Reportaje A Fondo
Las ‘mulas’ desaparecidas de la droga
La mayoría de presas bolivianas en Brasil están acusadas de transportar cocaína. Son el eslabón más débil de un negocio en el que estas mujeres encuentran una salida económica
São Paulo.-Al igual que sus 34 compatriotas bolivianas privadas de libertad en la Penitenciaría Femenina de Sant’Anna, en São Paulo, la vida de Gabriela A. dio un giro luego de aceptar llevar una maleta: un equipaje ajeno que, en medio de la ropa, escondía dos paquetes con casi dos kilos de cocaína. Para la policía brasileña, el hallazgo fue parte de un procedimiento de rutina en la ruta que une Corumbá, en la frontera con Bolivia, y la capital paulista. Para Gabriela, entregar el encargo significaba la posibilidad de cobrar 500 dólares para empezar una nueva vida junto a sus hijos de 20 y 15 años.
“No me gustaría que vengan otras personas. No se lo deseo a nadie porque es muy triste y muy difícil estar aquí”, dice. Su llanto se pausa cuando se traslada a los platos que cocinaba y que en los tres meses que lleva privada de libertad se han convertido en un anhelo constante: charque, lambreado de conejo, pique macho. Su relato zigzaguea entre recuerdos como esos y mensajes de arrepentimiento.
Lo que más le preocupa en la cárcel es que nadie nunca más supo de ella. Ni su madre, ni su hijo menor, con quienes vivía en Cochabamba, en el centro de Bolivia, ni su hijo mayor, que vive en Santa Cruz, en el oriente del país. Gabriela cruzó la puerta de su casa y se despidió de los suyos avisando que estaría afuera apenas unos días, pero nunca más volvió.
Cuando la detuvieron, la policía retuvo todas sus pertenencias incluyendo su celular, donde tenía los contactos de sus familiares, de sus jefes, de sus amigos… “Ahorita es como si estuviera desaparecida para ellos”, dice angustiada.
De acuerdo a la Constitución brasileña, el protocolo de encarcelamiento incluye una notificación a los familiares directos de las presas, pero no todos los agentes lo ofrecen. En el caso de Gabriela y otras mujeres bolivianas en prisión, es el consulado de Bolivia quien tiene la misión de hacer llegar esta información a su círculo cercano, pero en este caso eso nunca sucedió.
Gabriela no entiende bien el portugués. Pasa sus días trabajando en el taller de manualidades de la cárcel esperando que ocurra algún milagro: que sus hijos tengan noticias sobre ella o que el tiempo pase rápido. Gabriela está desaparecida para su familia.
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De acuerdo a la Secretaría Nacional de Políticas Penales del Brasil (Senappen), en diciembre de 2022 se contabilizaron 27.547 mujeres en presidios femeninos del país y 91 son bolivianas. “La droga no es de ellas, sino de alguien que las contrata para pasarla. En el puesto fronterizo Esdras, entre Brasil y Bolivia, durante el primer semestre de 2023, fueron realizadas 12 aprehensiones de droga. Podría asegurar que la mitad fueron mujeres bolivianas usadas como mulas”, dice Erivelto Alencar, el jefe de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil en la ciudad de Corumbá.
Según estudios citados por un informe del Instituto Transnacional y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), alrededor del 70% de las mujeres privadas de libertad “se encuentran en prisión por estar involucradas en actividades de microtráfico no violento”. Muchas de ellas son cabeza de familia. En el caso de las migrantes bolivianas en Brasil, muchas son también víctimas de tráfico de personas, amenazas, engaños, violencia y hasta retención de documentos.
Una vez detenidas, son descartadas por el sistema de pandillas que las contrataron o forzaron a entrar a esa situación, pero sobre todo se convierten en desaparecidas para sus familias. Ante esa situación de indefensión, las asistentes sociales y redes de apoyo conformadas en gran parte por Iglesias y grupos de mujeres cargan al hombro la responsabilidad de ayudarlas en la cárcel.
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A unos 1.400 kilómetros de São Paulo, en Corumbá, en el límite fronterizo con Bolivia, otra boliviana figura como desaparecida para su familia. Wara Pérez Zapana, una mujer de 23 años, mirada quieta y que habla a susurros, salió un día a principios de mayo de su casa en Irupana, una localidad de la provincia de Sud Yungas, en el departamento de La Paz. Se despidió de sus hijos de 7, 4 y 2 años y no volvieron a saber de ella.
Wara necesitaba dinero para pagar un préstamo que adquirió junto a su marido en el banco. Los 60 bolivianos (unos 8 dólares) diarios que recibía por un trabajo de ocho horas en el campo no eran suficientes. Los gastos asociados a una enfermedad de su padre y las ganas de invertir en un terreno que su suegra les había entregado la motivaron a endeudarse. Luego, la presión por pagar se transformó en un infierno que la hizo entrar en otro: tomó una maleta, subió a un taxi, fue detenida por la policía brasileña y su familia no volvió a verla.
Wara dice que no quiere preocupar a su familia, pero aunque quisiera enviar señales de vida, no tiene cómo hacerlo. No ha visto al cónsul, no tiene abogado propio y depende del defensor público. Tampoco habla portugués y toda la ayuda que ha recibido ha venido de parte de la pastoral carcelaria.
