Santo Domingo, RD.-Funcionarios nombrados y electos en órganos del Estado tienen solo 30 días para presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, pero a pesar de lo que establece la Ley 311-14., no han cumplido con esa disposición unos 4,463 de ellos no han cumplido con su deber sin que se le aplique alguna sanción.Nacionales
Miles de perremeístas y peledeístas no han presentado declaración jurada
Santo Domingo, RD.-Funcionarios nombrados y electos en órganos del Estado tienen solo 30 días para presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, pero a pesar de lo que establece la Ley 311-14., no han cumplido con esa disposición unos 4,463 de ellos no han cumplido con su deber sin que se le aplique alguna sanción.De los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo, 72 deben presentar su declaración por primera vez; a 7 les corresponde actualizar los datos y 463 cesaron sus funciones.
Apenas a los once días del presidente Luis Abinader haber asumido el poder, dijo que los funcionarios que no declaren su patrimonio a más tardar el 15 de septiembre del 2020 serían suspendidos.
El 27 de noviembre del mismo año fueron suspendidos 37 funcionarios, sin embargo aunque el mandatario hizo el intento de dejar un precedente, algunos servidores públicos hicieron caso omiso y todavía, nueves meses después no han declarado su patrimonio.
Dentro de los funcionarios activos y en cese de funciones se encuentran 358 alcaldes, 283 vicealcalde, 1,425 regidores, 1,411 vocales municipales, 373 subdirectores municipales de los ayuntamiento de Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Arenoso, Azua de Compostela, Bajos de Haina, Bánica, Santa Cruz de Barahona, Bayaguana, Boca Chica, Bohechio, Bonao, Cabral,Cabrera, Gambita Garabitos, Castañuelas, Castillo, Altamira, Cayetano Germosén, Cevicos, Comendador, Constanza, Consuelo, Cotuí, Dajabón, Duvergé, El Peñón, Enrriquillo, Esperanza, Estebanía, Fantino, Fundación, Galván, Gaspar Hernandez, Guananico, Santiago de Los Caballeros, entre otros.
Los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo que deben presentar su declaración jurada por primera vez son, Catalino Correa Hiciano, Contralor General de La República; Luis Rafael Delgado Sánchez; Tesorero Nacional y Francisco García Núñez, subdirector del Plan de Asistencia Social de La Presidencia.
También Juan Feliz Borg Gil, Jorge Nicolás Cordero Pache, cónsules de la República Dominicana en Valencia y Sevilla, España respectivamente.
De igual forma Ángelo Rodriguez, Máximo Arismendy Aristy Caraballo, Junior Contreras miembro del Consejo de Administración de Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), y así continúa la larga lista.
Pero ¿que establece la ley en cuanto a las sanciones a los funcionarios que no cumplen con esta obligación? ¿Y por qué hasta la fecha son tantos los que no la han aplicado sin ninguna sanción?
El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtemperar dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública.
Dicha legislación establece que las faltas de tercer grado de un funcionario conllevan a su destitución y quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por cinco años, contados a partir de la fecha de notificación del despido, sanciones que no se han cumplido con ninguno de los antes mencionados.
Legisladores
A pesar de que la atención ha estado centrada en los funcionarios que, designados por Abinader, no han entregado a la fecha su declaración jurada de bienes, dentro del Congreso Nacional nueve diputados actuales y más de 40 antiguos, aun no cumplen con este mandato constitucional.
Los diputados Félix Hiciano, Eugenio Cedeño, Miguel Cabrera, Geraldo Vargas y Altagracia Gerónimo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Eddy Montás, y Yenrry Acosta, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Lourdes Aybar, de la Fuerza del Pueblo, aún no entregan sus declaraciones juradas de patrimonio.
A estos nombres se le suma también el de Dulce Mercedes Quiñonez, legisladora que asumió el cargo el pasado 10 de noviembre en sustitución de Josefa Castillo, quien está designada como la superintendente de seguros.
El resto de los diputados, que asumieron sus cargos el pasado 16 de agosto, se mantienen desde entonces cumpliendo funciones sin ningún tipo de sanción. Ni la Cámara de Cuentas, ni el Consejo de Disciplina, organismo a cargo de “conocer y sancionar las faltas cometidas por los diputados en ejercicio”, han tomado acciones al respecto.
El pasado mes de septiembre, la Cámara de Cuentas extendió el plazo para que más de 50 diputados pudieran entregar su declaración jurada de bienes, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, permitió a los legisladores retirarse de sus obligaciones laborales para hacer el depósito.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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