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Ley sanciona uso de fondos públicos en campaña con penas de prisión y multas
Santo Domingo, R.D.-Multas consistentes en pago de salarios mínimos y penas de prisión son las sanciones que pueden imponer la Junta Central Electoral (JCE) y los tribunales penales por la comisión de infracciones electorales y faltas administrativas durante los procesos electorales, entre ellas el uso de recursos públicos durante la campaña electoral.
La ley 20-23, orgánica de régimen electoral, contiene un régimen de sanciones administrativas y penales por incurrir en faltas, en infracciones o delitos electorales, y violaciones a los actos prohibidos legalmente.
Recientemente han surgido denuncias de vulneraciones legales, por presuntamente incurrirse en actos que están vedados en el período de la campaña electoral. Y se ha reclamado la intervención de la JCE, como órgano rector de los procesos electorales, que está facultada por la ley electoral para dictar medidas cautelares.
Los cuestionamientos más recientes conciernen a violación sobre el uso de los recursos y bienes públicos durante la campaña electoral. Específicamente, el opositor Partido Fuerza del Pueblo se ha referido a un video que circula en las redes sociales, en el que se observan vehículos con distintivos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) saliendo de un recinto militar.
En el ámbito administrativo, la ley electoral da potestad a la Junta para imponer sanciones de carácter monetario, ante faltas cometidas, otorgándole competencia para elaborar un reglamento con un procedimiento sancionador, el cual ya dictó en base al artículo 307 de la ley 20-23.
Incluye el uso en campaña política de los bienes y recursos públicos por parte de candidatos (as) que mantengan una relación estatutaria con la administración y que se prevalezcan de esa condición con fines de beneficiarse en el aspecto político.
En ese reglamento, del 3 de mayo de 2023, el Pleno de la JCE puso en funcionamiento una unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones y medidas cautelares que le facultan imponer las leyes 20-23 y 33-18. Además, establece, en el artículo 14, que la JCE podrá accionar, aún de oficio y en ausencia de un apoderamiento de parte, en los casos que ameriten una medida cautelar.
PENALIDADES QUE SE PUEDEN ESTABLECER
En el aspecto penal, la ley fija penas de uno a tres años de prisión para los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones utilicen fondos públicos para beneficiar a alguna organización política.
Igual pena reserva la legislación para los representantes de las organizaciones políticas o personas físicas o jurídicas que se apropien indebidamente de los recursos partidarios, destinándolos a un uso distinto al que establece la ley y las instancias de dirección colegiada de las entidades políticas.
Esos son algunos de los delitos electorales que corresponde conocer a los tribunales penales. Antes, era competencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), pero le fue quitada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Luego, aplicando el precedente constitucional, en la nueva ley electoral, se establece expresamente la competencia de la jurisdicción penal.
EL CASO DE LOS MILITARES Y POLICÍAS
Las restricciones legales se extienden a los militares y policías, a los cuales la Constitución y la ley les prohíben ejercer proselitismo político y el derecho al sufragio.
“En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral.”, dispone el artículo 167 de la ley 20-23.
Por igual, en el artículo 233, prohíbe “la aglomeración de tropas y toda ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección.”
OTROS ACTOS PROHIBIDOS
En el párrafo IV del artículo 210, la ley prohíbe los actos de inauguración de obras públicas por parte del gobierno central y de las alcaldías desde un período de 40 días antes de las elecciones del nivel municipal y de 60 días de los comicios del nivel presidencial. Esto significa, que ni los ayuntamientos ni las instituciones estatales podrán inaugurar obras durante ese período.
En base a esa disposición legal, la JCE estableció en el calendario electoral el inicio de esa veda el 9 de enero, para las elecciones municipales, y el 20 de marzo para las presidenciales y congresuales.
La ley dispone sanciones administrativas por la comisión de otros actos ilegales. Está la prohibición de promociones de candidatos en actos públicos realizados por entidades estatales; la realización de marchas, mítines o cualquier otra manifestación alrededor de esos actos; la publicidad en los actos de gobierno y de los cabildos que inciten a votar por un determinado candidato, y la utilización de las entidades u órganos del Estado para esos fines.
Dispone que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.
Sin embargo, la ley excluye los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales, pero prohíbe que sea aumentado el monto y el número de beneficiarios.
