a los familiares directos de las presas, pero no todos los agentes lo ofrecen. En el caso de Gabriela y otras mujeres bolivianas en prisión, es el consulado de Bolivia quien tiene la misión de hacer llegar esta información a su círculo cercano, pero en este caso eso nunca sucedió.
Gabriela no entiende bien el portugués. Pasa sus días trabajando en el taller de manualidades de la cárcel esperando que ocurra algún milagro: que sus hijos tengan noticias sobre ella o que el tiempo pase rápido. Gabriela está desaparecida para su familia.
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De acuerdo a la Secretaría Nacional de Políticas Penales del Brasil (Senappen), en diciembre de 2022 se contabilizaron 27.547 mujeres en presidios femeninos del país y 91 son bolivianas. “La droga no es de ellas, sino de alguien que las contrata para pasarla. En el puesto fronterizo Esdras, entre Brasil y Bolivia, durante el primer semestre de 2023, fueron realizadas 12 aprehensiones de droga. Podría asegurar que la mitad fueron mujeres bolivianas usadas como mulas”, dice Erivelto Alencar, el jefe de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil en la ciudad de Corumbá.
Según estudios citados por un informe del Instituto Transnacional y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), alrededor del 70% de las mujeres privadas de libertad “se encuentran en prisión por estar involucradas en actividades de microtráfico no violento”. Muchas de ellas son cabeza de familia. En el caso de las migrantes bolivianas en Brasil, muchas son también víctimas de tráfico de personas, amenazas, engaños, violencia y hasta retención de documentos.
Una vez detenidas, son descartadas por el sistema de pandillas que las contrataron o forzaron a entrar a esa situación, pero sobre todo se convierten en desaparecidas para sus familias. Ante esa situación de indefensión, las asistentes sociales y redes de apoyo conformadas en gran parte por Iglesias y grupos de mujeres cargan al hombro la responsabilidad de ayudarlas en la cárcel.
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A unos 1.400 kilómetros de São Paulo, en Corumbá, en el límite fronterizo con Bolivia, otra boliviana figura como desaparecida para su familia. Wara Pérez Zapana, una mujer de 23 años, mirada quieta y que habla a susurros, salió un día a principios de mayo de su casa en Irupana, una localidad de la provincia de Sud Yungas, en el departamento de La Paz. Se despidió de sus hijos de 7, 4 y 2 años y no volvieron a saber de ella.
Wara necesitaba dinero para pagar un préstamo que adquirió junto a su marido en el banco. Los 60 bolivianos (unos 8 dólares) diarios que recibía por un trabajo de ocho horas en el campo no eran suficientes. Los gastos asociados a una enfermedad de su padre y las ganas de invertir en un terreno que su suegra les había entregado la motivaron a endeudarse. Luego, la presión por pagar se transformó en un infierno que la hizo entrar en otro: tomó una maleta, subió a un taxi, fue detenida por la policía brasileña y su familia no volvió a verla.
Wara dice que no quiere preocupar a su familia, pero aunque quisiera enviar señales de vida, no tiene cómo hacerlo. No ha visto al cónsul, no tiene abogado propio y depende del defensor público. Tampoco habla portugués y toda la ayuda que ha recibido ha venido de parte de la pastoral carcelaria.
La ausencia de noticias de familiares se convierte en un pasaje progresivo hacia la violencia emocional. En el caso de las mujeres bolivianas, existe un limitante aún mayor. La norma permite realizar llamadas sólo dentro del territorio brasileño. “Son abandonadas. Y cuando intentamos llamar a las familias y uno de los números está incorrecto es muy frustrante”, dice Marciene Amorim, psicóloga en el Patronato Penitenciario de Corumbá.
“La mayoría de las bolivianas hacemos esto por necesidad, por nuestros hijos”, se lamenta Wara. Aceptó llevar 6 kilos de cocaína por unos 600 dólares, aunque nunca llegó a recibir más dinero que el necesario para pagar el transporte hasta su destino final en São Paulo.
En Brasil, la criminalización de drogas se aplica mediante la llamada Ley de Drogas. El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a dicha cantidad, y de las circunstancias de transporte, hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “La guerra contra las drogas encarcela a personas negras, pobres, mujeres vulnerables”, explica Cátia Kim, coordinadora del Instituto Tierra Trabajo y Ciudadanía (ITTC).
En términos generales, la pena base es de cinco años pudiendo llegar a 15 en función de las causas que agraven la condena. “Cualquier práctica relacionada a la droga es crimen. Sobre esa base, se construyó el sistema punitivo de la legislación del Brasil”, concluye Kim.
El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a la cantidad de droga y circunstancias de transporte en la legislación brasileña hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “Sabido es que muchas mujeres bolivianas trabajan como mulas. A veces son liberadas, en el caso de tener hijos, cuidados de familia, pero si tienen grandes cantidades de droga, se debe constatar con otras informaciones”, explica el juez Idail de Toni Filho de la primera sala penal de Corumbá.
