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Ley sanciona uso de fondos públicos en campaña con penas de prisión y multas
Santo Domingo, R.D.-Multas consistentes en pago de salarios mínimos y penas de prisión son las sanciones que pueden imponer la Junta Central Electoral (JCE) y los tribunales penales por la comisión de infracciones electorales y faltas administrativas durante los procesos electorales, entre ellas el uso de recursos públicos durante la campaña electoral.
La ley 20-23, orgánica de régimen electoral, contiene un régimen de sanciones administrativas y penales por incurrir en faltas, en infracciones o delitos electorales, y violaciones a los actos prohibidos legalmente.
Recientemente han surgido denuncias de vulneraciones legales, por presuntamente incurrirse en actos que están vedados en el período de la campaña electoral. Y se ha reclamado la intervención de la JCE, como órgano rector de los procesos electorales, que está facultada por la ley electoral para dictar medidas cautelares.
Los cuestionamientos más recientes conciernen a violación sobre el uso de los recursos y bienes públicos durante la campaña electoral. Específicamente, el opositor Partido Fuerza del Pueblo se ha referido a un video que circula en las redes sociales, en el que se observan vehículos con distintivos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) saliendo de un recinto militar.
En el ámbito administrativo, la ley electoral da potestad a la Junta para imponer sanciones de carácter monetario, ante faltas cometidas, otorgándole competencia para elaborar un reglamento con un procedimiento sancionador, el cual ya dictó en base al artículo 307 de la ley 20-23.
Incluye el uso en campaña política de los bienes y recursos públicos por parte de candidatos (as) que mantengan una relación estatutaria con la administración y que se prevalezcan de esa condición con fines de beneficiarse en el aspecto político.
En ese reglamento, del 3 de mayo de 2023, el Pleno de la JCE puso en funcionamiento una unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones y medidas cautelares que le facultan imponer las leyes 20-23 y 33-18. Además, establece, en el artículo 14, que la JCE podrá accionar, aún de oficio y en ausencia de un apoderamiento de parte, en los casos que ameriten una medida cautelar.
PENALIDADES QUE SE PUEDEN ESTABLECER
En el aspecto penal, la ley fija penas de uno a tres años de prisión para los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones utilicen fondos públicos para beneficiar a alguna organización política.
Igual pena reserva la legislación para los representantes de las organizaciones políticas o personas físicas o jurídicas que se apropien indebidamente de los recursos partidarios, destinándolos a un uso distinto al que establece la ley y las instancias de dirección colegiada de las entidades políticas.
Esos son algunos de los delitos electorales que corresponde conocer a los tribunales penales. Antes, era competencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), pero le fue quitada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Luego, aplicando el precedente constitucional, en la nueva ley electoral, se establece expresamente la competencia de la jurisdicción penal.
EL CASO DE LOS MILITARES Y POLICÍAS
Las restricciones legales se extienden a los militares y policías, a los cuales la Constitución y la ley les prohíben ejercer proselitismo político y el derecho al sufragio.
“En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral.”, dispone el artículo 167 de la ley 20-23.
Por igual, en el artículo 233, prohíbe “la aglomeración de tropas y toda ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección.”
OTROS ACTOS PROHIBIDOS
En el párrafo IV del artículo 210, la ley prohíbe los actos de inauguración de obras públicas por parte del gobierno central y de las alcaldías desde un período de 40 días antes de las elecciones del nivel municipal y de 60 días de los comicios del nivel presidencial. Esto significa, que ni los ayuntamientos ni las instituciones estatales podrán inaugurar obras durante ese período.
En base a esa disposición legal, la JCE estableció en el calendario electoral el inicio de esa veda el 9 de enero, para las elecciones municipales, y el 20 de marzo para las presidenciales y congresuales.
La ley dispone sanciones administrativas por la comisión de otros actos ilegales. Está la prohibición de promociones de candidatos en actos públicos realizados por entidades estatales; la realización de marchas, mítines o cualquier otra manifestación alrededor de esos actos; la publicidad en los actos de gobierno y de los cabildos que inciten a votar por un determinado candidato, y la utilización de las entidades u órganos del Estado para esos fines.
