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Sorprende a Leonel que medidas tomadas por gobierno no haya contenido coronavirus.
Santo Domingo.- Leonel Fernández, candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y aliados, lamentó este jueves que a más de un mes de las medidas dispuestas por el gobierno, continúen en aumento los casos por COVID-19, lo que califica como tiempo perdido en la lucha contra el virus.
Fernández, al señalar los más de trecientos nuevos casos registrados en el día de hoy, además de 6 fallecidos que se suman a la estadística del Ministerio de Salud Pública, dijo que al parecer, las medidas de aislamiento oficiales no se han llevado con éxito en la población para frenar la pandemia.
“Siento que las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno, además de la baja cantidad de pruebas de diagnóstico, no han surtido los efectos para combatir el coronavirus en la población”, expresó.
El exmandatario reiteró que la masificación gratuita de las pruebas y un plan de aislamiento efectivo de los contagiados, así como de las personas con las que han tenido contacto, es la mejor manera de parar la pandemia provocada por el COVID-19.
Al ser entrevistado de forma remota por el programa radial “Interactivo Súper 7”, que se transmite por la emisora Súper 7 FM 107.7, Fernández planteó que hay una correlación muy estrecha entre la realización de pruebas de diagnóstico y la tasa de letalidad de referido virus.
En el plano económico, el tres veces presidente resaltó que el Fondo Monetario Internacional pronostica una gran recesión económica a escala mundial, por lo que vislumbra que la forma más atinada de contrarrestar esta crisis es articulando una estrategia de cooperación y solidaridad global, en donde intervengan todos los organismos multilaterales.
Dijo que esa misma estrategia tiene que contener condiciones excepcionales y blandas que aliviane la carga de economías emergentes como la de República Dominicana y otros países de la región.
“Si la economía mundial se ve gravemente afectada por el COVID-19, la dominicana sufrirá un impacto mucho mayor, porque dependemos del desenvolvimiento económico de otras naciones por nuestro sistema de bienes y servicios”, subrayó.
Adelantó que ante la actual crisis, la única manera de evitar una contracción de la economía es estimulando al gasto público, lo que se traduce que la población obtenga ingresos para suplir sus necesidades básicas.
“Yo creo que es momento de reflexión, en donde se pone de relieve la fragilidad humana y la grandeza del ser humano está en ayudar al prójimo”, apuntó.
Planteó Fernández que la crisis sanitaria actual afecta a todos y “en conjunto queremos ser parte de la solución”, por lo que entiende incongruente que el gobierno no invite a todos los sectores y la clase política para articular un plan efectivo contra del coronavirus.
Informe de la OEA
Al contestar preguntas sobre el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el también presidente de la Fuerza del Pueblo manifestó que el mismo retrata la realidad de la Junta Central Electoral (JCE) y que su departamento de informática no estaba en capacidad de desarrollar un software para el voto automatizado.
Reiteró que la JCE nunca llamó a una licitación y no realizó auditoría al software que al final no garantizó la seguridad de la información ni la voluntad popular. Tildó de fracaso los resultados de las elecciones del 6 de octubre y las del 16 de febrero.
Dijo que hay sectores dentro de la JCE que son tan responsables como el departamento de informática.
Destacó que de cara a los próximos comicios espera que el procurador electoral cumpla a cabalidad sus funciones y que todo aquel que cometa un delito electoral sea llevado a la acción de la justicia.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.