Análisis Noticiosos
Las tierras del CEA siguen generando conflictos, ahora las del ingenio Haina
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8 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
Se ha fortalecido en las últimas semanas la oposición de la comunidad de Haina a la venta de los terrenos donde operó la factoría de lo que fuera el mayor ingenio azucarero de la región, contratada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con un consorcio agroindustrial a 1,200 pesos el metro cuadrado, que consideran debajo de su actual valor.
La oposición de la comunidad, que esta semana marchó por las calles, pone difícil a la Cámara de Diputados sellar una venta que ya el Senado aprobó sin vistas públicas, cuyos orígenes datan del 2010, más aún cuando los compradores tienen arrendados esos terrenos desde el 2002, involucrando los tres últimos gobiernos.
Tirados al medio de la calle
La falta de información y transparencia podría jugarle una mala pasada tanto al CEA como a los compradores, la Terminal Granelera del Caribe (TEGRA), integrada por un consorcio agroindustrial, pues los dirigentes del Consejo de Desarrollo Integral de Haina, y los comunitarios están convencidos de que los terrenos incluyen áreas habitadas por miles de personas, aunque sin precisiones. Pero creen que las 14 parcelas que abarcan el distrito catastral 8 del municipio Bajos de Haina, no están claramente deslindadas.
Tanto en los ámbitos del CEA como de la empresa compradora, se asegura que existe el deslinde y que no incluye ninguno de los barrios del municipio de 124 mil habitantes para el censo del 2010, uno de los de mayor densidad poblacional e industrial del país, que alberga uno de los dos mayores puertos nacionales, la refinería de petróleo, tres plantas eléctricas en operación, dos zonas francas y un parque industrial.
Aunque el contrato data del 2010 y fue aprobado por el Senado en diciembre del 2014, los dirigentes sociales dicen que se enteraron cuando fue puesto en la agenda de la Cámara de Diputados. Desde entonces crece la oposición que esta semana incluyó una marcha de miles de residentes. Además del Consejo de Desarrollo se han unido en la protesta el alcalde municipal y el Concejo de Regidores, sindicatos, asociaciones de comerciantes, la coordinadora de las juntas de vecinos, el Consejo de Pastores Evangélicos y la Asociación de Profesores. Legisladores y dirigentes políticos locales han acogido los reclamos comunitarios, demandando por lo menos información que disipe los temores.
El valor de los terrenos
Entre los argumentos que sustentan la oposición se cuenta la convicción de que los terrenos donde operó durante décadas la factoría industrial del ingenio Haina, con extensos almacenes, tanque de agua y una franja de acceso al muelle, valen más de los 1,200 pesos el metro cuadrado en que están contratadas las 8 parcelas que totalizan 168 mil metros.
Luis Carrasco, un abogado, comerciante y experto en bienes raíces, quien trabaja para dos conocidas inmobiliarias, está en la coalición que denuncia la venta. Entrevistado por Teleantillas estimó el valor del terreno donde estuvo la molienda azucarera, con sus almacenes y acceso al puerto en unos 150 dólares el metro cuadrado, lo que lo elevaría a unos 7,200 pesos. Estimaciones más conservadoras hablan de entre 80 y 100 dólares.
El valor sería menor en agosto del 2011 cuando el presidente Leonel Fernández autorizó la venta, y llamó la atención que en el poder se fijara el precio de 1,200 pesos por metro, o todavía en el 2012 cuando el director del CEA, Enrique Martínez Reyes, firmó el contrato, enviado al Congreso en el 2014 por el presidente Danilo Medina. La TEGRA tenía arrendados los terrenos desde el 2002, por autorización del presidente Hipólito Mejía, a razón de 300 mil dólares anuales, con un incremento de 2.3 por ciento por año.
A la firma del contrato la TEGRA pagó 129.2 millones de los 202.5 millones de pesos de la venta, y se comprometió a otros dos pagos de 36.6 millones de pesos en el 2012 y 2013. El contrato consigna que en caso de no aprobación congresual la vendedora se obliga a devolver lo cobrado.
Para obras comunitarias
Además de los temores de que las parcelas en venta incluyan zonas habitadas, como ya ha ocurrido en otras operaciones inmobiliarias del CEA, y en el barrio Los Tres Brazos por la CORDE, y de la convicción de que están subvaloradas, la comunidad de Haina tiene otra causa pendiente con TEGRA: contaminación ambiental certificada por Angel Brea, el director provincial de Medio Ambiente. El olor ambiental es nauseabundo y derrames de materias primas, aguas con desechos industriales y polvillo, son focos de atracción de insectos, comprobables a simple vista.
El abogado Víctor Manuel Báez, quien preside el Consejo de Desarrollo Integral de Haina, viene denunciando la situación hace tiempo y la comunidad es sensible a los altos niveles de contaminación que se han detectado en Haina, tanto que hasta el 2013 el Instituto Blacksmith de Nueva York, que vela por un planeta limpio, la mantuvo inscrita entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Ese año la sacó de las primeras, tras esfuerzos de sectores industriales, pero aún prevalece alta contaminación en la zona.
Para Báez lo que procede es que esos terrenos sean destinados a obras comunitarias que requiere Haina, como un hospital un instituto politécnico y área de esparcimiento, como parques. Esa aspiración choca con los intereses creados por más de 15 años por TEGRA, que importa por el puerto local materia prima para la producción avícola y porcina de varias empresas accionistas, producción de aceite y otros renglones. Sus costos de desembarque son más baratos por la rapidez con que una correa transporta la materia prima de los barcos a los viejos almacenes del CEA, con nuevos techos. La empresa dice que ha invertido unos 40 millones de dólares. Alicia Ortega recogió abundante información en su Informe del pasado lunes.
Tragedias recurrentes
Las irregularidades en las transacciones inmobiliarias del CEA pasan por todos los gobiernos, aunque se han agravado progresivamente, como la corrupción general. Hace una década la asignación de las mismas tierras a una empresa española que arrendó un ingenio de San Pedro de Macorís y a otra nacional, generó enfrentamientos con dos muertos.
Pero el caso más emblemático fue el ocurrido el 14 de febrero del 2017, cuando un individuo desesperado porque había pagado por unos terrenos que ya el CEA había vendido a otro, irrumpió en una cabina radiofónica y mató a balazos a dos comentaristas de un popular programa, también en Macorís. El victimario fue perseguido por la policía y luego se dijo que se había suicidado, aunque fueron públicas las sospechas de que lo ultimaron para que no testificara.
Con todo, una comisión presidida por el Consultor Jurídico de la Presidencia comprobó que el matador había sido timado por ejecutivos del CEA, pero fuera del relevo del director y del encargado de la inmobiliaria, nada más ha ocurrido. La impunidad es norma nacional en todos los renglones.
Otra tragedia ocurrió el 24 de septiembre pasado, cuando varios centenares de agentes policiales irrumpieron en el barrio Cerros de las Américas, erigido por ocupantes de terrenos del CEA desde hace más de una década, para desbaratar viviendas a las 3:00 de la madrugada de un domingo y día de festividad religiosa. Un teniente de la fuerza aérea, residente allí, Mateo Ogando, fue muerto en el operativo, y otros tres residentes, incluyendo a una menor, resultaron baleados. Todavía se espera que se informe qué juez o autoridad dispuso ese desalojo de madrugada, y quién es el interesado en las tierras, con mayor valor ahora por la cercana construcción de la “Ciudad Juan Bosch”.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.