La ausencia de noticias de familiares se convierte en un pasaje progresivo hacia la violencia emocional. En el caso de las mujeres bolivianas, existe un limitante aún mayor. La norma permite realizar llamadas sólo dentro del territorio brasileño. “Son abandonadas. Y cuando intentamos llamar a las familias y uno de los números está incorrecto es muy frustrante”, dice Marciene Amorim, psicóloga en el Patronato Penitenciario de Corumbá.
“La mayoría de las bolivianas hacemos esto por necesidad, por nuestros hijos”, se lamenta Wara. Aceptó llevar 6 kilos de cocaína por unos 600 dólares, aunque nunca llegó a recibir más dinero que el necesario para pagar el transporte hasta su destino final en São Paulo.
En Brasil, la criminalización de drogas se aplica mediante la llamada Ley de Drogas. El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a dicha cantidad, y de las circunstancias de transporte, hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “La guerra contra las drogas encarcela a personas negras, pobres, mujeres vulnerables”, explica Cátia Kim, coordinadora del Instituto Tierra Trabajo y Ciudadanía (ITTC).
En términos generales, la pena base es de cinco años pudiendo llegar a 15 en función de las causas que agraven la condena. “Cualquier práctica relacionada a la droga es crimen. Sobre esa base, se construyó el sistema punitivo de la legislación del Brasil”, concluye Kim.
El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a la cantidad de droga y circunstancias de transporte en la legislación brasileña hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “Sabido es que muchas mujeres bolivianas trabajan como mulas. A veces son liberadas, en el caso de tener hijos, cuidados de familia, pero si tienen grandes cantidades de droga, se debe constatar con otras informaciones”, explica el juez Idail de Toni Filho de la primera sala penal de Corumbá.
El tribunal es cauteloso a la hora de sacar conclusiones: contrapone el relato de las detenidas con las pruebas y las contradicciones de cada caso. “Objetivamente, si la mujer está con maleta y droga en dirección a São Paulo y admite que la estaba cargando, es un hecho. Dicen que fueron engañadas y es posible, pero no hay como constatar. Debe ser demostrado. ¿Recibieron dinero siendo engañadas?”, analiza el juez.
Wara entró a la penitenciaría femenina de Corumbá en régimen de prisión preventiva. “Mi proceso está abierto. El juez me dijo que debía comprobar que tuviera hijos”. El pasado 2 de junio, el juez le otorgó libertad provisional pero con la condición de presentarse mensualmente al juzgado para informar dónde vive y qué actividades hace.
La ausencia diplomática
Es lunes por la mañana y apenas se ve movimiento a las afueras de la Penitenciaría Femenina Carlos Alberto Jonas Giordano de Corumbá. Un guardia se asoma por la rejilla de la puerta principal del penal de mujeres. No hay nadie en el frontis. Apenas pasa una carreta y casi no hay movimiento de carros en este lado de la ciudad. Se escuchan algunas voces a pocos metros, justo donde comienza la cárcel masculina, separada solo por un muro de la femenina: unas cuantas mujeres –novias, esposas, hermanas, madres, amantes– asisten para saber información de sus seres queridos o entregar algo de comida o útiles de higiene personal.
El contraste se manifiesta en cada día de visita: el lado masculino no da abasto. El femenino apenas recibe algunas visitantes, casi siempre hermanas o madres, pocas veces el marido o pareja. En la cárcel, se replican dinámicas que también se dan en libertad: los cuidados y las visitas suelen ser asumidos por mujeres.
“Cuando encarcelamos a las mujeres, castigamos a familias enteras”, dice Jorge López Arenas, ex director nacional del Régimen Penitenciario de Bolivia, en el informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. En los casos de Gabriela y Wara, ambas jefas de hogar, su aprehensión ha significado un terremoto familiar cuyas secuelas no son capaces de dimensionar.
La red externa de apoyo a las reclusas también es de mujeres. Judite Sales y Consuelo Clavijo son voluntarias de la Pastoral Carcelaria, una organización de la Iglesia católica que trabaja en prisiones. Ellas y el padre Khac visitan a las reclusas de la prisión de Corumbá para darles asistencia religiosa. “Estamos para escucharlas y apoyarlas espiritualmente”, dice el sacerdote. Sin embargo, para aliviar la angustia de la mayoría de las mujeres migrantes reclusas, tratan de ayudarles a contactar de nuevo con sus familias. “Intentamos ayudarlas, están aisladas y lo peor es que fueron engañadas”, dice Sales.
Ella y su compañera se sostienen, incansables, con la misma fortaleza de las reclusas. En la mañana del 24 de mayo se reunieron con el juez local de Corumbá para conversar sobre algunos de los casos. Buscan apoyo logístico y trabajan con las asistentes sociales de la penitenciaría, contactan con los defensores públicos y organizan donaciones. “Queremos ligarlas a sus familias. Para las personas migrantes encarceladas es muy difícil”, dice Clavijo, boliviana que vive hace 45 años en Corumbá.