El tribunal es cauteloso a la hora de sacar conclusiones: contrapone el relato de las detenidas con las pruebas y las contradicciones de cada caso. “Objetivamente, si la mujer está con maleta y droga en dirección a São Paulo y admite que la estaba cargando, es un hecho. Dicen que fueron engañadas y es posible, pero no hay como constatar. Debe ser demostrado. ¿Recibieron dinero siendo engañadas?”, analiza el juez.
Wara entró a la penitenciaría femenina de Corumbá en régimen de prisión preventiva. “Mi proceso está abierto. El juez me dijo que debía comprobar que tuviera hijos”. El pasado 2 de junio, el juez le otorgó libertad provisional pero con la condición de presentarse mensualmente al juzgado para informar dónde vive y qué actividades hace.
La ausencia diplomática
Es lunes por la mañana y apenas se ve movimiento a las afueras de la Penitenciaría Femenina Carlos Alberto Jonas Giordano de Corumbá. Un guardia se asoma por la rejilla de la puerta principal del penal de mujeres. No hay nadie en el frontis. Apenas pasa una carreta y casi no hay movimiento de carros en este lado de la ciudad. Se escuchan algunas voces a pocos metros, justo donde comienza la cárcel masculina, separada solo por un muro de la femenina: unas cuantas mujeres –novias, esposas, hermanas, madres, amantes– asisten para saber información de sus seres queridos o entregar algo de comida o útiles de higiene personal.
El contraste se manifiesta en cada día de visita: el lado masculino no da abasto. El femenino apenas recibe algunas visitantes, casi siempre hermanas o madres, pocas veces el marido o pareja. En la cárcel, se replican dinámicas que también se dan en libertad: los cuidados y las visitas suelen ser asumidos por mujeres.
“Cuando encarcelamos a las mujeres, castigamos a familias enteras”, dice Jorge López Arenas, ex director nacional del Régimen Penitenciario de Bolivia, en el informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. En los casos de Gabriela y Wara, ambas jefas de hogar, su aprehensión ha significado un terremoto familiar cuyas secuelas no son capaces de dimensionar.
La red externa de apoyo a las reclusas también es de mujeres. Judite Sales y Consuelo Clavijo son voluntarias de la Pastoral Carcelaria, una organización de la Iglesia católica que trabaja en prisiones. Ellas y el padre Khac visitan a las reclusas de la prisión de Corumbá para darles asistencia religiosa. “Estamos para escucharlas y apoyarlas espiritualmente”, dice el sacerdote. Sin embargo, para aliviar la angustia de la mayoría de las mujeres migrantes reclusas, tratan de ayudarles a contactar de nuevo con sus familias. “Intentamos ayudarlas, están aisladas y lo peor es que fueron engañadas”, dice Sales.
Ella y su compañera se sostienen, incansables, con la misma fortaleza de las reclusas. En la mañana del 24 de mayo se reunieron con el juez local de Corumbá para conversar sobre algunos de los casos. Buscan apoyo logístico y trabajan con las asistentes sociales de la penitenciaría, contactan con los defensores públicos y organizan donaciones. “Queremos ligarlas a sus familias. Para las personas migrantes encarceladas es muy difícil”, dice Clavijo, boliviana que vive hace 45 años en Corumbá.
La soledad de las internas tiene varias capas. No solo asumen el aislamiento social por la reclusión, sino que muchas veces se agudiza por la falta de diligencia de la burocracia y los representantes oficiales de su país. “Nunca escuché que el cónsul de Bolivia fuera a la prisión femenina”, dice Marciene Amorim, psicóloga del Patronato Penitenciario de Corumbá.
En la ciudad con la mayor proporción de habitantes bolivianos en Brasil, el rol del consulado es fundamental. “No es una obligación pero lo hacemos para no llegar con las manos vacías”, dice Simons William Durán, cónsul de Bolivia en la ciudad fronteriza, mientras exhibe sobre su escritorio un kit de higiene que, según dice, entrega a sus compatriotas. Su oficina tiene apenas tres funcionarios, pero Durán dice que se las arreglan para darles acompañamiento. “Yo no soy dios para juzgarlas. Les doy un abrazo a todas por igual”, asegura el cónsul. La pastoral carcelaria, el juez local, el defensor público y las propias internas reconocen que sólo han visto al diplomático un par de veces, que no suele estar disponible cuando lo han citado y que las reclusas no tienen asesoría legal o apoyo para comunicarse con sus familiares. Algunas de ellas apenas han recibido un kit de higiene cuyo contenido solo cubre un mes de estancia. El apoyo de organizaciones sociales y religiosas es fundamental para contrarrestar la ausencia diplomática.
Las más castigadas
“En América Latina, es más grave contrabandear cocaína […] que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino”, comienza el prólogo de Adicción Punitiva (2012), un estudio de Rodrigo Yepes, Diana Guzmán y Jorge Parra Norato. “En América Latina existe desde 1950 una tendencia generalizada a incrementar los montos de penas con los que se castigan los delitos de drogas”, concluyen los autores.
