Reportaje A Fondo
Las ‘mulas’ desaparecidas de la droga
La mayoría de presas bolivianas en Brasil están acusadas de transportar cocaína. Son el eslabón más débil de un negocio en el que estas mujeres encuentran una salida económica
São Paulo.-Al igual que sus 34 compatriotas bolivianas privadas de libertad en la Penitenciaría Femenina de Sant’Anna, en São Paulo, la vida de Gabriela A. dio un giro luego de aceptar llevar una maleta: un equipaje ajeno que, en medio de la ropa, escondía dos paquetes con casi dos kilos de cocaína. Para la policía brasileña, el hallazgo fue parte de un procedimiento de rutina en la ruta que une Corumbá, en la frontera con Bolivia, y la capital paulista. Para Gabriela, entregar el encargo significaba la posibilidad de cobrar 500 dólares para empezar una nueva vida junto a sus hijos de 20 y 15 años.
“No me gustaría que vengan otras personas. No se lo deseo a nadie porque es muy triste y muy difícil estar aquí”, dice. Su llanto se pausa cuando se traslada a los platos que cocinaba y que en los tres meses que lleva privada de libertad se han convertido en un anhelo constante: charque, lambreado de conejo, pique macho. Su relato zigzaguea entre recuerdos como esos y mensajes de arrepentimiento.
Lo que más le preocupa en la cárcel es que nadie nunca más supo de ella. Ni su madre, ni su hijo menor, con quienes vivía en Cochabamba, en el centro de Bolivia, ni su hijo mayor, que vive en Santa Cruz, en el oriente del país. Gabriela cruzó la puerta de su casa y se despidió de los suyos avisando que estaría afuera apenas unos días, pero nunca más volvió.
Cuando la detuvieron, la policía retuvo todas sus pertenencias incluyendo su celular, donde tenía los contactos de sus familiares, de sus jefes, de sus amigos… “Ahorita es como si estuviera desaparecida para ellos”, dice angustiada.
De acuerdo a la Constitución brasileña, el protocolo de encarcelamiento incluye una notificación a los familiares directos de las presas, pero no todos los agentes lo ofrecen. En el caso de Gabriela y otras mujeres bolivianas en prisión, es el consulado de Bolivia quien tiene la misión de hacer llegar esta información a su círculo cercano, pero en este caso eso nunca sucedió.
Gabriela no entiende bien el portugués. Pasa sus días trabajando en el taller de manualidades de la cárcel esperando que ocurra algún milagro: que sus hijos tengan noticias sobre ella o que el tiempo pase rápido. Gabriela está desaparecida para su familia.
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De acuerdo a la Secretaría Nacional de Políticas Penales del Brasil (Senappen), en diciembre de 2022 se contabilizaron 27.547 mujeres en presidios femeninos del país y 91 son bolivianas. “La droga no es de ellas, sino de alguien que las contrata para pasarla. En el puesto fronterizo Esdras, entre Brasil y Bolivia, durante el primer semestre de 2023, fueron realizadas 12 aprehensiones de droga. Podría asegurar que la mitad fueron mujeres bolivianas usadas como mulas”, dice Erivelto Alencar, el jefe de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil en la ciudad de Corumbá.
Según estudios citados por un informe del Instituto Transnacional y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), alrededor del 70% de las mujeres privadas de libertad “se encuentran en prisión por estar involucradas en actividades de microtráfico no violento”. Muchas de ellas son cabeza de familia. En el caso de las migrantes bolivianas en Brasil, muchas son también víctimas de tráfico de personas, amenazas, engaños, violencia y hasta retención de documentos.
Una vez detenidas, son descartadas por el sistema de pandillas que las contrataron o forzaron a entrar a esa situación, pero sobre todo se convierten en desaparecidas para sus familias. Ante esa situación de indefensión, las asistentes sociales y redes de apoyo conformadas en gran parte por Iglesias y grupos de mujeres cargan al hombro la responsabilidad de ayudarlas en la cárcel.
