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Ley sanciona uso de fondos públicos en campaña con penas de prisión y multas
Santo Domingo, R.D.-Multas consistentes en pago de salarios mínimos y penas de prisión son las sanciones que pueden imponer la Junta Central Electoral (JCE) y los tribunales penales por la comisión de infracciones electorales y faltas administrativas durante los procesos electorales, entre ellas el uso de recursos públicos durante la campaña electoral.
La ley 20-23, orgánica de régimen electoral, contiene un régimen de sanciones administrativas y penales por incurrir en faltas, en infracciones o delitos electorales, y violaciones a los actos prohibidos legalmente.
Recientemente han surgido denuncias de vulneraciones legales, por presuntamente incurrirse en actos que están vedados en el período de la campaña electoral. Y se ha reclamado la intervención de la JCE, como órgano rector de los procesos electorales, que está facultada por la ley electoral para dictar medidas cautelares.
Los cuestionamientos más recientes conciernen a violación sobre el uso de los recursos y bienes públicos durante la campaña electoral. Específicamente, el opositor Partido Fuerza del Pueblo se ha referido a un video que circula en las redes sociales, en el que se observan vehículos con distintivos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) saliendo de un recinto militar.
En el ámbito administrativo, la ley electoral da potestad a la Junta para imponer sanciones de carácter monetario, ante faltas cometidas, otorgándole competencia para elaborar un reglamento con un procedimiento sancionador, el cual ya dictó en base al artículo 307 de la ley 20-23.
Incluye el uso en campaña política de los bienes y recursos públicos por parte de candidatos (as) que mantengan una relación estatutaria con la administración y que se prevalezcan de esa condición con fines de beneficiarse en el aspecto político.
En ese reglamento, del 3 de mayo de 2023, el Pleno de la JCE puso en funcionamiento una unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones y medidas cautelares que le facultan imponer las leyes 20-23 y 33-18. Además, establece, en el artículo 14, que la JCE podrá accionar, aún de oficio y en ausencia de un apoderamiento de parte, en los casos que ameriten una medida cautelar.
PENALIDADES QUE SE PUEDEN ESTABLECER
En el aspecto penal, la ley fija penas de uno a tres años de prisión para los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones utilicen fondos públicos para beneficiar a alguna organización política.
Igual pena reserva la legislación para los representantes de las organizaciones políticas o personas físicas o jurídicas que se apropien indebidamente de los recursos partidarios, destinándolos a un uso distinto al que establece la ley y las instancias de dirección colegiada de las entidades políticas.
Esos son algunos de los delitos electorales que corresponde conocer a los tribunales penales. Antes, era competencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), pero le fue quitada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Luego, aplicando el precedente constitucional, en la nueva ley electoral, se establece expresamente la competencia de la jurisdicción penal.
EL CASO DE LOS MILITARES Y POLICÍAS
Las restricciones legales se extienden a los militares y policías, a los cuales la Constitución y la ley les prohíben ejercer proselitismo político y el derecho al sufragio.
“En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral.”, dispone el artículo 167 de la ley 20-23.
Por igual, en el artículo 233, prohíbe “la aglomeración de tropas y toda ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección.”
OTROS ACTOS PROHIBIDOS
En el párrafo IV del artículo 210, la ley prohíbe los actos de inauguración de obras públicas por parte del gobierno central y de las alcaldías desde un período de 40 días antes de las elecciones del nivel municipal y de 60 días de los comicios del nivel presidencial. Esto significa, que ni los ayuntamientos ni las instituciones estatales podrán inaugurar obras durante ese período.
En base a esa disposición legal, la JCE estableció en el calendario electoral el inicio de esa veda el 9 de enero, para las elecciones municipales, y el 20 de marzo para las presidenciales y congresuales.
La ley dispone sanciones administrativas por la comisión de otros actos ilegales. Está la prohibición de promociones de candidatos en actos públicos realizados por entidades estatales; la realización de marchas, mítines o cualquier otra manifestación alrededor de esos actos; la publicidad en los actos de gobierno y de los cabildos que inciten a votar por un determinado candidato, y la utilización de las entidades u órganos del Estado para esos fines.
Dispone que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.
Sin embargo, la ley excluye los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales, pero prohíbe que sea aumentado el monto y el número de beneficiarios.