Por otro lado, este delito en Brasil es una causa de encarcelamiento más frecuente en mujeres que en hombres. “Brasil es el tercer país en el mundo con más encarceladas. El tráfico de drogas representa el 56,16% de los crímenes por los cuales las mujeres cumplen penas mientras que en los hombres ese porcentaje es del 38,72%”, dice Rosângela Teixeira, socióloga del Grupo de Investigación en Seguridad, Violencia y Justicia de la Universidad Federal del ABC en São Paulo.
“El sistema falla con todas ellas, no sólo con las bolivianas. Se encarcela mucho, y a los ojos de la defensa, de forma innecesaria. La ley procesal penal prevé varios requisitos para que una persona sea presa y muchas veces se los pasa por arriba”, dice Vítor Calasanz, defensor público de la ciudad de Corumbá que atiende a un promedio mensual de 50 internas en la penitenciaría femenina de esa ciudad.
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María Cerrudo Gómez lleva dos meses en la cárcel de Sant’Anna, en São Paulo, pero ya ha aprendido ciertos códigos del encierro. Baja la vista, toma sus manos por detrás de la espalda y espera paciente frente al muro de la sala. Se encuentra en prisión preventiva y dice que su única preocupación son sus tres nietos que quedaron solos a cargo de su madre en silla de ruedas. Aceptó llevar casi dos kilos de cocaína por 500 dólares que nunca recibió. Antes de llegar a destino, en São Paulo, fue interceptada por la policía y no sabe bien si fueron sus nervios, su falta de experiencia o alguien más que la delató.
“Realmente no me explicaron. Pido perdón por el error que cometí. Me arrepiento porque son mis nietos los que están pagando ahorita esto. No sé nada de ellos”, dice. “Me dejé tentar con el diablo, no lo escuché a Dios”. La mujer aceptó llevar la droga porque el dinero que ganaba limpiando casas y lavando ropa no era suficiente para mantener a su madre enferma y a sus nietos, de las que estaba a cargo desde que su hija se fue a Chile. “Supuestamente se fue a trabajar, a darles una vida mejor a mis nietos. Pero hace más de dos años que no sé nada de ella. No sé si estará viva, si estará muerta”, dice Cerrudo.
La mujer está desaparecida para su familia desde el pasado 8 de abril, cuando salió de su casa en Santa Cruz y nunca más supieron de ella. En una visita reciente del cónsul boliviano en São Paulo a la cárcel, le dio un número de teléfono para localizar a una señora que a veces cuida a sus tres nietos. Ellos son su mayor preocupación. Pero no ha recibido noticias. Mientras espera a conocer su condena, sigue atenta a cualquier mensaje que la conecte de nuevo con los suyos.
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Reportaje A Fondo
España y la brecha global: avances y desafíos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Solo a través de un compromiso renovado y acciones concretas podremos alcanzar los objetivos de la Agenda 2030
El reciente Informe de Desarrollo Sostenible 2024, publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ha puesto de relieve los avances y desafíos que enfrentamos en el camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En el ámbito global, el ritmo de avance en los ODS varía significativamente entre los distintos grupos de países. Al igual que en años anteriores, los países europeos, especialmente los nórdicos, encabezan el índice de los países con mayores avances. Finlandia ocupa el primer puesto, seguida de Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia. A la vez, los datos muestran que el progreso medio de los ODS en los grupos de economías emergentes BRICS y los BRICS+ desde 2015 ha sido más rápido que la media mundial. Todo ello tiene como resultado el aumento de las desigualdades entre países, produciendo un mayor desequilibrio mundial. El desarrollo sostenible sigue siendo un reto de inversión a largo plazo, y reformar la arquitectura financiera mundial es, por tanto, más urgente que nunca.
Una vez más, el informe indica que el progreso mundial en el cumplimiento de los ODS se ha estancado desde 2020, con el ODS 2 de Hambre cero, el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, el ODS 14 de Vida submarina, el ODS 15 de Vida de Ecosistemas Terrestres y el ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas especialmente retrasados. Las cinco metas en las que la mayor proporción de países muestra un retroceso desde 2015 son la tasa de obesidad (ODS 2), la libertad de prensa (ODS 16), el de protección de ecosistemas (ODS 15), la gestión sostenible del nitrógeno (ODS 2) y —debido en gran parte a la pandemia de covid-19— la esperanza de vida al nacer (ODS 3). Los objetivos relacionados con el acceso básico a infraestructuras y servicios, incluido el de Industria, Innovación e Infraestructuras (ODS 9), muestran tendencias ligeramente más positivas, aunque los avances siguen siendo demasiado lentos y desiguales entre países.
Avances notables en España
Si bien es alentador ver que por primera vez uno de los ODS ha sido cumplido en su totalidad —el ODS 5 de Igualdad de Género—, la realidad es que España aún tiene importantes retos a los que debe hacer frente.
