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Torpezas del Gobierno en política exterior e interna son cada vez más comprometedoras con asuntos de otras naciones.
Por Elba García
Como nunca antes, naturalmente después de la dominación haitiana que derivó en la declaración de independencia y la proclamación en 1844 del nacimiento de la República Dominicana y de su primera constitución, el país se había manejado con tanta torpeza y falta de razonabilidad frente a la crisis de la hermana nación.
El presidente Luis Abinader ha dado cátedras en lo que respecta al mal manejo de su relación con los vecinos frente a la no existencia de hecho, aunque sí de derecho, del Estado haitiano, pero que ello no implica que el sentimiento nacional demostrado históricamente haya desaparecido en la nación más pobre del hemisferio.
Abinader, quien no ha entendido que el diferendo con los vecinos se debe manejar desde otra perspectiva, ha profundizado las diferencias entre haitianos y dominicanos, las cuales no necesariamente ni solamente tienen que ver con la alta emigración de los vecinos hacia la parte de la isla que ocupa la República Dominicana, sino que además trae consigo un alto nivel de corrupción de una y otra parte, incluido el otorgamiento de visados por parte del Gobierno nacional, cuyos responsables de la aprobación de las mismas cobran 500 dólares por cabeza y son personajes del entorno del presidente de la República, como Margarito de León, cónsul en Juana Méndez.
La confrontación dominico-haitiana fue llevada por Abinader como si fuera el presidente de toda la isla, hasta el punto de irse a cónclaves internacionales a solicitar que los vecinos fueran invadidos por fuerzas extranjeras para llevar a la normalidad el caos que allí prevalece, sin tomar en cuenta el sentimiento patrio de éstos.
Todo ello se produce sin Abinader detenerse a valorar que los haitianos representan el segundo socio comercial del país, que alimentan el Producto Interno Bruto con miles de millones de dólares, aunque ello no puede llevar a soslayar la carga que tiene la nación con una serie de gastos en salud y educación en favor de los vecinos, pero lo que tampoco justifica las acciones del mandatario.
Pero lo cierto es que el presidente Abinader ha creado, podría decirse, un alto nivel de radicalización de la crisis entre haitianos y dominicanos, pese a que el problema debió manejarse mediante una eficiente y correcta política migratoria y de combate de la corrupción que se produce en la frontera por donde pasa de todo, desde drogas, mercancías de contrabando, prostitución y un peligroso tráfico humano, cuyos principales promotores son bandas de dominicanos, incluidos militares destacados en las zonas limítrofes.
El diferendo por el río Masacre fue otro factor que contribuyó con la profundización de los conflictos entre ambos pueblos que ocupan la isla la Hispaniola, al punto que se llegó a pedir la intervención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero sin que todavía se haya producido una solución definitiva al asunto.
Sin embargo, no bien Abinader coloca en un segundo plano el problema dominico-haitiano, el cual trae consigo una intromisión del Gobierno nacional en los asuntos internos de los vecinos, abre otro capítulo en la misma dirección con Venezuela, donde ha querido trazar la regla del juego e incluso utilizar el país para darles todo el apoyo a los opositores de la nación sudamericana.
Tanto es así, que Abinader utiliza el Palacio Nacional para recibir como todo un jefe de Estado a Edmundo González Urrutia y de esa manera tomar parte en favor de la oposición de un conflicto político que debe resolver el ciudadano de allí.
La torpeza del actual gobierno llega al extremo de permitir que González Urrutia permanezca en un hotel nacional desde donde amenaza con hacer su entrada, no se sabe por qué vía, a territorio venezolano, lo cual compromete a la República Dominicana en un atentado en contra de la soberanía de ese país.
El comportamiento del Gobierno dominicano es de total ingratitud cuando se sabe que históricamente Venezuela ha tenido un alto nivel de solidaridad con el país, lo cual, por lo menos, debe conllevar que la nación no se entrometa, en favor de unos y otros, en los asuntos internos de la hermana nación sudamericana.
Lo más sensato fuera que el país se mantenga al margen de un conflicto político que sólo atañe al venezolano, independientemente del criterio que llama a la solidaridad con otros pueblos, pero que ello, de alguna manera, representa una ruptura con una de las partes que mantienen la confrontación por el control del poder, lo cual no es lo recomendable.
Porque hay que preguntarse qué quién ha dicho que la República Dominicana tiene la autoridad para declarar presidente de Venezuela a nadie, así tenga la razón para reclamar un triunfo del que nadie tiene la certeza de que realmente se produjo.
De manera, que recibir como todo un jefe de Estado a quien se ha autoproclamado como ganador de las pasadas elecciones en Venezuela, constituye una intromisión en los asuntos internos del hermano país, ya que esa facultad está reservada a las autoridades electorales de la nación sudamericana.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.