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A unos 1.400 kilómetros de São Paulo, en Corumbá, en el límite fronterizo con Bolivia, otra boliviana figura como desaparecida para su familia. Wara Pérez Zapana, una mujer de 23 años, mirada quieta y que habla a susurros, salió un día a principios de mayo de su casa en Irupana, una localidad de la provincia de Sud Yungas, en el departamento de La Paz. Se despidió de sus hijos de 7, 4 y 2 años y no volvieron a saber de ella.
Wara necesitaba dinero para pagar un préstamo que adquirió junto a su marido en el banco. Los 60 bolivianos (unos 8 dólares) diarios que recibía por un trabajo de ocho horas en el campo no eran suficientes. Los gastos asociados a una enfermedad de su padre y las ganas de invertir en un terreno que su suegra les había entregado la motivaron a endeudarse. Luego, la presión por pagar se transformó en un infierno que la hizo entrar en otro: tomó una maleta, subió a un taxi, fue detenida por la policía brasileña y su familia no volvió a verla.
Wara dice que no quiere preocupar a su familia, pero aunque quisiera enviar señales de vida, no tiene cómo hacerlo. No ha visto al cónsul, no tiene abogado propio y depende del defensor público. Tampoco habla portugués y toda la ayuda que ha recibido ha venido de parte de la pastoral carcelaria.
La ausencia de noticias de familiares se convierte en un pasaje progresivo hacia la violencia emocional. En el caso de las mujeres bolivianas, existe un limitante aún mayor. La norma permite realizar llamadas sólo dentro del territorio brasileño. “Son abandonadas. Y cuando intentamos llamar a las familias y uno de los números está incorrecto es muy frustrante”, dice Marciene Amorim, psicóloga en el Patronato Penitenciario de Corumbá.
“La mayoría de las bolivianas hacemos esto por necesidad, por nuestros hijos”, se lamenta Wara. Aceptó llevar 6 kilos de cocaína por unos 600 dólares, aunque nunca llegó a recibir más dinero que el necesario para pagar el transporte hasta su destino final en São Paulo.
En Brasil, la criminalización de drogas se aplica mediante la llamada Ley de Drogas. El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a dicha cantidad, y de las circunstancias de transporte, hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “La guerra contra las drogas encarcela a personas negras, pobres, mujeres vulnerables”, explica Cátia Kim, coordinadora del Instituto Tierra Trabajo y Ciudadanía (ITTC).
En términos generales, la pena base es de cinco años pudiendo llegar a 15 en función de las causas que agraven la condena. “Cualquier práctica relacionada a la droga es crimen. Sobre esa base, se construyó el sistema punitivo de la legislación del Brasil”, concluye Kim.
El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a la cantidad de droga y circunstancias de transporte en la legislación brasileña hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “Sabido es que muchas mujeres bolivianas trabajan como mulas. A veces son liberadas, en el caso de tener hijos, cuidados de familia, pero si tienen grandes cantidades de droga, se debe constatar con otras informaciones”, explica el juez Idail de Toni Filho de la primera sala penal de Corumbá.
El tribunal es cauteloso a la hora de sacar conclusiones: contrapone el relato de las detenidas con las pruebas y las contradicciones de cada caso. “Objetivamente, si la mujer está con maleta y droga en dirección a São Paulo y admite que la estaba cargando, es un hecho. Dicen que fueron engañadas y es posible, pero no hay como constatar. Debe ser demostrado. ¿Recibieron dinero siendo engañadas?”, analiza el juez.
Wara entró a la penitenciaría femenina de Corumbá en régimen de prisión preventiva. “Mi proceso está abierto. El juez me dijo que debía comprobar que tuviera hijos”. El pasado 2 de junio, el juez le otorgó libertad provisional pero con la condición de presentarse mensualmente al juzgado para informar dónde vive y qué actividades hace.
