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La Negociación en las Violaciones Sexuales Es una Realidad Innegable y Perjudicial para las Víctimas y la Sociedad.
En los últimos días en la República Dominicana se han producido dos supuestas violaciones sexuales por parte de dos funcionarios importantes del Gobierno, que son Leonardo Faña y Antonio Gómez Díaz, el primero director del Instituto Agrario Dominicano (AID) y el segundo encargado de Aduanas en la zona norte del país con asiento en Santiago.
En ambos hechos las víctimas han ofrecido todos los detalles de como ocurrieron los hechos y los acusados funcionarios han sido suspendidos de sus funciones, lo cual implica un avance en el tratamiento de este tipo de caso cuando involucra a personas con posiciones públicas.
El problema del acoso y la violación sexual tienen dimensiones muy peligrosas en el país, donde se ha establecido que cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes este delito o crimen proviene de personas muy allegadas a sus familias o de individuos con vínculos sanguíneos con los que sufren la agresión.
Estos dos funcionarios públicos negaron las acusaciones presentadas en su contra por parte de la señora María Isabel Flores Encarnación y de otra dama que también labora en Aduanas en Santiago, donde supuestamente ocurrieron los hechos, quienes se presentaron ante el Ministerio Público para hacer la denuncia en contra del señor Leonardo Faña, quien ha alegado que se trata de una persecución política de personas del pasado Gobierno con quien ha tenido serias diferencias y lo propio hizo el encargado de Aduanas de Santiago, aunque con alegatos sustancialmente diferentes.
Sin embargo, en los dos casos las víctimas han ofrecido todos los pormenores de lo ocurrido, lo cual no ha dejado dudas de que algo tuvo que haber acontecido, pese a que los detalles de los hechos debe establecerlos el Ministerio Público en función del mandato del artículo 30 del Código Procesal Penal
Lo cierto es que no hay ninguna razón para dudar que el abuso ocurrió, pero por lo menos en el más sonado de los dos casos la victima ha retirado la denuncia que presentó ante la fiscalía, lo cual ha generado una serie de especulaciones en una sociedad como la dominicana donde todo se negocia.
Sea cual sea la realidad, los hechos deben investigarse para determinar la veracidad de lo ocurrido, porque si se tratara de un invento o de una realidad el Ministerio Público tendría que establecer responsabilidades.
En todo caso, el desistimiento presentado no implica que los hechos no ocurrieron, sobre todo cuando la víctima alega retirar la querella o la denuncia en virtud de que quiere tener tranquilidad por los trastornos que le genera la grave acusación.
Es importante hacer notar que en ningún momento la víctima ha dicho que los hechos no ocurrieron, sino que quiere tranquilidad aparentemente para evitar la difusión del caso por los medios de comunicación, lo cual no deja de ser un motivo de preocupación porque en estos hechos se da el fenómeno de la revictimación en perjuicio de la persona agredida, principalmente.
Porque en el hipotético caso que la denuncia tenga la intención de hacer danos, como ya lo dijo el supuesto agresor, quien ha sufrido daños muy severos a su imagen, lo cual no deja de tener sentido en el proceso de investigación y si se comprobara que las cosas no son del modo como se ha denunciado, entonces procedería accionar legalmente en contra de quien se ha inventado la historia.
La investigación sobre lo ocurrido debe determinar incluso si ciertamente el desistimiento sea por lo alegado por la víctima, porque en muchos casos parecidos, no necesariamente en éste, el victimario apela al ofrecimiento de dinero para liberarse de todo lo que implica la comisión de un delito tan grave como la violación sexual.
En las actuales circunstancias no queda otro camino que esperar los resultados de la investigación que deberá desarrollar la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es la que tiene en sus manos establecer la verdad de los hechos.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso en era trumpista que borra del mapa derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, implica tocar un tema que se pensaba superado sin que existan argumentos válidos para justificar esa conducta al margen de la ley y de la civilización.
En pleno siglo 21 que un Estado ocupe el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU, pero lo que ha importado muy poco para la administración Trump.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarla o tolerarla mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde luce que se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca y de igual manera amenaza a Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde a la intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual lleva a la normalidad decir que ahora funcionarios estadounidenses tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea, esta recluido en una cárcel de Nueva York tras un secuestro de una Estado que no es el suyo, el cual se supone que, es en todo caso, es el que debe enjuiciarle.
De manera, que una o varias acciones ilegales no pueden generar otras de igual naturaleza las cuales no se apoyan en derechos, porque entonces se entra en una violación y contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se amuela cuchillo para su propia garganta, la cual es aplicable en el presente caso, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y oriental, cuyas soberanías están hoy muy mancilladas.
Son tantos los controles imperiales de la era trumpista, que la sola amenaza de violar la soberanía de los territorios de paises que se suponen libres, surten unos efectos que no disminuyen con la presión mediática o a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico ilegal se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloques como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.