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Ley sanciona uso de fondos públicos en campaña con penas de prisión y multas
Santo Domingo, R.D.-Multas consistentes en pago de salarios mínimos y penas de prisión son las sanciones que pueden imponer la Junta Central Electoral (JCE) y los tribunales penales por la comisión de infracciones electorales y faltas administrativas durante los procesos electorales, entre ellas el uso de recursos públicos durante la campaña electoral.
La ley 20-23, orgánica de régimen electoral, contiene un régimen de sanciones administrativas y penales por incurrir en faltas, en infracciones o delitos electorales, y violaciones a los actos prohibidos legalmente.
Recientemente han surgido denuncias de vulneraciones legales, por presuntamente incurrirse en actos que están vedados en el período de la campaña electoral. Y se ha reclamado la intervención de la JCE, como órgano rector de los procesos electorales, que está facultada por la ley electoral para dictar medidas cautelares.
Los cuestionamientos más recientes conciernen a violación sobre el uso de los recursos y bienes públicos durante la campaña electoral. Específicamente, el opositor Partido Fuerza del Pueblo se ha referido a un video que circula en las redes sociales, en el que se observan vehículos con distintivos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) saliendo de un recinto militar.
En el ámbito administrativo, la ley electoral da potestad a la Junta para imponer sanciones de carácter monetario, ante faltas cometidas, otorgándole competencia para elaborar un reglamento con un procedimiento sancionador, el cual ya dictó en base al artículo 307 de la ley 20-23.
Incluye el uso en campaña política de los bienes y recursos públicos por parte de candidatos (as) que mantengan una relación estatutaria con la administración y que se prevalezcan de esa condición con fines de beneficiarse en el aspecto político.
En ese reglamento, del 3 de mayo de 2023, el Pleno de la JCE puso en funcionamiento una unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones y medidas cautelares que le facultan imponer las leyes 20-23 y 33-18. Además, establece, en el artículo 14, que la JCE podrá accionar, aún de oficio y en ausencia de un apoderamiento de parte, en los casos que ameriten una medida cautelar.
PENALIDADES QUE SE PUEDEN ESTABLECER
En el aspecto penal, la ley fija penas de uno a tres años de prisión para los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones utilicen fondos públicos para beneficiar a alguna organización política.
Igual pena reserva la legislación para los representantes de las organizaciones políticas o personas físicas o jurídicas que se apropien indebidamente de los recursos partidarios, destinándolos a un uso distinto al que establece la ley y las instancias de dirección colegiada de las entidades políticas.
Esos son algunos de los delitos electorales que corresponde conocer a los tribunales penales. Antes, era competencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), pero le fue quitada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Luego, aplicando el precedente constitucional, en la nueva ley electoral, se establece expresamente la competencia de la jurisdicción penal.
EL CASO DE LOS MILITARES Y POLICÍAS
Las restricciones legales se extienden a los militares y policías, a los cuales la Constitución y la ley les prohíben ejercer proselitismo político y el derecho al sufragio.
“En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral.”, dispone el artículo 167 de la ley 20-23.
Por igual, en el artículo 233, prohíbe “la aglomeración de tropas y toda ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección.”
OTROS ACTOS PROHIBIDOS
En el párrafo IV del artículo 210, la ley prohíbe los actos de inauguración de obras públicas por parte del gobierno central y de las alcaldías desde un período de 40 días antes de las elecciones del nivel municipal y de 60 días de los comicios del nivel presidencial. Esto significa, que ni los ayuntamientos ni las instituciones estatales podrán inaugurar obras durante ese período.
En base a esa disposición legal, la JCE estableció en el calendario electoral el inicio de esa veda el 9 de enero, para las elecciones municipales, y el 20 de marzo para las presidenciales y congresuales.
La ley dispone sanciones administrativas por la comisión de otros actos ilegales. Está la prohibición de promociones de candidatos en actos públicos realizados por entidades estatales; la realización de marchas, mítines o cualquier otra manifestación alrededor de esos actos; la publicidad en los actos de gobierno y de los cabildos que inciten a votar por un determinado candidato, y la utilización de las entidades u órganos del Estado para esos fines.
Dispone que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.
