Santo Domingo, RD.-Funcionarios nombrados y electos en órganos del Estado tienen solo 30 días para presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, pero a pesar de lo que establece la Ley 311-14., no han cumplido con esa disposición unos 4,463 de ellos no han cumplido con su deber sin que se le aplique alguna sanción.Nacionales
Miles de perremeístas y peledeístas no han presentado declaración jurada
Santo Domingo, RD.-Funcionarios nombrados y electos en órganos del Estado tienen solo 30 días para presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, pero a pesar de lo que establece la Ley 311-14., no han cumplido con esa disposición unos 4,463 de ellos no han cumplido con su deber sin que se le aplique alguna sanción.De los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo, 72 deben presentar su declaración por primera vez; a 7 les corresponde actualizar los datos y 463 cesaron sus funciones.
Apenas a los once días del presidente Luis Abinader haber asumido el poder, dijo que los funcionarios que no declaren su patrimonio a más tardar el 15 de septiembre del 2020 serían suspendidos.
El 27 de noviembre del mismo año fueron suspendidos 37 funcionarios, sin embargo aunque el mandatario hizo el intento de dejar un precedente, algunos servidores públicos hicieron caso omiso y todavía, nueves meses después no han declarado su patrimonio.
Dentro de los funcionarios activos y en cese de funciones se encuentran 358 alcaldes, 283 vicealcalde, 1,425 regidores, 1,411 vocales municipales, 373 subdirectores municipales de los ayuntamiento de Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Arenoso, Azua de Compostela, Bajos de Haina, Bánica, Santa Cruz de Barahona, Bayaguana, Boca Chica, Bohechio, Bonao, Cabral,Cabrera, Gambita Garabitos, Castañuelas, Castillo, Altamira, Cayetano Germosén, Cevicos, Comendador, Constanza, Consuelo, Cotuí, Dajabón, Duvergé, El Peñón, Enrriquillo, Esperanza, Estebanía, Fantino, Fundación, Galván, Gaspar Hernandez, Guananico, Santiago de Los Caballeros, entre otros.
Los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo que deben presentar su declaración jurada por primera vez son, Catalino Correa Hiciano, Contralor General de La República; Luis Rafael Delgado Sánchez; Tesorero Nacional y Francisco García Núñez, subdirector del Plan de Asistencia Social de La Presidencia.
También Juan Feliz Borg Gil, Jorge Nicolás Cordero Pache, cónsules de la República Dominicana en Valencia y Sevilla, España respectivamente.
De igual forma Ángelo Rodriguez, Máximo Arismendy Aristy Caraballo, Junior Contreras miembro del Consejo de Administración de Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), y así continúa la larga lista.
Pero ¿que establece la ley en cuanto a las sanciones a los funcionarios que no cumplen con esta obligación? ¿Y por qué hasta la fecha son tantos los que no la han aplicado sin ninguna sanción?
El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtemperar dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública.
Dicha legislación establece que las faltas de tercer grado de un funcionario conllevan a su destitución y quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por cinco años, contados a partir de la fecha de notificación del despido, sanciones que no se han cumplido con ninguno de los antes mencionados.
Legisladores
A pesar de que la atención ha estado centrada en los funcionarios que, designados por Abinader, no han entregado a la fecha su declaración jurada de bienes, dentro del Congreso Nacional nueve diputados actuales y más de 40 antiguos, aun no cumplen con este mandato constitucional.
Los diputados Félix Hiciano, Eugenio Cedeño, Miguel Cabrera, Geraldo Vargas y Altagracia Gerónimo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Eddy Montás, y Yenrry Acosta, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Lourdes Aybar, de la Fuerza del Pueblo, aún no entregan sus declaraciones juradas de patrimonio.
A estos nombres se le suma también el de Dulce Mercedes Quiñonez, legisladora que asumió el cargo el pasado 10 de noviembre en sustitución de Josefa Castillo, quien está designada como la superintendente de seguros.
El resto de los diputados, que asumieron sus cargos el pasado 16 de agosto, se mantienen desde entonces cumpliendo funciones sin ningún tipo de sanción. Ni la Cámara de Cuentas, ni el Consejo de Disciplina, organismo a cargo de “conocer y sancionar las faltas cometidas por los diputados en ejercicio”, han tomado acciones al respecto.
El pasado mes de septiembre, la Cámara de Cuentas extendió el plazo para que más de 50 diputados pudieran entregar su declaración jurada de bienes, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, permitió a los legisladores retirarse de sus obligaciones laborales para hacer el depósito.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
Este programa, según la acusación, no tuvo ninguna supervisión de Senasa, por lo que la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República constató entregas de proteínas a personas que no cumplían con el rango de edad establecido en las adendas, desviando la población objetivo del programa, y en consecuencia “que se distrajeran, sin ningún control, doscientos setenta y dos millones novecientos setenta mil quinientos sesenta y dos pesos con 69/100 (RD$272,970,562.69), de los fondos de SENASA”.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
Además, de la ausencia de indicadores de resultados y trazabilidad clínica. Falta de supervisión directa por parte de Senasa durante la ejecución del programa; inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada para ofrecer servicios ambulatorios; debilidad documental en los contratos y adendas (algunas sin firma ni sello); deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
«Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim«, sostuvo Ortiz.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.