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Ex-presidente Fernández dice confía en la JCE y en el buen criterio de sus jueces.
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El aspirante presidencial Leonel Fernández expresó que confía en la Junta Central Electoral (JCE) y que en la recta final del proceso de cara a las primarias del domingo no quiere transmitir un mensaje de desconfianza hacia el órgano arbitral.
El ex-jefe de Estado agregó que confía en el buen criterio de los magistrados de la JCE.
Dijo que el hecho de aumentar de 10% a 20% la muestra en el nivel presidencial es una indicación de que su criterio empieza a ser escuchado, pero que él preferiría que fuese más amplia. El expresidente había pedido que el conteo manual se hiciera con el 50% de las mesas.
“Lo que hemos querido es dotar de mayor seguridad el proceso, porque este es un proyecto piloto que si resulta bien se aplicaría en las elecciones del 2020; si se ha establecido un mecanismo de votación electrónica y votación física ¿para qué se hace? Se entiende que si no es para contar directamente, por lo menos es para cotejar”, subrayó.
Sostuvo que a los actores políticos hay que tomarlos en cuenta en sus reclamos, siempre que sean razonables y se apoyen en las propias decisiones. “La Junta no se ha negado a hacer el cotejo, lo que está es limitando su alcance, pero no voy a entrar en una discrepancia, dar una impresión de desconfianza. No es nuestra intención”, expresó.
Fernández agregó que ante el reclamo de ampliar la muestra, esta debe ser aleatoria no predeterminada. “No es que me digan hoy cuáles mesas van a ser, no; si es aleatoria, no puede ser predeterminada, entonces esa muestra estaría mejor representada si se amplía, pero no soy yo quien decide eso, nosotros apelamos al buen juicio, a la razón, al sentido común, porque la gente se cuestionará: pero si yo deposité mi voto ahí, cómo es que no lo cotejan”, sostuvo.
Explicó que el método que conoce lo vivió cuando fue observador electoral en Venezuela, que fue el primer país que estableció el voto electrónico comprobado con el voto físico, y dijo que en esa ocasión se contaron los votos físicos.
“El cuestionamiento mío es para qué sirve depositar eso en la urna si no se va a contar o cotejar; el voto es electrónico, no estamos cuestionando eso, porque como que salió la idea de que queremos que el conteo sea físico, y no es eso, el conteo es electrónico, pero se confirma con lo físico y esa confirmación equivale a un cotejo. Es que yo pueda armonizar, es que yo pueda establecer esa sintonía, esa convergencia que existe, me parece que es de sentido común”, consideró.
Ante los cuestionamientos al criterio de aleatoriedad utilizada por la JCE para auditar al 20% de las mesas en las primarias, el organismo comicial explicó que para hacer una distribución proporcional, se utilizó una herramienta informática para determinar la cantidad de municipios auditables para asegurar una distribución equitativa.
La cantidad de municipios que serán auditados se determinaron mediante una herramienta informática, luego se hizo un sorteo para escoger los colegios en cada localidad. Por último, explica un comunicado de la JCE, tomaron los volantes que luego fueron introducidos en sobres no identificados. “En el proceso de etiquetado para fines de línea de producción, se tuvo la previsión, conforme sugerencia de los partidos políticos, que no fuera posible establecer ninguna secuencia, entre la totalidad de sobres correspondientes al municipio, y fue introducido en cada valija en la línea de producción y en presencia de delegados de los partidos políticos”, detalló el organismo.
La JCE dispuso la expedición de duplicados de cédula de identidad y electoral sin costo alguno a las personas que así lo necesiten hasta el viernes a las 4:00 de la tarde. “La expedición de duplicados se llevará a cabo entre los días jueves 3 y viernes 4 de octubre de 2019, en horario ordinario, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a los fines de garantizar que la ciudadanía disponga de mayores facilidades para ejercer su derecho al voto en las primarias simultáneas del próximo domingo”, informó la JCE en un comunicado.
El delegado técnico de Fenández ante la JCE expresó que ese sector no está contento con las recientes medidas que el órgano comicial ha tomado, porque consideran que estas no han sido las más satisfactorias. Fernando Fernández criticó la decisión de aumentar a un 20% el conteo manual de los votos en el nivel presidencial por entender que esta medida fue tomada predeterminadamente por el órgano y no de forma aleatoria como dice la JCE. Dijo que no descartan la posibilidad de que se someta algún recurso.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.