La soledad de las internas tiene varias capas. No solo asumen el aislamiento social por la reclusión, sino que muchas veces se agudiza por la falta de diligencia de la burocracia y los representantes oficiales de su país. “Nunca escuché que el cónsul de Bolivia fuera a la prisión femenina”, dice Marciene Amorim, psicóloga del Patronato Penitenciario de Corumbá.
En la ciudad con la mayor proporción de habitantes bolivianos en Brasil, el rol del consulado es fundamental. “No es una obligación pero lo hacemos para no llegar con las manos vacías”, dice Simons William Durán, cónsul de Bolivia en la ciudad fronteriza, mientras exhibe sobre su escritorio un kit de higiene que, según dice, entrega a sus compatriotas. Su oficina tiene apenas tres funcionarios, pero Durán dice que se las arreglan para darles acompañamiento. “Yo no soy dios para juzgarlas. Les doy un abrazo a todas por igual”, asegura el cónsul. La pastoral carcelaria, el juez local, el defensor público y las propias internas reconocen que sólo han visto al diplomático un par de veces, que no suele estar disponible cuando lo han citado y que las reclusas no tienen asesoría legal o apoyo para comunicarse con sus familiares. Algunas de ellas apenas han recibido un kit de higiene cuyo contenido solo cubre un mes de estancia. El apoyo de organizaciones sociales y religiosas es fundamental para contrarrestar la ausencia diplomática.
Las más castigadas
“En América Latina, es más grave contrabandear cocaína […] que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino”, comienza el prólogo de Adicción Punitiva (2012), un estudio de Rodrigo Yepes, Diana Guzmán y Jorge Parra Norato. “En América Latina existe desde 1950 una tendencia generalizada a incrementar los montos de penas con los que se castigan los delitos de drogas”, concluyen los autores.
Por otro lado, este delito en Brasil es una causa de encarcelamiento más frecuente en mujeres que en hombres. “Brasil es el tercer país en el mundo con más encarceladas. El tráfico de drogas representa el 56,16% de los crímenes por los cuales las mujeres cumplen penas mientras que en los hombres ese porcentaje es del 38,72%”, dice Rosângela Teixeira, socióloga del Grupo de Investigación en Seguridad, Violencia y Justicia de la Universidad Federal del ABC en São Paulo.
“El sistema falla con todas ellas, no sólo con las bolivianas. Se encarcela mucho, y a los ojos de la defensa, de forma innecesaria. La ley procesal penal prevé varios requisitos para que una persona sea presa y muchas veces se los pasa por arriba”, dice Vítor Calasanz, defensor público de la ciudad de Corumbá que atiende a un promedio mensual de 50 internas en la penitenciaría femenina de esa ciudad.
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María Cerrudo Gómez lleva dos meses en la cárcel de Sant’Anna, en São Paulo, pero ya ha aprendido ciertos códigos del encierro. Baja la vista, toma sus manos por detrás de la espalda y espera paciente frente al muro de la sala. Se encuentra en prisión preventiva y dice que su única preocupación son sus tres nietos que quedaron solos a cargo de su madre en silla de ruedas. Aceptó llevar casi dos kilos de cocaína por 500 dólares que nunca recibió. Antes de llegar a destino, en São Paulo, fue interceptada por la policía y no sabe bien si fueron sus nervios, su falta de experiencia o alguien más que la delató.
“Realmente no me explicaron. Pido perdón por el error que cometí. Me arrepiento porque son mis nietos los que están pagando ahorita esto. No sé nada de ellos”, dice. “Me dejé tentar con el diablo, no lo escuché a Dios”. La mujer aceptó llevar la droga porque el dinero que ganaba limpiando casas y lavando ropa no era suficiente para mantener a su madre enferma y a sus nietos, de las que estaba a cargo desde que su hija se fue a Chile. “Supuestamente se fue a trabajar, a darles una vida mejor a mis nietos. Pero hace más de dos años que no sé nada de ella. No sé si estará viva, si estará muerta”, dice Cerrudo.
La mujer está desaparecida para su familia desde el pasado 8 de abril, cuando salió de su casa en Santa Cruz y nunca más supieron de ella. En una visita reciente del cónsul boliviano en São Paulo a la cárcel, le dio un número de teléfono para localizar a una señora que a veces cuida a sus tres nietos. Ellos son su mayor preocupación. Pero no ha recibido noticias. Mientras espera a conocer su condena, sigue atenta a cualquier mensaje que la conecte de nuevo con los suyos.
elpais.com
El recorte de financiación para abogados que representen a menores no acompañados obligará a miles de ellos, desde bebés a adolescentes, a enfrentarse solos ante jueces y procesos legales complejos
Una joven de 12 años logró llegar a Estados Unidos luego de sufrir tráfico laboral y abusos desde que tenía cinco años; abogados buscan un beneficio migratorio para ella. Un niño sordo y autista fue secuestrado de camino a Estados Unidos; casi un año después, su madre logró rescatarlo y activistas le ayudaron a obtener documentos para quedarse en el país. En ambos casos, narrados por organizaciones, sin la ayuda de abogados de inmigración, los menores hubieran terminado deportados o, por desconocimiento, sin acceso a permisos de permanencia legal.
