Análisis Noticiosos
Las plantas Catalina se convierten en calvario del presidente Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Con los US$708 millones adicionales que pide Odebrecht y las pérdidas por 18 meses de retraso que incrementa el costo financiero, más las redes de transmisión, reducción de impuestos y adquisición del terreno las plantas superarían los US$3 mil millones
Con su reclamo de 708 millones de dólares para terminar, con 18 meses de retraso, las plantas de carbón de Punta Catalina, el Consorcio Odebrecht-Tecnimont- Estrella propina un golpe severo a la obra cumbre del presidente Danilo Medina, afectada desde el inicio por denuncias de sobrevaloración y sobornos en su contratación y financiamiento.
El gobierno la tiene muy difícil, pues por lo menos tendrá que reconocer siquiera una parte del incremento de costo para evadir una recurrencia al arbitraje internacional que retrasaría la obra por al menos hasta el 2020, con pocas posibilidades de ganarlo porque el complaciente contrato dejó abierta la posibilidad de escalamiento de costos.
Jaque mate al Gobierno
Aunque hace meses que se sabía que el consorcio Odebrecht preparaba una solicitud de incremento de costos de las plantas de carbón de Punta Catalina, ha impactado el volumen de 708 millones de dólares, tanto que se podría creer que fue inflado expresamente para posteriormente reducirlo a los entre 300 y 500 millones de que se hablaba, dejándole a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) un margen de reducción que pueda amortiguar el golpe de cara a la opinión pública.
En lo inmediato la respuesta de la CDEEE, con los altos funcionarios evadiendo involucrarse en la nueva fase del escandaloso contrato, ha sido que no pagará ni un centavo más de los 1,945 millones de dólares convenidos, además de 95 millones deducidos por impuestos que completaban el monto original de 2,040 millones, y su principal ejecutivo, Rubén Bichara, llegó a advertir que no descarta ninguna opción, incluyendo la posibilidad de concluir las plantas buscando otra constructora.
Esperan ahora la reacción del consorcio, dudándose que ya pueda decir que lo deja así y que concluirá el año próximo, como se había sostenido hace meses. Primero porque la empresa no puede sorprenderse de tal reacción dados los tremendos cuestionamientos que se han formulado desde el comienzo al costo, que muchos denuncian sobrevaluado, y segundo porque su mermado crédito se hundiría hasta el fondo, si admite que pretendía 708 millones de dólares de regalo. Otra cosa es que negocie y asuma una parte de ese costo adicional. Según la contratación, la primera planta debió ser entregada en agosto recién pasado y la segunda en octubre próximo. Con el reclamo de incremento de costos, llegó un nuevo calendario de entrega para febrero y mayo del 2019.
Sería 36.4% de incremento
Odebrecht podría argumentar que de todas las obras que ha construido en el país, las Catalina sería las que menor proporción de incremento de costos tendría, ya que los 708 millones adicionales “sólo” implican el 36.4% sobre lo contratado. De una decena de obras de las que se dispone información total, en las que menos se incrementó el costo del contrato fueron en las carreteras Bávaro.Miches y Río-Jarabacoa, con 40 y 41% . El Corredor Duarte y la Autopista del Coral le siguieron con 79 y 86% . Los extremos se dieron en el Acueducto Hermanas Mirabal con 236%, la hidroeléctrica Palomino 164%, carretera Casabito-Constanza 157% , presa de Pinalito 140% ,y el acueducto de Samaná con 103% de sobreprecio.
Se cree que en la mayoría de los casos esos incrementos de pecios fueron parte de la corrupción metódica confesada por Odebrecht ante la justicia norteamericana, que en el caso dominicano implicaron sobornos por 92 millones de dólares, de los que derivó beneficios adicionales por 163 millones. Cuatro de las diez obras más sobrevaluadas por la constructora en toda la región fueron ejecutadas aquí, la segunda el acueducto Mirabal.
