Opinión
Leonel arroja leña al fuego nacional
Por Juan Bolívar Díaz
El discurso con que el expresidente Leonel Fernández trató de justificar el inmenso déficit fiscal en que terminó su Gobierno constituye una autoincriminación al revelar su desprecio por la Constitución de la República y todo el sistema normativo del manejo de las finanzas públicas.
La pieza fue inoportuna, ya que subestimó la inteligencia de los dominicanos y echó combustible sobre la indignación generada por el déficit estimado en 187 mil millones de pesos y el paquete fiscal que busca conjurarlo, contribuyendo a mantener un movimiento de protestas que afecta el inicio del Gobierno de Danilo Medina.
Agita la indignación. Si el doctor Leonel Fernández no subestimara la capacidad de razonar de la mayoría de los dominicanos se habría economizado el discurso que pronunció el martes 13, que solo operó como un balde de combustible sobre el fuego de la indignación nacional por el inmenso abuso de las finanzas públicas implicado en el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos con que entregó el Gobierno.
Fue un discurso inoportuno en momento en que el presidente Danilo Medina salía del país y que solo serviría para incentivar un movimiento de protestas sin precedentes y un rechazo generalizado en todos los sectores sociales que el Gobierno ha manejado con discreción esperando que baje la marea que ha afectado su arranque.
Es que resulta imposible justificar un gasto que superó más de ocho veces los RD$22,500 millones que el Congreso Nacional le había autorizado como déficit en la Ley de Presupuesto aprobada para el año en curso, criticado por los analistas económicos y políticos, el empresariado y los más variados sectores sociales, además de la dispersa y condicionada oposición política, y cuando su propio ministro de Economía durante ocho años, Temístocles Montás, había proclamado al presentar el ajuste que “las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit”.
Ni un solo economista, articulista o analista independiente, ni tampoco algún dirigente empresarial o social había avalado el discurso hasta ayer sábado, aunque el doctor Fernández había obtenido el apoyo del Comité Político de su partido, parte del Comité Central y de 105 diputados, mientras indignados manifestantes acosaban “como cuerpo del delito” su Fundación Global. Los reclamos de sanción por el déficit se extendieron en el país y en ciudades de Estados Unidos y Europa, atrayendo la atención de importantes medios de comunicación, resaltando la CNN que le ha dedicado horas, cuestionando los niveles de corrupción imperantes, citando el Foro Económico Mundial que le atribuye la peor evaluación entre 144 países.
Múltiples manipulaciones. El discurso de Leonel Fernández estuvo fundado en múltiples manipulaciones de cifras y circunstancias, al extremo que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien lo fuera también en sus 12 años de Gobierno, hubo de precisar que no fueron 49 mil millones de pesos los que recibió esa institución este año para cubrir sus obligaciones financieras, sino tan solo 11 mil millones, una diferencia de 38 mil millones. Aunque la Ley de Presupuesto le asignó 23 mil 783 millones de pesos.
Pero la más grosera manipulación fue el tratar de equiparar el déficit fiscal incurrido por Fernández, sin prioridad, planificación ni transparencia y decidido por él solo, con los déficits fiscales de Estados Unidos, Europa o Japón, que son planificados y aprobados por el Congreso. Llegó al extremo de citar el riesgo del “abismo fiscal” que afrontaría el Gobierno norteamericano desde enero, justo cuando el presidente Obama negocia acuerdos con el Congreso, porque él solo no puede pasarse con un dólar sin exponerse a un juicio político. En ningún país donde se respete el orden institucional se le ocurre a un Presidente pasarse ocho veces del déficit aprobado en una ley de presupuesto y menos porque necesite ganar una elección o sembrar para volver.