Hay otras prohibiciones que conciernen a la colocación de propaganda política en lugares públicos, y en vehículos propiedad del Estado, de organismos autónomos, empresas estatales o de ayuntamientos.
El Pleno de la JCE estableció en la proclama que durante el período de campaña electoral, las organizaciones políticas podrán ejercer libremente los derechos consagrados en la ley que les rige, y a su vez, preservar el régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones de dicha legislación, al igual que de las disposiciones que dicta el órgano de administración electoral.
GASTOS DURANTE LA CAMPAÑA
La ley sanciona también el exceso del tope de gastos de campaña que pueden incurrir los partidos y los candidatos, cuando sobrepase del 5 por ciento del tope permitido. La sanción que faculta imponer a la JCE en ese caso es una multa equivalente al tripe del monto excedido.
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recbirá del Instituto Nacional de Transito Terrestre (INTRANT) la nueva licencia de conducir en un acto que marcará el inicio oficial del nuevo sistema de emision del documento.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) entregará el jueves 26 de febrero la nueva licencia de conducir al presidente Luis Abinader, en un acto que marcará el inicio oficial del nuevo sistema de emisión del documento.
La presentación forma parte del proceso de modernización del sistema nacional de licencias, que sustituye al suplidor que operó durante los últimos 20 años y da paso al Consorcio Mobility ID, empresa adjudicataria de la licitación.
Aunque el acto oficial será el 26 de febrero, el servicio para el público en general comenzará el lunes 2 de marzo en las oficinas correspondientes a la primera fase.
En esta etapa inicial, el servicio estará disponible en 19 localidades del territorio nacional, incluyendo puntos en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristóbal, Puerto Plata, San Juan, Higüey, La Romana, Azua, Barahona, Nagua, Bonao, San Francisco de Macorís y Valverde.
En el exterior, la primera fase abarcará cinco consulados ubicados en Miami, Nueva York, Filadelfia, Boston y Madrid.
El Intrant informó que en un plazo de dos meses se completará la expansión para cubrir las 31 provincias y el Distrito Nacional, así como ampliar el servicio a otros consulados en New Jersey, Barcelona, Puerto Rico, Bruselas y Zúrich.
Con la culminación de ambas fases, la cobertura pasará de 14 a 32 demarcaciones a nivel nacional y de cinco a diez sedes consulares en el exterior.
La institución indicó que el nuevo sistema permitirá fortalecer la seguridad del documento y ampliar progresivamente la inclusión de más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia.
Las autoridades ofrecerán detalles adicionales durante el acto oficial del jueves, donde se presentarán las características técnicas del nuevo documento y el cronograma definitivo de implementación.
Santo Domingo, R.D.-El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) entregará el próximo jueves 26 de febrero de 2026 el nuevo modelo de la licencia de conducir al Presidente de la República, Luis Abinader.
Con la entrega del nuevo plástico al mandatario, comienza el proceso de modernización del sistema nacional de licencias y del fortalecimiento de la seguridad vial en el país.
Desde el 23 de febrero se ejecutará la transición hacia el nuevo modelo operativo, que incluye el cambio de suplidor, la habilitación de nuevas sedes de atención y ajustes de procesos para elevar la capacidad del sistema y asegurar la continuidad del servicio.
En la primera fase, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas a partir del lunes 2 de marzo del presente año.
Nuevos lugares y sedes
Gran Santo Domingo (RD)
Multicentro Churchill
Ave. Winston Churchill esq. Ángel Severo Cabral. (4to nivel)
Blue Mall
Ave. Winston Churchill esq. Gustavo Mejía Ricart. (3er nivel)
Punto GOB (Sambil)
Ave. John F. Kennedy esq. Paseo Los Aviadores, Local K-26. (1er nivel)
Punto GOB (Megacentro)
Ave. San Vicente de Paúl, entrada Botánica. (1er nivel)
Punto GOB (Occidental Mall)
Av. Prolongación 27 de Febrero. (1er nivel)
Punto GOB San Cristóbal
C/ Privada casi esq. Carretera Sánchez, Madre Vieja Norte. (1er nivel)
Ministerio de Defensa (Distrito Nacional)
Ave. 27 de Febrero esq. Luperón. (1er nivel)
Provincias (RD Interior)
Azua, en la carretera Sánchez kilómetro 3, al lado de la Junta Central Electoral. (1er nivel)
Barahona, C/ Jaime Mota, esquina María Montes No. 45. (1er nivel)
Duarte (San Francisco de Macorís), Ave. Presidente Antonio Guzmán Fernández, Edificio Palmera. (1er nivel)
La Altagracia (Higüey), Ave. Altagracia esq. Hugo Eduardo Polanco, Plaza Taveras Center. (3er nivel)
La Romana, C/ Francisco Richiez esq. Enriquillo, Local Hipermercados Iberia. (2do nivel)
La Vega, C/ Jiménez Moya esq. Gral. J. Rodríguez, al lado de Pizzarelli. (1er nivel)
María Trinidad Sánchez (Nagua), C/ Mercedes Bello esq. Gastón F. Deligne, Eternity Plaza. (1er nivel).