La ausencia diplomática
Es lunes por la mañana y apenas se ve movimiento a las afueras de la Penitenciaría Femenina Carlos Alberto Jonas Giordano de Corumbá. Un guardia se asoma por la rejilla de la puerta principal del penal de mujeres. No hay nadie en el frontis. Apenas pasa una carreta y casi no hay movimiento de carros en este lado de la ciudad. Se escuchan algunas voces a pocos metros, justo donde comienza la cárcel masculina, separada solo por un muro de la femenina: unas cuantas mujeres –novias, esposas, hermanas, madres, amantes– asisten para saber información de sus seres queridos o entregar algo de comida o útiles de higiene personal.
El contraste se manifiesta en cada día de visita: el lado masculino no da abasto. El femenino apenas recibe algunas visitantes, casi siempre hermanas o madres, pocas veces el marido o pareja. En la cárcel, se replican dinámicas que también se dan en libertad: los cuidados y las visitas suelen ser asumidos por mujeres.
“Cuando encarcelamos a las mujeres, castigamos a familias enteras”, dice Jorge López Arenas, ex director nacional del Régimen Penitenciario de Bolivia, en el informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. En los casos de Gabriela y Wara, ambas jefas de hogar, su aprehensión ha significado un terremoto familiar cuyas secuelas no son capaces de dimensionar.
La red externa de apoyo a las reclusas también es de mujeres. Judite Sales y Consuelo Clavijo son voluntarias de la Pastoral Carcelaria, una organización de la Iglesia católica que trabaja en prisiones. Ellas y el padre Khac visitan a las reclusas de la prisión de Corumbá para darles asistencia religiosa. “Estamos para escucharlas y apoyarlas espiritualmente”, dice el sacerdote. Sin embargo, para aliviar la angustia de la mayoría de las mujeres migrantes reclusas, tratan de ayudarles a contactar de nuevo con sus familias. “Intentamos ayudarlas, están aisladas y lo peor es que fueron engañadas”, dice Sales.
Ella y su compañera se sostienen, incansables, con la misma fortaleza de las reclusas. En la mañana del 24 de mayo se reunieron con el juez local de Corumbá para conversar sobre algunos de los casos. Buscan apoyo logístico y trabajan con las asistentes sociales de la penitenciaría, contactan con los defensores públicos y organizan donaciones. “Queremos ligarlas a sus familias. Para las personas migrantes encarceladas es muy difícil”, dice Clavijo, boliviana que vive hace 45 años en Corumbá.
La soledad de las internas tiene varias capas. No solo asumen el aislamiento social por la reclusión, sino que muchas veces se agudiza por la falta de diligencia de la burocracia y los representantes oficiales de su país. “Nunca escuché que el cónsul de Bolivia fuera a la prisión femenina”, dice Marciene Amorim, psicóloga del Patronato Penitenciario de Corumbá.
En la ciudad con la mayor proporción de habitantes bolivianos en Brasil, el rol del consulado es fundamental. “No es una obligación pero lo hacemos para no llegar con las manos vacías”, dice Simons William Durán, cónsul de Bolivia en la ciudad fronteriza, mientras exhibe sobre su escritorio un kit de higiene que, según dice, entrega a sus compatriotas. Su oficina tiene apenas tres funcionarios, pero Durán dice que se las arreglan para darles acompañamiento. “Yo no soy dios para juzgarlas. Les doy un abrazo a todas por igual”, asegura el cónsul. La pastoral carcelaria, el juez local, el defensor público y las propias internas reconocen que sólo han visto al diplomático un par de veces, que no suele estar disponible cuando lo han citado y que las reclusas no tienen asesoría legal o apoyo para comunicarse con sus familiares. Algunas de ellas apenas han recibido un kit de higiene cuyo contenido solo cubre un mes de estancia. El apoyo de organizaciones sociales y religiosas es fundamental para contrarrestar la ausencia diplomática.