España va avanzando lentamente en el grado de cumplimiento de diferentes objetivos, mejorando su puntuación global hasta la posición 14 entre 167 países evaluados
Desde su implementación en 2015, España ha logrado avances significativos en varias metas claves. Además del cumplimiento por primera vez de uno de los ODS, otros tres objetivos están muy próximos a alcanzar todas sus metas: el ODS 1 de Fin de la Pobreza, el ODS 3 de Salud y Bienestar, y el ODS 7 de Energía Asequible y No Contaminante. España va avanzando lentamente —quizás demasiado lentamente— en el grado de cumplimiento de los diferentes objetivos. Estos progresos han contribuido a que España mejore su puntuación global y escale dos puestos, situándose en la posición 14 entre los 167 países evaluados en el informe. Este ascenso es especialmente notable en comparación con el año 2016, cuando España ocupaba la posición 30.
Otros logros incluyen una reducción en el número de objetivos que hasta el año pasado presentaban desafíos significativos, pasando de seis a cuatro: se ha mejorado en el ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico y en el ODS 12 de Producción y Consumo Responsable. Esta mejora también se refleja en una disminución del número de indicadores con malos resultados, de 14 en 2023 a 12 hoy.
Pero es importante señalar que los datos del informe también muestran algunos signos de preocupación, como que el ritmo de mejora de los años anteriores parece que pierde velocidad. Concretamente, la tendencia de evolución positiva en la mejora se ve reducida en cuatro objetivos: el ODS 6 de Agua y Saneamiento, el ODS 10 de Reducción de las Desigualdades, el ODS 12 de Consumo Responsable y el ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Sin duda, dimensiones sociales a las que las noticias de los medios de comunicación han prestado atención en el último año.
España está aún tiene un gran camino por recorrer, y, por tanto, es necesario hacer mayores esfuerzos, en el ODS 13 de Acción Climática, el ODS 15 de Vida de Ecosistemas Terrestres, el ODS 17 de Alianzas para Conseguir los Objetivos y el ODS 2 de Hambre Cero. También hay, a pesar de las mejoras, importantes deficiencias en los ODS 12 Consumo Responsable y el ODS 14 de Vida Submarina.
En conclusión, si bien España ha demostrado avances importantes en varios objetivos, los desafíos que persisten requieren un esfuerzo continuo y coordinado. Es crucial que todos los sectores de la sociedad se involucren activamente para lograr el cumplimiento de los ODS y asegurar un futuro sostenible para todos y todas. La transformación de nuestros sistemas educativos y la actualización constante de datos son pasos fundamentales en este proceso. Solo a través de un compromiso renovado y acciones concretas podremos alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030.
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Reportaje A Fondo
Los paramilitares de Sudán siembran el terror con la violencia sexual contra las mujeres
El Cairo.-Desde que estalló la guerra civil en Sudán, en abril de 2023, unas 10 millones de personas han huido de casa en busca de un lugar más seguro, en la que se considera la mayor crisis de desplazados del mundo. Millones de personas más han quedado, sin embargo, atrapadas atrás, también en territorios ocupados por las temidas Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares, una de las dos principales partes beligerantes.
En las zonas bajo su control, y en menor medida en las que controla el ejército regular, se han producido todo tipo de atrocidades: campañas de limpieza étnica, matanzas, uso de niños soldado, detenciones por perfil étnico, torturas, quema de pueblos, saqueos. En este contexto, la violencia sexual está siendo una de las formas más extendidas para sembrar el terror entre la población civil, aunque también una de las más difíciles de documentar.
En el caso de las mujeres y las niñas, que son las víctimas principales, las agresiones y la explotación sexual suelen ir acompañadas de otras formas de violencia como secuestros, palizas, torturas, trabajo forzado —cocinar, prestar servicios domésticos y recoger cosechas— y abuso verbal, según han documentado organizaciones de derechos humanos.
“Hasta ahora hemos documentado 194 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto”, señala Sulaima Ishaq, directora de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, afiliada al ministerio de Asuntos Sociales de Sudán. “[Pero sabemos] que es básicamente la punta del iceberg, quizás solo refleje un 2% de lo que realmente ocurre”, desliza. “La situación de las mujeres y las niñas [en Sudán] se deteriora cada día”, lamenta Ishaq. “Están pagando un precio muy alto en esta guerra”.
Infierno en Jartum
Uno de los primeros lugares donde se registraron casos de violencia sexual generalizada fue en las tres ciudades que conforman la capital del país y donde estalló inicialmente la guerra: Jartum, Omdurman y Bahri. Una investigación reciente de Human Rights Watch (HRW), centrada en estas ciudades y apoyada principalmente en proveedores de atención sanitaria, contó un total de 262 supervivientes entre abril de 2023 y febrero de 2024.
La mayoría de casos en la zona de la capital se han atribuido a los paramilitares, que son quienes controlan la mayor parte, y han afectado sobre todo a mujeres y niñas sudanesas, pero también a refugiadas. Según un informe de febrero de la oficina de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), más de la mitad de los incidentes de violencia sexual en Jartum se producen en el interior de residencias, mientras que otros tienen lugar en la calle.