A partir de este viernes, miles de menores migrantes en EE UU, desde bebés hasta adolescentes, corren el riesgo de perder la asistencia de abogados que les han apoyado por años en sus casos. Ese día expiran los contratos que habían sido financiados desde 2003 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para apoyar a una red nacional de 100 organizaciones que brindan servicios legales a niños no acompañados (que llegaron sin sus padres o representantes legales) o que están en custodia migratoria. Se agudiza una crisis ya existente: en noviembre de 2025, el HHS retuvo más de 65 millones de dólares en fondos aprobados previamente por congresistas de ambos partidos. Sin ese dinero, las organizaciones se han visto obligadas a rechazar a nuevos clientes o simplemente a reducir ―y cerrar― sus operaciones.
“No sabemos qué va a pasar el primero de agosto porque el gobierno no nos ha informado el plan de transición para los 20.000 niños que tienen representación bajo este contrato”, explica Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, una organización sin fines de lucro que recibía los fondos gubernamentales y los asignaba a más instituciones que ―como ellos― están dedicadas a la defensa de los menores. “Va a depender realmente de si los abogados tienen un financiamiento alternativo que les permita continuar”.
Aber cuenta que unas 30 organizaciones de la red están operando bajo una realidad financiera “complicada”. La situación, narra, obliga a muchos abogados a tener conversaciones “difíciles” con los niños sobre la posibilidad de que no puedan seguir representándolos. Son menores con solicitudes de asilo, peticiones de estatus de protección juvenil (porque fueron abandonados por uno o ambos padres) o víctimas de tráfico, todos beneficios complejos de pelear sin representación legal y que Donald Trump ha endurecido desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025.
Ante la situación que está por venir para las organizaciones, a inicios de julio se conoció que el Departamento de Justicia pidió a la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas ―una agencia estatal para la defensa de casos criminales de residentes de bajos recursos― que le apoyara en la representación de menores migrantes en proceso de deportación. La Comisión confirmó a EL PAÍS que había recibido la propuesta, pero no precisó si la aceptaría. Según un reporte del diario The Texas Tribune, el director ejecutivo de esta comisión respondió al Departamento de Justicia que la defensa de menores no acompañados está fuera de la experiencia y alcance de su organización.
A diferencia de las cortes criminales, las de inmigración no tienen el deber de garantizar la representación de un abogado, ni siquiera a los menores de edad. Sin embargo, las organizaciones denuncian que no puede hablarse del debido proceso si los niños y adolescentes no entienden el sistema que enfrentan, las penalidades, los términos usados y sus consecuencias.
“Es coercitivo y traumatizante”
Las organizaciones hacen hincapié en los riesgos que corren los menores cuando son presentados en las cortes o son interrogados por funcionarios sin la presencia de abogados.
Un niño en custodia federal fue interrogado durante horas por funcionarios del gobierno. “Le decían que iba a quedar atrapado en detención, que sus familiares iban a ser detenidos y que no tenía derecho a acceder a un asilo”, cuenta Alexa Sendukas, una de las abogadas al frente del Programa de Niños y Jóvenes Migrantes del Proyecto de Representación al Inmigrante Galveston-Houston (GHIRP), al revivir la historia de uno de los menores que representan.
“Para un niño que llega de un viaje desde otro país, a menudo un viaje muy difícil y muchas veces bajo situaciones traumáticas, esto va a hacer que se rindan y regresen porque piensan que esa es su única opción, pero no lo es. La ley dice que tienen derechos, pero esos derechos no se están respetando”, dice Sendukas al catalogar el proceder de los funcionarios como “coercitivo y traumatizante”.
En un caso similar, la abogada principal del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, Marie Silver, reveló en una declaración jurada ante una corte en noviembre de 2025 que, al revisar los documentos de un menor no acompañado en custodia, halló una carta que nunca había visto. En ella, las autoridades explicaban al niño que quien aceptara regresar voluntariamente a su país en las siguientes 72 horas, “todavía tendrá la oportunidad de solicitar una visa… en el futuro”. Pero que quien eligiera tener una audiencia ante un juez de inmigración, o quien indicara que tenía miedo de regresar a su país, quedaría bajo custodia federal “por un período prolongado” o expondría a la detención y deportación a sus guardianes o padres. En una decisión de abril de 2026, un juez federal prohibió expresamente a los agentes volver a presentar esta carta.
GHIRP también representa a menores no acompañados que habían sido liberados de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, la agencia que acoge a los niños que cruzan la frontera sin padres o representantes legales). Algunos de estos niños han sido detenidos nuevamente y reenviados a estos albergues; en esos casos, sus familiares o guardianes han sido obligados a demostrar otra vez a las autoridades la relación con el niño. “Les dicen que esa misma persona tiene que proporcionar pruebas y pasar por un montón de trámites para recuperarlos, aunque ya habían sido aprobados como patrocinadores”, explica Sendukas.
