Análisis Noticiosos
Las sobrevaluaciones de obras en el reinado de la impunidad
El reconocimiento por el dirigente del partido gobernante Félix Jiménez de que en las construcciones de Odebrecht en el país hubo sobrevaluaciones se inscribe en la indignación generalizada y alienta la lucha porque esta vez se produzcan sanciones, aunque con limitadas expectativas por la prevalencia de una cultura de la corrupción.El sismo de Félix Jiménez. Ha resultado alentador que un miembro del poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como Felucho Jiménez, haya tenido el valor de reconocer que las obras ejecutadas en el país por la Odebrecht fueron sobrevaluadas y que eso es más importante que los 92 millones de dólares que la empresa ha reconocido como inversión en sobornos. También debe superar con mucho los 163 millones de dólares que derivó de beneficios, según su confesión ante autoridades judiciales de Estados Unidos.
No fue una frase suelta lo que dijo el dirigente político, economista y empresario, sino todo un concierto de consideraciones sobre la corrupción en el país, la impúdica exhibición de riquezas mal habidas y la impunidad, pero baste considerar el núcleo esencial: “Estoy seguro de que ha habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que ha habido sobrevaluaciones de obras, y soy de los que cree que los 92 milloncitos (de dólares) en sobornos es lo de menos. Yo digo que debería haber una auditoría técnica y financiera de todos estos elevados, la Autovía del Coral y de muchas más obras que se hicieron, que efectivamente tienen partidas que costaron, entre comillas, el doble o el triple de su verdadero costo”.
Los planteamientos de Jiménez se convirtieron en “la noticia de la semana”, provocando algarabía en todas las tribunas y generando el rechazo de legisladores y compañeros de partido, relevantemente del secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared, quien negó la afirmación de que eso se conocía en niveles dirigenciales y llegó al extremo de atribuirlo a un interés personal de que la Autovía del Coral “tuviera una ruta distinta”.
Un PLD sin iniciativas. Es significativo que Pared Pérez sostuviera que la ruta de esa importante inversión se trató en una reunión del Comité Político, aunque sostuvo que “fue la única vez” que allí se discutió una contratación de Odebrecht. Se comprende que el sismo de Felucho sacudiera los atribulados ánimos de los dirigentes de su partido, que han quedado sin iniciativas ni claras condenas al escándalo internacional, incluyendo a los líderes del Congreso Nacional que por su responsabilidad fiscalizadora deberían estar encabezando las demandas y las acciones investigativas. Todavía hay quienes echan de menos un pronunciamiento formal del PLD sobre las esencias del escándalo, responsabilidades y consecuencias.
Aunque por su rígido sentimiento de unidad los peledeístas no discuten en público sus diferencias, en privado, hasta miembros del mismo Comité Político expresan consternación por lo que el escándalo Odebrecht ha desnudado. Uno de ellos entiende que el PLD “está secuestrado” por los intereses de los grupos hegemónicos que encabezan el presidente de la nación Danilo Medina y el presidente del partido, Leonel Fernández.
Están equivocados quienes creen que lo de Felucho fue un arrebato de “gallo loco”. Él mismo tuvo el valor de enfrentar al expresidente Fernández en la reunión del Comité Político que el 9 de abril del 2011 conocía las precandidaturas presidenciales que “bajaría” al Comité Central para los comicios del 2012.
Como ya había fracasado el intento de repostularlo para un tercer período consecutivo, y se había lanzado a su esposa Margarita Cedeño con una apabullante campaña publicitaria, Felucho encaró al líder, señalándole que si se postula “a tu mujer”, perdería como quiera; si gana porque se vería como victoria pírrica, como una imposición del poder, y si pierde, sería una derrota política.
Fernández prometió allí que no la apoyaría, como ocurrió. Quedó consignado en “El Tema de Hoy” del 17 de abril del 2011.
Una grave implicación. Los planteamientos de Felucho Jiménez tienen otra grave implicación al conectar con el sentimiento generalizado de que es fundamental establecer los niveles de sobrevaluación de las obras contratadas con Odebrecht antes de cualquier acuerdo con la empresa delincuente y que debe aplicarse el rigor de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que implica la suspensión automática de quien vulnera una licitación con soborno.
La Procuraduría General ha evadido ambos reclamos fundamentales y el Presidente ignora la demanda de la “marcha verde contra la Impunidad” que plantea una fiscalía independiente y pedir asistencia internacional para investigar todas las implicaciones del escándalo. La Procuraduría General tampoco ha tomado la mínima coerción contra el empresario Angel Rondón, a pesar de que hace más de dos meses lo identificó como el agente de la Odebrecht que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares para el soborno.
Rondón, el afortunado beneficiario de más de una docena de contrataciones de cuatro gobiernos, sobre todo de los del PLD, mantiene varias en ejecución con entidades del Gobierno central y municipales, las que también deberían estar suspendidas y bajo auditorías si se aplicara la Ley 340-06. El procurador dijo al país que fue la Odebrecht que lo señaló, pero no se le ocurrió siquiera allanar sus oficinas en búsqueda de documentos.
Esta semana la Procuraduría General trató de retomar acciones al interrogar a Reinaldo Pared, quien ha presidido el Senado en la aprobación de la mayoría de las 17 obras contratadas con Odebrecht, aunque dos meses después que lo hicieran con los de oposición que interviniveron en dos contratos, por el 9 por ciento del monto total. Pero siguió sin decidir qué hace con el acuerdo que no homologó el juez Juan Vargas.
Sobrevaluaciones de obras. Desde que estalló el escándalo en diciembre, analistas y articulistas han sostenido el criterio, reivindicado por Felucho Jiménez, de que las sobrevaluaciones de Odebrecht son mayúsculas. Los primeros el sociólogo Cándido Mercedes, el historiador Bernardo Vega, y el economista Pedro Silverio.
Hasta ahora nadie ha logrado establecer el balance total de las obras ejecutadas, al menos cuatro todavía inconclusas, a partir de su primer contrato, el del acueducto para la Línea Noroeste, de 1998, ampliado y aprobado en el 2001, ya que en algunos casos no están visibles los costos finales. Una tarea que debieron cumplir los órganos oficiales si estuvieran interesados en esclarecer los alcances del escándalo y aplicar sanciones.
Pero el sociólogo Mercedes enlistó 8 contratos (sin las plantas Catalina) por 1,240 millones de dólares que concluyeron en 1,838 millones, un exceso de 634 millones de dólares, equivalentes al 34.5 por ciento.
El mínimo fue el primero, el acueducto del Noroeste, con 14 por ciento. Pero la presa de Pinalito pasó de 131 a 300 millones de dólares, para un 129 por ciento de alza, y la carretera Constanza-Casabito-El Abanico, contratada por 41 millones de dólares, concluyó en 112 millones de dólares, es decir 71 millones más, un 173 por ciento de incremento.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.