Las más castigadas
“En América Latina, es más grave contrabandear cocaína […] que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino”, comienza el prólogo de Adicción Punitiva (2012), un estudio de Rodrigo Yepes, Diana Guzmán y Jorge Parra Norato. “En América Latina existe desde 1950 una tendencia generalizada a incrementar los montos de penas con los que se castigan los delitos de drogas”, concluyen los autores.
Por otro lado, este delito en Brasil es una causa de encarcelamiento más frecuente en mujeres que en hombres. “Brasil es el tercer país en el mundo con más encarceladas. El tráfico de drogas representa el 56,16% de los crímenes por los cuales las mujeres cumplen penas mientras que en los hombres ese porcentaje es del 38,72%”, dice Rosângela Teixeira, socióloga del Grupo de Investigación en Seguridad, Violencia y Justicia de la Universidad Federal del ABC en São Paulo.
“El sistema falla con todas ellas, no sólo con las bolivianas. Se encarcela mucho, y a los ojos de la defensa, de forma innecesaria. La ley procesal penal prevé varios requisitos para que una persona sea presa y muchas veces se los pasa por arriba”, dice Vítor Calasanz, defensor público de la ciudad de Corumbá que atiende a un promedio mensual de 50 internas en la penitenciaría femenina de esa ciudad.
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María Cerrudo Gómez lleva dos meses en la cárcel de Sant’Anna, en São Paulo, pero ya ha aprendido ciertos códigos del encierro. Baja la vista, toma sus manos por detrás de la espalda y espera paciente frente al muro de la sala. Se encuentra en prisión preventiva y dice que su única preocupación son sus tres nietos que quedaron solos a cargo de su madre en silla de ruedas. Aceptó llevar casi dos kilos de cocaína por 500 dólares que nunca recibió. Antes de llegar a destino, en São Paulo, fue interceptada por la policía y no sabe bien si fueron sus nervios, su falta de experiencia o alguien más que la delató.
“Realmente no me explicaron. Pido perdón por el error que cometí. Me arrepiento porque son mis nietos los que están pagando ahorita esto. No sé nada de ellos”, dice. “Me dejé tentar con el diablo, no lo escuché a Dios”. La mujer aceptó llevar la droga porque el dinero que ganaba limpiando casas y lavando ropa no era suficiente para mantener a su madre enferma y a sus nietos, de las que estaba a cargo desde que su hija se fue a Chile. “Supuestamente se fue a trabajar, a darles una vida mejor a mis nietos. Pero hace más de dos años que no sé nada de ella. No sé si estará viva, si estará muerta”, dice Cerrudo.
La mujer está desaparecida para su familia desde el pasado 8 de abril, cuando salió de su casa en Santa Cruz y nunca más supieron de ella. En una visita reciente del cónsul boliviano en São Paulo a la cárcel, le dio un número de teléfono para localizar a una señora que a veces cuida a sus tres nietos. Ellos son su mayor preocupación. Pero no ha recibido noticias. Mientras espera a conocer su condena, sigue atenta a cualquier mensaje que la conecte de nuevo con los suyos.
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La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
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En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado
Históricamente, Centroamérica ha sido dominada por cuatro grandes tendencias: la violencia política, el intervencionismo extranjero, la desigualdad económica y social, y la ausencia de regímenes democráticos. Es decir, de regímenes estructurados en torno a un Estado de derecho más o menos viable, instituciones legítimas y, sobre todo, una administración capaz de gestionar lo público con eficacia y eficiencia.
Con excepciones, tales tendencias suelen acompañarse de algunos factores inexorables: el militarismo, la corrupción y la exclusión de la mayoría de la población, ya sea por razones étnicas, sociales, económicas o políticas. Y aunque fueron brevemente neutralizadas tras la firma del Plan de Paz de Esquipulas II (7 de agosto de 1987), en las últimas dos décadas Centroamérica ha iniciado un proceso de involución que recuerda -pero todavía no sobrepasa- los horrores de la década perdida de los años 1980.