Por demás, Fernández pretende ignorar que los graves problemas económicos de España, Portugal, Grecia, Italia, son preponderantemente fruto de los déficits fiscales acumulados, los que en los últimos 6 años de su gobierno alcanzan 400 mil millones de pesos. Trató de justificar el déficit en la caída este año de las recaudaciones, cuando las mismas se han elevado en 15% en relación al año pasado, con un incremento de 42 mil millones de pesos, al pasar de 279 mil millones a unos 321 mil millones. La reducción es en relación a un presupuesto que desde antes de su aprobación fue denunciado como sobrestimado en ese renglón y subestimado en el déficit del sector eléctrico, al que se destinó apenas US$270 millones, cuando en el 2011 pasó de US$900 millones y este año se proyecta en US$1,270 millones.
Leonel se auto incriminó. El doctor Leonel Fernández se auto incriminó al admitir que incurrió en un déficit de 187 mil millones de pesos, cuando solo tenía autorización legal para 22,500 millones. Como cuenta con la fidelidad del Ministerio Público y de las cortes judiciales, se considera por encima de la Constitución y de todo el sistema legal que pauta la disposición y fiscalización de las finanzas públicas. Asume lo público como privado al plantear que “Cuando alguien compra ¨fiao¨ o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda”
Participación Ciudadana recordó que el artículo 236 de la Constitución establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, y citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”.
Entre las leyes que pudieron ser violadas PC señala las Orgánica del Presupuesto, de Contabilidad Gubernamental, del Sistema de Administración Financiera del Estado, la de Planificación de la Inversión Pública, de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la de la Contraloría General, de Crédito Público y las de los ministerios de Hacienda y de Economía. Además la de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y la de Función Pública.
El argumento de que el déficit fue por la reducción del ingreso presupuestado (11 por ciento) se cae cuando se cuantifica un incremento del gasto que según Bernardo Vega montaría a 144 mil millones de pesos, 43 por ciento más que en el 2011, y con 100 mil millones de pesos más de lo presupuestado más de la mitad en inversión para su gloria personal de inaugurar decenas de obras, muchas de las cuales todavía requieren recursos para ponerlas en operación, incluyendo emblemáticas como la segunda línea del Metro, el Merca Santo Domingo, o el Instituto Tecnológico Superior. Hasta agosto, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó 145 por ciento de su presupuesto de todo el año, y el de la Presidencia 105 por ciento. La deuda pública se incrementó en 1,278.4 millones de dólares (7.3 por ciento) solo en el trimestre julio-septiembre pasado.
Con el agravante de la premeditación, ya que el doctor Fernández avisó en septiembre de 2011, en Nueva York, que se proponía gastar 40 mil millones de pesos para asegurar el triunfo electoral de su partido este año. Lo que no dijo es cuánto consumiría para volver a la presidencia en el 2016. Se ha documentado que el 60 por ciento del gasto excesivo ocurrió entre el 21 de mayo y el 16 de agosto. En el proceso quedó evidente que se desarrollaban dos campañas electorales del mismo partido de Gobierno.
Fue notable que Leonel Fernández no se refiriera a las acusaciones de malversación y corrupción.
Una penosa subestimación
Ya hace años el presidente Fernández había dicho que su oposición política carecía de capacidad para conceptualizar, pero con el tiempo parece haberlo extendido a la generalidad de los dominicanos, como puso de manifiesto en los siguientes aspectos:
1.- Pretendió justificar el paquete tributario en el consenso nacional de años sobre la necesidad de una “reforma fiscal integral”, citando los reclamos del CONEP, cuando es precisamente por no reunir integralidad y por considerársele un nuevo parche fiscal, que el empresariado y todos los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) lo han rechazado.
2.- Equiparó el “pacto fiscal” dispuesto por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que, según la misma, debería lograrse por consenso en el desestimado CES, con la imposición al vapor de la mayoría congresual de su partido.
3.- Comparó la presión fiscal dominicana con la de los países desarrollados, donde el estado de bienestar ofrece servicios de calidad en agua potable, energía, educación, salud, pensiones y seguridad ciudadana que el Estado dominicano no ofrece y tienen costo adicional para los usuarios. Citó el artículo 36 de la END tratando de justificar la celeridad del parche tributario, aunque el mismo indica que “en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria”.
