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Análisis Noticiosos

Las tierras del CEA siguen generando conflictos, ahora las del ingenio Haina

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Por Juan Bolívar Díaz

Se ha fortalecido en las últimas semanas la oposición de la comunidad de Haina a la venta de los terrenos donde operó la factoría de lo que fuera el mayor ingenio azucarero de la región, contratada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con un consorcio agroindustrial a 1,200 pesos el metro cuadrado, que consideran debajo de su actual valor.
La oposición de la comunidad, que esta semana marchó por las calles, pone difícil a la Cámara de Diputados sellar una venta que ya el Senado aprobó sin vistas públicas, cuyos orígenes datan del 2010, más aún cuando los compradores tienen arrendados esos terrenos desde el 2002, involucrando los tres últimos gobiernos.

Tirados al medio de la calle

La falta de información y transparencia podría jugarle una mala pasada tanto al CEA como a los compradores, la Terminal Granelera del Caribe (TEGRA), integrada por un consorcio agroindustrial, pues los dirigentes del Consejo de Desarrollo Integral de Haina, y los comunitarios están convencidos de que los terrenos incluyen áreas habitadas por miles de personas, aunque sin precisiones. Pero creen que las 14 parcelas que abarcan el distrito catastral 8 del municipio Bajos de Haina, no están claramente deslindadas.

Tanto en los ámbitos del CEA como de la empresa compradora, se asegura que existe el deslinde y que no incluye ninguno de los barrios del municipio de 124 mil habitantes para el censo del 2010, uno de los de mayor densidad poblacional e industrial del país, que alberga uno de los dos mayores puertos nacionales, la refinería de petróleo, tres plantas eléctricas en operación, dos zonas francas y un parque industrial.

Aunque el contrato data del 2010 y fue aprobado por el Senado en diciembre del 2014, los dirigentes sociales dicen que se enteraron cuando fue puesto en la agenda de la Cámara de Diputados. Desde entonces crece la oposición que esta semana incluyó una marcha de miles de residentes. Además del Consejo de Desarrollo se han unido en la protesta el alcalde municipal y el Concejo de Regidores, sindicatos, asociaciones de comerciantes, la coordinadora de las juntas de vecinos, el Consejo de Pastores Evangélicos y la Asociación de Profesores. Legisladores y dirigentes políticos locales han acogido los reclamos comunitarios, demandando por lo menos información que disipe los temores.

El valor de los terrenos

Entre los argumentos que sustentan la oposición se cuenta la convicción de que los terrenos donde operó durante décadas la factoría industrial del ingenio Haina, con extensos almacenes, tanque de agua y una franja de acceso al muelle, valen más de los 1,200 pesos el metro cuadrado en que están contratadas las 8 parcelas que totalizan 168 mil metros.
Luis Carrasco, un abogado, comerciante y experto en bienes raíces, quien trabaja para dos conocidas inmobiliarias, está en la coalición que denuncia la venta. Entrevistado por Teleantillas estimó el valor del terreno donde estuvo la molienda azucarera, con sus almacenes y acceso al puerto en unos 150 dólares el metro cuadrado, lo que lo elevaría a unos 7,200 pesos. Estimaciones más conservadoras hablan de entre 80 y 100 dólares.

El valor sería menor en agosto del 2011 cuando el presidente Leonel Fernández autorizó la venta, y llamó la atención que en el poder se fijara el precio de 1,200 pesos por metro, o todavía en el 2012 cuando el director del CEA, Enrique Martínez Reyes, firmó el contrato, enviado al Congreso en el 2014 por el presidente Danilo Medina. La TEGRA tenía arrendados los terrenos desde el 2002, por autorización del presidente Hipólito Mejía, a razón de 300 mil dólares anuales, con un incremento de 2.3 por ciento por año.

A la firma del contrato la TEGRA pagó 129.2 millones de los 202.5 millones de pesos de la venta, y se comprometió a otros dos pagos de 36.6 millones de pesos en el 2012 y 2013. El contrato consigna que en caso de no aprobación congresual la vendedora se obliga a devolver lo cobrado.

