La Negociación en las Violaciones Sexuales Es una Realidad Innegable y Perjudicial para las Víctimas y la Sociedad.

En los últimos días en la República Dominicana se han producido dos supuestas violaciones sexuales por parte de dos funcionarios importantes del Gobierno, que son Leonardo Faña y Antonio Gómez Díaz, el primero director del Instituto Agrario Dominicano (AID) y el segundo encargado de Aduanas en la zona norte del país con asiento en Santiago.

En ambos hechos las víctimas han ofrecido todos los detalles de como ocurrieron los hechos y los acusados  funcionarios  han sido suspendidos de sus funciones, lo cual implica un avance en el tratamiento de este tipo de caso cuando involucra a personas con posiciones públicas.

El problema del acoso y la violación sexual tienen dimensiones muy peligrosas en el país, donde se ha establecido que cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes este delito o crimen proviene de personas muy allegadas a sus familias o de individuos con vínculos sanguíneos con los que sufren la agresión.

Estos dos funcionarios públicos negaron las acusaciones presentadas en su contra por parte de la señora María Isabel Flores Encarnación y de otra dama que también labora en Aduanas en Santiago, donde supuestamente ocurrieron los hechos, quienes se presentaron  ante el Ministerio Público para hacer la denuncia  en contra del   señor Leonardo Faña, quien  ha alegado que se trata de una persecución política de personas del pasado Gobierno con quien ha tenido serias diferencias y lo propio hizo el encargado de Aduanas de Santiago, aunque con alegatos sustancialmente diferentes.

Sin embargo, en los dos casos las víctimas han ofrecido todos los pormenores de lo ocurrido, lo cual no ha dejado dudas de que algo tuvo que haber acontecido, pese a que los detalles de los hechos debe establecerlos  el Ministerio Público en función del mandato del artículo 30 del Código Procesal Penal

Lo cierto es que no hay ninguna razón para dudar que el abuso ocurrió, pero por lo menos en el más sonado de los dos casos  la victima ha retirado la denuncia que presentó ante la fiscalía, lo cual ha generado una serie de especulaciones en una sociedad como la dominicana donde todo se negocia.

Sea cual sea la realidad,  los hechos deben investigarse para determinar la veracidad de lo ocurrido, porque si se tratara de un invento o de una realidad el Ministerio Público tendría que establecer responsabilidades.

En todo caso,  el desistimiento presentado no implica que los hechos no ocurrieron, sobre todo cuando la víctima alega retirar la querella o la denuncia en virtud de que quiere tener tranquilidad por los trastornos que le genera la grave acusación.

Es importante hacer notar que en ningún momento la víctima ha dicho que los hechos no ocurrieron, sino que quiere tranquilidad aparentemente para evitar  la difusión del caso por los medios de comunicación, lo cual no deja de ser un motivo de preocupación porque en estos hechos se da el fenómeno de la revictimación en perjuicio de la persona agredida, principalmente.

Porque en el hipotético caso que la denuncia tenga la  intención de hacer danos, como ya lo dijo el supuesto agresor, quien ha  sufrido daños muy severos  a su imagen, lo cual no deja de tener sentido  en el proceso de investigación y  si se comprobara que las cosas no son del  modo como se ha denunciado, entonces procedería accionar  legalmente en contra de quien se ha inventado la historia.

La investigación sobre lo ocurrido debe determinar incluso si ciertamente el desistimiento sea por lo alegado por la víctima, porque en muchos casos parecidos, no necesariamente en éste, el victimario apela al ofrecimiento de dinero para liberarse de todo lo que implica la comisión de un delito tan grave como la violación sexual.

En las actuales circunstancias no queda otro camino que esperar los resultados de la investigación que deberá desarrollar la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es la que tiene en sus manos establecer la verdad de los hechos.