Hay otras prohibiciones que conciernen a la colocación de propaganda política en lugares públicos, y en vehículos propiedad del Estado, de organismos autónomos, empresas estatales o de ayuntamientos.
El Pleno de la JCE estableció en la proclama que durante el período de campaña electoral, las organizaciones políticas podrán ejercer libremente los derechos consagrados en la ley que les rige, y a su vez, preservar el régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones de dicha legislación, al igual que de las disposiciones que dicta el órgano de administración electoral.
GASTOS DURANTE LA CAMPAÑA
La ley sanciona también el exceso del tope de gastos de campaña que pueden incurrir los partidos y los candidatos, cuando sobrepase del 5 por ciento del tope permitido. La sanción que faculta imponer a la JCE en ese caso es una multa equivalente al tripe del monto excedido.
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República Dominicana reclama información a Rusia sobre 20 nacionales presuntamente vinculados al conflicto con Ucrania
Cancillería mantiene gestiones diplomáticas para localizar a dominicanos que habrían viajado atraídos por ofertas de empleo y posteriormente se encontraron en circunstancias distintas a las prometidas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Gobierno dominicano intensificó sus gestiones diplomáticas ante las autoridades de Rusia para esclarecer la situación de al menos 20 ciudadanos dominicanos cuyos familiares han denunciado posibles irregularidades relacionadas con ofertas laborales que los llevaron a ese país, donde presuntamente terminaron vinculados a actividades relacionadas con la guerra contra Ucrania.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó este miércoles que dispone de los expedientes documentados de esos 20 nacionales, identificados formalmente por sus familiares, cuyas informaciones ya fueron comunicadas a las autoridades rusas para iniciar las gestiones correspondientes.
La institución explicó que también ha recibido reportes sobre otros dominicanos que podrían encontrarse en circunstancias similares, aunque todavía no cuenta con la documentación necesaria para tramitar oficialmente esos casos.
Ofertas de trabajo bajo cuestionamiento
De acuerdo con las informaciones recibidas por la Cancillería, varios ciudadanos dominicanos viajaron a territorio ruso después de aceptar propuestas de empleo para desempeñar labores técnicas.
Sin embargo, algunos de los afectados y sus familiares han denunciado que, una vez en ese país, las condiciones que encontraron no coincidían con las oportunidades laborales que inicialmente les habían ofrecido.
Entre las situaciones reportadas figura la presunta incorporación de dominicanos a actividades relacionadas con el conflicto militar entre Rusia y Ucrania.
El MIREX precisó que los ciudadanos involucrados suscribieron contratos individuales en territorio ruso, aunque aclaró que esta circunstancia no limita la responsabilidad del Estado dominicano de ofrecer protección y asistencia consular a quienes la requieran.
Hasta el momento, las informaciones divulgadas no permiten establecer que los 20 ciudadanos identificados hayan sido incorporados efectivamente a operaciones militares.
Gobierno dominicano lleva preocupación a las autoridades rusas
Las gestiones diplomáticas alcanzaron el nivel de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.
El pasado 24 de septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, el canciller dominicano Víctor «Ito» Bisonó abordó directamente la situación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.
Durante la reunión bilateral, el representante dominicano manifestó la preocupación del Gobierno por las ofertas de empleo dirigidas a ciudadanos nacionales que podrían derivar en situaciones relacionadas con las operaciones militares desarrolladas en territorio ucraniano.
Como resultado de esos contactos, ambas partes acordaron mantener abiertos los mecanismos de comunicación diplomática para continuar examinando los casos reportados.
Paralelamente, la Embajada dominicana en Moscú remitió comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso solicitando información sobre el paradero y las circunstancias en que se encuentran los ciudadanos identificados.
Entregan expedientes de 20 dominicanos a embajador ruso
Las gestiones continuaron el martes 6 de octubre, cuando los viceministros dominicanos Francisco Caraballo Núñez, responsable de Política Exterior Bilateral, y Opinio Díaz, de Asuntos Consulares y Migratorios, sostuvieron un encuentro con el embajador ruso en República Dominicana, Serguéi Seredin.
Durante la reunión, los funcionarios entregaron formalmente la documentación correspondiente a los 20 ciudadanos cuyos casos habían sido reportados por sus familiares.