Dispone que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.
Sin embargo, la ley excluye los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales, pero prohíbe que sea aumentado el monto y el número de beneficiarios.
Hay otras prohibiciones que conciernen a la colocación de propaganda política en lugares públicos, y en vehículos propiedad del Estado, de organismos autónomos, empresas estatales o de ayuntamientos.
El Pleno de la JCE estableció en la proclama que durante el período de campaña electoral, las organizaciones políticas podrán ejercer libremente los derechos consagrados en la ley que les rige, y a su vez, preservar el régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones de dicha legislación, al igual que de las disposiciones que dicta el órgano de administración electoral.
GASTOS DURANTE LA CAMPAÑA
La ley sanciona también el exceso del tope de gastos de campaña que pueden incurrir los partidos y los candidatos, cuando sobrepase del 5 por ciento del tope permitido. La sanción que faculta imponer a la JCE en ese caso es una multa equivalente al tripe del monto excedido.
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Este martes conocerán medida de coerción contra acusados de desviar fondos del Patronato Contra el Cáncer
Santo Domingo, R.D.-Este martes un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá la solicitud de medida de coerción contra tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, por la presunta sustracción de millones de pesos de la institución para beneficio personal.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Entre los imputados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal acusado.
Según el órgano acusador, posee 155 elementos de prueba que sustentan las imputaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción. Estas evidencias incluyen 32 elementos testimoniales, tres periciales, 42 documentales, 14 materiales y 37 procesales.
Ministerio Público detalla Principales irregularidades cometidas por imputados.
Entre las presuntas acciones ilícitas atribuidas a los imputados del caso Onco14, se encuentran: Utilizar recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como objetivo principal para obtener fondos destinados a pacientes de escasos recursos afectados por cáncer, según solicitud de medida de coerción.
Estos crearon un departamento destinado a modificar indicaciones médicas y generar facturas fraudulentas en perjuicio de SeNaSa y sus afiliados.
En la instancia se indica que utilizaron los sellos médicos y talonarios pre sellados para emitir órdenes de estudios a nombre de especialistas que no habían evaluado a los pacientes.
Prohibieron la entrega gratuita de medicamentos donados a pacientes, bajo amenaza de despido al personal que incumpliera la disposición, con el objetivo de Comercializar esos medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia.
Realizar doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando dos veces por un mismo producto.
En el documentos se establece que el principal imputado ordeno administrar dosis incompletas de medicamentos oncológicos mientras se facturaban dosis completas a SeNaSa, y facturaron los medicamentos biológicos originales y entregar versiones genéricas de menor costo para obtener beneficios económicos indebidos.
En la solicitud de medida de coerción contra los imputados el caos Onco14, se establece que privatizaron las habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo la capacidad de atención del centro y destino espacios concebidos para pacientes con cáncer al uso de pacientes sometidos a cirugías estéticas. Y comercializaron los medicamentos con sustancias controladas al margen de las disposiciones legales vigentes.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público revelo que los imputados de caso Onco14, utilizaron la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida como mecanismo para desviar fondos del Patronato, mediante la importación masiva de equipos, papelería e insumos utilizando exoneraciones fiscales destinadas exclusivamente al Patronato, con fines comerciales particulares.
En la instancia se indica que los imputados del caso Onco14, cobraban presuntas comisiones ilícitas a proveedores de la institución.
En el documento el Ministerio Público especifica que los imputados del caso Onco14, eliminaron registros digitales y provocar el colapso del sistema informático para dificultar la trazabilidad de las operaciones, así también intentó sustraer documentación de la oficina de la presidencia del Patronato.
Desmantelaron controles internos para facilitar el desvío de recursos sin dejar rastros fiscales.
El principal imputado del caso Onco14, se autoasignarse gastos de representación sin justificación institucional, y realizo reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes, hoteles, restaurantes y otras actividades sin documentación de respaldo, según el expediente del caso Onco14.
