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Ley sanciona uso de fondos públicos en campaña con penas de prisión y multas
Santo Domingo, R.D.-Multas consistentes en pago de salarios mínimos y penas de prisión son las sanciones que pueden imponer la Junta Central Electoral (JCE) y los tribunales penales por la comisión de infracciones electorales y faltas administrativas durante los procesos electorales, entre ellas el uso de recursos públicos durante la campaña electoral.
La ley 20-23, orgánica de régimen electoral, contiene un régimen de sanciones administrativas y penales por incurrir en faltas, en infracciones o delitos electorales, y violaciones a los actos prohibidos legalmente.
Recientemente han surgido denuncias de vulneraciones legales, por presuntamente incurrirse en actos que están vedados en el período de la campaña electoral. Y se ha reclamado la intervención de la JCE, como órgano rector de los procesos electorales, que está facultada por la ley electoral para dictar medidas cautelares.
Los cuestionamientos más recientes conciernen a violación sobre el uso de los recursos y bienes públicos durante la campaña electoral. Específicamente, el opositor Partido Fuerza del Pueblo se ha referido a un video que circula en las redes sociales, en el que se observan vehículos con distintivos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) saliendo de un recinto militar.
En el ámbito administrativo, la ley electoral da potestad a la Junta para imponer sanciones de carácter monetario, ante faltas cometidas, otorgándole competencia para elaborar un reglamento con un procedimiento sancionador, el cual ya dictó en base al artículo 307 de la ley 20-23.
Incluye el uso en campaña política de los bienes y recursos públicos por parte de candidatos (as) que mantengan una relación estatutaria con la administración y que se prevalezcan de esa condición con fines de beneficiarse en el aspecto político.
En ese reglamento, del 3 de mayo de 2023, el Pleno de la JCE puso en funcionamiento una unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones y medidas cautelares que le facultan imponer las leyes 20-23 y 33-18. Además, establece, en el artículo 14, que la JCE podrá accionar, aún de oficio y en ausencia de un apoderamiento de parte, en los casos que ameriten una medida cautelar.
PENALIDADES QUE SE PUEDEN ESTABLECER
En el aspecto penal, la ley fija penas de uno a tres años de prisión para los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones utilicen fondos públicos para beneficiar a alguna organización política.
Igual pena reserva la legislación para los representantes de las organizaciones políticas o personas físicas o jurídicas que se apropien indebidamente de los recursos partidarios, destinándolos a un uso distinto al que establece la ley y las instancias de dirección colegiada de las entidades políticas.
Esos son algunos de los delitos electorales que corresponde conocer a los tribunales penales. Antes, era competencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), pero le fue quitada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Luego, aplicando el precedente constitucional, en la nueva ley electoral, se establece expresamente la competencia de la jurisdicción penal.
EL CASO DE LOS MILITARES Y POLICÍAS
Las restricciones legales se extienden a los militares y policías, a los cuales la Constitución y la ley les prohíben ejercer proselitismo político y el derecho al sufragio.
“En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral.”, dispone el artículo 167 de la ley 20-23.
Por igual, en el artículo 233, prohíbe “la aglomeración de tropas y toda ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección.”
OTROS ACTOS PROHIBIDOS
En el párrafo IV del artículo 210, la ley prohíbe los actos de inauguración de obras públicas por parte del gobierno central y de las alcaldías desde un período de 40 días antes de las elecciones del nivel municipal y de 60 días de los comicios del nivel presidencial. Esto significa, que ni los ayuntamientos ni las instituciones estatales podrán inaugurar obras durante ese período.
En base a esa disposición legal, la JCE estableció en el calendario electoral el inicio de esa veda el 9 de enero, para las elecciones municipales, y el 20 de marzo para las presidenciales y congresuales.
La ley dispone sanciones administrativas por la comisión de otros actos ilegales. Está la prohibición de promociones de candidatos en actos públicos realizados por entidades estatales; la realización de marchas, mítines o cualquier otra manifestación alrededor de esos actos; la publicidad en los actos de gobierno y de los cabildos que inciten a votar por un determinado candidato, y la utilización de las entidades u órganos del Estado para esos fines.
Dispone que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.
Sin embargo, la ley excluye los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales, pero prohíbe que sea aumentado el monto y el número de beneficiarios.
