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Multas y prisión por hacer fraude al declarar bienes

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Las sanciones previstas en la ley para aquellos funcionarios que incurran en irregularidades al momento de declarar su patrimonio van desde la destitución del cargo, multas, confiscación de bienes, inhabilitación para ocupar funciones públicas y prisión de hasta 10 años.

La normativa que rige todo esto es la Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, promulgada en agosto de 2014.

Con el cambio de gobierno, la Procuraduría General de la República ha comenzado a realizar investigaciones sobre aquellos que no presentaron su declaración jurada de bienes, los que aparentemente no pueden justificar su origen o los que incurrieron en falsear datos. Desde la semana pasada comenzaron a citar a funcionarios y exfuncionarios para que den su explicación al respecto.

“Si una persona presentó declaración jurada estamos indagando sobre lo que se declaró y en el caso de los omisos, por ejemplo, estamos indagando sobre las razones que han llevado a esta persona a no cumplir con la ley”, explicó ayer el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

Lo que establece la Ley No. 311-14

Desde el artículo 14 hasta el 18, la Ley 311-14 establece las consecuencias de cometer algún tipo de irregularidad.

Si el servidor público no presenta su declaración dentro del plazo establecido u omite declarar algún bien, incurre en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08 de Función Pública, y cuya sanción es la destitución del servicio.
También será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central, los que falseen los datos en su declaración jurada.

El enriquecimiento ilícito conlleva prisión hasta por 10 años
En caso de que el funcionario se enriquezca de manera ilícita será sancionado con la pena de cuatro a 10 años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de 10 años.

La ley explica que la pena de inhabilitación de 10 años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta.

Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.

En caso de que, al momento de ser requerido para explicar la legitimidad de su patrimonio, el funcionario no pueda probar el origen del mismo, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados.

La normativa indica que el patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito en favor del funcionario o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasa a ser propiedad del Estado dominicano, conforme ordene el juez competente.

El Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley.

Servidores, obligados a declarar sus bienes

Entre los llamados a presentar su declaración de bienes están el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros, los senadores y diputados, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, el procurador general y demás miembros del Ministerio Público, los jefes y subjefes de las instituciones militares y policiales, los funcionarios de las instituciones autónomas, centralizadas o descentralizada del Estado que administren fondos públicos.

Seguirán interrogando a ex y actuales funcionarios

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, indicó que esta semana seguirán citando a funcionarios para dar su versión sobre la declaración jurada de bienes que presentaron. El viernes pasado fueron llamados el diputado nacional Radhamés Camacho, el alcalde del municipio de Pedro Brand, Wilson Paniagua, y el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert De La Cruz. “Citaremos tantos funcionarios como sea necesario aclarar conforme la información que han entregado a la Cámara de Cuentas”, dijo Camacho.

elcaribe.com.do

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Tribunal Superior Electoral dice que con rapidez decidirá casos derivados de elecciones municipales.

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Santo Domingo, R.D.-El magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo,  presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), garantizó que los casos que sean sometidos ante la Alta Corte serán decididos con rapidez y transparencia.

«El trabajo lo hemos dividido en dos fases, una que se lleva a cabo en audiencias públicas, y otra a lo interno, en la cual, un equipo de colaboradores, encabezado por un magistrado, valora si debe celebrarse audiencia pública, o si es posible fallarlo en cámara de consejo, siempre respetando el carácter contradictorio en una u otra modalidad», indicó mediante un comunicado.

Dijo que el TSE estableció un proceso a partir de octubre del año pasado y la población ha podido comprobar los resultados que permitieron decidir a tiempo los expedientes y, de esa forma, la JCE proceder a imprimir las boletas electorales dentro del calendario previsto para tal fin.

Informó que el domingo, día en que se celebraron las elecciones municipales, los jueces y un personal de apoyo permaneció en el TSE desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

«El domingo nosotros estuvimos aquí el día completo, llegamos a las 8:00 de la mañana y nos retiramos a las 8:00 de la noche», indicó.

Confirmó que se mantiene el horario extendido, incluyendo sábados y domingos, desde las 9:00 de la mañana, estando habilitado el tribunal para continuar trabajando, «la decisión que el Pleno tomó de extender el horario y habilitarnos para trabajar en jornadas extendidas, se mantiene».

Trabajo de la JCE

«La opinión que tenemos es que el trabajo de la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales fue excelente desde los inicios en los meses anteriores, hasta la culminación del proceso. No solo lo digo yo, que estuve presente en la mayoría de los eventos que se hicieron abiertos al público, sino que así lo manifiestan en sus informes los observadores internacionales, que vinieron precisamente a ver y vivir la experiencia de unos comicios ordenados, en paz, y participativos a pesar de la abstención, que es normal en elecciones municipales«, manifestó el magistrado presidente.

Dijo que el atractivo principal en certámenes electorales suele ser la elección del presidente de la República. Por eso, en elecciones para elegir autoridades locales, puede aminorar la participación en el proceso y, por eso, «no hay que cuestionarla».

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Ven involución de la democracia en el país con resultados de elecciones municipales.

