Santo Domingo, RD.-Las encuestas pagadas por los propios candidatos para aparecer como vencedores en las primarias del seis de octubre aumentan, cuya última coloca al expresidente Leonel Fernández a la cabeza de la supuesta preferencia electoral con un 69.3%, para las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por encima del aspirante del Gobierno Gonzalo Castillo, que registra un 29.4%, y Maritza Hernández, un 0.2%. El 1.1% no sabe o no responde.Nacionales
Las encuestas por encargo de los propios candidatos aumentan ante cercanía de primarias.
Santo Domingo, RD.-Las encuestas pagadas por los propios candidatos para aparecer como vencedores en las primarias del seis de octubre aumentan, cuya última coloca al expresidente Leonel Fernández a la cabeza de la supuesta preferencia electoral con un 69.3%, para las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por encima del aspirante del Gobierno Gonzalo Castillo, que registra un 29.4%, y Maritza Hernández, un 0.2%. El 1.1% no sabe o no responde.Sin embargo, hace algunos días que se publicó otra en la que aparece muy arriba Castillo, pero los resultados de la encuesta realizada por la firma Asisa Research Group, entre el 21 y el 23 de este mes, en el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), el candidato favorito para ganar las primarias con padrón cerrado es Luis Abinader, que obtendría un 78.6%, contra un 16.4% de Hipólito Mejía, y un 0.1% de Wellington Arnaud. El 4.9% no sabe.
La diferencia de la medición anterior, en agosto pasado, donde un 69% expresaba desconocer del tema de las primarias; en la encuesta de este mes el 57 por ciento afirma conocer bastante o mucho sobre el tema.
Según la encuesta encargada por el empresario Radhamés Fabián Ureña, quien es practicamente un desconocido, pero que ello forma parte de la nueva modalidad de engano al electorado, el conocimiento sobre las primarias es mayor en la provincia Santo Domingo, con un 66.6%; el Distrito Nacional, un 66.1%, y la Región Sur, un 67.8%.
En el caso del PLD, que realizará primarias abiertas, el 60% de los entrevistados expresa que es “Muy Probable” o “Algo Probable” que vote en esta contienda. Del total de la muestra el 40% expresa un alto entusiasmo de votar en estas primarias. En este contexto, el 69.3% afirma que votaría por el expresidente Fernández, el 29.4% por Gonzalo Castillo, el 0.2% por Maritza Hernandez. El 1.1% se abstiene de contestar.
En el caso del PRM, el 18% de la muestra total reportó cierta seguridad de voto en las primarias de este partido (“Muy Seguro o “Probablemente Seguro”). De este segmento, el 79% expresa que votará por Abinader, el 16% por Hipólito Mejía, menos de un 1% por Wellington Arnaud, y un 4% se abstuvo de contestar.
La encuentra incluyó un escenario hipotético donde se seleccionan las dos figuras con mayor porcentaje en sus respectivas organizaciones políticas, Leonel Fernández por el PLD y Luis Abinader por el PRM.
En este escenario, Fernández obtuvo un 53.0% y Abinader un 36%. Un 9% afirma que ninguno y un 2% se abstiene de contestar.
De todos los candidatos potenciales, el expresidente Fernández se considera el que tiene mayores posibilidades de resultar ganador con un 38.2%, seguido por Abinader con un 28%, Gonzalo Castillo con un 22.5%, y Mejía con un 4.3%.
Además Ramfis Domínguez Trujillo, quien ayer anunció su inscripción oficial a la candidatura presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), obtiene un 1.0%; Guillermo Moreno, del partido Alianza País, con un 0.2%, y Minú Tavárez, también de Aliaza País, con un 0.2%. El 5.6% se abstuvo de contestar.
La encuesta de Asisa establece que la declaración de membresía y simpatía hacia los partidos políticos incrementó en la última medición a un 55% de simpatizantes (de un 50% en la medición de agosto), un 17% de independientes (de un 35% en agosto) y un 28% de miembros (de un 15% en agosto).
Con relación a las simpatías partidistas, se visualiza un incremento de 6% en la simpatía hacia el partido de gobierno, al pasar de un 53% en agosto a un 59% este mes.
El PRM experimenta un decrecimiento de 4%, o sea, de un 36% en agosto a un 32% este mes. El resto de los partidos se mantiene en una proporción similar a la medición anterior, o sea, de aproximadamente un 8 por ciento, incluyendo la no respuesta.
El PLD se mantiene como partido mayoritario con un 66% de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, congresionales y municipales de 2020, mientras el PRM alcanza un 28%, el PRD un 1.3%, y el PRSC un 1.0%.
Mientras que dentro de las figuras políticas, la encuesta destaca a la vicepresidenta Margarita Cedeño por el nivel de favorabilidad de un 58%. El presidente Danilo Medina y el expresidente Fernández obtienen un nivel de favorabilidad de un 52%, cada uno. El 48% de los entrevistados tiene en una opinión favorable hacia Gonzalo Castillo y la misma proporción hacia Abinader. Guillermo Moreno alcanza un 21% de favorabilidad, Hipólito Mejía un 29% y Ramfis Trujillo un 18%.
El estudio fue realizado entre el 21 al 23 de septiembre del presente año, con una muestra de 1,481 electores dominicanos con representatividad a nivel regional, utilizando técnica de encuestas presenciales en hogares (cara a cara) y un método de muestreo polietápico ultra disperso, con un margen de error +/- 2.3% y nivel de confianza de 95%.
A nivel del hogar se reproduce de manera representativa el universo de votantes en edad, género y zona de residencia, así como plataformas híbridas para asegurar poblaciones de difícil acceso.
Posicionamiento. Asisa afirma que desde 1988 se ha posicionado como una de las principales firmas en el sector de investigación de mercado y opinión en la Región del Caribe, Centro América y los Estados Unidos.
Certificación JCE. En estudios sociopolíticos, Asisa ha realizado publicaciones en numerosos sondeos electorales en la República Dominicana. Cuenta con la certificación requerida por la Junta Central Electoral: REES-2019- 04-001.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.