Hay otras prohibiciones que conciernen a la colocación de propaganda política en lugares públicos, y en vehículos propiedad del Estado, de organismos autónomos, empresas estatales o de ayuntamientos.
El Pleno de la JCE estableció en la proclama que durante el período de campaña electoral, las organizaciones políticas podrán ejercer libremente los derechos consagrados en la ley que les rige, y a su vez, preservar el régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones de dicha legislación, al igual que de las disposiciones que dicta el órgano de administración electoral.
GASTOS DURANTE LA CAMPAÑA
La ley sanciona también el exceso del tope de gastos de campaña que pueden incurrir los partidos y los candidatos, cuando sobrepase del 5 por ciento del tope permitido. La sanción que faculta imponer a la JCE en ese caso es una multa equivalente al tripe del monto excedido.
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DGA persigue con un seminario internacional fortalecer lucha contra el comercio ilícito
Santo Domingo, RD. – Con el propósito de fortalecer las capacidades del Estado dominicano, la Dirección General de Aduanas (DGA) convocó a las principales autoridades nacionales e internacionales de los ámbitos comerciales, castrenses y judiciales, así como a actores del sector privado al “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”.
En evento que se llevará a cabo durante los días 19 y 20 de noviembre, en el hotel Sheraton de Santo Domingo, se realizarán varios paneles con expertos vinculados al comercio, los cuerpos castrenses y el sistema de justicia, tanto nacionales como internacionales, para que compartan sus experiencias, y discutan sobre las nuevas herramientas para la detección y fiscalización de ilícitos, evasión y elusión fiscal, así como competencia desleal en el comercio.
También, participarán actores privados ligados a la actividad comercial, industrial y logística.
El primer día, el seminario contará con la presencia de el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; el ministro de Industria, Comercio y Mypimes; Víctor Bisonó, el director general de Aduanas; Eduardo Sanz Lovatón y el director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez.
El taller busca unir esfuerzos con las entidades de control y construir un espacio de diálogo constructivo para prevenir la evasión y elusión fiscal, que afectan los ingresos tributarios del Estado, desequilibran la libre competencia en el mercado interno, amenaza la seguridad económica del Estado, la seguridad nacional, la salud y el medio ambiente de todos los dominicanos.
Agenda primer día
Ese día se impartirá el panel denominado “Marco conceptual y legal del Comercio Ilícito y la Competencia desleal, y el Lavado de Activos vía comercio de bienes”, en el que participarán la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Yeni Berenice Reynoso Gómez, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero; Aileen Guzmán Coste y la subdirectora Jurídica de la DGII; Yorlin Vásquez.
También la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia); María Elena Vásquez Taveras y el subdirector Técnico de la DGA; Gabino José Polanco.
El segundo panel tratará sobre “Elementos que caracterizan el fenómeno del comercio ilícito en República Dominicana y perspectiva del sector privado”, donde participarán el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas; Ludwig Martín García, presidente Asociación de Representantes y Agentes Farmacéuticos; Juan José Alorda, directora de la Organización Nacional de Empresas Comerciales; Jenniffer Troncoso, la portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Circe Almánzar, el miembro de la Asociación del sector importador de Vinos y Licores en República Dominicana; Manuel Cabral y Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo; Andrés Espinal.
Un tercer panel abordará las principales tipologías de comercio ilícito que tienen lugar en la región de las Américas, patrones de conducta de los actores de comercio ilícito e incidencia de los comerciantes asiáticos y sus “modus operandi” en la región.
En el mismo, participarán la exdirectora de la Policía Económica Financiera de la Fiscalía General de Colombia; Ana Linda Solano, el asesor de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT); Esteban Giudici; Magín Díaz, economista especializado en Finanzas Públicas y Macroeconomía; Jorge López y la gerente de Inteligencia Aduanera de la DGA; Raquel Elia Soriano.
Por Efe
Santo Domingo.-Medio millón de euros donó la Unión Europea (UE) a la República Dominicana a través de una ayuda no reembolsable para contribuir con el reforzamiento del sistema financiero local frente a los riesgos climáticos, como parte del programa regional «Enverdecer el sistema financiero del Caribe», se informó este domingo.