El expediente de la Procuraduría General por sobornos dice que en todas las obras ejecutadas por Odebrecht medió el soborno para su contratación y financiamiento, aunque posteriormente se rectificó sosteniendo que en las plantas eléctricas sólo ocurrió para la aprobación del financiamiento y que por ello hay un senador y un diputado imputados, pero sin identificarlos. Ni tampoco han explicado por qué hubo que pagar para aprobar el financiamiento de la obra prioritaria del gobierno, y sólo a dos legisladores, cuando el partido gobernante controlaba los 32 senadores y el 57 por ciento de los diputados.
De licitación al contrato
La contratación de las plantas ha sido turbia desde el inicio, cuando se dejó sin efecto una licitación que tenía en marcha el anterior gobierno y se convocó otra que ha sido considerada a la medida de Odebrecht. Las bases de la nueva licitación establecían en su artículo 14 “Oferta de Financiamiento”, que “Todo participante oferente deberá adjuntar a su oferta el financiamiento”, indicando luego detalles fundamentales para la evaluación. El 14.9 se titula “Exclusión de Ofertas por No Incluir el Financiamiento Mínimo requerido”, que equivalía al menos el 80% del costo, razón que eliminó algunos licitantes.
Pero, tras adjudicarse la obra a Odebrecht, único ofertante validado, al firmarse el contrato se estableció, en el artículo 6.5.1, que la CDEEE “se compromete a realizar todas las gestiones que fueren necesarias paa disponer durante la ejecución del contrato De EPC, de la financiación oportuna para efectuar cualquier pago de sus obligaciones bajo el contrasto de EPC, presentes y futuras, con los fondos provenientes del financiamiento, alternativas interinas, y/o de las asignaciones presupuestarias correspondientes”.
Siempre se habló de un costo fijo determinado en 2040 millones de dólares, firmado por 1,945 millones tras exonerarle los impuestos por gestión directa del presidente Medina, por la que la Comisión Presidencial que investigó la contratación de las Catalina concluyó que “Este es un proyecto llave en mano y, por lo tanto, no se debe aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido a precios constantes acordados en el presupuesto contratado”.
Hasta US$ 3 mil millones
El contrato deja brechas para que Odebrecht haya reclamado ajustes de precios, incluyendo algunos por no haberse realizado los estudios de impacto ambiental del puerto en Punta Catalina. En su número 9.1 indica “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Se contempla que “cualquier variación que implique el aumento de precio del contrato o la extensión de su plazo de ejecución, tendrá que ser sometida para la aprobación de la Vicepresidencia de la Corporación”. El 12 deriva al gobierno la responsabilidad del costo de “implementación de medidas de protección, contención o remediación derivadas del posible impacto ambiental”.
Es obvio que el contrato fue generoso con la Odebrecht y que le deja margen a sus actuales reclamos de ajustes de costo y postergación del plazo de entrega, poniendo al Estado en dificultad de afrontar un arbitraje internacional, y determinando una posible transacción. Las perspectivas indican que el costo pasaría de los dos mil 500 millones de dólares y se aproximaría a los 3 mil millones que los críticos más duros vaticinaron desde el comienzo, cuando se le sumen los costos financieros del atraso de por lo menos 18 meses, además de la inversión en líneas de transmisión, en los terrenos y la deducción de impuestos. Peor si se parte del estimado de la Comisión Presidencial sobre Catalina de que se pierden 25 millones de dólares por cada mes de retraso, lo que implicaría 450 millones de dólares.
El contrato prevé sanción por los retrasos, que seria aplicable a Odebrecht si se demostrara su responsabilidad y no del financiamiento lento como ella alega. Pero está limitado a un máximo del 10%, es decir 194 millones de dólares. El Estado ha tenido que financiar las plantas del presupuesto y en bonos soberanos porque el préstamo de 650 millones de dólares acordado con el Banco de Desarrollo de Brasil, quedó congelado con el escándalo Lava Jato, y de otros 600 millones firmados con un pool de bancos europeos quedó a medias por la corrupción envuelta.