Entre sus representados, GHIRP también ha encontrado a menores multados por entrar al país por puntos no autorizados de la frontera o por no tener estatus legal. Les dicen que tienen 30 días para apelar el castigo. Es parte de una sección de la mega ley tributaria firmada por Trump en julio de 2025 y que establece el pago de 5.000 dólares para cualquier extranjero que sea detenido en la frontera. Esta multa ―impuesta por la Patrulla Fronteriza― ha sido reportada por abogados de niños en custodia federal en Michigan, Nueva York y en Texas al menos desde septiembre de 2025.
“No tienen dinero. No tienen manera de pagar una multa al Gobierno de Estados Unidos. La mayoría ni siquiera sabe lo que es. No tienen idea de que este papeleo está en su expediente. Somos nosotros o los trabajadores sociales del albergue los que decimos: ‘Encontramos esto en el expediente del niño”, señala Sendukas. La abogada asegura que en la mayoría de los casos las apelaciones por estas multas han sido negadas.
Ella cuenta además que hay un grupo de menores que está siendo detenidos con más frecuencia por agentes de inmigración: adolescentes que ya vivían en Estados Unidos pero que fueron separados de sus familias y, por tanto, no entran en la categoría de menores no acompañados.
“Los sacan de sus escuelas, de sus comunidades y los envían a estas instalaciones de ORR. Muchas veces sus familias no saben qué pasó con ellos, les toma días encontrarlos de nuevo y, una vez que saben dónde están, les toca proveer cantidades de papeles, evidencias, pasar por chequeos de antecedentes, poner huellas, pruebas de ADN para demostrar que son sus cuidadores, cuando ya vivían con ellos y estaban bajo su cuidado porque son sus padres biológicos”, explica Sendukas. Uno de los casos que representan es el de una niña que repartía volantes con su padrastro. Ambos fueron detenidos y la madre tiene más de 200 días intentando recuperar la custodia de la menor.
EL PAÍS consultó al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sobre las condiciones de los menores en su custodia y cómo proveerán asistencia legal una vez que terminen estos contratos. No respondieron.
Para el año fiscal 2025, ORR muestra en su página que recibió a 22.833 menores no acompañados referidos desde el Departamento de Seguridad Nacional. Durante ese año, el tiempo promedio de permanencia en custodia federal era de 117 días, más del triple que el año anterior. Sendukas dice que han tenido que hacer peticiones de habeas corpus para liberar a niños que han estado en custodia de ORR por más de 300 días. Shaina Aber habla de hasta 500 días y asegura que en el pasado ―incluso en el primer Gobierno de Trump― no superaba los 70 días.
La abogada de GHIRP cuenta que han visto casos de niños que se sienten optimistas, pero que con los días desarrollan una ansiedad, depresión y pérdida de la esperanza tan profunda que los lleva a pensar en abandonar sus casos.
Shaina coincide con Sendukas: “La salud mental de estos niños se está deteriorando. Bajo un ambiente coercitivo, les están pidiendo tomar decisiones que pueden tener consecuencias para sus vidas”.
El peor escenario
La deuda del gobierno con las organizaciones que defienden pro bono a menores no acompañados es de 65 millones de dólares, una cifra difícil de recaudar de forma independiente. El pago de estos fondos federales está siendo peleado en cortes, pero no habrá una decisión antes de este viernes, así que las organizaciones involucradas en el litigio llevan meses buscando alternativas para continuar operando.
La ONG Estrella del Paso, basada en la fronteriza ciudad de El Paso, en Texas, es una de las afectadas. Su directora ejecutiva, Melissa López, cuenta que desde el 17 de julio decidieron no aceptar nuevos casos; representan a 250 menores no acompañados. Por ahora, han estado trabajando semana a semana, y para cubrir los sueldos y gastos corrientes han usado fondos que tenían guardados. Están en busca de financiamiento para mantener los servicios al menos por unos meses. La deuda del Gobierno federal con ellos es de casi un millón de dólares.
“Nos ha tomado 20 años aprender cómo hablar con los niños para que se sientan a gusto aunque hayan pasado por un trauma”, apunta. “La pérdida de los fondos viene con la pérdida de atención a los niños y también la pérdida de un talento muy grande y específico en esta área de la ley”.
GHIRP está en una situación similar: el Gobierno federal les debe más de un millón de dólares. Sendukas asegura que, aunque buscan fondos independientes, es casi imposible conseguir un donante que pueda cubrir ese déficit tan elevado: “Haremos lo que podamos para mantenernos en la lucha y al lado de nuestros clientes”.
La abogada lamenta que la capacidad operativa haya sido mermada en momentos en que las autoridades migratorias están acelerando procesos migratorios como el asilo. Para el mes que viene, justo cuando ya no tendrán recursos federales, las autoridades fijaron 35 entrevistas de asilo con los menores a los que representan: son aproximadamente tres años de solicitudes de varios abogados reactivadas y comprimidas en un período de dos semanas. Ellos los acompañarán.
