Editorial
Las Primarias Simultáneas y Abiertas
La Ley de Partidos Políticos que se discute en el Congreso Nacional ha generado una fuerte polémica sobre la conveniencia o no de la celebración de primarias simultáneas y abiertas en los partidos políticos.
Son diversos los planteamientos que han surgido de la discusión al respecto, sobre todo aquellos que hablan de que les quitaría sentido a los partidos políticos y que abriría la posibilidad de que figuras desconocidas se alcen con el control del Estado.
Algunos sostienen que permitir que advenedizos se apropien del escenario electoral daña la democracia, lo cual parece ser un contrasentido, porque se debe partir de que la primera condición para cualquier ciudadano optar por una posición pública es que esté en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
Además, de ser como lo han planteado algunos de los que intervienen en la discusión, las primarias simultáneas y abiertas serían una brillante oportunidad para renovar el agotado, cansado y corrompido liderazgo nacional.
Naturalmente, lo que mueve la presente discusión tiene que ver con las posiciones encontradas de Danilo Medina y Leonel Fernández, entre quienes se da una lucha por el control del Partido de la Liberación Dominicana y por la preocupación del primero para que el segundo no retorno a la Presidencia de la República.
Sin embargo, de la presente discusión podrían salir muchas cosas buenas para la sociedad dominicana y para el manejo del Estado, el cual por una diversidad de razones no logra cumplir con su rol de encaminar el país por el sendero de la vergüenza y la dignidad.
Todo esto nos dice que ojalá las primarias simultáneas y abiertas puedan ser la clave para mejorar la democracia, sobre todo en lo que respecta a crear las condiciones para el surgimiento de un nuevo liderazgo nacional, comprometido con el mejoramiento de los niveles de institucionalidad, combate de la impunidad y de las condiciones de vida de las grandes mayorías nacionales.
Las primarias simultáneas y abiertas si bien abren la posibilidad de que los que tienen más recursos, como los partidos tradicionales, contaminen a los más pequeños y con prácticamente menos posibilidades, a menos que el órgano regulador, como lo es la Junta Central Electoral, logre establecer los controles pertinentes, lo cierto es también que de esta manera se propicia que las mismas sean más democráticas y que en consecuencia las candidaturas de todas las organizaciones reconocidas del escenario político nacional estén más legitimadas.
El criterio de que las primarias simultáneas y abiertas ponen en peligro y le quita sentido a la partidocracia sería un aspecto muy beneficioso de un sistema de partidos totalmente corrompido y que daña a toda la sociedad dominicana.
Ojalá a los partidos se les obligue a ser más democráticos y transparentes, porque de ser así la más fortalecida sería la democracia dominicana, la cual está afectada de una serie de deficits que parten de una precaria institucionalidad que le quita credibilidad y legitimidad.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.