La investigación del Ministerio Público revelo que todas esas irregularidades cometidas por los imputados del caso Onco14, perjudico directamente al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a SeNaSa y a pacientes oncológicos de las 14 provincias del Cibao. Y los imputado del caso Onco14, incorporaron al sistema financiero recursos presuntamente sustraídos mediante operaciones que podrían constituir lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que las acciones atribuidas a los imputados provocaron graves daños económicos a la institución, afectaron recursos destinados a pacientes con cáncer y comprometieron fondos públicos administrados a través de SeNaSa.
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Crucero internacional Hermandad de los Mares Verano 2026 fue despedido por la Armada Dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Un acto de despedida del Crucero Inmternacional para Guardamrinasw Hermandad de los Mares Verano 2026 fue hecho por la Armada de República Dominicana, cuya actividad tuvo lugar el pasado sábado, el cual tendrá una travesia de instruccion que recorrerá diversos puertos de Estados Unidos a bordo del buque escuela Almirante Juan Bautista Cambiaso.
La actividad, celebrada en el Apostadero Naval de Sans Souci, fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto al comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, quienes despidieron a los guardiamarinas que integran esta misión académica y de representación internacional.
Durante las palabras centrales del acto, el vicealmirante Crisóstomo Martínez agradeció al presidente Luis Abinader, por su apoyo constante a las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento institucional.
Asimismo, exhortó a los guardiamarinas a desempeñar la misión con honor y profesionalismo, recordándoles que tendrán la responsabilidad de representar dignamente a República Dominicana y a la Armada en cada puerto que visiten.
“Naveguen con el orgullo de quienes saben que llevan sobre sus hombros la representación de la Armada y de toda la nación”, indicó Crisóstomo Martínez.
La travesía reviste especial importancia, ya que la República Dominicana participará en las actividades conmemorativas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y en el prestigioso evento internacional “Sail250”, considerado uno de los mayores encuentros mundiales de grandes veleros y buques militares.
Como parte del acto, las autoridades invitadas abordaron el Buque Escuela “Almirante Juan Bautista Cambiaso” para despedir formalmente a la dotación y a los guardiamarinas.
Un comunicado de prensa refiere que, al concluir el recorrido protocolar, se realizó el desatraque de la embarcación mientras la Banda de Música de la Armada interpretaba la tradicional pieza naval “Leven Anclas”, marcando el inicio de la travesía.
La ceremonia contó con la asistencia de altos mandos militares y policiales, funcionarios gubernamentales, autoridades civiles y representantes de instituciones nacionales.
Entre los presentes figuraron los viceministros Miguel Ángel Rubio Báez, Agustín Morillo Rodríguez y Carlos Febrillet Rodríguez; el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración.
Además, asistieron otras personalidades del ámbito militar, gubernamental, diplomático y civil, como Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de Santo Domingo Este, así como Dickson Rivas Báez, Mauro Caslini y Giacome Moriconi.
Con esta misión, la Armada de República Dominicana reafirma su compromiso con la excelencia académica, el fortalecimiento de las capacidades operacionales de sus futuros oficiales y la promoción de la cooperación internacional, consolidando al Crucero Internacional para Guardiamarinas “Hermandad de los Mares Verano 2026” como símbolo de formación, integración y hermandad entre las naciones a través de los mares.
Santo Domingo, R.D.-La madrugada de este lunes un hombre, que aún no ha sido identificado, entró al área de Emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras y segó la vida de una mujer e hirió a otra con un arma de fuego.
La fallecida fue identificada como Nancy Sánchez Gálvez, mientras que la herida responde al nombre de Marilenny Cuello, de 45 años.
La información fue compartida por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueria, quien expresó que investigan las cámaras de seguridad para determinar quién era la persona que entró al lugar.
Al hablar en el Palacio de la Policía Nacional, explicó que cuando se tengan mayores detalles, serán dados a los medios de comunicación.