4.- Citó muy parcialmente las recomendaciones del FMI del 13 de diciembre del 2011 que incluían “medidas de ajuste equivalentes a 3.5 por ciento del PIB”, equiparándolo con mayores tributos, cuando puede ser también por vía de la reducción del dispendio y la corrupción como reclama la sociedad.
Algunos datos de gestión económica
• Los ingresos fiscales crecieron de 128 mil a 321 mil millones de pesos entre el 2004 y 2012, un 151 por ciento.
• Del 2006 al 2012 los ingresos crecieron 69 por ciento pero el gasto 150 por ciento.
• La deuda pública total casi se duplica de US$13,322 millones en 2005 a US$25,890 millones en 2012.
• Las exportaciones crecieron 40 por ciento de 2004 al 2011, pero las importaciones se incrementaron en 121 por ciento.
• Entre el 2003 y 2007 se acumuló un déficit fiscal de 18,284 millones de pesos, con promedio anual de 3,657 millones; del 2008 al 2012 fue de 394, 861 millones de pesos, promedio anual de 78,861 millones de pesos.
• La deuda del Banco Central pasó de 85 mil 600 millones de pesos en 2004 a 267 mil millones de pesos en 2012, creciendo en 181 mil 600 millones de pesos, un 212 por ciento.
Fuentes: Fernando Alvarez Bogaert, HOY, 14 de Noviembre. El último dato es de la Comisión Económica del PRD.
Por Nelson Encarnación
En el año 2003, en los preparativos para invadir Irak, la administración de George W. Bush lanzó la narrativa de que Saddam Hussein disponía de un vasto arsenal de armas de destrucción masiva que le convertía en un peligro “inminente y real” para el mundo.
Esa propaganda se difundió como guion de cine por todo el planeta, replicado masivamente por los medios de comunicación estadounidenses y de una parte importante de los países europeos, sin que ninguno de ellos pusiera en práctica el abc del periodismo serio: la verificación y la contrastación de los hechos.
Al lanzarse la ocupación que depuso el régimen iraquí, los propios invasores buscaron por todos los rincones del país árabe y no encontraron más que armas convencionales, es decir, tanques, cañones, fusiles, lanzacohetes, etc., y nada de “destrucción masiva”, entendido este término como elementos susceptibles de aniquilar a poblaciones enteras.
Fue una vagabundería redonda que medios de desinformación y alabarderos de los Estados Unidos repitieron sin cesar, pese a que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) aseguraba, de manera precisa y rotunda, que no existían dichas armas.
Más de 22 años después, los mismos actores y los mismos mentirosos montan la misma narrativa y la misma propaganda, esta vez con Irán como blanco de la manipulación.
Nuevamente la OIEA asegura que ha inspeccionado las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, habiendo determinado que el proceso solo alcanza para el desarrollo nuclear con fines pacíficos, es decir, producción de energía eléctrica, cuestiones médicas y otros usos no letales.
La información que analizó la OIEA fue concluyente en el sentido de que Irán no está desarrollando armamento nuclear, a pesar de que el director de esa agencia, el argentino Rafael Mariano Grossi, es un comprobado agente pro Israel, que según se especula proporcionó a los servicios de inteligencia israelíes la ubicación del edificio de reunión de los científicos iraníes.
Esto puede explicar la efectividad del bombardeo de la noche del viernes 13 de junio que mató a varios de ellos junto con oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas persas.
Es con base a la repetición del guion de 2003 que Israel abrió una guerra con el país persa que se sabe ha comenzada, pero que nadie conoce sus resultados al final.
Por Rommel Santos Díaz
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto de Roma y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la CPI o su comparecencia voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de las cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.
La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podra celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar lo caargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:
- a)Haya renunciado a su derecho a estar presente; o
- b)Ha huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la CPI e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para confirmarlos.
En ese caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia.
Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:
- a)Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y
- b)Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la audiencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de la revelación de información a los efectos de la audiencia.
Antes de la audiencia el fiscal podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse los cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.
En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio.
En la audiencia el imputado podrá:
- a)Impugnar los cargos;
- b)Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y
- c)Presentar pruebas.
La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea su determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:
- a)Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;
- b)No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;
- c)Levantara la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación con un determinado cargo; o modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia de la CPI.