Monseñor Nouel (Bonao), C/ Sánchez, Edif. Arsenio Cáceres Jiminian IV. (1er nivel)
Puerto Plata, C/ Camino Real, Plaza de Caribe Tour. (1er nivel).
San Juan , C/ Independencia, Plaza Comercial y Cultural San Juan, Centro de la Ciudad. (1er nivel)
Santiago, Ave. Juan Pablo Duarte casi esq. Ave. Salvador Estrella Sadhalá, Bella Terra Mall, Local B5. (1er nivel).
Valverde, Ave. Benito Monción. (1er nivel)
Exterior (Consulados Primera Fase)
Miami 1038 Brickell Avenue, Miami, Florida, 33131. (1er nivel).
New York, 1501 Broadway, Suite 410, New York, NY 10036. (4to nivel).
Filadelfia, Two Penn Center, 1500 John F. Kennedy Blvd., Suite 250, Philadelphia, PA 19102. (2do nivel).
Boston 891 Centre St, Boston, MA 02130, Estados Unidos.
España / Madrid Av. de Brasil #6, CP 28020, Madrid, España.
Segunda fase (en los próximos 2 meses)
Locales Nacionales:
San Cristóbal
Monte Cristi
Espaillat
Dajabón
Elías Piña
Santiago Rodríguez
Monte Plata
Independencia
Pedernales
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
San Pedro de Macorís
San José de Ocoa
El Seibo
Salcedo
Samaná
Hato Mayor
Bahoruco
Exterior (Consulados Segunda Fase)
New Jersey
España / Barcelona
Puerto Rico
Bélgica, Bruselas
Zurich, Suiza
El Intrant informó que la modernización permitirá, además, integrar de forma progresiva a más de un millón de motociclistas que hoy no cuentan con el documento, impulsando la formación y contribuyendo a reducir la siniestralidad vial.
La actividad reunirá a autoridades nacionales, representantes de la prensa y líderes de opinión, quienes conocerán las innovaciones del nuevo documento y su impacto para la ciudadanía dentro y fuera del país.
SANTO DOMINGO. – El doctor Julio Landrón, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), garantizó el 100% de suministros de los programas de Diálisis Peritoneal, Hemodiálisis y Nutrición de la Red Pública.
Estos procesos, dijo, cuentan con el acompañamiento permanente de la Dirección General de Contrataciones Públicas y su director Carlos Pimentel, con el objetivo de garantizar transparencia y continuidad en los programas que impactan directamente la vida de los pacientes.
«Esto en cumplimiento con instrucciones del Presidente Abinader de que a los pacientes que requieran de servicios de nutrición enteral, parenteral u oral, diálisis peritoneal, hemodiálisis, se les dé la cobertura total y de manera permanente», señaló.
El funcionario dijo que el SNS garantiza tratamiento a más de 800 pacientes en este programa, asegurando la continuidad de sus terapias hasta que puedan recibir un trasplante renal.
Durante una visita este miércoles al Hospital Francisco E. Moscoso Puello y recorrer la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, Landrón valoró el funcionamiento del programa y el trato humanizado que reciben los usuarios.
“Nosotros estamos visitando todas las áreas a través de estas jornadas no coordinadas, con la finalidad de supervisar su funcionamiento y vemos que es digno de reconocer y desde el SNS garantizamos que todos los pacientes recibirán oportunamente sus insumos, fórmulas y nutrientes enterales y parenterales”, expresó Landrón.
De su lado, la doctora Solangel Ramírez, encargada de la unidad, explicó los procesos y protocolos que se desarrollan con los usuarios que reciben esta terapia, incluyendo el entrenamiento que se ofrece a familiares y cuidadores para que puedan asistir al paciente desde el hogar.