En efecto, Centroamérica logró reencauzar sus esfuerzos de reconstrucción y reconciliación de forma gradual durante el decenio de 1990, mismo que produjo elecciones libres en todos los países, el relanzamiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y lo que parecía ser una etapa de estabilidad. Pero, lamentablemente, todo aquello se volvió un espejismo.
Ya para inicios del siglo XXI empezaron a despuntar nuevas, y a reverdecer viejas, disfunciones en toda la zona. Ello fue resultado de una combinación de factores como la reaparición de poderes fácticos, en particular el crimen organizado; el gradual debilitamiento de las democracias electorales; el lento proceso de reactivación económica prometido pero no concretado por el libre comercio; la inconclusa transición hacia modelos de gobierno y de sociedad más inclusivos, y el abandono del desarrollo sostenible como concepto guía del sistema regional. Pronto afloraron nuevas formas de violencia y represión, y se iniciaron masivas olas migratorias hacia Estados Unidos. En pocos años, Nicaragua cayó presa de una dictadura atroz gracias al llamado Pacto Ortega-Alemán (2000), Honduras experimentó un nuevo golpe de Estado (2009), se produjeron un sinnúmero de eventos como el asesinato de periodistas y dirigentes ambientalistas y sociales, y aparecieron poderosas redes de narcotraficantes y renovadas tensiones geopolíticas. Estos elementos configuran hoy una región que en poco tiempo, y pese a la masiva ayuda recibida de la Cooperación Internacional, ha sucumbido ante los avatares de su propia historia.
Acabar con las guerras domésticas -y particularmente con el terrorismo de Estado- fue uno de los logros más notables del Procedimiento de Esquipulas II. Sin embargo, desde entonces Centroamérica ha sido víctima de “otras violencias” no menos graves y dolorosas. Quizá la mayor de ellas sea la resultante de las acciones del crimen organizado y ordinario, cuyas raíces en el área eran de larga data, pero que se aceleraron y profundizaron como resultado de una triple coyuntura: el descalabro institucional de las democracias electorales a partir del año 2008; los rápidos cambios acaecidos en la producción, la comercialización y el control de las redes de del narcotráfico internacional, y el aumento y diversificación de los flujos de cocaína proveniente de Colombia, resultantes de las nuevas condiciones domésticas en ese país (acordadas en el plan de paz de 2016).
Ello vino acompañado de un incremento de otras formas de crimen organizado no menos perniciosas, como la trata de personas, el tráfico de armas, los diversos tipos de contrabando (oro, bienes culturales y naturales, cigarrillos, cosméticos y licores, entre otros) y el fenómeno de las pandillas o “maras”, que impusieron un virtual “estado de sitio” en amplios espacios urbanos del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Las extorsiones, secuestros, estafas cibernéticas y, más recientemente, el aumento de los femicidios y los actos de violencia contra otras poblaciones en condición de vulnerabilidad son también expresiones de una realidad que afecta a todas las sociedades centroamericanas.
El miedo y la zozobra que acompañan siempre a la violencia, y en particular a la violencia criminal cuando esta se entroniza y produce una percepción generalizada de inseguridad e indefensión, han traído como consecuencia el retorno de las propuestas de mano “super dura”, que se han posicionado como “únicas e idóneas” para neutralizar tales fenómenos. Ese fue el caldo de cultivo que permitió el arrollador triunfo en el Salvador del presidente Nayib Bukele, quien fue capaz de someter a las “maras” de su país por medio de políticas represivas ampliamente apoyadas por la población. Si bien el costo de esas políticas en términos de libertades públicas y calidad democrática ha sido devastador, las mismas han catapultado a Bukele como líder internacional de un “modelo” de Estado que repudia a la democracia liberal y propone sustituirla por un régimen autocrático unipersonal.
