Análisis Noticiosos
Las plantas Catalina se convierten en calvario del presidente Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Con los US$708 millones adicionales que pide Odebrecht y las pérdidas por 18 meses de retraso que incrementa el costo financiero, más las redes de transmisión, reducción de impuestos y adquisición del terreno las plantas superarían los US$3 mil millones
Con su reclamo de 708 millones de dólares para terminar, con 18 meses de retraso, las plantas de carbón de Punta Catalina, el Consorcio Odebrecht-Tecnimont- Estrella propina un golpe severo a la obra cumbre del presidente Danilo Medina, afectada desde el inicio por denuncias de sobrevaloración y sobornos en su contratación y financiamiento.
El gobierno la tiene muy difícil, pues por lo menos tendrá que reconocer siquiera una parte del incremento de costo para evadir una recurrencia al arbitraje internacional que retrasaría la obra por al menos hasta el 2020, con pocas posibilidades de ganarlo porque el complaciente contrato dejó abierta la posibilidad de escalamiento de costos.
Jaque mate al Gobierno
Aunque hace meses que se sabía que el consorcio Odebrecht preparaba una solicitud de incremento de costos de las plantas de carbón de Punta Catalina, ha impactado el volumen de 708 millones de dólares, tanto que se podría creer que fue inflado expresamente para posteriormente reducirlo a los entre 300 y 500 millones de que se hablaba, dejándole a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) un margen de reducción que pueda amortiguar el golpe de cara a la opinión pública.
En lo inmediato la respuesta de la CDEEE, con los altos funcionarios evadiendo involucrarse en la nueva fase del escandaloso contrato, ha sido que no pagará ni un centavo más de los 1,945 millones de dólares convenidos, además de 95 millones deducidos por impuestos que completaban el monto original de 2,040 millones, y su principal ejecutivo, Rubén Bichara, llegó a advertir que no descarta ninguna opción, incluyendo la posibilidad de concluir las plantas buscando otra constructora.
Esperan ahora la reacción del consorcio, dudándose que ya pueda decir que lo deja así y que concluirá el año próximo, como se había sostenido hace meses. Primero porque la empresa no puede sorprenderse de tal reacción dados los tremendos cuestionamientos que se han formulado desde el comienzo al costo, que muchos denuncian sobrevaluado, y segundo porque su mermado crédito se hundiría hasta el fondo, si admite que pretendía 708 millones de dólares de regalo. Otra cosa es que negocie y asuma una parte de ese costo adicional. Según la contratación, la primera planta debió ser entregada en agosto recién pasado y la segunda en octubre próximo. Con el reclamo de incremento de costos, llegó un nuevo calendario de entrega para febrero y mayo del 2019.
Sería 36.4% de incremento
Odebrecht podría argumentar que de todas las obras que ha construido en el país, las Catalina sería las que menor proporción de incremento de costos tendría, ya que los 708 millones adicionales “sólo” implican el 36.4% sobre lo contratado. De una decena de obras de las que se dispone información total, en las que menos se incrementó el costo del contrato fueron en las carreteras Bávaro.Miches y Río-Jarabacoa, con 40 y 41% . El Corredor Duarte y la Autopista del Coral le siguieron con 79 y 86% . Los extremos se dieron en el Acueducto Hermanas Mirabal con 236%, la hidroeléctrica Palomino 164%, carretera Casabito-Constanza 157% , presa de Pinalito 140% ,y el acueducto de Samaná con 103% de sobreprecio.
Se cree que en la mayoría de los casos esos incrementos de pecios fueron parte de la corrupción metódica confesada por Odebrecht ante la justicia norteamericana, que en el caso dominicano implicaron sobornos por 92 millones de dólares, de los que derivó beneficios adicionales por 163 millones. Cuatro de las diez obras más sobrevaluadas por la constructora en toda la región fueron ejecutadas aquí, la segunda el acueducto Mirabal.
El expediente de la Procuraduría General por sobornos dice que en todas las obras ejecutadas por Odebrecht medió el soborno para su contratación y financiamiento, aunque posteriormente se rectificó sosteniendo que en las plantas eléctricas sólo ocurrió para la aprobación del financiamiento y que por ello hay un senador y un diputado imputados, pero sin identificarlos. Ni tampoco han explicado por qué hubo que pagar para aprobar el financiamiento de la obra prioritaria del gobierno, y sólo a dos legisladores, cuando el partido gobernante controlaba los 32 senadores y el 57 por ciento de los diputados.