Sendukas nunca había visto una arremetida similar: “Es un esfuerzo muy coordinado, involucrando a múltiples agencias, para privar a estos niños del acceso a un abogado pro bono, para quitarles su derecho al debido proceso que la ley les otorga y para meterlos en la maquinaria de deportación”, sostiene. “Es un proceso que casi garantiza que el resultado para estos niños será una orden de deportación”.
elpais.com
Reportaje A Fondo
“Estamos sobreviviendo”: las redadas asestan un golpe fuerte y persistente a los negocios hispanos en Los Ángeles
En nueve corredores comerciales frecuentados por migrantes en esa ciudad hubo pérdidas de casi 3,2 millones de dólares en 2025 debido a la agresiva ofensiva migratoria de Trump, revela un estudio de UCLA
La irrupción de decenas de agentes migratorios, lanzados a la caza de migrantes indocumentados, vació las calles de Pico Rivera, California. En junio de 2025 los vecinos de este suburbio al este de Los Ángeles comenzaron a acostumbrarse a una escena hasta entonces impensable: caravanas de camionetas blancas con franjas verdes recorriendo sus avenidas una y otra vez. La Patrulla Fronteriza había puesto la mira en una ciudad santuario para migrantes con el propósito de enviar un mensaje de fuerza y anticipar lo que vendría después en otras comunidades del país. En uno de esos operativos, varios agentes se detuvieron frente a una llantera cercana al bulevar Rosemead e intentaron detener a sus trabajadores. Alguien transmitió la redada en Facebook Live y el video se viralizó de inmediato. Fue el acabose para los negocios cercanos.
“De ahí fue bajando, bajando, bajando. No nos hemos podido recuperar”, lamenta Roberto Godínez, propietario de una tienda de autoservicio donde las ventas dependen, sobre todo, del agua purificada, las cervezas y las frituras. “Estamos sobreviviendo, como si estuviéramos en una crisis económica. De vender 3.500 dólares al día ahora apenas llegamos a 1.400 dólares. Apenas sale para cubrir el sueldo de los trabajadores”. Godínez, un inmigrante originario de Jalisco que ha pasado en este lado de la frontera la mayor cantidad de sus 65 años de vida, confiaba que la Copa del Mundo diera un respiro a sus finanzas. El torneo, sin embargo, transcurrió durante 39 días sin alterar el desánimo que se instaló en el vecindario tras las redadas. “La gente no sale ni a comprar cervezas”, dice.
Lo ocurrido con este pequeño negocio durante el arranque de la ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump no es un caso aislado. Su historia resume la de cientos de comercios hispanos en esta zona metropolitana, golpeados por el miedo que sembraron las redadas. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que el incremento de las redadas provocó lo que define como “una perturbación económica inmediata y duradera” en los corredores comerciales latinos del condado. Tan solo en las dos primeras semanas de junio de 2025, estos establecimientos recibieron 46.000 visitas menos, una caída que se tradujo en pérdidas estimadas en casi 3,2 millones de dólares. Incluso un año después, muchos de sus propietarios siguen esperando una recuperación que no termina de llegar.
Golpes al bolsillo y la salud
El estudio se centró en 75 empresarios latinos con negocios repartidos en nueve corredores comerciales frecuentados por inmigrantes hispanos, entre ellos Huntington Park, Whittier, Westlake, Pacoima y el Distrito de la Moda. Los investigadores de UCLA documentaron el impacto incluso en el flujo peatonal, que cayó de forma generalizada en los días posteriores al inicio de las redadas.
El 59% de los entrevistados reportó desplomes de ingresos superiores al 50%, mientras que la mitad aseguró que algunos de sus empleados dejaron de acudir a trabajar por miedo a ser detenidos por agentes migratorios. Como consecuencia, siete de cada diez establecimientos redujeron su horario de atención o cerraron temporalmente. Muchos comerciantes afirmaron que las ventas apenas alcanzaban para cubrir los gastos operativos y, en ocasiones, ni siquiera eso. Este año el panorama apenas ha cambiado: el 95% reconoció que seguía enfrentando dificultades financieras debido a la ausencia de clientes. El impacto también ha sido personal. El 76% de estos empresarios dijo haber sufrido un deterioro emocional que terminó afectando su salud.
“Un año después, muchos dueños de negocios siguen en una situación de vulnerabilidad financiera. El miedo, la incertidumbre y la presión económica continúan deteriorando su salud y bienestar”, señaló en un comunicado Amada Armenta, coautora del informe y directora del Instituto de Políticas y Política Latina (LPPI) de UCLA. “La pérdida de clientes afectó a negocios de distintos sectores y tamaños, independientemente del estatus migratorio de sus propietarios”.
Uno de los corredores analizados fue el bulevar Pacific, en Huntington Park, uno de los municipios con mayor concentración de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Desde el verano pasado, los letreros de “Se renta” se han multiplicado en los escaparates de los locales vacíos. Solo las victorias de la selección mexicana durante el Mundial devolvieron por unas horas el bullicio a sus calles, como en los tiempos de mayor prosperidad. Fueron, sin embargo, destellos efímeros.
“Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren”, dijo Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action, que colaboró en el estudio. “Esta investigación pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su verdad”.
