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Latinoamérica completará en 2020 su peor periodo de crecimiento en 70 años

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EFE
Santiago de Chile.-Las crecientes demandas sociales y las presiones por reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe acentúan el complejo contexto que vive la economía de la región, que apenas crecerá un 0,1 % en 2019 y que en 2020 completará su peor septenio en siete décadas.

A las turbulencias sociales y políticas de algunos países se suman la desaceleración en la demanda interna, una baja venta agregada externa y mercados financieros internacionales más frágiles que conducen a una «desaceleración económica generalizada y sincronizada a nivel de países y de sectores».

El diagnóstico se encuentra en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019 dado a conocer este jueves en Santiago de Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El 2019 es el sexto año consecutivo de bajo crecimiento para las economías de la región, con una tasa casi nula (frente al 1 % de 2018), mientras que para 2020 la proyección se sitúa en torno al 1,3 %, lo que conforma al período 2014-2020 como el de menor crecimiento en las últimas siete décadas.

«Algo no está funcionando», aseveró la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la presentación del documento, al tiempo que detallaba que el PIB per cápita se ha contraído 4 % entre 2014-2020 en la región, lo que implica una caída promedio anual del -0,5 %.

Además, ilustró que la desocupación nacional aumentará de 8,0 % en 2018 a 8,2 % en 2019, lo que implica un alza de un millón de personas, llegando a un nuevo máximo de 25,2 millones. A ello se suma un deterioro en la calidad del empleo por el crecimiento del trabajo por cuenta propia (que superó al empleo asalariado) y de la informalidad laboral.

También cayeron la inversión, el consumo per cápita, las exportaciones y la calidad del empleo.

«Hemos visto crecientes y urgentes demandas sociales para aumentar inclusión social en ingresos y bienes públicos. La región no aguanta políticas de ajuste y requiere políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad», comentó Bárcena.

«Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las crecientes demandas sociales», abundó.

Finalmente, llamó a un mayor gasto público en inversión y políticas sociales para reactivar la economía, algo que conlleva presiones al endeudamiento público que debe enfrentarse según las capacidades diferenciadas de los países.

DESACELERACIÓN GENERALIZADA

Según el informe, 23 de 33 países de América Latina y el Caribe (18 de 20 en América Latina) presentarán una desaceleración de su crecimiento durante 2019, mientras que 14 naciones anotarán una expansión de 1 % o menos al finalizar el año.

Por subregiones, la actividad económica de América del Sur pasará de un crecimiento del -0,1 % en 2019 a uno del 1,2 % en 2020, mientras que la tasa de crecimiento de Centroamérica aumentará dos décimas en 2020 (2,6 %) respecto a 2019.

En las economías del Caribe de habla inglesa y neerlandesa el crecimiento mostrará un fuerte aumento y llegará al 5,6 %, más de 4 puntos porcentuales sobre el registrado en 2019.

El Balance Preliminar prevé que en 2019 el país con mayor expansión será Dominica (9,0 %), seguido por Antigua y Barbuda (6,2 %), República Dominicana (4,8 %) y Guyana (4,5 %).

Por el contrario, Venezuela anotará el mayor retroceso, con una contracción de -25,5 %, seguido por Nicaragua (-5,3 %), Argentina (-3,0 %) y Haití (-0,7 %).

Para el próximo año 2020 las proyecciones de la Cepal indican que las naciones del Caribe seguirán liderando el crecimiento regional (con un promedio subregional de 5,6 %), encabezadas por Guyana (85,6 %, debido al comienzo de la producción de petróleo que tendría lugar en 2020).

En la parte baja, Venezuela, Nicaragua y Argentina moderarán sus tasas de contracción económica (con -14 %, -1,4 % y -1,3 %, respectivamente).

CONTEXTO INTERNACIONAL

Los desafíos de reactivación económica para la región se dan en un entorno global de bajo dinamismo económico, que en 2019 crecerá solo un 2,5 %, ante la desaceleración generalizada tanto de las economías desarrolladas como de las emergentes.

Desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, destaca la desaceleración de sus dos socios comerciales principales, los Estados Unidos y China.

Al igual que en 2019, en 2020 se espera un crecimiento del 2,5 %, con un leve repunte de las economías emergentes distintas de China.

REDUCIR LA DESIGUALDAD ES UN IMPERATIVO

Para enfrentar la situación y reactivar la economía, la Cepal hizo una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la reducción de la desigualdad como un imperativo para que haya mayor crecimiento y productividad.

«La sostenibilidad fiscal precisa de reformas estructurales en los sistemas tributarios para desmantelar la cultura del privilegio: mejorar la progresividad, fortaleciendo los impuestos a la riqueza para que pague más el que más tiene», señaló el organismo.

