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Les escupen, les gritan, los atacan: los chinoestadounidenses temen por su seguridad
Estados Unidos.-Yuanyuan Zhu caminaba hacia su gimnasio en San Francisco el 9 de marzo pensando en que esa rutina de ejercicio podría ser la última en un rato, cuando se dio cuenta de que un hombre le estaba gritando. Le gritaba insultos sobre China. Entonces, pasó un autobús, según recuerda ella, y el hombre le gritó al vehículo: “Atropéllalos”.Ella intentó mantener su distancia, pero, cuando el semáforo cambió, tuvo que esperar junto a él en el cruce peatonal. Podía percibir cómo la miraba fijamente. Y entonces, repentinamente, sintió la saliva del hombre cayendo en su rostro y su suéter favorito.
Impactada, Zhu, quien tiene 26 años y se mudó a Estados Unidos de China hace cinco años, corrió el resto del trayecto para llegar al gimnasio. Encontró una esquina donde nadie la podía ver y lloró en silencio.
“Esa persona no se veía rara ni enojada ni nada, ¿saben?”, dijo sobre quien la atormentó. “Solo se veía como una persona normal”.
A medida que el coronavirus pone de cabeza la vida en Estados Unidos, los chinoestadounidenses enfrentan una doble amenaza. No solo están lidiando como todos los demás con cómo evitar el virus, sino que también luchan con el creciente racismo en forma de ataques verbales y físicos. Otros estadounidenses de origen asiático —con familias de Corea, Vietnam, Filipinas, Birmania y otros lugares— enfrentan también las amenazas al ser agrupados con los chinoestadounidenses por una intolerancia que no reconoce la diferencia.
En entrevistas durante la semana pasada, más de una veintena de asiáticoestadounidenses en todo el país dijeron que tenían miedo de ir al supermercado, de viajar solos en el metro o en autobús, de dejar a sus hijos jugar afuera. Muchos comentaron que les han gritado en público, pues ha surgido un espasmo repentino de odio que recuerda a lo que enfrentaron los estadounidenses musulmanes después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
No obstante, a diferencia de 2001, cuando el entonces presidente George W. Bush exhortó a la tolerancia hacia los estadounidenses musulmanes, en esta ocasión el presidente Donald Trump usa un lenguaje que los asiáticoestadounidenses afirman que incita los ataques racistas.
Trump y sus aliados republicanos insisten en llamar al coronavirus el “virus chino”, lo que contraviene los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud respecto a no usar ubicaciones geográficas para nombrar enfermedades, dado que hacerlo ha traído repercusiones en el pasado.
Trump dijo a reporteros el martes que llamaba al virus “chino” para combatir la campaña de desinformación orquestada por funcionarios de Pekín que afirmaban que el Ejército de Estados Unidos era la fuente del brote. Desestimó la preocupación de que su lenguaje pudiera tener efectos.
“Si siguen usando esos términos, los niños los van a aprender”, señaló Tony Du, un epidemiólogo en el condado de Howard, en Maryland, que teme por su hijo, Larry, de 8 años. “Van a apodar ‘virus chino’ a mi hijo de 8 años. Eso es grave”.
Du dijo que publicó en Facebook que “este es el día más oscuro en mis más de veinte años de vivir en Estados Unidos”, en referencia a la insistencia de Trump en usar el término.
Aunque no hay datos duros todavía, investigadores y grupos de activistas a favor de los asiáticoestadounidenses indican que ha habido un aumento repentino en los ataques verbales y físicos reportados a periódicos y líneas de ayuda.
La Universidad Estatal de San Francisco descubrió un incremento del 50 por ciento en el número de artículos informativos relacionados con el coronavirus y la discriminación contra los asiáticos entre el 9 de febrero y el 7 de marzo. El investigador principal, Russell Jeung, profesor de estudios asiáticoestadounidenses, dijo que las cifras representaban solo “la punta del iceberg” porque es probable que solo los casos más escandalosos sean reportados por los medios.