De licitación al contrato
La contratación de las plantas ha sido turbia desde el inicio, cuando se dejó sin efecto una licitación que tenía en marcha el anterior gobierno y se convocó otra que ha sido considerada a la medida de Odebrecht. Las bases de la nueva licitación establecían en su artículo 14 “Oferta de Financiamiento”, que “Todo participante oferente deberá adjuntar a su oferta el financiamiento”, indicando luego detalles fundamentales para la evaluación. El 14.9 se titula “Exclusión de Ofertas por No Incluir el Financiamiento Mínimo requerido”, que equivalía al menos el 80% del costo, razón que eliminó algunos licitantes.
Pero, tras adjudicarse la obra a Odebrecht, único ofertante validado, al firmarse el contrato se estableció, en el artículo 6.5.1, que la CDEEE “se compromete a realizar todas las gestiones que fueren necesarias paa disponer durante la ejecución del contrato De EPC, de la financiación oportuna para efectuar cualquier pago de sus obligaciones bajo el contrasto de EPC, presentes y futuras, con los fondos provenientes del financiamiento, alternativas interinas, y/o de las asignaciones presupuestarias correspondientes”.
Siempre se habló de un costo fijo determinado en 2040 millones de dólares, firmado por 1,945 millones tras exonerarle los impuestos por gestión directa del presidente Medina, por la que la Comisión Presidencial que investigó la contratación de las Catalina concluyó que “Este es un proyecto llave en mano y, por lo tanto, no se debe aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido a precios constantes acordados en el presupuesto contratado”.
Hasta US$ 3 mil millones
El contrato deja brechas para que Odebrecht haya reclamado ajustes de precios, incluyendo algunos por no haberse realizado los estudios de impacto ambiental del puerto en Punta Catalina. En su número 9.1 indica “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Se contempla que “cualquier variación que implique el aumento de precio del contrato o la extensión de su plazo de ejecución, tendrá que ser sometida para la aprobación de la Vicepresidencia de la Corporación”. El 12 deriva al gobierno la responsabilidad del costo de “implementación de medidas de protección, contención o remediación derivadas del posible impacto ambiental”.
Es obvio que el contrato fue generoso con la Odebrecht y que le deja margen a sus actuales reclamos de ajustes de costo y postergación del plazo de entrega, poniendo al Estado en dificultad de afrontar un arbitraje internacional, y determinando una posible transacción. Las perspectivas indican que el costo pasaría de los dos mil 500 millones de dólares y se aproximaría a los 3 mil millones que los críticos más duros vaticinaron desde el comienzo, cuando se le sumen los costos financieros del atraso de por lo menos 18 meses, además de la inversión en líneas de transmisión, en los terrenos y la deducción de impuestos. Peor si se parte del estimado de la Comisión Presidencial sobre Catalina de que se pierden 25 millones de dólares por cada mes de retraso, lo que implicaría 450 millones de dólares.
El contrato prevé sanción por los retrasos, que seria aplicable a Odebrecht si se demostrara su responsabilidad y no del financiamiento lento como ella alega. Pero está limitado a un máximo del 10%, es decir 194 millones de dólares. El Estado ha tenido que financiar las plantas del presupuesto y en bonos soberanos porque el préstamo de 650 millones de dólares acordado con el Banco de Desarrollo de Brasil, quedó congelado con el escándalo Lava Jato, y de otros 600 millones firmados con un pool de bancos europeos quedó a medias por la corrupción envuelta.
Un auténtico desastre
Por más vuelta que se den, no hay manera de que el gobierno del presidente Medina salga bvien de su obra emblemática, que le perseguirá hasta el final. El acuerdo de impunidad firmado por la Procuraduría con la Odebrecht y homologado por un juez le resta posibilidades de negociar y accionar penalmente contra la empresa y lo deja a sus expensas. El altísimo coso de las plantas reducirá la promesa de energía barata.
Lo de buscar otra contratista para terminar las plantas es una simple bufonada, después de haber fundado el cuestionado acuerdo de impunidad en que sería muy costoso y casi imposible cambiar la constructora. Ahora menos porque el reclamo de incremento de costos involucra a todo el Consorcio Odebrecht-Tecnimont -Estrella. No vieron a tiempo el palo que se le venía encima, que era secreto a voces desde fines del año pasado, y por lo que la Comisión Presidencial advirtió que no deberían aceptar ajuste de precio.
Pero al mismo tiempo, la comisión de notables reconoció que la responsabilidad del financiamiento, de acuerdo al contrato, es del Estado y no del contratante, como indicaba la licitación. Y la Odebrecht atribuye el retraso en la obra al difícil flujo de caja, y funda su reclamo de ajustes en imprevisiones de estudios ambientales que determinan cambios en el puerto, a modificaciones de planos y cronogramas de trabajo, con las consiguientes alzas en mano de obra, y pago de seguros.-
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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