Análisis Noticiosos
Las plantas Catalina se convierten en calvario del presidente Medina
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9 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
Con los US$708 millones adicionales que pide Odebrecht y las pérdidas por 18 meses de retraso que incrementa el costo financiero, más las redes de transmisión, reducción de impuestos y adquisición del terreno las plantas superarían los US$3 mil millones
Con su reclamo de 708 millones de dólares para terminar, con 18 meses de retraso, las plantas de carbón de Punta Catalina, el Consorcio Odebrecht-Tecnimont- Estrella propina un golpe severo a la obra cumbre del presidente Danilo Medina, afectada desde el inicio por denuncias de sobrevaloración y sobornos en su contratación y financiamiento.
El gobierno la tiene muy difícil, pues por lo menos tendrá que reconocer siquiera una parte del incremento de costo para evadir una recurrencia al arbitraje internacional que retrasaría la obra por al menos hasta el 2020, con pocas posibilidades de ganarlo porque el complaciente contrato dejó abierta la posibilidad de escalamiento de costos.
Jaque mate al Gobierno
Aunque hace meses que se sabía que el consorcio Odebrecht preparaba una solicitud de incremento de costos de las plantas de carbón de Punta Catalina, ha impactado el volumen de 708 millones de dólares, tanto que se podría creer que fue inflado expresamente para posteriormente reducirlo a los entre 300 y 500 millones de que se hablaba, dejándole a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) un margen de reducción que pueda amortiguar el golpe de cara a la opinión pública.
En lo inmediato la respuesta de la CDEEE, con los altos funcionarios evadiendo involucrarse en la nueva fase del escandaloso contrato, ha sido que no pagará ni un centavo más de los 1,945 millones de dólares convenidos, además de 95 millones deducidos por impuestos que completaban el monto original de 2,040 millones, y su principal ejecutivo, Rubén Bichara, llegó a advertir que no descarta ninguna opción, incluyendo la posibilidad de concluir las plantas buscando otra constructora.
Esperan ahora la reacción del consorcio, dudándose que ya pueda decir que lo deja así y que concluirá el año próximo, como se había sostenido hace meses. Primero porque la empresa no puede sorprenderse de tal reacción dados los tremendos cuestionamientos que se han formulado desde el comienzo al costo, que muchos denuncian sobrevaluado, y segundo porque su mermado crédito se hundiría hasta el fondo, si admite que pretendía 708 millones de dólares de regalo. Otra cosa es que negocie y asuma una parte de ese costo adicional. Según la contratación, la primera planta debió ser entregada en agosto recién pasado y la segunda en octubre próximo. Con el reclamo de incremento de costos, llegó un nuevo calendario de entrega para febrero y mayo del 2019.
Sería 36.4% de incremento
Odebrecht podría argumentar que de todas las obras que ha construido en el país, las Catalina sería las que menor proporción de incremento de costos tendría, ya que los 708 millones adicionales “sólo” implican el 36.4% sobre lo contratado. De una decena de obras de las que se dispone información total, en las que menos se incrementó el costo del contrato fueron en las carreteras Bávaro.Miches y Río-Jarabacoa, con 40 y 41% . El Corredor Duarte y la Autopista del Coral le siguieron con 79 y 86% . Los extremos se dieron en el Acueducto Hermanas Mirabal con 236%, la hidroeléctrica Palomino 164%, carretera Casabito-Constanza 157% , presa de Pinalito 140% ,y el acueducto de Samaná con 103% de sobreprecio.
Se cree que en la mayoría de los casos esos incrementos de pecios fueron parte de la corrupción metódica confesada por Odebrecht ante la justicia norteamericana, que en el caso dominicano implicaron sobornos por 92 millones de dólares, de los que derivó beneficios adicionales por 163 millones. Cuatro de las diez obras más sobrevaluadas por la constructora en toda la región fueron ejecutadas aquí, la segunda el acueducto Mirabal.
El expediente de la Procuraduría General por sobornos dice que en todas las obras ejecutadas por Odebrecht medió el soborno para su contratación y financiamiento, aunque posteriormente se rectificó sosteniendo que en las plantas eléctricas sólo ocurrió para la aprobación del financiamiento y que por ello hay un senador y un diputado imputados, pero sin identificarlos. Ni tampoco han explicado por qué hubo que pagar para aprobar el financiamiento de la obra prioritaria del gobierno, y sólo a dos legisladores, cuando el partido gobernante controlaba los 32 senadores y el 57 por ciento de los diputados.
De licitación al contrato
La contratación de las plantas ha sido turbia desde el inicio, cuando se dejó sin efecto una licitación que tenía en marcha el anterior gobierno y se convocó otra que ha sido considerada a la medida de Odebrecht. Las bases de la nueva licitación establecían en su artículo 14 “Oferta de Financiamiento”, que “Todo participante oferente deberá adjuntar a su oferta el financiamiento”, indicando luego detalles fundamentales para la evaluación. El 14.9 se titula “Exclusión de Ofertas por No Incluir el Financiamiento Mínimo requerido”, que equivalía al menos el 80% del costo, razón que eliminó algunos licitantes.
