Nacionales
Ex-presidente Fernández dice confía en la JCE y en el buen criterio de sus jueces.
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El aspirante presidencial Leonel Fernández expresó que confía en la Junta Central Electoral (JCE) y que en la recta final del proceso de cara a las primarias del domingo no quiere transmitir un mensaje de desconfianza hacia el órgano arbitral.
El ex-jefe de Estado agregó que confía en el buen criterio de los magistrados de la JCE.
Dijo que el hecho de aumentar de 10% a 20% la muestra en el nivel presidencial es una indicación de que su criterio empieza a ser escuchado, pero que él preferiría que fuese más amplia. El expresidente había pedido que el conteo manual se hiciera con el 50% de las mesas.
“Lo que hemos querido es dotar de mayor seguridad el proceso, porque este es un proyecto piloto que si resulta bien se aplicaría en las elecciones del 2020; si se ha establecido un mecanismo de votación electrónica y votación física ¿para qué se hace? Se entiende que si no es para contar directamente, por lo menos es para cotejar”, subrayó.
Sostuvo que a los actores políticos hay que tomarlos en cuenta en sus reclamos, siempre que sean razonables y se apoyen en las propias decisiones. “La Junta no se ha negado a hacer el cotejo, lo que está es limitando su alcance, pero no voy a entrar en una discrepancia, dar una impresión de desconfianza. No es nuestra intención”, expresó.
Fernández agregó que ante el reclamo de ampliar la muestra, esta debe ser aleatoria no predeterminada. “No es que me digan hoy cuáles mesas van a ser, no; si es aleatoria, no puede ser predeterminada, entonces esa muestra estaría mejor representada si se amplía, pero no soy yo quien decide eso, nosotros apelamos al buen juicio, a la razón, al sentido común, porque la gente se cuestionará: pero si yo deposité mi voto ahí, cómo es que no lo cotejan”, sostuvo.
Explicó que el método que conoce lo vivió cuando fue observador electoral en Venezuela, que fue el primer país que estableció el voto electrónico comprobado con el voto físico, y dijo que en esa ocasión se contaron los votos físicos.
“El cuestionamiento mío es para qué sirve depositar eso en la urna si no se va a contar o cotejar; el voto es electrónico, no estamos cuestionando eso, porque como que salió la idea de que queremos que el conteo sea físico, y no es eso, el conteo es electrónico, pero se confirma con lo físico y esa confirmación equivale a un cotejo. Es que yo pueda armonizar, es que yo pueda establecer esa sintonía, esa convergencia que existe, me parece que es de sentido común”, consideró.
Ante los cuestionamientos al criterio de aleatoriedad utilizada por la JCE para auditar al 20% de las mesas en las primarias, el organismo comicial explicó que para hacer una distribución proporcional, se utilizó una herramienta informática para determinar la cantidad de municipios auditables para asegurar una distribución equitativa.
La cantidad de municipios que serán auditados se determinaron mediante una herramienta informática, luego se hizo un sorteo para escoger los colegios en cada localidad. Por último, explica un comunicado de la JCE, tomaron los volantes que luego fueron introducidos en sobres no identificados. “En el proceso de etiquetado para fines de línea de producción, se tuvo la previsión, conforme sugerencia de los partidos políticos, que no fuera posible establecer ninguna secuencia, entre la totalidad de sobres correspondientes al municipio, y fue introducido en cada valija en la línea de producción y en presencia de delegados de los partidos políticos”, detalló el organismo.
La JCE dispuso la expedición de duplicados de cédula de identidad y electoral sin costo alguno a las personas que así lo necesiten hasta el viernes a las 4:00 de la tarde. “La expedición de duplicados se llevará a cabo entre los días jueves 3 y viernes 4 de octubre de 2019, en horario ordinario, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a los fines de garantizar que la ciudadanía disponga de mayores facilidades para ejercer su derecho al voto en las primarias simultáneas del próximo domingo”, informó la JCE en un comunicado.
El delegado técnico de Fenández ante la JCE expresó que ese sector no está contento con las recientes medidas que el órgano comicial ha tomado, porque consideran que estas no han sido las más satisfactorias. Fernando Fernández criticó la decisión de aumentar a un 20% el conteo manual de los votos en el nivel presidencial por entender que esta medida fue tomada predeterminadamente por el órgano y no de forma aleatoria como dice la JCE. Dijo que no descartan la posibilidad de que se someta algún recurso.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.