Nacionales
Multas y prisión por hacer fraude al declarar bienes
Las sanciones previstas en la ley para aquellos funcionarios que incurran en irregularidades al momento de declarar su patrimonio van desde la destitución del cargo, multas, confiscación de bienes, inhabilitación para ocupar funciones públicas y prisión de hasta 10 años.
La normativa que rige todo esto es la Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, promulgada en agosto de 2014.
“Si una persona presentó declaración jurada estamos indagando sobre lo que se declaró y en el caso de los omisos, por ejemplo, estamos indagando sobre las razones que han llevado a esta persona a no cumplir con la ley”, explicó ayer el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Lo que establece la Ley No. 311-14
Desde el artículo 14 hasta el 18, la Ley 311-14 establece las consecuencias de cometer algún tipo de irregularidad.
Si el servidor público no presenta su declaración dentro del plazo establecido u omite declarar algún bien, incurre en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08 de Función Pública, y cuya sanción es la destitución del servicio.
También será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central, los que falseen los datos en su declaración jurada.
El enriquecimiento ilícito conlleva prisión hasta por 10 años
En caso de que el funcionario se enriquezca de manera ilícita será sancionado con la pena de cuatro a 10 años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de 10 años.
La ley explica que la pena de inhabilitación de 10 años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta.
Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.
En caso de que, al momento de ser requerido para explicar la legitimidad de su patrimonio, el funcionario no pueda probar el origen del mismo, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados.
La normativa indica que el patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito en favor del funcionario o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasa a ser propiedad del Estado dominicano, conforme ordene el juez competente.
El Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley.
Servidores, obligados a declarar sus bienes
Entre los llamados a presentar su declaración de bienes están el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros, los senadores y diputados, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, el procurador general y demás miembros del Ministerio Público, los jefes y subjefes de las instituciones militares y policiales, los funcionarios de las instituciones autónomas, centralizadas o descentralizada del Estado que administren fondos públicos.
Seguirán interrogando a ex y actuales funcionarios
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, indicó que esta semana seguirán citando a funcionarios para dar su versión sobre la declaración jurada de bienes que presentaron. El viernes pasado fueron llamados el diputado nacional Radhamés Camacho, el alcalde del municipio de Pedro Brand, Wilson Paniagua, y el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert De La Cruz. “Citaremos tantos funcionarios como sea necesario aclarar conforme la información que han entregado a la Cámara de Cuentas”, dijo Camacho.
elcaribe.com.do
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.