Santo Domingo, RD.-Dadoky Duarte, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Sánchez Ramírez, guardó silencio ayer, tras escuchar el fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que lo condenó a tres meses de prisión suspendida y al pago de una multa de 3,500 pesos.Nacionales
Diputado perremeísta calla ante condena por agresión a la autoridad
Santo Domingo, RD.-Dadoky Duarte, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Sánchez Ramírez, guardó silencio ayer, tras escuchar el fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que lo condenó a tres meses de prisión suspendida y al pago de una multa de 3,500 pesos.Los jueces de la sala penal de la Suprema encontraron al legislador culpable de rebelión, ultraje y violencia contra la autoridad pública, en perjuicio de la raso de la Policía Nacional, Disleidy Heredia Figueroa y el fiscal Francis Alberto Valerio Martínez, en un incidente ocurrido en Cotuí en diciembre del 2020. “El no va a hablar, él no va a hablar”, expresó reiteradamente su abogado Valentín Medrano a la salida de la sala de audiencia, quien a su vez, informó, que convocarán a una rueda de prensa pero que él será el vocero del legislador.
Dijo que respetan la decisión de la SCJ, pero que la recurrirán, por ser contradictoria.
“Vamos a recurrir, por qué vamos a recurrir, porque muchas de las cosas que se dijeron no son las importantes, sino las que no se dijeron, como las contradicciones”, precisó.
Ayer, la corte penal de la SCJ dispuso que la pena de los 3 meses de prisión quedará sujeta al cumplimiento de la condición de abstenerse de visitar los lugares donde frecuenten las víctimas. Advirtió que de incumplir esa regla será ejecutada la prisión. El cumplimiento de la pena impuesta deberá ser administrada por juez de la ejecución ordinario.
La sentencia fue aprobada a unanimidad por los jueces Francisco Jerez Mena, presidente de la Sala Penal, Frank Soto y Francisco Ortega Polanco.
Al motivar el fallo en la audiencia, el juez Jerez Mena indicó que la pena de tres meses de prisión suspendida es la que resulta justa y razonable.
“Ha quedado demostrado la culpabilidad por ultraje y la violencia contra la autoridad pública y debe ser condenado”, sentenció la segunda sala de la SCJ.
La Suprema estableció que hubo una amenaza haciendo uso el legislador de su posición política. También, determinó que incurrió en violencia sin arma de fuego, al darle una bofetada a la raso, por lo que consideró que el imputado tuvo la intención de cometer el hecho.
La SCJ halló culpable al legislador de violar los artículos 209, 212, 224 y 230 del Código Penal, que sancionan los delitos de rebelión, ultraje y violencia contra la autoridad pública.
La lectura integra de la sentencia número SCJ-SS-22-1191, fue fijada para el 15 de noviembre, a las 11 de la mañana. Los jueces ordenaron la notificación de la sentencia a la Cámara de Diputados.
Violencia de género
En el caso de la raso, a quien el diputado le dio una bofetada, la Suprema determinó que no hubo violencia de género, porque no fue una acción misógina.
La raso se querelló el 28 de diciembre de 2020 contra el diputado por agresión, luego retiró la querella, pero el Ministerio Púbico continuó la acción.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.