Casi un tercio de los incidentes documentados por HRW fueron violaciones en grupo, en ocasiones de más de una víctima a la vez. Afectaron desde a niñas de nueve años hasta a mujeres mayores
Casi un tercio de los incidentes compartidos con HRW, ocurridos entre mayo y noviembre del año pasado, fueron violaciones en grupo perpetradas por entre dos y cinco miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En algunos casos, además, estas violaciones se cometieron contra más de una víctima a la vez, en ocasiones varias mujeres de la misma familia. Y afectaron desde a niñas de nueve años hasta a mujeres mayores.
Un fenómeno alarmante que está acompañando algunos de estos casos de violencia sexual cometidos por los paramilitares son los matrimonios forzados e infantiles de las víctimas. En algunos casos, las familias se han visto obligadas a aceptarlo por el poder sin control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, o han accedido a hacerlo por desesperación económica o creyendo que protegerían a una mujer o niña de otras futuras violaciones, según HRW.
Aunque la mayoría de casos de violencia sexual en la capital sudanesa han sido cometidos por los paramilitares, otros se han atribuido a soldados del ejército regular. En los últimos meses, los militares han logrado recuperar poco a poco territorio en Omdurman, pero su avance ha ido acompañado de numerosos casos de violencia sexual, según un artículo reciente del medio británico The Guardian basado en más de dos docenas de testimonios.
En muchos de estos casos, que tienden a denunciarse menos por temor a represalias, las mujeres afirmaron que mantener relaciones sexuales con soldados fue su única forma de lograr comida, en un contexto de hambre generalizada. Aun así, Ishaq apunta que el 95% de casos que ha confirmado su unidad fueron perpetrados por los paramilitares.
Aunque menos documentada, la violencia sexual también se ha utilizado contra hombres y niños en Jartum, principalmente en las decenas de centros de detención —muchos de ellos informales— que controlan tanto los paramilitares como el ejército regular en la zona de la capital, según reveló en un informe de finales del año pasado elaborado por un grupo de abogados de derechos humanos sudaneses conocidos como Abogados de Emergencia.
Un miembro de este grupo asegura, en condición de anonimato, que hasta ahora han confirmado seis casos de violación en centros de detención y que han documentado tres: una mujer extranjera a manos de los paramilitares, una niña de 13 años a manos de un grupo aliado del ejército, y un joven trans en un campamento del ejército.
“El uso de la violencia sexual como arma contra las mujeres es sistemático”, afirma por teléfono el mismo abogado, que subraya que, en el caso de los niños y hombres, “la mayoría de los casos de violencia sexual se produce en centros de detención”. “Fuera de estos no hemos documentado ningún caso de violencia sexual contra varones”, explica.
Terror rural
Más allá de la capital y otras grandes ciudades, informes recientes han empezado a arrojar luz sobre el uso sistemático de la violencia sexual por parte de paramilitares también en zonas rurales ocupadas. Allí, la mayor dispersión de la población, las limitaciones de acceso a servicios, la menor organización social, los apagones de internet y una sociedad aún más conservadora hacen mucho más difícil dar a conocer y documentar atrocidades.
Una de las regiones más castigadas hasta ahora ha sido Jazira, al sur de Jartum y ocupada por las Fuerzas de Apoyo Rápido a finales de 2023 en una ofensiva relámpago que empujó hacia otras partes del país a cientos de miles de personas. Una de las únicas instancias en las que Jazira recibió atención internacional fue a principios del pasado junio, cuando un asalto paramilitar sobre la localidad de Wad Al Nora dejó más de un centenar de muertos.
Un informe publicado en julio por la prestigiosa Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA) concluyó que la violencia sexual de los paramilitares en Jazira ha sido muy extendida pese a haber recibido poca atención. Al igual que ocurre en la capital, la mayoría de denuncias se corresponden a violaciones en grupo, lo que sugiere una campaña “diseñada para instigar terror” y asegurar el control sobre la población local.
Cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido invaden una aldea, su primera ola de violencia tiene por objetivo asegurar su control, aunque luego mantengan una presencia física escasa o nula, según el informe de SIHA. Al entrar, sus miembros suelen disparar al aire, saquear negocios, y asaltar viviendas en busca de combatientes y soldados del ejército, matando a hombres y ejerciendo violencia sexual contra mujeres y niñas.
Después de esta primera ola inicial de violencia, SIHA señala que parecen producirse otras dos en zonas donde los paramilitares ya se han asegurado un cierto grado de control. En estos casos, la violencia sexual puede ir acompañada de secuestros y de matrimonios forzados y se centra más bien en mujeres concretas, en su mayoría con presencia pública, como personal sanitario y trabajadoras del sector informal, o como represalias selectivas.
Este uso extendido de la violencia sexual, junto al resto de atrocidades, y la persecución selectiva de mujeres presentes en el espacio público propaga el miedo entre los locales muy rápidamente, lo que, según SIHA, permite a los paramilitares someter y asegurarse el control de los lugares rurales que invaden, aunque no estén presentes en todo momento. También les sirve para desincentivar que la gente se reúna y acuda a servicios sanitarios.
