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Leonel revela comisión Unasur diligencia recursos para que Venezuela obtenga alimentos y medicinas
El 82 % de los venezolanos quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco
Foto: El expresidente dominicano Leonel Fernández (derecha) dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo «y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte».
Quito, Ecuador (EFE).- El expresidente dominicano Leonel Fernández reveló que la comisión de Unasur de la que forma parte lleva a cabo diligencias en Europa y en América Latina para “crear condiciones que permitan al Gobierno de Venezuela disponer de los recursos” para importar alimentos y medicinas, cuyo abastecimiento es una de las dificultades “que más aqueja y angustia al pueblo venezolano”.
El expresidente dominicano Leonel Fernández dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo “y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte”.
Mencionó varios ejes de la eventual agenda, que incluiría temas como libertad de expresión, respeto entre los poderes públicos y aspectos relativos al Tribunal Superior Judicial y al Consejo Nacional Electoral.
También existe acuerdo en hablar sobre la Comisión de la Verdad y “justicia y convivencia democrática, que tiene que ver con libertad de los presos políticos” y con la visibilización de las víctimas, así como en abordar un eje económico y social, comentó Fernández.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) insistió este jueves en su apuesta por la vía del diálogo como camino para superar la crisis en Venezuela y aseguró que tanto el Gobierno de ese país como la oposición están dispuestos a entablar nuevas conversaciones, para las que se busca concretar una fecha.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo, durante una visita de trabajo en la que no estuvo el español José Luis Rodríguez Zapatero, también miembro de ese grupo.
Fernández y Torrijos, junto al secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, abogaron en una conferencia de prensa en Quito por la solución dialogada que, según el último, es deseada por el 74 % de los venezolanos, de acuerdo con una encuesta de la firma Interlaces que citó.
Además, el 82 % de los encuestados quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco, una posibilidad sobre la que el propio Samper dijo que, por los contactos que ha tenido con la diplomacia pontificia, aprecia “la mejor disposición del Vaticano y del papa a ayudar en este proceso de reconciliación”.
Los expresidentes explicaron que, como resultado de las gestiones que han realizado hasta el momento, se ha elaborado un informe económico que ya ha sido entregado al Gobierno venezolano, el cual estudiará la eventual aplicación de las medidas que en él se apuntan para lograr la recuperación económica.
Los exmandatarios no se aventuraron a concretar en qué aspectos tendrían que estar dispuestos a hacer concesiones el Gobierno y la oposición para que se pueda concretar el diálogo, pero consideraron un avance ya logrado el establecimiento de una agenda sobre los temas que se abordarían en las eventuales conversaciones.
Los miembros de la comisión buscan ahora una fecha para retomar el diálogo por medio de un nuevo encuentro entre ambas partes, tarea en la que insistirán durante esta semana, dijo Martín Torrijos.
“Hemos sugerido distintas fechas que consideran las partes y esperamos insistir nuevamente esta semana”, declaró el expresidente panameño.
Recordó que esas gestiones en busca de fecha para el encuentro las desarrollaron la pasada semana en Venezuela. “Volveremos nuevamente a insistir hasta que encontremos la fecha, el momento adecuado para que se pueda dar la próxima reunión”, precisó.
Los dos expresidentes, al igual que el secretario general de la Unasur, coincidieron en que la misión de diálogo que promueven no es incompatible con la celebración del referendo revocatorio que busca la oposición para intentar sacar del poder al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Del mismo modo, señalaron que el diálogo no choca con otras acciones que se sustancian en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, ha propuesto la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, un mecanismo cuyo proceso incluye la posibilidad de la suspensión de ese país del organismo.
Sobre la posibilidad de que prospere la propuesta de Almagro, que este jueves quedó en suspenso en una sesión de la OEA celebrada en Washington, Samper indicó que no es partidario de trabajar sobre hipótesis, pero subrayó que respetarán las acciones y decisiones que se tomen en otros organismos, al tiempo que reiteró en que la Unasur mantiene viva su apuesta por el diálogo.
Y lo resumió con una cita del humanista holandés Erasmo de Rotterdam: “La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa”. EFE
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.