La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstara para que el Fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas adicionales.
Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Roma para confirmarlos.. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia , podrá retirar los cargos.
Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal
Una vez confirmados los cargos de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Roma, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que , con sujeción a los dispuesto en el presente artículo y en el artículo 64, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento
Rommelsantosdiaz@gmailcom.
Por Narciso Isa Conde
Con Jorge Mera entró también un buen continente de la mafia agrícola y sectorial del gobierno Hipólito Mejía, que reforzó la vieja mafia peledeista y balaguerista de ese ministerio.
Una cosa que muestra lo mal que anda un Ministerio importante e incluso un gobierno y un partido que se las pasa haciendo profesión de fe de transparencia, es a qué tipo de funcionarios le rinde honores.
Ha pasado así en los Gobiernos de Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo9 y Abinader.
En días pasados, bajo el título de homenaje al “legado de Orlando Jorge Mera”, en un acto auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el nuevo ministro, el gobierno de Abinader y el PRM exaltaron la memoria del ex ministro fallecido, en ocasión de otro aniversario de su asesinato.
A Jorge Mera lo asesinó un personero de la corrupción asociado y protegido inicialmente por él… hasta que las desmedidas exigencias del truhan lo obligaron a incumplir el pacto y eso provocó la ira de su asesino.
Jorge Mera no tenía ni méritos en la materia ni experiencias para desempeñar ese cargo. Su designación obedeció al reparto de cuotas decidido por Abinader para complacer las diferentes facciones del PRM, al estilo histórico del PRD.
Con Jorge Mera entró también un buen continente de la mafia agrícola y sectorial del gobierno Hipólito Mejía, que reforzó la vieja mafia peledeista y balaguerista de ese ministerio.
De ahí las innumerables violaciones a las áreas protegidas, las prácticas delictivas de granceros y areneros, los venenos esparcidos, la destrucción de manglares, la minería destructiva y los numerosos delitos ambientales impunes.
Jorge Mera designó en un cargo relevante al comunicador Guillermo Gómez, con la misión de crear una nómina paralela de botellas y nuevos enclaves mafiosos.
El historial de Guillermo Gómez, vinculado familiarmente a Jorge Blanco y protegido por él y por el PRD luego de sus andanzas con el generalato asesino de Balaguer, no admite complacencia.
Guillermo Gómez fue premiado por el jorgeblanquismo, luego de prestar “valiosos” servicios al régimen de terror y latrocinio presidido por Balaguer.
El impacto del asesinato de Jorge Mera en el contexto de su espuria relación con Miguel Cruz y la posterior designación de Ceara Hatton, forzaron a su desplazamiento y a la cancelación de una parte de la nómina pervertida de ese ministerio. Pero Gómez siguió recibiendo el apoyo de las altas esferas de poder de la vieja guardia perredeista del PRM y de sus enclaves militares para cosas peores.
Quedó impune y volvió a lo suyo, como siempre.
Guillermo Gómez ya había traspasado a su hijo Jochy conexiones y responsabilidades mafiosas, incluida las militares, las del negocio digital naranja y la de Mike Pompeo, el más “troglo” de los capos de la CIA.
Su heredero siguió administrando fiesta de millones…hasta pasarse de la raya con la estafa de los semáforos y los pactos turbios en materia de espionaje con el Ministerio de Defensa, todavía pendiente de juzgar.
La historia es de una impunidad tras otras y viejos y nuevos delitos se suceden en medio de los temores a la capacidad de chantaje de los grandes beneficiarios de las asociaciones delictivas público-privadas y de los homenajes al legado de complicidades y protecciones de presidentes y ministros que pregonan transparencia mientras encubren grandes delitos.
La fuerza que evidentemente debilita los procesos que implican a los Gómez y a Hugo Beras procede de complicidades que generan un enorme poder de chantaje, con más razón cuando una parte de los delitos se relacionan con las espurias entrañas de las labores de inteligencia oficial y espionaje público-privado bajo el paragua de la CIA y sus agentes en el Estado dominicano.