Análisis Noticiosos
Las sobrevaluaciones de obras en el reinado de la impunidad
El reconocimiento por el dirigente del partido gobernante Félix Jiménez de que en las construcciones de Odebrecht en el país hubo sobrevaluaciones se inscribe en la indignación generalizada y alienta la lucha porque esta vez se produzcan sanciones, aunque con limitadas expectativas por la prevalencia de una cultura de la corrupción.El sismo de Félix Jiménez. Ha resultado alentador que un miembro del poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como Felucho Jiménez, haya tenido el valor de reconocer que las obras ejecutadas en el país por la Odebrecht fueron sobrevaluadas y que eso es más importante que los 92 millones de dólares que la empresa ha reconocido como inversión en sobornos. También debe superar con mucho los 163 millones de dólares que derivó de beneficios, según su confesión ante autoridades judiciales de Estados Unidos.
No fue una frase suelta lo que dijo el dirigente político, economista y empresario, sino todo un concierto de consideraciones sobre la corrupción en el país, la impúdica exhibición de riquezas mal habidas y la impunidad, pero baste considerar el núcleo esencial: “Estoy seguro de que ha habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que ha habido sobrevaluaciones de obras, y soy de los que cree que los 92 milloncitos (de dólares) en sobornos es lo de menos. Yo digo que debería haber una auditoría técnica y financiera de todos estos elevados, la Autovía del Coral y de muchas más obras que se hicieron, que efectivamente tienen partidas que costaron, entre comillas, el doble o el triple de su verdadero costo”.
Los planteamientos de Jiménez se convirtieron en “la noticia de la semana”, provocando algarabía en todas las tribunas y generando el rechazo de legisladores y compañeros de partido, relevantemente del secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared, quien negó la afirmación de que eso se conocía en niveles dirigenciales y llegó al extremo de atribuirlo a un interés personal de que la Autovía del Coral “tuviera una ruta distinta”.
Un PLD sin iniciativas. Es significativo que Pared Pérez sostuviera que la ruta de esa importante inversión se trató en una reunión del Comité Político, aunque sostuvo que “fue la única vez” que allí se discutió una contratación de Odebrecht. Se comprende que el sismo de Felucho sacudiera los atribulados ánimos de los dirigentes de su partido, que han quedado sin iniciativas ni claras condenas al escándalo internacional, incluyendo a los líderes del Congreso Nacional que por su responsabilidad fiscalizadora deberían estar encabezando las demandas y las acciones investigativas. Todavía hay quienes echan de menos un pronunciamiento formal del PLD sobre las esencias del escándalo, responsabilidades y consecuencias.
Aunque por su rígido sentimiento de unidad los peledeístas no discuten en público sus diferencias, en privado, hasta miembros del mismo Comité Político expresan consternación por lo que el escándalo Odebrecht ha desnudado. Uno de ellos entiende que el PLD “está secuestrado” por los intereses de los grupos hegemónicos que encabezan el presidente de la nación Danilo Medina y el presidente del partido, Leonel Fernández.
Están equivocados quienes creen que lo de Felucho fue un arrebato de “gallo loco”. Él mismo tuvo el valor de enfrentar al expresidente Fernández en la reunión del Comité Político que el 9 de abril del 2011 conocía las precandidaturas presidenciales que “bajaría” al Comité Central para los comicios del 2012.
Como ya había fracasado el intento de repostularlo para un tercer período consecutivo, y se había lanzado a su esposa Margarita Cedeño con una apabullante campaña publicitaria, Felucho encaró al líder, señalándole que si se postula “a tu mujer”, perdería como quiera; si gana porque se vería como victoria pírrica, como una imposición del poder, y si pierde, sería una derrota política.
Fernández prometió allí que no la apoyaría, como ocurrió. Quedó consignado en “El Tema de Hoy” del 17 de abril del 2011.
Una grave implicación. Los planteamientos de Felucho Jiménez tienen otra grave implicación al conectar con el sentimiento generalizado de que es fundamental establecer los niveles de sobrevaluación de las obras contratadas con Odebrecht antes de cualquier acuerdo con la empresa delincuente y que debe aplicarse el rigor de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que implica la suspensión automática de quien vulnera una licitación con soborno.
La Procuraduría General ha evadido ambos reclamos fundamentales y el Presidente ignora la demanda de la “marcha verde contra la Impunidad” que plantea una fiscalía independiente y pedir asistencia internacional para investigar todas las implicaciones del escándalo. La Procuraduría General tampoco ha tomado la mínima coerción contra el empresario Angel Rondón, a pesar de que hace más de dos meses lo identificó como el agente de la Odebrecht que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares para el soborno.
Rondón, el afortunado beneficiario de más de una docena de contrataciones de cuatro gobiernos, sobre todo de los del PLD, mantiene varias en ejecución con entidades del Gobierno central y municipales, las que también deberían estar suspendidas y bajo auditorías si se aplicara la Ley 340-06. El procurador dijo al país que fue la Odebrecht que lo señaló, pero no se le ocurrió siquiera allanar sus oficinas en búsqueda de documentos.
Esta semana la Procuraduría General trató de retomar acciones al interrogar a Reinaldo Pared, quien ha presidido el Senado en la aprobación de la mayoría de las 17 obras contratadas con Odebrecht, aunque dos meses después que lo hicieran con los de oposición que interviniveron en dos contratos, por el 9 por ciento del monto total. Pero siguió sin decidir qué hace con el acuerdo que no homologó el juez Juan Vargas.
Sobrevaluaciones de obras. Desde que estalló el escándalo en diciembre, analistas y articulistas han sostenido el criterio, reivindicado por Felucho Jiménez, de que las sobrevaluaciones de Odebrecht son mayúsculas. Los primeros el sociólogo Cándido Mercedes, el historiador Bernardo Vega, y el economista Pedro Silverio.
Hasta ahora nadie ha logrado establecer el balance total de las obras ejecutadas, al menos cuatro todavía inconclusas, a partir de su primer contrato, el del acueducto para la Línea Noroeste, de 1998, ampliado y aprobado en el 2001, ya que en algunos casos no están visibles los costos finales. Una tarea que debieron cumplir los órganos oficiales si estuvieran interesados en esclarecer los alcances del escándalo y aplicar sanciones.
Pero el sociólogo Mercedes enlistó 8 contratos (sin las plantas Catalina) por 1,240 millones de dólares que concluyeron en 1,838 millones, un exceso de 634 millones de dólares, equivalentes al 34.5 por ciento.
El mínimo fue el primero, el acueducto del Noroeste, con 14 por ciento. Pero la presa de Pinalito pasó de 131 a 300 millones de dólares, para un 129 por ciento de alza, y la carretera Constanza-Casabito-El Abanico, contratada por 41 millones de dólares, concluyó en 112 millones de dólares, es decir 71 millones más, un 173 por ciento de incremento.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.