Un auténtico desastre
Por más vuelta que se den, no hay manera de que el gobierno del presidente Medina salga bvien de su obra emblemática, que le perseguirá hasta el final. El acuerdo de impunidad firmado por la Procuraduría con la Odebrecht y homologado por un juez le resta posibilidades de negociar y accionar penalmente contra la empresa y lo deja a sus expensas. El altísimo coso de las plantas reducirá la promesa de energía barata.
Lo de buscar otra contratista para terminar las plantas es una simple bufonada, después de haber fundado el cuestionado acuerdo de impunidad en que sería muy costoso y casi imposible cambiar la constructora. Ahora menos porque el reclamo de incremento de costos involucra a todo el Consorcio Odebrecht-Tecnimont -Estrella. No vieron a tiempo el palo que se le venía encima, que era secreto a voces desde fines del año pasado, y por lo que la Comisión Presidencial advirtió que no deberían aceptar ajuste de precio.
Pero al mismo tiempo, la comisión de notables reconoció que la responsabilidad del financiamiento, de acuerdo al contrato, es del Estado y no del contratante, como indicaba la licitación. Y la Odebrecht atribuye el retraso en la obra al difícil flujo de caja, y funda su reclamo de ajustes en imprevisiones de estudios ambientales que determinan cambios en el puerto, a modificaciones de planos y cronogramas de trabajo, con las consiguientes alzas en mano de obra, y pago de seguros.-
Análisis Noticiosos
Una posible amnistía tiene en vilo a los presos políticos venezolanos tras la salida del poder de Maduro
Cúcuta / Caracas .-Las últimas 72 horas han sido electrizantes para el mundo entero, especialmente para todos los venezolanos. Pero hay unos que han vivido aún con más intensidad el desarrollo de los acontecimientos desde que un comando de fuerzas especiales detuviera la madrugada del sábado a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York, donde va a ser procesado ante un tribunal. Los familiares de los presos políticos, e incluso ellos mismos desde la celda, se encuentran esperanzados de que la nueva situación política sirva para conseguir su liberación.
Una amnistía general vuelve a tomar fuerza en este contexto. La sensación es que las cosas no van a volver a ser como apenas hace unos días, cuando el derrocado presidente de Venezuela se encontraba al mando. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que su administración se encuentra a “cargo” del país, sin que haya quedado claro de qué forma se traducirá eso en la operatividad del Estado. Por lo pronto, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidente y alguien de la máxima confianza de Maduro, ha juramentado este lunes como presidenta interina.
La situación resulta confusa, pero a la vez esperanzadora. A estas horas se realizan gestiones al más alto nivel para tratar de poner este tema encima de la mesa. Se suceden llamadas de presidentes, ministros, exmandatarios, personas con influencia, según as fuentes consultadas. Las familias de los presos también a su vez contactan con estos para agilizar los trámites. Por un momento, ven que se ha abierto una ventana de oportunidad. El primero en alzar la voz, a las pocas horas de la caída de Maduro, fue Edmundo González, el candidato que, según los observadores electorales y organismos internacionales, ganó las últimas elecciones presidenciales, las de julio de 2024. “La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, dijo Edmundo.
Una de las presas más conocidas es Rocío San Miguel, una prestigiosa analista experta en el ejército bolivariano. Fue detenida en febrero de 2024 acusada de formar parte de un plan para asesinar a Maduro -las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una acusación falsa-. “Sí, estamos muy esperanzados”, dice al otro lado del teléfono Mini Díaz Paruta, su cuñada. “Esperamos que pronto sea liberada. Todo es un poco confuso, pero creemos que es un buen momento para que ocurra”. La misma ilusión cunde en el entorno de Enrique Márquez, un opositor venezolano, candidato a las presidenciales de julio de 2024, que fue apresado tras negarse a reconocer la victoria en las urnas de Maduro. Con cautela, esperan que este tema tan sensible, en el que suele imperar la discreción, pase a un primer plano con la nueva situación.