Sin embargo, la ley excluye los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales, pero prohíbe que sea aumentado el monto y el número de beneficiarios.
Hay otras prohibiciones que conciernen a la colocación de propaganda política en lugares públicos, y en vehículos propiedad del Estado, de organismos autónomos, empresas estatales o de ayuntamientos.
El Pleno de la JCE estableció en la proclama que durante el período de campaña electoral, las organizaciones políticas podrán ejercer libremente los derechos consagrados en la ley que les rige, y a su vez, preservar el régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones de dicha legislación, al igual que de las disposiciones que dicta el órgano de administración electoral.
GASTOS DURANTE LA CAMPAÑA
La ley sanciona también el exceso del tope de gastos de campaña que pueden incurrir los partidos y los candidatos, cuando sobrepase del 5 por ciento del tope permitido. La sanción que faculta imponer a la JCE en ese caso es una multa equivalente al tripe del monto excedido.
SANTO DOMINGO. – El ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a decenas de personas a través del proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, caso que fue revelado en el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, recibió este jueves tres meses de prisión preventiva.
La información fue ofrecida por el abogado de las víctimas, Miguel Surún Hernández, quien explicó que en la medida de coerción presentada inicialmente se incluyeron cuatro víctimas, aunque el relato de los hechos describe un esquema de estafa inmobiliaria masiva.
“En esta medida de coerción existieron cuatro víctimas, pero el relato fáctico consagra que se trata de un esquema de estafa inmobiliaria masiva y, por vía de consecuencia, ameritaba la declaratoria de caso complejo”, sostuvo.
- El jurista indicó que el caso involucra alrededor de 210 víctimas en total, muchas de ellas en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Según afirmó, el proceso judicial en la provincia de Santo Domingo es el que presenta mayores avances.
Surún Hernández criticó que en el Distrito Nacional el expediente no ha tenido progreso y aseguró que han solicitado que el caso sea remitido a la provincia de Santo Domingo, donde, según dijo, las autoridades han mostrado mayor disposición para investigarlo.
De acuerdo con el abogado, el imputado habría estafado en múltiples ocasiones a las víctimas, incluso entregando certificados de títulos pertenecientes a otras personas y firmando acuerdos sustentados en esos documentos, además de estar involucrado en procesos relacionados con falsedad.
“Hace cuatro meses nos reunimos con la fiscal del Distrito solicitándole que por favor enviara ese expediente a la provincia, que es donde quieren trabajar, porque aquí el magistrado encargado ahora mismo no está haciendo absolutamente nada en ese proceso”, afirmó.
El Informe con Alicia Ortega, expuso cómo lo que comenzó como el sueño de muchos dominicanos residentes en el exterior de adquirir una propiedad frente al mar terminó convirtiéndose en una pesadilla legal y financiera.
El proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, promovido como un moderno condominio turístico en Boca Chica, prometía apartamentos con amenidades de lujo y entrega en un plazo de dos años. Según los contratos firmados, el edificio tendría 12 niveles, más de 200 unidades habitacionales, parqueos techados, piscina, gimnasio, salón multiuso, restaurante, cigar club, ascensores y planta eléctrica, entre otras facilidades.
Los precios de los apartamentos oscilaban entre US$54,000 y US$105,000, y los compradores debían pagar inicialmente cerca del 20 % del valor total, completando el resto en cuotas mientras avanzaba la construcción.
Sin embargo, los testimonios recogidos en la investigación señalan que la obra nunca inició formalmente. Aunque en un momento se colocó maquinaria y se realizaron excavaciones superficiales, no se levantó ninguna estructura ni se inició la cimentación del edificio.
Además, una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos indica que el terreno identificado en los contratos no pertenece a la empresa Boca Chica Garden SRL ni a Edgar Hernández, sino que figura registrado a nombre de un tercero.
Ante la magnitud del caso, el abogado Miguel Surún Hernández, en representación de más de 40 afectados, presentó una querella penal contra Edgar Hernández, Mabel Luciano, gerente general del proyecto, y la empresa Boca Chica Garden SRL.
Los cargos incluyen estafa agravada, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
Las víctimas, muchas de ellas dominicanos residentes en el exterior, aseguran haber entregado entre US$2,000 y más de US$40,000 para adquirir apartamentos que nunca se construyeron.