Llamó también a una mayor coordinación en política macroeconómica entre los Bancos Centrales, la política fiscal y las autoridades financieras, y a que la macroeconomía priorice políticas de desarrollo sostenible.

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Bukele: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador, lo prefiero a que maten salvadoreños en la calle”

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El presidente salvadoreño carga contra las organizaciones de derechos humanos y la prensa en su discurso anual al país

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como colofón a su más reciente embestida autoritaria, dejó claro este domingo que no le importa que los medios o la comunidad internacional lo llamen “dictador” y se dedicó durante 80 minutos en cadena nacional a atacar a las voces críticas dentro y fuera del país. “A los medios internacionales, ¿saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle. Cuando agarro el teléfono veo que dicen: ‘dictador, dictador, dictador’. Prefiero eso a leer: ‘asesinato, asesinato, asesinato”’.

Rodeado de un imponente operativo militar y policial, Bukele entró al Teatro Nacional por la alfombra roja frente a miles de salvadoreños y dio un discurso en lugar de la rendición de cuentas que está obligado por ley a dar cada año. Este es el primer discurso que Bukele da en su segundo periodo presidencial, excediendo los cinco años que establece la constitución. Este es un hito histórico en El Salvador, ya que el último presidente en reelegirse fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó de 1931 a 1944.

El mandatario continuó haciendo énfasis en las publicaciones periodísticas recientes y pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos que han denunciado una escalada en su autoritarismo. En el mes de mayo, en El Salvador fueron arrestadas al menos 15 personas, entre empresarios de transporte, activistas, defensores de derechos humanos y líderes campesinos. También más de una docena de periodistas ha tenido que salir del país por temor a represalias.

El perfil autoritario de Bukele se ha consolidado a lo largo de sus seis años en el poder pasando de tener un discurso fresco y moderno a uno más autócrata. Sin embargo, no le está afectando aún en su popularidad. Según la última encuesta publicada a finales de mayo por Cid Gallup, Bukele sigue teniendo más del 80% de aprobación de la población.

En su discurso, Bukele hizo referencia al índice de democracia publicado por el medio británico The Economist en febrero. En este, El Salvador aparece en el puesto 95 de 167, con una valoración por debajo del 5, donde 0 es nada democrático y 10 es muy democrático. El mandatario, en ese caso, aprovechó para compararse con España. “Me impresiona cómo países con monarquías salen mejor evaluados que nosotros. Hace unos años tuvimos como invitado al rey de España, todo un caballero, por cierto. Y nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos que quieren una monarquía. Pero, al final, es quien hace el índice y a conveniencia de quien le convenga”, dijo. En el mismo índice publicado por The Economist, España salió en el puesto 21 con un puntaje de 8,13.

“Algunos dicen que antes había democracia en El Salvador y ahora no. ¿Han leído eso, verdad? Pero lo cierto es que antes se podía elegir entre lo malo y lo peor. El que diga que no es así es porque esa era su fuente de ingresos. Los únicos que lo dicen son los que no conocen o los que vivían de eso”, añadió.

El mandatario aseguró que las recientes críticas a sus medidas punitivas y la persecución a activistas son parte de una “agenda globalista que tiene miedo a un efecto dominó”. “Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene inmunidad. Ahora algunos se pusieron el carné de perseguidos políticos. Ser periodista del club les permite infringir la ley sin consecuencias”, dijo.

“Ellos no están ahí para defender causas, están ahí para conseguir impunidad de la corrupción y del crimen para sus miembros. Ellos quieren imponer su narrativa, lo cual hacen todos los partidos políticos del mundo”, añadió.

Bukele además aseguró que la cobertura periodística internacional se trata de un “ataque coordinado” y que hay “fuerzas externas” que lo patrocinan. “Ellos no son periodistas, son activistas políticos que están haciendo negocio”, dijo.

El mandatario también aprovechó para justificar la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el pasado 20 de mayo, con la que su gobierno podrá decidir qué organización puede trabajar en El Salvador y cuál no, además de cargar con un 30% de impuestos sobre sus ingresos a quienes él mismo decida. “Creo que (la supuesta injerencia extranjera) debería estar prohibida en todos los países del mundo. Pero aun así la vamos a permitir. Lo único que le vamos a pedir es que paguen sus impuestos”, dijo.

Además, aseguró que las organizaciones de ayuda humanitaria estarán exentas de ese impuesto, pero las que realicen actividades “políticas” deberán pagar. La ley establece que será el mismo presidente quien defina los “conceptos” de la ley, es decir, que será él quien determinará lo que significa hacer política o no.

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El presidente Gabriel Boric a favor del aborto

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Agencia AP

Santiago de Chile, Chile.-El presidente chileno, Gabriel Boric, defendió el domingo ante el parlamento el envío de un proyecto que buscará legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, al rendir la última cuenta pública de su gestión.