Según informó la Cancillería, el diplomático ruso expresó su disposición de remitir los expedientes a las instituciones competentes de su país para su evaluación y posterior respuesta.
Cancillería advierte sobre riesgos de ofertas laborales
El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que desde el 24 de septiembre había emitido una advertencia pública sobre propuestas de empleo en Rusia que podrían colocar a ciudadanos dominicanos en circunstancias distintas de las inicialmente ofrecidas.
La institución reiteró que mantiene disponibles sus servicios de protección consular para atender solicitudes de localización, establecer comunicación con familiares y gestionar asistencia en los casos que lo ameriten.
También contempla brindar acompañamiento diplomático a quienes necesiten apoyo para un eventual retorno a República Dominicana.
Contactos disponibles para solicitar asistencia
Los dominicanos que se encuentren en Rusia, así como sus familiares en territorio nacional, pueden solicitar orientación mediante los canales oficiales habilitados por la Cancillería.
Embajada dominicana en Moscú:
- Dirección: calle Mytnaya 3, oficina 2A, Moscú, 119049.
- Teléfonos: +7 (495) 415-36-01, +7 (495) 415-25-96 y +7 925 212-06-98.
- Correos electrónicos: seccionconsularrusia@mirex.gob.do y consular@embajadadominicana.org.ru.
Asistencia desde República Dominicana:
- Teléfono: (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100.
- Correo electrónico: proteccionanacionales@mirex.gob.do.
La situación mantiene la atención de las autoridades dominicanas debido a las denuncias sobre posibles mecanismos de captación laboral que habrían terminado exponiendo a ciudadanos nacionales a los riesgos de un conflicto armado internacional.
Mientras continúan las investigaciones y las comunicaciones oficiales entre ambos gobiernos, las familias de los afectados permanecen a la espera de información que permita determinar su paradero, sus condiciones de seguridad y las posibilidades de regresar al país.
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Casi 200 personas buscadas por la justicia se entregan a las autoridades en menos de dos meses
La Policía Nacional registra 42 entregas voluntarias durante los primeros seis días de octubre, mientras que los casos relacionados con homicidios suman 49 desde mediados de agosto.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Un total de 195 personas requeridas por las autoridades por su presunta vinculación con diferentes hechos delictivos se entregaron voluntariamente entre el 17 de agosto y el 6 de octubre de 2026, de acuerdo con las estadísticas divulgadas sobre estos casos.
De esa cantidad, 42 entregas ocurrieron durante los primeros seis días de octubre, lo que representa el 21.5 % del total registrado en el período analizado.
Los datos reflejan que una proporción importante de las personas que decidieron presentarse ante las autoridades estaba siendo buscada por hechos relacionados con delitos contra la propiedad, homicidios, agresiones físicas y lesiones ocasionadas mediante armas de fuego.
Delitos contra la propiedad encabezan las entregas recientes
Entre el 1 y el 6 de octubre, los casos vinculados con delitos contra la propiedad concentraron el mayor número de entregas voluntarias, con 15 personas.
En segundo lugar figuraron las agresiones físicas, con 12 entregas, mientras que otras cinco correspondieron a personas requeridas por investigaciones relacionadas con homicidios.
Durante ese mismo período también se contabilizaron tres entregas por heridas ocasionadas con armas blancas y dos por violencia intrafamiliar.
Las restantes correspondieron a heridas con armas de fuego, investigaciones, abuso sexual, amenazas y abuso de confianza, con un caso en cada categoría.
Septiembre concentró la mayor cantidad de entregas
La distribución mensual evidencia que septiembre fue el período con más personas que optaron por presentarse voluntariamente ante las autoridades.
Durante ese mes se registraron 122 entregas, equivalentes al 62.6 % del total acumulado.
Entre el 17 y el 31 de agosto se habían contabilizado 31 casos, representando el 15.9 %, mientras que los primeros seis días de octubre aportaron otros 42, equivalentes al 21.5 %.
Estas cifras muestran una concentración de las entregas durante septiembre, aunque los datos suministrados no permiten establecer por sí solos las razones que motivaron a las personas requeridas a ponerse a disposición de las autoridades.
Homicidios representan una cuarta parte de los casos
Al examinar las estadísticas acumuladas por tipo de infracción, los delitos contra la propiedad encabezan la clasificación con 58 entregas voluntarias, equivalentes al 29.7 %.