Para obras comunitarias

Además de los temores de que las parcelas en venta incluyan zonas habitadas, como ya ha ocurrido en otras operaciones inmobiliarias del CEA, y en el barrio Los Tres Brazos por la CORDE, y de la convicción de que están subvaloradas, la comunidad de Haina tiene otra causa pendiente con TEGRA: contaminación ambiental certificada por Angel Brea, el director provincial de Medio Ambiente. El olor ambiental es nauseabundo y derrames de materias primas, aguas con desechos industriales y polvillo, son focos de atracción de insectos, comprobables a simple vista.

El abogado Víctor Manuel Báez, quien preside el Consejo de Desarrollo Integral de Haina, viene denunciando la situación hace tiempo y la comunidad es sensible a los altos niveles de contaminación que se han detectado en Haina, tanto que hasta el 2013 el Instituto Blacksmith de Nueva York, que vela por un planeta limpio, la mantuvo inscrita entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Ese año la sacó de las primeras, tras esfuerzos de sectores industriales, pero aún prevalece alta contaminación en la zona.

Para Báez lo que procede es que esos terrenos sean destinados a obras comunitarias que requiere Haina, como un hospital un instituto politécnico y área de esparcimiento, como parques. Esa aspiración choca con los intereses creados por más de 15 años por TEGRA, que importa por el puerto local materia prima para la producción avícola y porcina de varias empresas accionistas, producción de aceite y otros renglones. Sus costos de desembarque son más baratos por la rapidez con que una correa transporta la materia prima de los barcos a los viejos almacenes del CEA, con nuevos techos. La empresa dice que ha invertido unos 40 millones de dólares. Alicia Ortega recogió abundante información en su Informe del pasado lunes.

Tragedias recurrentes

Las irregularidades en las transacciones inmobiliarias del CEA pasan por todos los gobiernos, aunque se han agravado progresivamente, como la corrupción general. Hace una década la asignación de las mismas tierras a una empresa española que arrendó un ingenio de San Pedro de Macorís y a otra nacional, generó enfrentamientos con dos muertos.

Pero el caso más emblemático fue el ocurrido el 14 de febrero del 2017, cuando un individuo desesperado porque había pagado por unos terrenos que ya el CEA había vendido a otro, irrumpió en una cabina radiofónica y mató a balazos a dos comentaristas de un popular programa, también en Macorís. El victimario fue perseguido por la policía y luego se dijo que se había suicidado, aunque fueron públicas las sospechas de que lo ultimaron para que no testificara.

Con todo, una comisión presidida por el Consultor Jurídico de la Presidencia comprobó que el matador había sido timado por ejecutivos del CEA, pero fuera del relevo del director y del encargado de la inmobiliaria, nada más ha ocurrido. La impunidad es norma nacional en todos los renglones.

Otra tragedia ocurrió el 24 de septiembre pasado, cuando varios centenares de agentes policiales irrumpieron en el barrio Cerros de las Américas, erigido por ocupantes de terrenos del CEA desde hace más de una década, para desbaratar viviendas a las 3:00 de la madrugada de un domingo y día de festividad religiosa. Un teniente de la fuerza aérea, residente allí, Mateo Ogando, fue muerto en el operativo, y otros tres residentes, incluyendo a una menor, resultaron baleados. Todavía se espera que se informe qué juez o autoridad dispuso ese desalojo de madrugada, y quién es el interesado en las tierras, con mayor valor ahora por la cercana construcción de la “Ciudad Juan Bosch”.

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Análisis Noticiosos

Panamá cierra ruta del Tapón del Darién ruta hacia Estados Unidos

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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca

Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.

“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.

El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.

El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.

El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.

El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

Reforma judicial confronta a Suprema Corte y al Tribunal Electoral en México.

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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México

México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.

El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.

Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.

Sesión ordinaria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 29 de enero de 2025.
Sesión ordinaria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 29 de enero de 2025.Daniel Augusto (CUARTOSCURO)

El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.

Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.

Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.

La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.

Alfredo Gutiérrez durante una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2023.
Alfredo Gutiérrez durante una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2023.SCJN

La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

Latinoamérica excluida de acuerdo de acceso a genérico que previenen el VIH

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Por Efe

Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.

“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.

Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.

La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.

UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.

El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.

“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.

Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.

La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.

Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.

“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.

Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.

Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.

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