Santo Domingo, RD.-Funcionarios nombrados y electos en órganos del Estado tienen solo 30 días para presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, pero a pesar de lo que establece la Ley 311-14., no han cumplido con esa disposición unos 4,463 de ellos no han cumplido con su deber sin que se le aplique alguna sanción.Nacionales
Miles de perremeístas y peledeístas no han presentado declaración jurada
Santo Domingo, RD.-Funcionarios nombrados y electos en órganos del Estado tienen solo 30 días para presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, pero a pesar de lo que establece la Ley 311-14., no han cumplido con esa disposición unos 4,463 de ellos no han cumplido con su deber sin que se le aplique alguna sanción.De los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo, 72 deben presentar su declaración por primera vez; a 7 les corresponde actualizar los datos y 463 cesaron sus funciones.
Apenas a los once días del presidente Luis Abinader haber asumido el poder, dijo que los funcionarios que no declaren su patrimonio a más tardar el 15 de septiembre del 2020 serían suspendidos.
El 27 de noviembre del mismo año fueron suspendidos 37 funcionarios, sin embargo aunque el mandatario hizo el intento de dejar un precedente, algunos servidores públicos hicieron caso omiso y todavía, nueves meses después no han declarado su patrimonio.
Dentro de los funcionarios activos y en cese de funciones se encuentran 358 alcaldes, 283 vicealcalde, 1,425 regidores, 1,411 vocales municipales, 373 subdirectores municipales de los ayuntamiento de Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Arenoso, Azua de Compostela, Bajos de Haina, Bánica, Santa Cruz de Barahona, Bayaguana, Boca Chica, Bohechio, Bonao, Cabral,Cabrera, Gambita Garabitos, Castañuelas, Castillo, Altamira, Cayetano Germosén, Cevicos, Comendador, Constanza, Consuelo, Cotuí, Dajabón, Duvergé, El Peñón, Enrriquillo, Esperanza, Estebanía, Fantino, Fundación, Galván, Gaspar Hernandez, Guananico, Santiago de Los Caballeros, entre otros.
Los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo que deben presentar su declaración jurada por primera vez son, Catalino Correa Hiciano, Contralor General de La República; Luis Rafael Delgado Sánchez; Tesorero Nacional y Francisco García Núñez, subdirector del Plan de Asistencia Social de La Presidencia.
También Juan Feliz Borg Gil, Jorge Nicolás Cordero Pache, cónsules de la República Dominicana en Valencia y Sevilla, España respectivamente.
De igual forma Ángelo Rodriguez, Máximo Arismendy Aristy Caraballo, Junior Contreras miembro del Consejo de Administración de Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), y así continúa la larga lista.
Pero ¿que establece la ley en cuanto a las sanciones a los funcionarios que no cumplen con esta obligación? ¿Y por qué hasta la fecha son tantos los que no la han aplicado sin ninguna sanción?
El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtemperar dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública.
Dicha legislación establece que las faltas de tercer grado de un funcionario conllevan a su destitución y quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por cinco años, contados a partir de la fecha de notificación del despido, sanciones que no se han cumplido con ninguno de los antes mencionados.
Legisladores
A pesar de que la atención ha estado centrada en los funcionarios que, designados por Abinader, no han entregado a la fecha su declaración jurada de bienes, dentro del Congreso Nacional nueve diputados actuales y más de 40 antiguos, aun no cumplen con este mandato constitucional.
Los diputados Félix Hiciano, Eugenio Cedeño, Miguel Cabrera, Geraldo Vargas y Altagracia Gerónimo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Eddy Montás, y Yenrry Acosta, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Lourdes Aybar, de la Fuerza del Pueblo, aún no entregan sus declaraciones juradas de patrimonio.
A estos nombres se le suma también el de Dulce Mercedes Quiñonez, legisladora que asumió el cargo el pasado 10 de noviembre en sustitución de Josefa Castillo, quien está designada como la superintendente de seguros.
El resto de los diputados, que asumieron sus cargos el pasado 16 de agosto, se mantienen desde entonces cumpliendo funciones sin ningún tipo de sanción. Ni la Cámara de Cuentas, ni el Consejo de Disciplina, organismo a cargo de “conocer y sancionar las faltas cometidas por los diputados en ejercicio”, han tomado acciones al respecto.
El pasado mes de septiembre, la Cámara de Cuentas extendió el plazo para que más de 50 diputados pudieran entregar su declaración jurada de bienes, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, permitió a los legisladores retirarse de sus obligaciones laborales para hacer el depósito.
Santo Domingo, R.D.-El Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo envió a juicio de fondo a un profesor acusado de agredir sexualmente a una menor, de 13 años de edad, en el sector Brisa del Este en Santo Domingo Este.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este martes contra Eliezer Vargas Villamar, de aproximadamente 35 años, luego de que el tribunal determinara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte querellante son suficientes para que el proceso sea ventilado en un juicio de fondo.
Según explicó el abogado de la madre de la menor, Danilo Santo Méndez, el imputado habría aprovechado su condición de docente para manipular a la adolescente desde la Escuela Básica República de Japón, ubicada en el sector Brisas del Este.
Alerta
La situación fue descubierta en diciembre por la progenitora luego de que otra hija de cuatro años alertara sobre un presunto vínculo que el profesor mantenía con su hermana.