“La violencia sexual siembra el terror y creemos que, como las Fuerzas de Apoyo Rápido carecen de capacidad administrativa y están muy interesadas en el saqueo, les interesa el desalojo forzoso [de la población]; vaciar de locales, en la medida de lo posible, las ciudades y los pueblos que están ocupando”, considera Hala Al-Karib, directora regional de SIHA.
Tanto Al Karib como Ishaq apuntan que los mismos patrones de violencia sexual documentados en Jazira se han replicado en otras zonas rurales de Sudán posteriormente ocupadas de forma total o parcial por los paramilitares, como el Estado de Sennar, al sur de Jazira y con frontera con Etiopía y Sudán del Sur.
Esclavitud en Darfur
La violencia sexual ya fue una de las principales armas de guerra de las milicias a las que el régimen del exdictador Omar Al Bashir subcontrató la campaña de contrainsurgencia que dio lugar al genocidio de Darfur de principios de siglo; las mismas que años más tarde se institucionalizaron en las Fuerzas de Apoyo Rápido. Ahora, en la guerra civil en curso, estos mismos crímenes se están cometiendo a escala mucho mayor por todo el país.
Un informe de un panel de expertos de la ONU filtrado a finales del año pasado, después de que los paramilitares se hicieran con el control de casi todo Darfur ―su feudo tradicional― ya subrayó que la violencia sexual en la región en el marco de su ofensiva no solo fue generalizada, sino que se intensificó a medida que avanzaba el conflicto. Entre abril y agosto de 2023, observadores locales ya habían registrado 262 violaciones.
El mismo informe, que también señalaba que era muy probable que la cifra de violaciones real fuera mucho más elevada debido a que muchos casos no se denuncian, notó que la falta generalizada de acceso a atención sanitaria en la región, y el miedo al estigma y la marginación por parte de sus propias comunidades dificultan poder hacer un seguimiento más preciso sobre el alcance real de estas violaciones.
En Darfur, las niñas y mujeres corren un riesgo particularmente alto de ser violadas en campos de desplazados internos, mientras huyen en busca de lugares seguros, en puestos de control durante desplazamientos, y en sus propios hogares, según el anterior informe. Además, en Darfur la violencia sexual también tiene un marcado carácter étnico, y las principales víctimas son niñas y mujeres de comunidades locales no árabes.
Ishaq, de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, explica que ahora tienen también conocimiento de la existencia de mercados en Darfur en los que se está traficando con niñas y mujeres, que en ocasiones son incluso trasladadas a la fuerza fuera de Sudán. En Darfur se lamenta desde hace años la falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población local desde hace dos décadas. Y muchos consideran que esta falta de justicia ha allanado el camino a los crímenes actuales en el resto de Sudán.
“En 2019, cuando el régimen de Al Bashir fue derrocado tras la revolución de Sudán, el Gobierno de transición presionó mucho a la ONU para que pusiera fin a la misión de mantenimiento de la paz conjunta con la Unión Africana [en Darfur], que hasta cierto punto había mantenido mecanismos de observación de los derechos humanos y reducido la capacidad de los [paramilitares] para cometer violaciones extremas”, señala Al Karib.
“Tras la cancelación de la misión a finales de 2020, la violencia en Darfur se exacerbó considerablemente”, agrega la directora de SIHA. “A las Fuerzas de Apoyo Rápido no les importa su imagen; su esencia como institución es dominación, control y desposesión”
Atrapadas y solas
Los combates, las restricciones a la circulación, la destrucción de instalaciones sanitarias, la ocupación de hospitales, los ataques contra personal médico y sociedad civil, el bloqueo de la ayuda humanitaria y los saqueos, sumados al estigma social entorno a la salud sexual y reproductiva, forman una barrera de obstáculos muy difícil de sortear para que las víctimas puedan acceder a atención sanitaria de emergencia y a apoyo psicosocial.
Las consecuencias para las víctimas son muy profundas. HRW se ha hecho eco de casos de infecciones de transmisión sexual y hemorragias vaginales, hematomas y otras lesiones provocadas durante las violaciones que, en al menos cuatro ocasiones, causaron la muerte de la víctima. Muchas han quedado embarazas después de no haber podido acceder a una anticoncepción de emergencia ni al aborto. Y las supervivientes presentan síntomas de estrés postraumático, depresión, miedo, insomnio, ansiedad y pensamientos suicidas.
“La gente está atrapada. Todos lo estamos de diferentes maneras, y esto está afectando la forma en que realmente se pueden gestionar los casos [de violencia sexual]: encontrar apoyo a la salud y apoyo social”, nota Ishaq.
En paralelo a la violencia sexual perpetrada por las partes beligerantes, el rosario de crisis que atraviesa Sudán también ha incrementado de forma preocupante el riesgo de sufrir violencia marchista en el ámbito doméstico. En esta línea, se estima que unas 6,5 millones de mujeres podrían padecer este tipo de violencia, de acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, que cuenta con unos 60 espacios seguros de prevención y respuesta.