Los homicidios ocupan la segunda posición, con 49 personas requeridas por hechos de esa naturaleza, lo que representa el 25.1 % del total.
Por su parte, las heridas ocasionadas mediante armas de fuego y las agresiones físicas registran 28 entregas cada una, equivalentes individualmente al 14.4 %.
Las restantes 32 entregas, que representan el 16.4 %, están relacionadas con otras infracciones, entre ellas intentos de homicidio, violencia intrafamiliar, estafas, delitos sexuales, amenazas y violaciones a la legislación sobre armas de fuego.
También figuran investigaciones por falsedad documental, abuso de confianza y otros hechos.
Entrega voluntaria no significa reconocimiento de culpabilidad
Aunque las estadísticas permiten identificar la cantidad de personas que han decidido comparecer ante las autoridades, es importante establecer que una entrega voluntaria no constituye una admisión de culpabilidad ni equivale a una condena judicial.
Las personas investigadas conservan el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso, conforme a las garantías establecidas en la Constitución dominicana.
Corresponde al Ministerio Público determinar la procedencia de las imputaciones, reunir los elementos probatorios necesarios y, cuando corresponda, presentar los casos ante los tribunales competentes.
El registro de estas 195 entregas constituye un indicador de la cantidad de personas requeridas que se han puesto a disposición de las autoridades durante el período señalado. Sin embargo, para evaluar su impacto sobre la seguridad ciudadana resulta necesario conocer también la evolución de las investigaciones, las decisiones judiciales y los resultados de los procesos penales.
Los delincuentes habrían vigilado el establecimiento antes de ejecutar el ataque. El empleado de seguridad recibió un disparo en el pecho y permanece bajo atención médica.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Un intento de robo a mano armada contra una joyería del sector Villa Juana, en el Distrito Nacional, dejó como resultado un vigilante herido de bala, luego de que varios individuos intentaran penetrar al establecimiento comercial durante la tarde de este miércoles.
El afectado fue identificado como Carlos Martínez, encargado de la seguridad de la joyería Gisac Jewelry, ubicada en la calle Mauricio Báez, entre María Montés y Alfonso Espinoza.
Según explicó Ederly de León, uno de los propietarios del negocio, el incidente se produjo alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando varios desconocidos llegaron a bordo de una yipeta Mazda de color negro, sin placa, con la aparente intención de cometer el asalto.
De acuerdo con su relato, al menos dos hombres vestidos de negro, encapuchados y portando armas de fuego descendieron del vehículo y atacaron directamente al vigilante, ocasionándole una herida en el pecho.
Sin embargo, el intento de robo fue frustrado cuando una de las armas utilizadas por los atacantes presentó una falla, circunstancia que permitió al empleado de seguridad responder a la agresión e impedir que los individuos ingresaran al establecimiento.
Sospechosos habrían vigilado previamente el negocio
El propietario informó que, tras examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pudo observar que el vehículo utilizado por los presuntos delincuentes había transitado en varias ocasiones por las inmediaciones de la joyería antes de producirse el ataque.
Esta situación hace presumir que los responsables realizaron labores de vigilancia para identificar las condiciones de seguridad del establecimiento y determinar el momento de ejecutar el asalto.
De León sostuvo que los atacantes aparentemente tenían identificado al vigilante como el principal obstáculo para penetrar al negocio, razón por la cual dirigieron contra él la agresión inicial.
Temor por la seguridad de residentes y comerciantes
El hecho también generó preocupación por el peligro al que estuvieron expuestas otras personas que se encontraban en las proximidades del establecimiento comercial.
Al momento del ataque, dentro de la joyería permanecían una ejecutiva de ventas y su pareja, quienes resultaron ilesos.
El propietario expresó alivio porque ninguna otra persona sufrió lesiones, especialmente debido a que junto al establecimiento funciona una banca de lotería y en los alrededores suelen permanecer niños y adolescentes.
Vigilante recibe atenciones médicas
Tras resultar herido, Carlos Martínez fue trasladado a la Plaza de la Salud, donde recibe asistencia médica.
Hasta el momento de la información ofrecida, no se habían comunicado detalles adicionales sobre su evolución clínica ni la gravedad de la lesión.
El caso pone nuevamente sobre el tapete la vulnerabilidad de los establecimientos comerciales frente a los hechos delictivos y los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de protegerlos.