«La niña me dijo que su hermana tenía un novio, y por favor no se lo dijera para que no se molestara con ella», expresó.
La mujer cuyo nombre se hace reserva por temas legales, dijo que ante lo dicho procedió a revisar la tablet y vio «que tenía una conversación con el profesor y le dijo nos vemos esta noche con un signo de interrogación«.
El litigante indicó que el imputado también acudía con frecuencia a las inmediaciones de la vivienda de la familia y en ocasiones trasladaba a la menor en su vehículo.
Méndez afirmó que los delitos sexuales contra menores no tienen cabida en la sociedad, y mucho menos en los centros educativos donde los estudiantes deben contar con garantías de protección.
Añadió que existen otras víctimas de nacionalidad haitiana que no hablan por miedo a represalias ante sus estatus migratorios.
Asimismo, criticó que algunas personas vinculadas al ámbito escolar acudieran al tribunal para respaldar al imputado durante el proceso.
El hombre guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, medida que posteriormente le fue variada por garantía económica y presentación periódica.
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se colocó en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, con una puntuación de 82.17 sobre 100, convirtiéndose en el único país del continente ubicado en la categoría “Con Libertad de Expresión” dentro de la medición que evalúa la situación de estos derechos en 23 naciones de las Américas.
El informe, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y concluye que el país mejoró su desempeño respecto al año anterior, al incrementar su puntuación en 4.92 puntos y avanzar una posición en el ranking regional.
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De acuerdo con el documento, la República Dominicana obtuvo 26.40 puntos de 30 en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, 27.57 de 40 en la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y 28.20 de 30 en el indicador sobre control de medios y periodismo.
Estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil
Aunque el país encabeza el índice, el informe advierte que la estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil y enfrenta amenazas estructurales. Entre los principales desafíos señalados están la debilidad económica de los medios de comunicación, el uso discrecional de la publicidad estatal y el impacto de nuevas propuestas legislativas, como el proyecto para crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).
Los evaluadores indican que estos factores pueden generar presiones indirectas sobre la independencia editorial, en un contexto donde la inversión publicitaria migra cada vez más hacia plataformas digitales globales, reduciendo la sostenibilidad financiera de los medios tradicionales.
El documento también menciona que durante el período analizado se registraron protestas de periodistas por mayores barreras informativas, y destaca como evento relevante la celebración en Punta Cana de la 81ª Asamblea General de la SIP, donde se firmó la Declaración de Salta II, un documento que reafirma los principios de la libertad de prensa en el continente.
Panorama regional
A pesar de la posición destacada de República Dominicana, el informe presenta un panorama preocupante para el periodismo en las Américas. El promedio regional del índice descendió a 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la medición hace seis años.
El estudio advierte que ocho países se encuentran en la franja de “Alta Restricción” a la libertad de expresión citando entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela aparecen en la categoría de “Sin libertad de expresión”.
Entre los países con mejor desempeño después de República Dominicana figuran Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, todos ubicados en la categoría de “Baja restricción”, aunque con retrocesos o tensiones relacionadas con presiones económicas, judicialización del periodismo o concentración de la propiedad de los medios.
El informe concluye que el continente atraviesa uno de los momentos más difíciles para el ejercicio del periodismo, marcado por asesinatos, agresiones, exilio de periodistas, presiones económicas y restricciones legales en distintos países.
Nacionales
Defensa de maestra acusada de maltrato a niña en un colegio alega: «No era vómito, era brócoli»
Santo Domingo, R.D.-La defensa de la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de agredir a una menor en el preescolar Mi Segundo Hogar/Little Steps, afirmó este martes que no se trató de ingesta de vómito, sino trozos de brócoli, los alimentos que la niña consumía al momento de los hechos.
Al salir de la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el abogado Billy Gerónimo sostuvo que varias de las versiones que han circulado tras la difusión del video viral no se corresponden con lo ocurrido.
Según explicó, los fragmentos visibles en las imágenes corresponden a restos de brócoli que la menor habría expulsado mientras comía y que cayeron sobre su propio cuerpo.
En ese contexto, indicó que cuando la docente se inclina en el video, lo que recoge son esos mismos trozos de comida, descartando que se tratara de alimentos tomados del suelo o de un desagüe, como se ha interpretado en redes sociales.
Totalmente arrepentida
El jurista también afirmó que la profesora se encuentra «completamente arrepentida y muy avergonzada» por la situación que enfrenta, e insistió que muchas de las afirmaciones difundidas públicamente sobre el caso no se corresponden con la realidad.
El conocimiento de la medida de coerción para el 12 de marzo a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la propia defensa debido a que l instancia del Ministerio Público fue entregada hoy y relataron se encontraba incompleta.
Gerónimo detalló que el documento carecía de algunas páginas, entre ellas que medida buscaban lo que impedía conocer de manera íntegra el contenido del documento.
«El aplazamiento fue a requerimiento de nosotros porque la instancia del Ministerio Público nos la entregaron hoy. No tenemos tiempo para preparar los presupuestos y además estaba incompleta, le faltaban páginas«, indicó.
Agregó que, incluso, una de las partes faltantes correspondería al apartado donde el órgano acusador especifica qué medida de coerción está solicitando, aunque presume que se trata de prisión preventiva.