16,000 detenidos en Los Ángeles
El mayor despliegue de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centró en Los Ángeles el verano de 2025 y continuó hasta enero del año siguiente. Durante meses se hicieron habituales en las redes sociales los videos de agentes federales persiguiendo a jornaleros, albañiles, vendedores ambulantes y jardineros en estacionamientos, gasolineras y calles de barrios latinos. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, más de 16.000 inmigrantes han sido detenidos en esta zona metropolitana, más del triple que durante los últimos años de la Administración de Joe Biden, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las cifras oficiales muestran que el 52% de los detenidos nació en México y que su edad promedio era de 41 años. La inmensa mayoría (el 87%) eran hombres y el 39% carecía de antecedentes penales.
Muchos fueron trasladados al centro de detención de Adelanto, una prisión migratoria privada situada en el desierto de Mojave, a unos 150 kilómetros de Los Ángeles. El centro acumula desde hace años denuncias por presuntos malos tratos, negligencia médica, alimentación deficiente e incluso por el suministro de agua sucia a los detenidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han muerto allí cuatro ciudadanos mexicanos. Un informe publicado recientemente por el Departamento de Justicia de California, elaborado a partir de inspecciones en cárceles del ICE en el Estado, muestra además el drástico aumento de la población recluida: de apenas siete personas bajo custodia en noviembre de 2023 a 1.570 en julio de 2025.
La Administración Trump, sin embargo, rechaza que su estrategia de deportaciones masivas haya perjudicado a la economía local. “Seamos claros: si existiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una buena economía, Biden habría tenido una economía en auge”, afirmó el DHS en una respuesta escrita enviada a EL PAÍS. La agencia sostiene que, a su parecer, las detenciones y deportaciones “hacen que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes”.
“Sé que habrá un cambio”
Arturo Aguilar abrió el restaurante El Valle Oaxaqueño, en el oeste de Los Ángeles, en el año 2000. Creía que su negocio ya había sobrevivido a las peores tormentas: la crisis hipotecaria de 2008 y la pandemia del COVID-19. Nunca imaginó que una campaña de deportaciones masivas pondría en jaque su establecimiento durante tantos meses. “Claro que nos pegó duro, tanto en las ventas como con los empleados, que tenían miedo de venir a trabajar. Los clientes dejaron de venir. El restaurante estaba vacío: dos o tres mesas ocupadas, y apenas un poco más los fines de semana”, recuerda.
El empresario atribuye este bache a lo que llama un “paquete” de factores. “Además de las redadas, la inflación subió el precio de los productos, subió el costo de la gasolina y, ya que aumentó el desempleo, también aparecieron más vendedores ambulantes. Eso nos afecta a todos. No estoy en contra de ellos, yo empecé así hace más de treinta años, pero se ponen en las esquinas, a veces frente a los negocios. No pagan renta, empleados, impuestos, nada. Al final se convierten en una competencia”.
Aguilar, un inmigrante oaxaqueño de 64 años que llegó a Estados Unidos en 1990, reconoce que haber diversificado sus inversiones le ha permitido amortiguar el golpe. Además del restaurante, es propietario de un mercado y una panadería. En conjunto, sus negocios generan cerca de 90 empleos. Mientras El Valle Oaxaqueño ha perdido hasta el 70% de su clientela, las otras empresas le han permitido mantenerse a flote. Él resume esa estrategia con una palabra muy mexicana: “campechanear”. Sus hijos ya se hicieron cargo de la operación cotidiana de los negocios y son ellos quienes hoy cargan con buena parte de las preocupaciones.
Aun así, Aguilar no pierde el optimismo. Confía en que las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los demócratas buscarán recuperar el control de la Cámara de Representantes, marquen un punto de inflexión. “Tengo mucha esperanza y sé que habrá un cambio”, dice con emoción. “No falta mucho para verlo, tanto en la política migratoria como en la economía”.
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São Paulo.-Hace cuatro años Brasil eligió uno de los Congresos más conservadores de las últimas décadas. Un Parlamento de mayoría bolsonarista, dominado de nuevo por señores de tez blanca, traje, corbata y Biblia. Basta comparar el poder político de los religiosos al de las mujeres. Los escaños de la bancada evangélica duplican a los ocupados por legisladoras. Pese a haber tenido una presidenta, el porcentaje de diputadas en Brasil es menor que en cualquier otro país latinoamericano… Y menor que en Arabia Saudí. Pero en aquella misma elección los brasileños también eligieron por primera vez en la historia a dos diputadas transexuales: las izquierdistas Erika Hilton, 32 años, y Duda Salabert, 44 años.
Paradojas de un país que es al mismo tiempo paraíso e infierno para ese colectivo, porque en pocos rincones del mundo tiene tanta visibilidad, pero ninguno es tan letal (al menos 80 asesinatos en 2025).
La reciente elección de una de ellas, Hilton, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer ha desatado una polémica formidable en torno a la diputada, la definición de mujer y la representatividad. “Siempre seré mujer”, contestó ella.
Con once votos a favor y diez en blanco, su designación fue saludada por sus aliadas de la izquierda parlamentaria como un paso más a favor de la inclusión en la política institucional. Toma el relevo al frente de la comisión de una parlamentaria indígena, también del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La diputada Hilton también suele definirse como “una travesti negra, de la periferia”. Erika Santos Silva creció en una favela de Francisco Morato, una ciudad en la zona metropolitana de São Paulo.