Pero, tras adjudicarse la obra a Odebrecht, único ofertante validado, al firmarse el contrato se estableció, en el artículo 6.5.1, que la CDEEE “se compromete a realizar todas las gestiones que fueren necesarias paa disponer durante la ejecución del contrato De EPC, de la financiación oportuna para efectuar cualquier pago de sus obligaciones bajo el contrasto de EPC, presentes y futuras, con los fondos provenientes del financiamiento, alternativas interinas, y/o de las asignaciones presupuestarias correspondientes”.
Siempre se habló de un costo fijo determinado en 2040 millones de dólares, firmado por 1,945 millones tras exonerarle los impuestos por gestión directa del presidente Medina, por la que la Comisión Presidencial que investigó la contratación de las Catalina concluyó que “Este es un proyecto llave en mano y, por lo tanto, no se debe aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido a precios constantes acordados en el presupuesto contratado”.
Hasta US$ 3 mil millones
El contrato deja brechas para que Odebrecht haya reclamado ajustes de precios, incluyendo algunos por no haberse realizado los estudios de impacto ambiental del puerto en Punta Catalina. En su número 9.1 indica “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Se contempla que “cualquier variación que implique el aumento de precio del contrato o la extensión de su plazo de ejecución, tendrá que ser sometida para la aprobación de la Vicepresidencia de la Corporación”. El 12 deriva al gobierno la responsabilidad del costo de “implementación de medidas de protección, contención o remediación derivadas del posible impacto ambiental”.
Es obvio que el contrato fue generoso con la Odebrecht y que le deja margen a sus actuales reclamos de ajustes de costo y postergación del plazo de entrega, poniendo al Estado en dificultad de afrontar un arbitraje internacional, y determinando una posible transacción. Las perspectivas indican que el costo pasaría de los dos mil 500 millones de dólares y se aproximaría a los 3 mil millones que los críticos más duros vaticinaron desde el comienzo, cuando se le sumen los costos financieros del atraso de por lo menos 18 meses, además de la inversión en líneas de transmisión, en los terrenos y la deducción de impuestos. Peor si se parte del estimado de la Comisión Presidencial sobre Catalina de que se pierden 25 millones de dólares por cada mes de retraso, lo que implicaría 450 millones de dólares.
El contrato prevé sanción por los retrasos, que seria aplicable a Odebrecht si se demostrara su responsabilidad y no del financiamiento lento como ella alega. Pero está limitado a un máximo del 10%, es decir 194 millones de dólares. El Estado ha tenido que financiar las plantas del presupuesto y en bonos soberanos porque el préstamo de 650 millones de dólares acordado con el Banco de Desarrollo de Brasil, quedó congelado con el escándalo Lava Jato, y de otros 600 millones firmados con un pool de bancos europeos quedó a medias por la corrupción envuelta.
Un auténtico desastre
Por más vuelta que se den, no hay manera de que el gobierno del presidente Medina salga bvien de su obra emblemática, que le perseguirá hasta el final. El acuerdo de impunidad firmado por la Procuraduría con la Odebrecht y homologado por un juez le resta posibilidades de negociar y accionar penalmente contra la empresa y lo deja a sus expensas. El altísimo coso de las plantas reducirá la promesa de energía barata.
Lo de buscar otra contratista para terminar las plantas es una simple bufonada, después de haber fundado el cuestionado acuerdo de impunidad en que sería muy costoso y casi imposible cambiar la constructora. Ahora menos porque el reclamo de incremento de costos involucra a todo el Consorcio Odebrecht-Tecnimont -Estrella. No vieron a tiempo el palo que se le venía encima, que era secreto a voces desde fines del año pasado, y por lo que la Comisión Presidencial advirtió que no deberían aceptar ajuste de precio.
Pero al mismo tiempo, la comisión de notables reconoció que la responsabilidad del financiamiento, de acuerdo al contrato, es del Estado y no del contratante, como indicaba la licitación. Y la Odebrecht atribuye el retraso en la obra al difícil flujo de caja, y funda su reclamo de ajustes en imprevisiones de estudios ambientales que determinan cambios en el puerto, a modificaciones de planos y cronogramas de trabajo, con las consiguientes alzas en mano de obra, y pago de seguros.-
Análisis Noticiosos
El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití
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1 semana agoon
noviembre 9, 2026Por José Cabral
El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.
Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.
Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.
Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?
Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.
El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.
De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.
En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.
Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.
Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.
Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada imagen de Donald Trump, a quien se le cae la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica su han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.
De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.
Análisis Noticiosos
La esclavitud disfrazada de tradición
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2 semanas agoon
octubre 31, 2026Por Rafael N. Fernández
En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.
Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.
Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable y una condena injusta.
Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando, sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.
Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.
Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.
Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.
Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.
Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.
En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.
Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría, que no podía defender y que no podía defenderse.
La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato animal, el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.
¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo llamarlo “tradición”?
¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?
Lo más indignante y terrible es que, tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad y buscar otras alternativas económicas para los cocheros.
El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.
Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.
Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.
Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada, sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.
Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.
No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.
Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)
Por José Cabral
La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.
Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.
Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.
Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.
Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.
Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.
Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.
Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.
Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.
De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.
Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.