“Hemos ingresado el proyecto de ley que termina con la ilegalidad del aborto. Por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales. Son miles de mujeres al año, aunque no las quieren ver”, afirmó el mandatario.

El gobierno envió el miércoles al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo, en un país que desde 2017 sólo permite la interrupción del embarazo por tres causales: riesgo de vida del feto o de la madre y embarazo producto de una violación.

Mientras Boric defendía el acceso a ese derecho se escucharon gritos en el recinto parlamentario de parte de personas que se oponen a la despenalización del aborto.

Uno de los diputados críticos, Eduardo Durán, se levantó de su puesto con una pancarta que decía: “Abortar es derramar sangre inocente”.

El mandatario respondió: “Esta diversidad que se expresa hoy día en el parlamento tiene que analizarse de manera civilizada, discutiendo, no vetando la discusión y no negándole el derecho de las mujeres a decidir”.

“Son muy pocas las (mujeres) que tienen los recursos y contactos para poder hacerlo (abortar) de manera segura y la gran mayoría camina por la cornisa sin saber si lo que pagaron a escondidas va a resultar o si deberán enfrentar dolores, urgencias y hasta poner en riesgo su propia vida», agregó. «Temen desangrarse y muchas llegan de todas formas a urgencias venciendo el miedo”.

Boric dijo que instruyó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a elaborar y presentar un proyecto de ley para regular y facilitar la fertilización asistida.

El jefe de Estado chileno comenzó su rendición de cuentas hablando sobre seguridad ciudadana e instó a los congresistas a avanzar en una ley que levante el secreto bancario para “perseguir la ruta del dinero del crimen organizado”.

“No se puede, señores congresistas, pedir en la mañana más persecución contra el crimen organizado y votar contra el secreto bancario en la tarde”, expresó.

En la misma materia, Boric destacó el descenso del 48% de la migración irregular, la destrucción de más de 67.000 armas y “el descenso significativo de la violencia en la Macrozona Sur”, conformada por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y que abarca el territorio ancestral de los pueblos originarios del país, en especial los mapuches.

En los últimos 25 años se ha registrado allí un aumento en el nivel de violencia, con centenares de atentados incendiarios, robos, ocupaciones y daños a la propiedad privada, que alcanzó su pico entre 2021 e inicios de 2022, lo que llevó a las autoridades a decretar el estado de excepción, una medida que permite el despliegue de fuerzas militares y sigue vigente hasta el momento.

Boric también condenó en su informe lo que llamó “los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza” y anunció su apoyo a las iniciativas que buscan prohibir la importación de productos elaborados “en territorios ilegalmente ocupados” por Israel.

Instruyó a la titular de Defensa a diversificar la relaciones comerciales en materia de defensa, según dijo, para poner fin a la influencia israelí, al tiempo en que mostró su respaldo a la propuesta española de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel.

El mandatario chileno rechazó asimismo lo que calificó como “la guerra de agresión desatada por Rusia frente a Ucrania”, “el fraude electoral de la dictadura venezolana”, “la represión y el silenciamiento de la digna oposición de la dictadura familiar de Nicaragua” y “la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene a algunos políticos chilenos encandilados”.

“Les recuerdo que, por muy popular que un mandatario sea, sustancialmente, desconocer las reglas democráticas y retroceder en derechos y libertades siempre termina costando caro”, advirtió.

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Multan con más de 1,8 millones de dólares a inmigrante hondureña por no acatar orden de deportación

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La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años

Una inmigrante hondureña que vive en Estados Unidos desde hace décadas enfrenta una multa civil de 1.821.350 dólares, luego de no haber salido del país tras recibir una orden de deportación en abril de 2005, informó CBS News.

La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años.

Multa amparada en ley poco utilizada
La mujer, de 41 años y madre de tres hijos, fue multada bajo una disposición poco aplicada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Según su abogada, Michelle Sánchez, la orden de deportación se emitió luego de que la inmigrante no se presentara a una audiencia judicial en 2005.

En 2024, Sánchez solicitó la reapertura del caso, argumentando que su clienta reúne los requisitos para optar a la residencia legal, debido a su larga permanencia en el país y su historial sin antecedentes. También sostuvo que la deportación causaría “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” a sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses.

“ICE está aterrorizando a las personas”
La abogada denunció que ha observado un aumento en la emisión de multas similares contra otros inmigrantes, aunque nunca había visto una de esta magnitud.
«ICE está aterrorizando a las personas sin necesidad de detenerlas. Las están amenazando con multas tan altas que muchos no ganarán esa cantidad ni en toda su vida», declaró Sánchez.

La notificación entregada a la mujer indica que la multa puede ser impugnada y que tiene derecho a solicitar una entrevista personal para presentar su caso.

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