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Legisladores apoyan fallo del TC; rechazan aumento de pena para menores

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Julio César Valentín

SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana.- Legisladores de distintos partidos manifestaron este martes su apoyo al fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que ordena a la Cámara de Diputados la entrega del listado de los asesores del hemiciclo, solicitada por el ciudadano Manuel Muñoz.

La vicepresidenta de la Cámara Baja, Lucia Medina, el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, y su colega del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),  Nelson Arroyo, consideran que la decisión contribuye a transparentar la labor de la Cámara Baja.

Rechazo a aumento de pena

En otro orden, dos senadores y un diputado mostraron posiciones encontradas sobre la propuesta de aumentar la pena a los menores que cometen delitos graves, tal y como lo aprobó la Cámara de Diputados.

El senador de San Pedro de Macorís, José María Sosa, dijo que eso no resuelve ningún problema, y dijo que “así lo demuestran las estadísticas”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio César Valentín, considera que a lo que se debe atacar es al tráfico de drogas, que, según afirma, es lo que genera la violencia entre los menores, ya que son contratados para esa actividad.

Dijo que hay experiencias con el caso de Nueva York, que en vez de la pena, se atacaron otros factores.

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“En el caso de El Salvador, aumentaron la pena y los resultados ya se conocen, con los grupos de las pandillas juveniles, que han aumentado considerablemente”, dijo Valentín.

Mientras, el diputado por La Vega, Elpidio Infante, dijo que votó a favor de un aumento de la pena a los menores, y que si tiene que hacerlo, de nuevo lo hará.

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Una gran cantidad de oficinas de abogados han firmado acuerdos de culpabilidad con el Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público reveló que un total de 52 oficinas de abogados que representan imputados de delitos del crimen organizado han pactado acuerdos para aceptar su culpabilidad, cuyos procesos han sido judicializados ante los tribunales.

Al ofrecer la información en un comunicado de prensa, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina.

Indicó que, desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.

«Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente», señala el comunicado.

Indica que el Ministerio Público reconoció el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho.

Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales.

El comunicado establece que «pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente».

«Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos», afirma el documento enviado a la prensa.

Aseguró que «estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos».

Destacó que la Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han reclamado de manera permanente que se apliquen las soluciones alternas al proceso penal, una práctica que no es novedosa en el sistema acusatorio. Sobre todo, en materia de criminalidad organizada, en la que suelen ser de vital importancia para desmantelar las cabezas de las organizaciones criminales.

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Otra vez aplazada audiencia contra pastor acusado de abuso sexual a menores

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El pastor acusado de agresión sexual a menores de edad, identificado como Johan Manuel Castillo Ortega,  no pudo recibir por tercera ocasión la medida de  coerción que busca el Ministerio Público en virtud de que la audiencia para esos  fue aplazada.

La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio, aplazó la audiencia para este lunes 24 a las 12:00 del mediodía.

La decisión fue tomada a solicitud de la defensa del imputado para que el tribunal notifique la revisión de presupuesto o arraigo.

La decisión fue rechazada por familiares de las menores que alegaron se le quiere dar largas al asunto.

Abogados tras audiencias

Castillo Ortega fue acusado inicialmente de abusar de dos hermanas, de 13 y 17 años, supuestamente en el sótano de la congregación.

El pasado lunes 17 el Ministerio Público añadió otras acusaciones contra el imputado. Se trata de otras tres supuestas víctimas que denuncian que fueron violadas por el implicado, dos menores y una adulta.

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Entre mediados de octubre y noviembre debe ser escogido pleno de la JCE.

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) culminó su trabajo que le fue encomendado por cuatro años con la declaración de los ganadores de los comicios presidenciales y congresuales del pasado mes de mayo.

Mientras incineran los materiales utilizados y reciben los informes del pasado proceso, el presidente Román Jáquez Liranzo y los demás miembros Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández, Patricia Lorenzo y Sami Rafael Chami Isa se mantienen a la espera de si se mantendrán por otros cuatro años a la cabeza del órgano electoral.

Del grupo, ya Chami Isa solicitó públicamente que los cuatro miembros titulares sean “ratificados” en sus respectivos puestos debido al “gran trabajo” que realizaron los miembros durante el proceso electoral pasado.

«Entiendo que los cinco tenemos mucha oportunidad y mucha ventaja porque, como reitero, se ha hecho un muy buen trabajo a favor de la democracia», expresó Chami Isa en una declaración dada a varios medios de comunicación en el Senado de la República.

Precisamente es ese órgano del Poder Legislativo, una vez sea instalado con sus nuevos miembros el próximo 16 de agosto, que tiene la tarea de escoger o ratificar tanto a los miembros del pleno, incluido su presidente, como a sus respectivos suplentes.

A partir del inicio de ese nuevo periodo constitucional, según la Constitución, la cámara alta tiene un plazo de 60 días para realizar las rondas de entrevistas y demás métodos de evaluación, para de esa forma escoger a los cinco miembros titulares del pleno y sus suplentes; la aprobación debe darse con las dos terceras partes de la matrícula del Senado.

LOS REQUISITOS

Según lo establecido en la ley 20-23 sobre Régimen Electoral, para ser presidente (y suplente), la persona debe ser dominicano de nacimiento u origen; tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; además de ser licenciado o doctor en derecho, con al menos 12 años mínimo de ejercicio.

Mientras que para ser miembro del pleno o suplente, se requiere ser dominicano, tener más de 30 años y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; y ser graduado con título universitario y estar habilitado para el ejercicio profesional, preferiblemente en las áreas de administración o afines, informática o afines y ciencias jurídicas o afines, con ocho años mínimo de ejercicio.

Entre los miembros del pleno no puede haber vínculo conyugal, de parentesco o afinidad entre sí, hasta el tercer grado inclusive, ni con los candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, hasta el primer grado.

La ley igual indica que si aconteciere que, con posterioridad a la designación de los miembros titulares o suplentes se presentasen candidatos con el vínculo conyugal, de parentesco o afinidad, el titular o suplente afectado con esta condición cesará temporalmente en sus funciones, con disfrute de sueldo, desde el momento en que dicha candidatura sea admitida por el órgano partidario correspondiente, hasta que se declare cerrado el proceso electoral de que se trate, y sus funciones serán asumidas por el suplente correspondiente.

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