Las ONG de derechos humanos contabilizan cerca de 1.000 presos políticos y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos como un gesto primario para iniciar una transición política. También se ha pedido garantizar la libertad plena de más de 9.000 personas que todavía enfrentan procesos judiciales policiales. Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. Las grandes oleadas de manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 dejaron centenares de detenidos por protestar, en la más reciente están incluidos adolescentes.
Pero la persecución contra opositores se convirtió en una política represiva, para la que el chavismo más radical ha reforzado los cuerpos de inteligencia y sus formas intimidatorias como la llamada Operación Tun Tun (violentos allanamientos sin órdenes judiciales) o la detención de familiares para presionar a los verdaderos objetivos. Los últimos años, Maduro ha estado soportado por un sistema policial represivo con un aparato judicial alineado. Así ha logrado arrinconar y censurar a la sociedad civil. Los expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución y violencia sexual en prisión, casos que también están soportados en la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional, la primera que ocurre en un país de América Latina.
Por ello, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, el organismo de la ONU ha señalado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por su Gobierno. En un comunicado difundido el fin de semana advierten que si bien el largo historial de violaciones de Maduro no justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos, la ilegalidad de la operación no disminuye su responsabilidad en esos delitos.
Entre los presos de Maduro más emblemáticos está los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda -además de San Miguel-. También figuran políticos como Nicmer Evans, vuelto a encarcelar hace unas semanas. Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, se encuentran apresados junto a los más de 130 de sus militantes de esa formación. También está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, apresado a principios de 2025 y condenado a 30 años sin haber recibido visita de sus familias ni asistencia de sus abogados. También 174 son militares, que son una huella de las fisuras en la Fuerza Armada Nacional que ha tenido que contener el chavismo estos años.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha señalado que ante la coyuntura actual, “que podría abrir paso a un proceso de transición en Venezuela”, un punto de partida para redemocratización del país sería la liberación plena de todas las personas presas por motivos políticos, civiles y militares. Los bombardeos de Estados Unidos del fin de semana tomaron a varias familias de detenidos a la espera de un centenar de excarcelaciones que se concedieron en Navidad y fin de año.
El chavismo ha usado estas medidas de gracia como válvulas para liberar presión. Los defensores lo han llamado “la puerta giratoria”: salen unos, pero siempre entran otros. En las últimas semanas, ha rechazado la selectividad con la que se conceden, siempre a media noche, por goteo y en total incertidumbre para sus familiares.
Desde Provea, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos en Venezuela, que ha pedido garantías para Nicolás Maduro y Cilia Flores y han condenado los ataques de Estados Unidos, también han señalado que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad” debe enmarcarse en un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia. “Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a regímenes de presentación”.
elpaos.com
Madrid.-Cuando Blanca Frías conoció a un hombre en una aplicación de citas en 2014 no se imaginaba que aquel encuentro acabaría en una relación marcada por la manipulación emocional. Él le dedicaba palabras bonitas y afecto, mientras se ganaba su confianza con un objetivo claro: conseguir su dinero y desaparecer. Ella tardó cuatro años en ponerle nombre a lo que le había pasado porque entonces nadie hablaba de “estafas del amor”. Consciente de la existencia de otras víctimas, en 2023 utilizó su experiencia para crear la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Desde ahí acompaña a 300 mujeres y hombres que lidian con el silencio por “la vergüenza” y el “juicio social” que rodea a este tipo de engaños.
Las aplicaciones de citas, redes sociales y grupos de inversión en plataformas de mensajería se han convertido en terreno fértil para los timadores financieros. Desde la pandemia “ha aumentado mucho” su uso, explican fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor emitió recientemente una advertencia sobre estas estafas tras detectar más consultas de ciudadanos preocupados. “Es un fenómeno del que también nos han informado supervisores de otros países”.