Organizaciones feministas y de derechos humanos señalan que desde el exterior de Sudán se puede contribuir a afrontar esta lacra de violencia sexual con mayores ayudas a grupos que estén documentando estos crímenes y a establecer puntos de servicios y centros de atención, incluidas clínicas, dentro del país, para registrar casos y atender a las víctimas. HRW, por su parte, pide a la ONU y a la Unión Africana que formen una nueva misión de protección de civiles en Sudán cuyo mandato incluya atajar la violencia sexual. “El mundo debe mirarnos con una mirada humanitaria y no olvidarnos. No se olviden de Sudán”, reclama Ishaq.
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Reconstrucción de los 10 años de investigaciones que han demostrado el insólito vuelo transoceánico de tres ejemplares de ‘Vanessa cardui’, desde África a la Guayana Francesa, en un viaje de 4.200 kilómetros
Barcelona.-En octubre de 2013, Gerard Talavera, investigador del Instituto Botánico de Barcelona, encontró tres ejemplares de mariposa cardera (Vanessa cardui) en una playa de la Guayana Francesa, en Sudamérica. Este era un hallazgo sorprendente, pues este lepidóptero denominado así por alimentarse principalmente de cardos está presente en Europa, África, Asia y Norteamérica, en casi todo el planeta, salvo en Australia, la Antártida y el continente suramericano. ¿Cómo habían llegado estas mariposas hasta la Guayana francesa? “Tenían las alas bastante dañadas y se encontraban en la arena sin poder volar”, recuerda Talavera de aquel momento especial en el que empezó una investigación de más de 10 años por todo el mundo hasta conseguir reconstruir el increíble viaje de estos insectos a través del océano Atlántico, un trabajo publicado este verano en la revista Nature.
Por cercanía, la alternativa más lógica sería que hubieran llegado a la Guayana Francesa desde Norteamérica, sobrevolando Centroamérica y sus selvas tropicales o por el mar del Caribe. Sin embargo, para el entomólogo catalán, esta mariposa común de entre 5 y 9 centímetros de envergadura, con alas de color marrón, naranja, negro y blanco, era ya una vieja conocida y tenía una explicación algo más radical para su misterioso viaje: que hubieran salido de África. Un año antes, Talavera junto con otro investigador del CSIC, Roger Vila, habían lanzado la hipótesis de que la Vanessa cardui migraba cada año desde nuestro continente, Europa, hasta África subsahariana. Esta idea parecía increíble pues supondría que este pequeño insecto alado debería atravesar el desierto del Sáhara, pero fue confirmada en 2016. “La cardera hace un circuito migratorio multigeneracional, es decir, cada mes una nueva generación de mariposas reemplaza a la anterior (los ejemplares adultos viven entre tres y cinco semanas) y van haciendo escalas. Así, cada año recorren 15.000 kilómetros de distancia entre Escandinavia y el ecuador africano”, resume Vila.
Aunque no resultara intuitivo, tras encontrar los ejemplares de la Guayana Francesa, Talavera pensó enseguida en África. “En 2013 sabiendo o intuyendo la existencia de los movimientos migratorios masivos a través del Sáhara pensé que lo más lógico era que las tres mariposas no hubieran llegado desde EE UU sino desde África”, cuenta el investigador. Por entonces, era una simple corazonada. Y la pregunta era qué tipos de vientos se habrían tenido que producir como para hacer posible un hipotético vuelo de las mariposas a través del océano Atlántico.Lo primero que hizo Talavera al regresar de viaje fue estudiar los vientos que habían soplado en la zona de forma previa al hallazgo de los lepidópteros. Con la ayuda del investigador predoctoral Eric Toro Delgado y, durante los siguientes años, lograron desarrollar varios modelos complejos que combinaban la circulación de los vientos con la capacidad fisiológica de las mariposas. Así, pudieron reconstruir la trayectoria de las corrientes de aire gracias al programa informático HYSPLIT, perteneciente a la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de los EE UU (NOAA). “Los resultados mostraron que en las horas anteriores a la observación de las mariposas en la Guayana Francesa, las corrientes de aire tenían su origen en la costa africana, a la altura de Mauritania y Senegal. Esto era así de consistente en toda la capa altitudinal, desde los 500 hasta los 2.000 metros. Y la velocidad media de estos vientos era de 27 kilómetros por hora”, resume Toro Delgado.
“Ya conocíamos que las carderas pueden llegar a volar a esa altitud cuando migran. Aprovecharon los vientos alisios, los mismos que utilizó Cristóbal Colón para llegar a América”, apunta Vila. Sin embargo, aunque hubieran demostrado que el viento soplaba a favor de su alocada teoría del vuelo transatlántico, esto no era un argumento suficiente como para dar por hecho que los tres especímenes de la Guayana Francesa hubieran protagonizado semejante hazaña. Alguien las podría haber comprado por Internet y haberlas dejado allí. ¿Cómo demostrar que habían viajado desde África?