En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado. Este proceso de deterioro ha sido resultado de las disfunciones propias de regímenes políticos que, en distintas proporciones y formas, han tenido como características comunes la ausencia de políticas públicas inclusivas, el consecuente aumento de la desigualdad y la pobreza, una masiva corrupción y el ya mencionado aumento de la violencia criminal. Todos estos fenómenos han producido, más recientemente, el surgimiento de liderazgos populistas que, emulando a otros en América Latina, Estados Unidos y Europa, proponen soluciones “contra la dominación de los de siempre” (a quienes se señala como beneficiarios de la corrupción), y de un entramado presuntamente cómplice de estos, conformado por medios de comunicación, poderes judiciales, partidos políticos, agentes legislativos y algunos sectores económicos privados.
Además del caso salvadoreño ya mencionado, hay dos ejemplos muy claros (aunque también muy distintos) de esta tendencia. El primero, de perfiles decimonónicos, es la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que desde 2018 domina al país a sangre y fuego a través de mecanismos de represión que recuerdan los peores días del somocismo, e incluso los superan. Estos mecanismos, algunos tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyen -además de asesinatos, torturas, desapariciones y persecución de medios y periodistas independientes– el destierro, las expropiaciones arbitrarias y la eliminación de la nacionalidad de quienes el régimen considera enemigos. El segundo caso, sorpresivo y para muchos inaudito, es el de Costa Rica. Allí gobierna, con amplio respaldo popular, Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial, quien fue electo en 2022 con una propuesta antisistema. Neoliberal en lo económico y conservador (aunque laico) en lo social, Chaves ha satanizado los entendimientos políticos predominantes en el país desde 1948, promovido la confrontación entre el Ejecutivo y los demás poderes de la República (incluido el Tribunal Supremo de Elecciones), deteriorado la libertad de expresión y de prensa, alimentado deliberadamente la polarización social y, últimamente, deslegitimado la institucionalidad judicial, que es la única que hasta ahora ha impedido el éxito de su proyecto político.
Los tres países restantes también discurren por sendas complicadas. En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, desde antes de su toma de posesión (2024), libra una batalla sin descanso contra el llamado “Pacto de Corruptos”, un conglomerado de poderes fácticos que buscan afanosamente su caída por medio de permanentes conspiraciones que involucran a la Fiscal General y a jueces corruptos del Poder Judicial. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro -quien fue electa con altas expectativas tras dos mandatos de un presidente que terminó indultado por Trump luego de haber sido condenado en los tribunales estadounidenses por narcotráfico- hoy propone anular los últimos comicios generales (noviembre de 2025) en medio de un proceso electoral de gran opacidad, persiguiendo fines de muy dudosa naturaleza. Mientras tanto, en Panamá el clima político y social se ha enrarecido en la administración de Raúl Mulino, un presidente que fue electo como sustituto del candidato de su partido, el expresidente Ricardo Martinelli, quien fue encontrado culpable de corrupción e inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral para ocupar cargos públicos.
Todo lo anterior se produce en un contexto de reconstitución hegemónica de los Estados Unidos, cuyo gobierno ha retomado su dominio histórico, basado en al menos dos ámbitos: el enfrentamiento con China y el apoyo público -e incluso la interferencia abierta en procesos electorales internos- a los gobiernos y líderes dispuestos a cumplir con sus designios en la zona (especialmente en temas migratorios y de inversiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la minería, de combate al narcotráfico y de cooperación militar). Además, buena parte de los gobiernos centroamericanos se han sumado a la diplomacia estadounidense en los foros multilaterales, alineándose en temas como el apoyo a Israel, las críticas a la Agenda 2030, el cambio climático, la invasión rusa a Ucrania, etc. Ese sometimiento, sin duda, recuerda al predominante durante la Guerra Fría.
La democracia vive hoy horas oscuras en Centroamérica, horas que, pareciera, no serán más luminosas en el futuro previsible.
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