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Santo Domingo, R.D.-La abstención registrada en las elecciones municipales celebradas el pasado domingo y los delitos electorales cometidos denotan una involución democrática en la República Dominicana en opinión de la  Fundación Justicia y Transparencia (FJT).

Señaló, en una nota de prensa, que el delito electoral cometido se basó «fundamentalmente en la compra de cédulas».

Trajano Potentini, presidente de la entidad, lamentó que apenas casi 53 % del universo del padrón electoral, de más de ocho millones de electores, se motivara a votar, un poco más de 3 millones 700 mil votantes.

Deploró el uso de los recursos públicos y propuso una reforma que contemple limitaciones al presidente en reelección.

Potentini expresó que también es motivo de preocupación, la creciente cultura de la compra de cédula, de conciencia, y de voluntades, «cuya mayor y más perversa expresión, está en el ya normal transfuguismo».

«Vacíos legales ayudan al presidente»

La entidad de la sociedad civil deploró, además, lo que definió como falta de limitaciones, «consecuencia o los aparentes vacíos legales o ambigüedades existentes en las leyes» que, dice, aún no clarifican la imposibilidad de que un presidente de la República en relección, no tome licencia y se abstenga de realizar inauguraciones y entregar ayudas sociales, bonos navideños extendidos, contratos de publicidad, pensiones y otras prácticas y facilidades.

«Las cuales se traducen en desigualdad en la participación política, como ha venido evidenciándose por décadas, sin que medie la necesidad y proponemos aprobar una legislación clara sobre las referidas limitaciones», planteó en el documento.

Aboga por unificar elecciones

Para el abogado, lo ideal serían elecciones separadas, como antes de 2010 lo había previsto la Constitución, que establecía que se escogieran cada dos años alcaldes, diputados y senadores separados de las presidenciales, permitiéndole al liderazgo local y congresusal su pleno desarrollo, como relevo natural de la evolución política.Agregó que, no obstante, parecería que el mayor consenso podría girar en torno a la necesidad de unificar las elecciones municipales de febrero, con las congresuales y presidenciales de mayo.»Sin lugar a dudas, un desacierto de la Constitución de 2010, que se acrecienta aún más con la inclusión de la celebración de las primarias de los partidos en octubre del año pre-electoral, en febrero municipales, en mayo congresuales y presidenciales, con la agravante de una posible segunda vuelta para las presidenciales, esto sin considerar la falta de logística, para el montaje y desmontaje de reiterados procesos electorales».Señaló que ante ese panorama urge y favorece «un entendimiento de los dominicanos, que le permita a la Junta Central Electoral, el disponer de los fondos consignados en el presupuesto para afrontar y sortear otros retos, reformando en el sentido que entienden las fuerzas sociales la constitución, para dar paso a procesos electorales menos traumáticos y costosos».

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Presentan testigos en caso muerte de Joshua.

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Santo Domingo, R.D.-Claribel Nivar Arias, una de la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dio su voto para el aplazamiento para  para el próximo jueves 22 de febrero, a las 2:00 de la tarde, la  continuación del juicio de fondo contra Wesly Vicent Carmona, alias «El Dotolcito«; Luis Brito Troncoso, «Luisito» y Alison de Jesús Pérez Mejía, «Chiquito», acusados de la muerte de Joshua Omar Fernández Decena, durante un atraco en las afueras de un centro de diversión del Distrito Nacional ocurrida la noche del 16 de abril de 2023.

El juicio avanzó este martes con la presentación de los testigos del Ministerio Público: el taxista (Daniel Ramírez Santana), utilizado para cometer el supuesto atraco, e Isanel Encarnación, joven que resultó asaltada durante el incidente.

 Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida indicaron que debido a que tenían otras audiencias en agenda, se hacía necesario aplazar la jornada de este caso.

El taxista indicó, ante preguntas del Ministerio Público, que fue llamado por El Dotolcito, quien es una persona conocida por él, del barrio Villa Juana, y que luego fueron a buscar a Luisito y Chiquito.

«Yo vi a Alison (Chiquito) que se montó con un arma y yo me quedé sorprendido. Yo le decía que lo cogiera con calma.»Daniel Ramírez Santana.El taxista.

Durante las declaraciones de la testigo Encarnación, esta narró que como a eso de las 3:00 de la madrugada del día de la tragedia, mientras esperaba un taxi, escuchó disparos próximos a la discoteca, ubicada en la calle José Amado Soler, del Distrito Nacional.

Isanel Encarnación fue cuestionada con vehemencia e insistencia por parte de los abogados defensores: «¿De dónde salieron los disparos, qué bebidas tomaste, estabas ebria?, a lo que respondió que solo tomo una lata de Four Loko.

Al final de la audiciencia, Bertina Decena, madre del joven Joshua Omar Fernández, de 19 años, dijo a la prensa que, espera que los jueces hagan su trabajo y que escuchen bien lo que dicen los testigos.

Contra «Chiquito» pesa un año de prisión preventiva en La Victoria, mientras que a Luisito se le impuso tres meses en la cárcel de Baní, provincia Peravia. El «Dotolcito» se encuentra recluido en Najayo-Hombres, donde cumple un año de sujeción como medida de coerción.

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