La subvención, cuyo beneficiario directo es el Banco Central, financiará la contratación de un servicio de consultoría; y otras actividades que podrían incluir viajes de estudio e intercambios con otros bancos centrales «que ya han establecido con éxito pruebas de resistencia climática y han adoptado políticas públicas reguladoras eficientes», de acuerdo con un comunicado de las partes involucradas en la iniciativa.
La asistencia técnica permitirá, además, el desarrollo de capacidades del Banco Central y de otras instituciones financieras dominicanas facilitando una correcta evaluación y medición de los riesgos climáticos, así como la evaluación de proyectos amigables con el medio ambiente, además se brindará capacitaciones de expertos para estructurar dichos proyectos y elaborar procedimientos para su aplicación en medidas de políticas financieras que adopte el banco emisor.
Por otra parte, se realizará una evaluación detallada para identificar e integrar riesgos climáticos en el monitoreo de la estabilidad financiera y en su supervisión, así como también, se desarrollarán herramientas para estimar los efectos macroeconómicos en diversos escenarios climáticos.
Adicionalmente, se buscará mejorar las prácticas internas y desarrollar nuevas regulaciones verdes para reducir los riesgos financieros relacionados con el cambio climático.
La UE ha movilizado su Fondo de Inversión para América Latina y el Caribe (Lacif, por sus siglas en inglés) para poner en marcha dicho programa liderado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a escala regional y apoyar a los principales bancos del Caribe como, el Banco de Jamaica, el Banco Central del Caribe Oriental, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Central de la República Dominicana.
El objetivo principal es apoyar a la región Caribe en su adaptación al cambio climático y en su transición hacia economías de bajas emisiones de carbono a través de la integración de los riesgos climáticos en las actividades de regulación y supervisión de los sistemas financieros, y la financiación de inversiones públicas climáticas, destacó un comunicado de la AFD, el Banco Central dominicano y el Ministerio de Economía local.
La donación, por un monto global de 5,85 millones de euros, permitirá implementar este programa hecho a la medida de asistencia técnica, subvenciones a la inversión y estudios.
of-am
Santo Domingo, R.D.-Como parte de la Operación «Garantía de Paz» el Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este domingo que intervino 16 centros nocturnos, uno de ellos cerrado temporalmente y el resto notificado por violentar la ley en lo relativo a la venta de bebidas alcohólicas, permitir la presencia de menores de edad y contaminación sónica.
Según una nota de prensa de la entidad, la intervención se llevó a cabo en la provincia de San Cristóbal y en la zona de los kilómetros de la carretera Sánchez del Distrito Nacional.
Indica que, durante la intervención, se encontraron máquinas tragamonedas, obstrucción de la vía pública y contaminación sónica.
Los centros notificados en San Cristóbal fueron:
- Drink Arena Love en Madre Vieja Sur
- Drinks 24 K
- Colmado La Esquina de Mamá
- De William Vaper Disco
Mientras tanto, en el Distrito Nacional, fue cerrado de manera temporal el Súper Colmado El Chino por contaminación sónica, presencia de menores de edad y obstrucción de la vía pública.
Entre los establecimientos que solo fueron notificados en el DN se encuentran:
- Los colmados Las 2 Hermanitas
- Ramírez
- CyS
- Tiburcio
- Guillermo
- Cafetería Estela
- 8 ½ Bar y Billar
- GM Vapes
- La Bodega de Bicha, entre otros.
Momento en que agentes cargaban con tragamonedas halladas en el Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)
En el operativo también participaron la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Defensa.
Márx López, en representación del COBA, explicó que desde el gobierno se continúan los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y por esto se ha intervenido estos sectores donde existían quejas de los vecinos.
Durante la realización de la Operación Garantía de Paz, dispuesto por el presidente Luis Abinader y puesto en marcha por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, los representantes del COBA invitaron a los propietarios de los negocios notificados y del que fue cerrado temporalmente a regularizar su situación y les invitaron a reunirse durante la semana con los funcionarios correspondientes.
Sobre Operación Garantía de Paz
El proyecto Operación Garantía de Paz inició el pasado 6 de septiembre, con el propósito de regular la contaminación sónica, el expendio de bebidas alcohólicas en horarios no autorizados, la ocupación ilegal del espacio público y prohibir la entrada de menores de edad a lugares nocturnos.