El caso continúa en proceso mientras las autoridades investigan el presunto esquema de estafa que habría afectado a cientos de compradores.
Santo Domingo, R.D.-Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, anunció este jueves la reapertura de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo a un mes de que un escándalo de corrupción obligara a la suspensión temporal de sus operaciones, así como la destitución y arresto del dominicano Melitón Cordero, que fungía como su supervisor.
«Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción«, señala Campos en un comunicado oficial colgado en las redes sociales de la misión diplomática.
En el mensaje, la diplomática reitera el compromiso de su país con la relación de lucha contra el narcotráfico establecida con la República Dominicana, así como su decisión personal de «erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos».
En un comunicado adicional, Campos indicó que el cierre de la DEA, anunciado el pasado 12 de febrero, envió un «mensaje claro» de que la corrupción, incluso la percepción de este delito, «no tiene cabida en el Gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro gobierno».
«Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia«, reiteró.
Campos informó que durante el proceso de investigación, que inició cuando un exempleado denunció el abuso de un proceso de visa en beneficio de «informantes confidenciales», se ha auxiliado del administrador de la DEA, Terry Cole, con el fin de «asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad».
En ese sentido, la embajadora indicó que estará reabriendo la oficina «bajo un nuevo liderazgo«, que marcará un nuevo capitulo en la lucha contra el narcoterrorismo y la corrupción.
- Campos no especificó desde cuando estará abierta la oficina de la DEA ni quienes serán sus nuevos líderes, pero advirtió que tanto los programas de visas, como los procesos internos de la embajada estarán auditados, lo que permitirá que salgan «más fuertes y resilientes».
«Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA«, expresó.
Comunicado íntegro de la embajadora
- La Embajadora de los Estados Unidos
Leah F. Campos reabre la Oficina de la DEA en Santo DomingoEl cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro gobierno. Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia.Mientras la investigación continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para asegurar que salgamos de este proceso más fuertes y resilientes.A lo largo de este proceso, he trabajado estrechamente con el administrador de la DEA, Terry Cole, para asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad que espero de cada persona que sirve en la embajada que lidero. Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA.Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción. Los Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la continua e importante lucha contra los narcotraficantes, y sigo tan decidida como siempre a erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos.Este compromiso fue resaltado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante la histórica Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada la semana pasada en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Florida. Acompañado por líderes de toda la región, incluida la República Dominicana, el secretario Hegseth reafirmó la importancia de la soberanía, las fronteras fuertes y el compromiso regional contra el flagelo del narcoterrorismo.La participación activa de la República Dominicana demuestra la solidez de nuestra alianza y nuestro compromiso mutuo con un hemisferio más seguro, próspero y estable. Juntos seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas.Leah F. Campos
Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana
El pasado 12 de febrero, Campos informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado oficial en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública», posición que la misión diplomática mantenía la semana pasada, según un respuesta a una solicitud de información de este medio.
La acusación sostiene que el dominicano Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles debido a su asociación con actividades delictivas y quienes, con el tiempo, pueden convertirse en elegibles para obtener la residencia permanente.
La primera comparecencia de Cordero estaba programa para el 6 de marzo, pero la misma fue aplazada para el 6 de abril después de que la defensa solicitara una prórroga debido a la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
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Solicitan prisión preventiva contra hombres atropellados por hombre para evitar atraco en Santiago
Santiago, R.D.-Dos hombres implicados en un asalto en perjuicio de una mujer a la que interceptaron en una via pública el pasado 8 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, en cuyo caso el Ministerio Público solicitó que se les imponga medidas de coerción consistente en prisión preventiva.
De acuerdo a una nota de prensa de la institución, los imputados fueron identificados como David Jiménez Feliz y Christopher Torres Ortiz (el Mosquito). Se trata de los dos hombres que el conductor de un vehículo atropelló la motocicleta en que se desplazaban para impedir el atraco. El hecho quedó captado en un video que circuló en las redes sociales.
El órgano persecutor les acusa de arrebataron la cartera a la víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, que se trasladaba a pie por un tramo de la calle Salvador Cucurullo, en el centro de la ciudad, mientras iban a bordo de la motocicleta Z3000 CG200 color negro, conducida por Jiménez Feliz.