Para seguir colocando piezas del puzle, recurrieron a la genética. Su siguiente paso fue comparar genéticamente esos tres individuos con otros presentes en otras partes del mundo. Para ello, durante tres años tuvieron que recoger especímenes de Vanessa cardui en más de 30 países (EE UU, México, Canadá, Hawái, Senegal, Benín, Costa de Marfil, Malasia, Japón, entre otros) hasta lograr secuenciar el ADN de 1.200 muestras. El trabajo de secuenciación del genoma de estas poblaciones se llevó a cabo en el laboratorio molecular dirigido por la prestigiosa bióloga y entomóloga Naomi Pierce, en la Universidad de Harvard (EE UU), y los análisis posteriores se realizaron en Barcelona. “En 2018 tuvimos listos los resultados genéticos y lo que encontramos fue que los especímenes de la Guayana Francesa pertenecían a la población que migra entre Europa y África”, sentencia Talavera.
La corazonada de África empezaba a ser una opción seria, pero todavía quedaban cabos sueltos para demostrar un viaje que cruzaba un océano. Cabía otra posibilidad. ¿Podía ser posible que fueran descendientes de otras mariposas que hubieran realizado ese recorrido, pero en un momento anterior en el pasado? Para demostrar que los tres ejemplares de la Guayana Francesa habían cruzado ellos mismos el océano Atlántico, los investigadores tuvieron que desarrollar una tecnología propia para rastrear posibles fragmentos de polen en estos especímenes.
Las tres mariposas metidas en sobres individuales fueron enviadas el Instituto de Botánica W. Szafer, en Cracovia (Polonia), al laboratorio del investigador Tomasz Suchan, especializado en filogenética y filogeografía. Nunca antes se había secuenciado el ADN del polen de mariposas migrantes mediante la técnica del metabarcoding. Pero, como cuenta Gerard Talavera, los tres especímenes estaban en manos de un “auténtico mago del laboratorio”. La primera buena noticia fue que los individuos iban cargados de polen, a pesar del “largo periplo que hipotéticamente habían ejecutado“. La segunda es que ese polen también señalaba a África. “Descubrimos varias plantas africanas. La especie más abundante que encontramos fue la Guiera senegalensis, y después la Ziziphus spina-christi, dos arbustos que están restringidos a la zona subsahariana y que no se encuentran en otro lugar del mundo”, explica Suchan. “Son especies que florecen entre septiembre y noviembre, en Senegal, Benín, Costa de Marfil, etc. Justo en la zona y la época en la que tuvieron que salir rumbo a Sudamérica”, apostilla Roger Vila.
Las piezas del puzle encajaban, pero todavía quedaba algún que otro enigma por resolver. ¿Dónde habían nacido las mariposas de la playa de la Guayana Francesa: en África o en Europa? Las pesquisas prosiguieron en Canadá, entre 2018 y 2023, donde los especialistas en geolocalización isotópica Clement Bataille y Megan Reich, de la Universidad de Ottawa, realizaron un hallazgo realmente sorprendente analizando algo muy pequeño: los isótopos de hidrógeno y de estroncio presentes en las alas de las mariposas. “Cuando una oruga se alimenta de su planta huésped, la composición de los isótopos de la que está formada se incorpora al tejido de la oruga, y cuando la mariposa resultante emerge de su crisálida, esta composición isotópica se conserva en las alas”, expone Reich. “Las alas de las mariposas preservan la firma química del lugar donde nacieron. Los resultados que obtuvimos nos indican que el origen de las tres mariposas examinadas correspondía con la zona de Francia, España y Portugal”, concluye Bataille.
Gerard Talavera (izquierda) y Roger Vila (derecha) recolectando mariposas en Benín Martial Kiki
Gerard y su equipo de colaboradores ya podían afirmar haber demostrado por primera vez el viaje transatlántico de la Vanessa cardui. Al menos estos tres especímenes habían recorrido 4.200 kilómetros partiendo de la costa africana entre el Sáhara Occidental y Senegal hasta llegar a la Guayana Francesa. Lejos de llegar a un final, la comprobación de un viaje tan alucinante abría infinidad de nuevos interrogantes. ¿Cómo es un vuelo transoceánico así para una mariposa? Los investigadores sabían que los lepidópteros cuentan con sistemas de orientación que les permiten identificar tanto el norte magnético como la posición del sol según la hora del día. “Debieron de combinar momentos de vuelo activo con otros de batir las alas lo justo para mantenerse en el aire”, apunta Talavera.
Aunque no hayan visto volar a las mariposas en mitad del océano, los investigadores han calculado incluso los modelos energéticos que muestran el coste de la energía de la mariposa y la distancia que pude cubrir. “Sin la ayuda del viento, las mariposas solo podrían haber cubierto 780 kilómetros. Estimamos que pudieron tardar entre 5 y 8 días en hacer el viaje. Aunque lo más destacable es que se produjeron unos vientos particularmente favorables”, asegura Toro Delgado. Pasados 10 años, los científicos han podido resolver el gran misterio de las mariposas Vanessa cardui aparecidas al otro lado del océano, aunque siguen siendo muchas las preguntas. ¿Hasta qué punto ha sido una casualidad? ¿Este tipo de viajes son más habituales de lo que pensamos? ¿Cómo puede afectar a un ecosistema la llegada de insectos migrantes transmisores de virus y bacterias?
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