En esta controversia, a la cuestión trans, que desgarra al feminismo en medio mundo, se le suman los componentes de raza y clase, una arraigada polarización, la toxicidad de las redes sociales y la cuenta atrás para unas elecciones muy reñidas.
Los más reaccionarios intentaron sabotear la designación con una campaña para la que se apropiaron del lema Ele, não (Él, no), con el que la izquierda intentó galvanizar en 2018 la oposición a que Jair Bolsonaro alcanzara el poder, y lo resignificaron como ofensa tránsfoba. Fracasaron. Una vez electa, los ultras atacaron sin piedad a la diputada Hilton al grito de que no es una mujer “de verdad” y, por tanto, carecería de legitimidad para el cargo. Otras voces combinaron la defensa de los derechos de los transexuales con el temor a que las cuestiones identitarias monopolicen el debate en la Comisión de la Mujer y los problemas cotidianos y acuciantes que atañen a las brasileñas de a pie acaben arrinconados o diluidos en una discusión ideológica.
La nueva presidenta de la comisión ha anunciado que su prioridad será fiscalizar la red de acogida de mujeres maltratadas (en un momento en que Brasil contabiliza cuatro feminicidios al día, más que nunca), luchar contra la violencia política de género y promover políticas de salud integral para las brasileñas.
Blanco de incontables ataques y bregada en frecuentes polémicas, la parlamentaria celebró el nombramiento como “una reparación de la historia para tantas mujeres a las que les negaron la dignidad”. Y a sus críticos los despachó con el estilo combativo que ha convertido en marca de la casa: “La opinión de transfóbicos e imbeCIS es loúltimoo que me importa”, tuiteó con esas mayúsculas, haciendo un juego de palabras en portugués con imbécil y cisgénero, las personas que se identifican con el género con el que nacieron.
Antes de saltar en 2022 al Congreso en Brasilia, Erika Hilton triunfó en las municipales de 2020 como la concejala más votada del país. Destaca entre sus señorías porque entra al embate directo, tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram y es objeto preferencial de ataques y amenazas de la derecha más radical. Y por su aspecto. Sí, tacones, vestidos ajustados y melena siempre impecable. Ella misma ha contado que de niña soñaba con ser presentadora o artista, y que decidió entrar en política al verse tirada en la calle, forzada a ganarse la vida con la prostitución, cuando era una cría de 14 años.
En una larga entrevista con el podcast Mano a mano contó que la misma madre que la crio con su abuela en un hogar donde tuvo la libertad ser tal y como se sentía abrazó un día el fundamentalismo religioso y la expulsó de casa. “De repente, era un demonio, un animal”. Ese dolor la impulsa y la acompañará siempre, aunque se haya reconciliado con su madre. “Queremos caminar con la cabeza erguida, vivir más allá de los 30 años y ser algo más que putas”, explicó en aquella entrevista.
Con un 18% de parlamentarias, los problemas de las mujeres brasileñas siempre han resultado bastante secundarios para el Parlamento. Por la presidencia de la Comisión de la Mujer ya han pasado diputadas de derechas, centro e izquierda, pero si un partido tan pequeño como el PSOL logra presidirla es porque no es ahí donde se libran las batallas políticas más relevantes para sus señorías. Un veterano observador del Congreso dice que la Comisión de la Mujer nunca, desde que fue creada en 2016, había concitado tanta atención.
Tanto Hilton como Salabert se han esforzado hacer política parlamentaria más allá de la defensa de los derechos LGTBQ+. Tienen estilos muy distintos, pero ambas son blanco preferencial de ataques derechistas, sea por su condición de mujeres, por ser transexuales o por sus propuestas. Mientras la primera centra su trabajo en cuestiones de derechos humanos o derechos laborales, como la ampliación de uno a dos días libres por semana, la segunda aborda esos asuntos además de cuestiones mediaombientales y educativas. Mientras a Hilton se la ve cómoda en la confrontación directa, Salabert, del Partido Democratico Trabalista ( PDT), de centro-izquierda, apuesta más por la conciliación.
Al hilo de la polémica, la parlamentaria Salabert ha criticado “la indignación selectiva” y recordado algunos hechos a los desmemoriados que ahora salen a defender a las mujeres: que Brasil ya tuvo una comisión municipal de la mujer integrada solo por hombres (en São Paulo, en 2024), partidos que usan candidatas femeninas fraudulentas para beneficiarse de las cuotas de género o que la dirección del Partido de la Mujer Brasileña es netamente masculina.
Todas las formaciones políticas calientan ya motores para las elecciones de octubre, de las que saldrán el presidente, los gobernadores y el Congreso. Las negociaciones para formar candidaturas y alianzas son intensas. Ni una sola mujer suena como candidata a la presidencia en unos comicios dominados por Lula y Bolsonaro hijo. Tampoco se espera ninguna revolución que propicie un desembarco de mujeres que coloque a Brasil en la parte alta de la tabla de la representación parlamentaria femenina, junto a países como México, Bolivia o Costa Rica, que rondan el 50%.
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