Jeung ha colaborado en la creación de un sitio web en seis idiomas asiáticos para reunir experiencias de primera mano; se han reportado alrededor de 150 casos en el sitio desde que se puso en línea el jueves pasado.
Nadie es inmune a ser atacado. Edward Chew, director del departamento de urgencias de un gran hospital en Manhattan, está al frente del combate contra el coronavirus. Dijo que, durante las semanas pasadas, se ha dado cuenta de que las personas intentan cubrir su nariz y boca con sus camisetas cuando están cerca de él.
En su tiempo libre, Chew ha estado comprando equipo de protección, como gafas y viseras protectoras, para su personal por si se terminan en el hospital donde trabaja. Dijo que la noche del miércoles en Home Depot, con su carrito lleno de viseras protectoras, mascarillas y monos de la marca Tyvek, fue acosado por tres hombres de veintitantos años, quienes después lo siguieron hasta el estacionamiento.
“He escuchado de otros asiáticos que han sido atacados por esto, pero cuando experimentas personalmente el ser ridiculizado, realmente lo sientes”, dijo al día siguiente.
Los ataques también se han vuelto físicos.
En el valle de San Fernando, en California, un adolescente asiáticoestadounidense de 16 años fue atacado en la escuela por bravucones que lo acusaron de tener coronavirus. Fue enviado a la sala de urgencias para revisar si había sufrido una conmoción cerebral.
En la ciudad de Nueva York, una mujer que portaba un cubrebocas fue pateada y golpeada en una estación del metro en Manhattan, y un hombre en Queens fue seguido hasta una parada de autobús, en donde le gritaron y lo golpearon en la cabeza frente a su hijo de 10 años.
Las personas se han apresurado a tomar medidas para protegerse. Un hombre creó un grupo de Facebook para organizar un sistema de compañeros para asiáticos en Nueva York que tienen miedo de tomar el metro solos. Los propietarios de las armerías en el área de Washington D. C. dijeron que han visto un aumento repentino en el número de chinoestadounidenses que están comprando armas por primera vez.
En Engage Armament en Rockville, Maryland, la mayoría de los compradores de armas en las primeras dos semanas de marzo fueron chinoestadounidenses o chinos, según el dueño, Andy Raymond.
Más de una quinta parte de los residentes de Rockville son de origen asiático, y Raymond dice que los compradores con ascendencia coreana y vietnamita no eran inusuales. Sin embargo, Raymond señala que está asombrado por la cantidad de clientes chinos —en particular, poseedores de green cards provenientes de China continental— que comenzaron a acudir hace unas semanas, un grupo que antes era poco común que comprara en su tienda.
“Llegaban sin parar, es algo que nunca había visto”, dijo.
Du intenta mantener la esperanza. Pasa sus fines de semana capacitándose para convertirse en voluntario de los trabajadores médicos de urgencias de Maryland. Forma parte de un grupo de científicos chinoestadounidenses que organizaron una cuenta de GoFundMe con el fin de recaudar dinero para equipo de protección para los trabajadores de los hospitales en el área. En tres días, recolectaron más de 55.000 dólares, casi todo a través de pequeñas donaciones.
No obstante, dijo que tenía miedo del caos que se podría desatar si la cifra de muertos en Estados Unidos se eleva de manera significativa.
Los asiáticos nacidos en Estados Unidos experimentan una sensación repentina de ser observados que es tan incómoda como desconocida.
“Es una mirada de desprecio”, dijo Chil Kong, un director de teatro coreanoestadounidense en Maryland. “Es como si preguntaran: ‘¿Cómo te atreves a existir en mi mundo? Eres un recordatorio de esta enfermedad y no perteneces a mi mundo’”.
Agregó: “Es especialmente difícil cuando creces aquí y esperas que este mundo también sea tuyo. Pero ya no vivimos en ese mundo. Ese mundo ya no existe”.
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Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.