Economía
Las normas antilavado consideran sospechosas operaciones de ONG
Transacciones de cooperativas también están en la mira de las autoridades
SANTO DOMINGO. Las nuevas normas publicadas el viernes pasado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obligan a los registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, a los empresarios de la construcción y agentes inmobiliarios, a los joyeros, armeros y dueños de casas de empeño a reportar como sospechosa cualquier operación en la que participen asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre otras.
Esas estructuras permiten a esas organizaciones, según las nuevas normas del ente tributario, “mantener un perfil bajo y unos cuantiosos recursos aparentemente propios de la actividad y que son consideradas a nivel internacional como de alto riesgo”.
Las normas antilavado colocan a las transacciones de las ONG, fundaciones, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro en la misma categoría de aquellas operaciones por elevados montos de clientes que no tienen perfil económico para hacerlas, o aquellas que lucen irregulares porque el cliente no ofrece soportes sobre el origen de sus fondos o presenta datos falsos o incompletos. En todos esos casos, los sujetos obligados tendrán cinco días hábiles tras la operación para reportarla a la Unidad de Análisis Financiero, que trabaja con los diferentes organismos que participan en la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos, la 155-17.
Además de donaciones, hay asociaciones sin fines de lucro y ONG que cuentan con asignaciones presupuestarias. Este año 1,202 organizaciones de este tipo —algunas vinculadas con organizaciones políticas, de corte comunitario, judicial o religioso, entre otras— recibirán RD$1,788 millones del Presupuesto Nacional del 2018.
Por su parte, en República Dominicana existen más de 1,000 cooperativas con 1.6 millones de socios. Entre todas, calcula el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, engloban capitales por RD$100,000 millones.
Las nuevas normas de la DGII, que complementan las reglas recientemente publicadas para prevenir el lavado de activos en casinos y bancas deportivas y de apuestas, así como al reglamento aprobado en noviembre del año pasado, ya están en vigor.
En términos generales, todas las operaciones en efectivo iguales o superiores a US$15,000 (o su equivalente en pesos) que realicen clientes por medio de registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción y agencias inmobiliarias, joyerías, armerías y casas de empeño deben reportarse a las autoridades.
Las reglas publicadas por la DGII indican las formas en que los sujetos obligados deben realizar la debida diligencia, que no es otra cosa que vigilar —y, en algunos casos, verificar— que los fondos utilizados para una operación de compra-venta de terrenos, viviendas, carros, barcos, aviones, joyas, armas y el uso de dinero en casinos y loterías no escondan el lavado de activos.
Por ejemplo, la norma que rige para los dealers señala que éstos deben profundizar su supervisión sobre aquellos clientes que hagan adquisiciones masivas de vehículos de motor, o los cambien o vendan por valores muy inferiores a los del mercado o hagan un pago total en efectivo y por anticipado en una operación que era en cuotas.
También, todos los sujetos obligados —no sólo los dealers— deben reportar las relaciones de negocios con personas políticamente expuestas, o también si una operación beneficia a una sociedad de carpetas, entre otras situaciones.
El fin del secreto bancarioLa mayor responsabilidad en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo ha estado tradicionalmente sobre las autoridades de supervisión bancaria y en las entidades financieras. La Ley 155-17 amplió el espectro y coloca a las propias empresas de sectores de la construcción e inmobiliarias, casinos y bancas de apuestas, dealers y hasta notarios y abogados con el peso de su cumplimiento. Adicionalmente, la DGII tiene una participación estelar e, incluso, conforme a las nuevas normas, está en capacidad de exigir a los bancos informaciones detalladas de sus clientes cuando lo requiera, sin que se interponga el secreto bancario.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Energía y Minas estableció nuevas directrices para reforzar y ampliar el ahorro, gestión y la eficiencia energética en las instituciones gubernamentales, con el fin de fomentar la austeridad en las instituciones del Estado ante la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales.
El ministro Joel Santos explicó que con esta iniciativa también se implementa como un combate directo al “consumo vampiro” mediante la desconexión física de equipos de oficina, como impresoras, microondas y televisores, durante fines de semana y feriados. En cuanto a la movilidad y servicios, sostuvo que se dispuso el apagado de luces en áreas desocupadas y que se restringe el uso de ascensores a partir del tercer nivel, para incentivar el ahorro y el uso de escaleras.
Con estas acciones, el ministro Santos reiteró que el Estado dominicano mitigar el consumo innecesario y el uso eficiente de energía en las instituciones del Estado dominicano.
