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Como en los mejores tiempos de guerra EE. UU. moviliza en el AILA tropas y equipos militares.
Santo Domingo, R.D.-Un campamento en los mejores tiempos de guerra ha sido instalado por tropas militares de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), próximo a la pista 17, por donde han arribado al menos tres aeronaves de gran tonelaje, como parte del acuerdo firmado con el gobierno dominicano.
En toda esa área permanecen estacionados vehículos cisterna de combustible, autobuses, camionetas, vehículos livianos, así como equipos de comunicación y otros accesorios de uso militar.
Todo el movimiento logístico es ejecutado bajo supervisión militar y con acceso restringido.
De acuerdo con informaciones obtenidas por medios de comunicación a través de una fuente confiable, los aviones continúan aterrizando y despegando de forma escalonada desde la referida pista, mientras personal militar estadounidense se mantiene coordinando la descarga y distribución de las cargas, las cuales son trasladadas directamente al campamento improvisado establecido en el área.
Las cargas transportadas incluyen vehículos, equipos de comunicaciones, alimentos y otros suministros especializados, vinculados al plan de ayuda humanitaria que despliegan las autoridades estadounidenses con la cooperación del Gobierno dominicano.
Estos movimientos militares forman parte de un plan de ayuda humanitaria y apoyo logístico coordinado entre los gobiernos de ambos países, en una operación que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un marcado hermetismo oficial.
Entre las aeronaves observadas figuran los imponentes C-5 Super Galaxy y C-17 Globemaster III, reconocidos por su enorme capacidad de carga y su uso en misiones especiales de carácter humanitario, logístico y estratégico.
En las áreas cercanas a la cabecera de la pista 17 del AILA se pudo observar, a cierta distancia, un amplio despliegue de seguridad compuesto por personal militar estadounidense y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), quienes trabajan de manera coordinada durante las operaciones de aterrizaje, descarga y despacho de los equipos.
No se permite el acceso a representantes de los medios de comunicación acreditados en el aeropuerto ni a empleados civiles de la terminal, como parte del protocolo de seguridad implementado.
Un ejecutivo de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) explicó que la concesionaria no tiene participación directa en las operaciones que realizan las autoridades estadounidenses, limitándo su rol a facilitar la operatividad normal de la terminal aérea bajo las disposiciones del Estado dominicano.
Se informó que la primera de las aeronaves, un C-5 Super Galaxy, aterrizó en la Base Aérea de San Isidro, mientras que un C-17 Globemaster III lo hizo en el AILA el pasado domingo, en vuelos que se produjeron de manera simultánea.
El pasado 26 de noviembre, el gobierno dominicano autorizó de manera temporal el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el AILA, para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El anuncio lo hizo el presidente Luis Abinader, tras una reunión a puertas cerradas con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, celebrada en el Palacio Nacional.
Santo domingo, R.D.-La Red de Abogados Inmobiliarios (ABPGAN) con el objetivo de poner coto a la ola de delitos que afecta la seguridad jurídica en el país, solicitó formalmente a la Jurisdicción Inmobiliaria la implementación de un Sistema de Alertas Tempranas.
Esta herramienta busca proteger a propietarios e inversionistas frente a los constantes intentos de fraude y falsificación.
El vocero de la institución, José Antonio Thomas, y el asesor legal, el doctor Wendy José Alcántara Ramírez, explicaron que el sistema funcionaría como una «alarma digital».
El titular del inmueble recibiría notificaciones inmediatas vía correo electrónico o SMS ante cualquier movimiento sospechoso, como intentos de suplantación de identidad para duplicar títulos de viviendas, condominios o fincas.
Para garantizar la sostenibilidad del servicio, ABOGAIN propone que el mantenimiento de este sistema sea financiado mediante una cuota mínima integrada al Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI).
Además, plantean que esta plataforma debe estar interconectada con la Junta Central Electoral (JCE), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta integración permitiría un monitoreo riguroso y en tiempo real de cualquier persona que deposite documentos o solicite información sobre traspasos.
Finalmente, instaron a que el sistema incluya una actualización automática del estado jurídico de los inmuebles, al menos dos veces al año, garantizando que el propietario siempre tenga certeza sobre la situación legal de su patrimonio.
Para fortalecer su iniciativa, ABOGAIN sugiere que el sistema de alertas utilice registros inmutables, que nadie puede cambiar, ni modificar ni alterar.
Esto no solo avisaría al dueño, sino que dejaría una huella digital imborrable de quién intentó acceder al expediente, dificultando la complicidad interna en los fraudes.
Al implementar este sistema, la República Dominicana escalaría posiciones en los índices de seguridad jurídica internacional, convirtiéndose en un destino mucho más seguro y atractivo para el capital extranjero y la diáspora dominicana, quienes suelen ser las principales víctimas al estar fuera del país.
Santo Domingo, R.D.-El partido de gobierno, el PRM, rechazó ayer cualquier intento de vincular a esa organización con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.
El PRM fijó su posición en una comunicación dirigida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, cuyo texto íntegro es el siguiente:
En atención a las facultades que nos otorga la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) puntualiza su postura oficial ante las informaciones publicadas este 19 de enero de 2026 sobre el denominado «Caso Cobra«:
2. El Gobierno como acusador, no como cómplice: Es imperativo recordar que el actual gobierno del PRM, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, ordenó que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituyera como actor civil en este proceso. A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado ha formalizado una querella para asegurar que los responsables no solo enfrenten sanciones penales, sino que devuelvan cada centavo sustraído. Es el Gobierno quien identifica, persigue y demanda el resarcimiento de estos fondos; esto es una señal inequívoca de estar totalmente alejado de estas prácticas.
3. Compromiso real contra la corrupción: Nuestro compromiso con la lucha anticorrupción no es retórico. No toleramos ni toleraremos «desbordamientos éticos«. Quien haya fallado a la confianza pública debe enfrentar las consecuencias de sus actos individuales, sin escudarse en banderas políticas que no amparan el delito.
5. Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con el Ministerio Público en todo lo que requiera para profundizar sus investigaciones. La independencia del Ministerio Público es un logro innegociable de este gobierno; hoy la justicia habla a través de pruebas, no de conveniencias políticas, y confiamos plenamente en que el proceso llegará hasta las últimas consecuencias.
Atentamente,
Dirección Ejecutiva Partido Revolucionario Moderno (PRM)
Santo Domingo, R.D.-El dirigente deportivo, Amparo Betances, recibió una medida de coerción acusado de delitos de abusos contra algunos de sus estudiantes.
La decisión, adoptada por la Oficina Judicial de Duarte, se produce en medio de un proceso que cobro fuerzas tras haber aparecido múltiples testimonios que señalan al imputado por presuntos actos de abuso y agresión sexual contra menores pertenecientes a su liga. Según fuentes cercanas al caso, la medida cautelar busca garantizar la presencia del imputado en el desarrollo de las investigaciones y evitar posibles obstrucciones al proceso.
Betances deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Durante este periodo, el Ministerio Público espera profundizar en las evidencias y determinar si existen más víctimas dispuestas a formalizar sus denuncias para fortalecer el expediente acusatorio.