Las cifras aportan una medida de la dimensión del problema. El año pasado se incoaron 22.614 procedimientos por estafas online, lo que supone un 83,43% del total de causas por cualquier clase de ciberdelito, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El informe llama la atención sobre los fraudes de inversión en monedas virtuales dada su proliferación y “la complejidad que puede entrañar el seguimiento de las operaciones y la identificación de sus autores”. Para dificultar el rastreo, suelen invitar a las víctimas a trasladar las conversaciones de redes sociales a aplicaciones de mensajería encriptada.
La CNMV traza un patrón: “Buscan personas solas”, ya sean hombres o mujeres, “sin muchas relaciones sociales y que pasen tiempo conectadas”, aunque “cualquiera puede ser el objetivo” ya que no existe un perfil único. “Este tipo de estafas no atacan a la inteligencia”, sino a la vulnerabilidad emocional, recalca Frías, cuya formación como economista no la inmunizó frente a su timador. “Hablamos de personas con la mente secuestrada”. En ocasiones han pasado por una separación, un suceso traumático tras enviudar o se enfrentan a la soledad no deseada. Por eso, es necesario que dejen de ser “señaladas y revictimizadas”.
A la hora de actuar, los timadores también se valen de los sesgos cognitivos. Son “atajos mentales que usamos para simplificar decisiones complejas”, como “dar más peso a historias de gente que se hizo rica que a la estadística real, seguir lo que hacen otros sin evaluar riesgos o creer que yo controlo más de lo que realmente sé”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El centro de análisis publicó este año una estadística que muestra “el papel crucial” de la educación financiera en la decisión de invertir en monedas digitales. Las personas con alta confianza en sus habilidades, pero con conocimientos reales limitados, tienen un 75,3% más de probabilidad de hacerlo, pudiendo asumir riesgos que no comprenden.
Para hacer frente a este problema, la educación financiera es clave, considera Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad. Según varios informes del Observatorio del Ahorro del que forma parte, los hogares españoles presentan un “déficit importante de conocimientos financieros”, tanto en lo que se refiere a conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, como sobre los productos de inversión. Por eso, llama los poderes públicos a “impulsar estos contenidos desde edades tempranas”.
La desregulación en el mundo de los criptoactivos, unida a la falta de alfabetización financiera y de herramientas de los supervisores para actuar sirvieron de catalizador para un cambio regulatorio que entró en vigor hace ahora justo un año: el reglamento MiCA. La Fiscalía señala que ya “está contribuyendo a mejorar las posibilidades de investigación” de los fraudes de inversión. La norma obliga a cualquier empresa o plataforma que preste servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea a tener “una autorización previa de la CNMV”. También “impone el deber de identificación de los clientes, el registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de supervisión”, explica la abogada Cristina Sánchez, asociada de Regulación Financiera de Garrigues.
Por eso, antes de invertir en una plataforma recomendada por cualquiera, es importante “verificar” si la misma está autorizada por la CNMV, aconseja el abogado Enrique Nieto, socio de Mercado de Valores de Uría Menéndez. Y ello porque MiCA “no prevé mecanismos específicos de recuperación del dinero en caso de estafa en plataformas no autorizadas”. La víctima deberá acudir a la vía judicial, donde no es fácil obtener reparación a la comisión del delito. En este escenario en el que la manipulación emocional y el fraude financiero convergen, la mejor defensa es una ciudadanía informada y consciente de los riesgos.
Criminales organizados o solos
La Guardia Civil ha destapado el funcionamiento de organizaciones criminales por golpes como la operación Fake James, llevada a cabo este año. Las redes que actúan en España pueden hacerlo también en otros países de Europa o África. La estructura se reparte tareas: unos captan a las víctimas, otros devuelven el dinero estafado al circuito legal. No hay datos oficiales sobre el dinero que se mueve, aunque la operación mencionada es ilustrativa: 21 detenidos por la estafa de 1,5 millones a 70 personas. Individualmente, los agentes detuvieron en abril a una persona en León por un fraude de 350.000 euros.
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Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
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