Santo Domingo, RD.-Funcionarios nombrados y electos en órganos del Estado tienen solo 30 días para presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, pero a pesar de lo que establece la Ley 311-14., no han cumplido con esa disposición unos 4,463 de ellos no han cumplido con su deber sin que se le aplique alguna sanción.Nacionales
Miles de perremeístas y peledeístas no han presentado declaración jurada
Santo Domingo, RD.-Funcionarios nombrados y electos en órganos del Estado tienen solo 30 días para presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, pero a pesar de lo que establece la Ley 311-14., no han cumplido con esa disposición unos 4,463 de ellos no han cumplido con su deber sin que se le aplique alguna sanción.De los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo, 72 deben presentar su declaración por primera vez; a 7 les corresponde actualizar los datos y 463 cesaron sus funciones.
Apenas a los once días del presidente Luis Abinader haber asumido el poder, dijo que los funcionarios que no declaren su patrimonio a más tardar el 15 de septiembre del 2020 serían suspendidos.
El 27 de noviembre del mismo año fueron suspendidos 37 funcionarios, sin embargo aunque el mandatario hizo el intento de dejar un precedente, algunos servidores públicos hicieron caso omiso y todavía, nueves meses después no han declarado su patrimonio.
Dentro de los funcionarios activos y en cese de funciones se encuentran 358 alcaldes, 283 vicealcalde, 1,425 regidores, 1,411 vocales municipales, 373 subdirectores municipales de los ayuntamiento de Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Arenoso, Azua de Compostela, Bajos de Haina, Bánica, Santa Cruz de Barahona, Bayaguana, Boca Chica, Bohechio, Bonao, Cabral,Cabrera, Gambita Garabitos, Castañuelas, Castillo, Altamira, Cayetano Germosén, Cevicos, Comendador, Constanza, Consuelo, Cotuí, Dajabón, Duvergé, El Peñón, Enrriquillo, Esperanza, Estebanía, Fantino, Fundación, Galván, Gaspar Hernandez, Guananico, Santiago de Los Caballeros, entre otros.
Los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo que deben presentar su declaración jurada por primera vez son, Catalino Correa Hiciano, Contralor General de La República; Luis Rafael Delgado Sánchez; Tesorero Nacional y Francisco García Núñez, subdirector del Plan de Asistencia Social de La Presidencia.
También Juan Feliz Borg Gil, Jorge Nicolás Cordero Pache, cónsules de la República Dominicana en Valencia y Sevilla, España respectivamente.
De igual forma Ángelo Rodriguez, Máximo Arismendy Aristy Caraballo, Junior Contreras miembro del Consejo de Administración de Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), y así continúa la larga lista.
Pero ¿que establece la ley en cuanto a las sanciones a los funcionarios que no cumplen con esta obligación? ¿Y por qué hasta la fecha son tantos los que no la han aplicado sin ninguna sanción?
El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtemperar dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública.
Dicha legislación establece que las faltas de tercer grado de un funcionario conllevan a su destitución y quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por cinco años, contados a partir de la fecha de notificación del despido, sanciones que no se han cumplido con ninguno de los antes mencionados.
Legisladores
A pesar de que la atención ha estado centrada en los funcionarios que, designados por Abinader, no han entregado a la fecha su declaración jurada de bienes, dentro del Congreso Nacional nueve diputados actuales y más de 40 antiguos, aun no cumplen con este mandato constitucional.
Los diputados Félix Hiciano, Eugenio Cedeño, Miguel Cabrera, Geraldo Vargas y Altagracia Gerónimo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Eddy Montás, y Yenrry Acosta, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Lourdes Aybar, de la Fuerza del Pueblo, aún no entregan sus declaraciones juradas de patrimonio.
A estos nombres se le suma también el de Dulce Mercedes Quiñonez, legisladora que asumió el cargo el pasado 10 de noviembre en sustitución de Josefa Castillo, quien está designada como la superintendente de seguros.
El resto de los diputados, que asumieron sus cargos el pasado 16 de agosto, se mantienen desde entonces cumpliendo funciones sin ningún tipo de sanción. Ni la Cámara de Cuentas, ni el Consejo de Disciplina, organismo a cargo de “conocer y sancionar las faltas cometidas por los diputados en ejercicio”, han tomado acciones al respecto.
El pasado mes de septiembre, la Cámara de Cuentas extendió el plazo para que más de 50 diputados pudieran entregar su declaración jurada de bienes, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, permitió a los legisladores retirarse de sus obligaciones laborales para hacer el depósito.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.