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Expresidente exige a la JCE la participación de todos sus delegados en auditoría
Leonel Fernández durante un almuerzo navideño con dirigentes de las nueve circunscripciones del Gran Santo Domingo, en el Club Los Prados
Leonel Fernandez, aspirante presidencial de la Fuerza del Pueblo, dijo hoy, luego de que se produjera la contratación de la empresa Alhambra Systems S.A., por parte de la Junta Central Electoral, para que realice la auditoría forense al Sistema de Voto automatizado, que los delegados de su partido y demás organizaciones del sistema, deben participar de todo el proceso en esa inspección.
El exmandatario enfatizó que, de no cumplirse con la petición, esta auditoria no tendría ningún valor, pues, según dijo, esto lo que haría es confirmar aún más “el fraude que se cometió en el pasado proceso de elecciones primarias del 6 de octubre”.
“La Junta lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer la auditoría previa y programar la auditoría posterior a lo que va a ocurrir en las elecciones municipales del 16 de febrero, porque necesitamos que den garantía absoluta, que esta vez si se va a respetar en toda su expresión la voluntad del pueblo”, declaró el exmandatario de la República.
Contrato de Alhambra Systems S.A.
La JCE en una comunicación de prensa, detalló que el contrato asciende a quinientos sesenta y seis mil treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con setenta y tres centavos (US$566,037.73), lo cual es correspondiente a los honorarios y gastos del servicio contratado. La JCE deberá pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar el proyecto.
Agregó que Alhambra Systems S.A opera bajo el nombre Alhambra Eidos en la persona de Jaime Guevara, director de general y representante legal.
Las elecciones primarias fueron fuertemente cuestionadas por el expresidente Fernández , quien era precandidato del PLD y que después del proceso interno de esa organización abandonó las filas de esa institución oficialista.
Luego de celebradas las elecciones primarias del 6 de octubre, el equipo del expresidente Leonel Fernández depositó una instancia ante la Junta Central Electoral (JCE) en la que requirió una serie de aspectos para que sean aplicados por la empresa que resulte escogida para realizar la auditoría forense al sistema de voto automatizado.
Fernández exige, entre otros puntos, que se verifique la no alteración de las máquinas de votación.
Para dicha verificación plantea que se seleccione un 5 % de las máquinas de votación, y que se le realice un copiado completo del estado final del disco duro y el BIOS para que sea entregado a los auditores forenses.
También, pide realizar en cada una de las máquinas, un análisis de los accesos, permisos, archivos borrados, alterados y agregados, con lo cual se debería hacer un informe de cada máquina.
Además, que se compruebe que el reloj del sistema de entrada y salida (BIOS) no ha sido alterado desde el momento en que se cerraron las votaciones, que no se ha realizado ningún acceso a estas máquinas desde el cierre de la votación, y que, si cualquier máquina resultase con cualquiera de estas alteraciones, debe ser reemplazada por otra, entre otros requerimientos.
También que se verifiquen lo sistemas de seguridad electrónica o sistemas de accesos físicos o virtuales a áreas sensibles interconectadas; que se certifique la geolocalización de los puntos desde donde se realizaron las transmisiones de resultados, la certificación de la impresión de las horas todas las actas de votación de cada mesa, así como la impresión de las actas de votación de los electores y su vinculación o conexión con el hardware, entre otros requerimientos. Y que se certifique que las estaciones o urnas han estado en estado de congelamiento, posterior al proceso de elecciones.
Asimismo, el equipo de Fernández insistió en que se debe designar una comisión de veedores compuesta por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la embajada de los Estados Unidos.
En la instancia, firmada por los delgados técnico y político del exmandatario, Fernando Fernández y Rubén Maldonado respectivamente, se demanda que se analice el “software de sumarización de votos”; que se habiliten a todas las partes para reproducir los resultados de los auditores, que “el flujo de votación cumple el paso a paso desde el nivel partido, presidente, senador, diputado, alcalde, regidor, director municipal, vocal, es decir desde el nivel de partido hasta el nivel municipal”.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.