Seguimiento y cumplimiento
La nueva resolución precisa que el Ministerio de Energía y Minas, a través del Viceministerio de Innovación y Transición Energética, supervisará la implementación de estas medidas. Las instituciones deberán remitir informes trimestrales en los que detallen los resultados obtenidos y las acciones específicas tomadas para reducir el consumo en modo de espera o “standby”.
Indica que este viceministerio, junto con sus áreas técnicas competentes, continuará brindando acompañamiento, lineamientos y asesoramiento técnico a las instituciones públicas para la implementación de las medidas previstas en la citada resolución, en la que las demás disposiciones se mantienen sin modificación.
Santo Domingo, R-D–Pese al encuentro que tuvieron el sector empresarial, comerciantes y el Gobierno en el Palacio Nacional para garantizar la estabilidad de los precios de los productos básicos de la canasta familiar frente a la crisis internacional, las medidas exactas en base a este objetivo no quedaron definidas.
Si bien el presidente Luis Abinader anunció llegar a un acuerdo con estos sectores para tomar “acciones concretas” ante el conflicto, los detalles sobre estas acciones y cómo serían realizadas no los dio a conocer, manteniendo en incertidumbre a la población.
Para el presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Julio García Batista, es necesario presentar un plan real al país sobre las pautas a tomar para lidiar con los efectos de la guerra en Medio Oriente y su impacto en la economía nacional.
Considera que lo esencial en este escenario es estructurar un plan con objetivos claros de conocimiento público que tenga como meta principal proteger a los sectores más vulnerables, que suelen ser los más afectados en este tipo de situaciones. A su entender, reorientar el gasto público sería un buen paso.
Asimismo, durante su intervención en el programa D´AGENDA, propuso un plan de austeridad por parte del gobierno con pautas reales que contribuyan a enfrentar la crisis.
Palabras similares reiteró la Asociación Nacional de Empresarios (ANJE), agregando que no solo se debe tratar de medidas a corto plazo, sino como reformas estructurales que estimulen el crecimiento de la economía en las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Reiteramos la importancia de que el Gobierno priorice la apertura de un proceso de diálogo público-privado, no solo para la adopción de medidas en el corto plazo de cara a la actual problemática, sino para consensuar e implementar las reformas estructurales pendientes que son necesarias para estimular el crecimiento y la formalización de las mipymes, aumentar la productividad y competitividad del ecosistema empresarial y garantizar la sostenibilidad fiscal” indicaron al medio.
Propuestas
A la propuesta de reorientar el gasto público, la líder del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Luz Eneida, añadió incrementar los salarios a los trabajadores según el costo de la canasta básica y fijar montos máximos y mínimos para los bienes y servicios como una forma de frenar la inflación.
“A nosotros (refiriéndose al movimiento social) lo que nos interesa es que se van a subir los salarios, que se va a buscar la forma de reorientar el gasto público, eso es lo que nos interesa a nosotros los trabajadores”, sostuvo.
Asimismo, enfatizó que su postura ante el aumento de los salarios responde a una forma de alivianar la carga a la masa trabajadora para que el gobierno inicie con sus propios ajustes y mande una señal positiva en ese sentido.
Agencia EFE
Nueva York, Estados Unidos.-El precio medio de la gasolina en Estados Unidos ha superado la barrera de los 4 dólares por galón (3,78 litros) por primera vez desde agosto de 2022, impulsado por la inestabilidad en el suministro global de crudo tras el estallido de la guerra en Irán.
La escalada de precios, que no se veía a estos niveles desde los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, ha obligado al Gobierno estadounidense a reaccionar.
«Prevemos la posibilidad de una interrupción en el suministro de combustible estadounidense», advirtió Zeldin, justificando la flexibilización normativa como una medida de alivio urgente para las familias.
Por su parte, el vicepresidente JD Vance reconoció la gravedad de la situación durante un acto en Auburn Hills (Michigan), aunque calificó el repunte de «temporal».
Ayer, lunes, el crudo de referencia en EE. UU. El WTI cerró en 102,88 dólares, superando la barrera de los 100 dólares por primera vez desde 2022.
El mercado permanece atento a la tregua temporal del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha extendido hasta el 6 de abril la pausa en los ataques a la infraestructura energética de Irán.
Trump advirtió en la víspera a Irán que su país destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jark a menos que se reabriera el estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.
Además, Trump aseguró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.