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Leyes del régimen electoral penden del síndrome de la improvisación que caracteriza a todos los entes y órganos del Estado dominicano.
Por Elba García
Históricamente la República Dominicana ha estado sometida a la incertidumbre por las debilidades de las leyes del régimen electoral, las cuales cada cierto tiempo son modificadas, pero que lamentablemente no terminan de consolidar un sistema que preserve y proteja un aspecto vital de la democracia como es el de elegir y ser elegible.
La República Dominicana es una nación llena de sobresaltos, de incertidumbres, de falta de certezas, porque generalmente todo es el resultado de la improvisación, de la falta de planificación, cuyas características tienen incluso una razón profundamente cultural.
La democracia criolla ha tenido una serie de tropiezos durante sus procesos electorales por medidas administrativas y legislativas provenientes de la Junta Central Electoral (JCE) y de las cámaras legislativas, unas porque desnaturalizan las normas y otras porque el ánimo que prevalece en el Congreso Nacional es la politiquería y satisfacer intereses que nada tienen que ver con la democracia.
Estos asuntos son debilidades que han marcado la democracia dominicana, la cual en vez de buscar implementar un régimen legal-electoral que perdure en el tiempo, lo que hace es crear legislaciones que deben ser variadas o modificadas cada vez que se acerca un proceso electoral.
La explicación de esta conducta es precisamente por la causa citada más arriba, la politiquería, porque cada partido con incidencia en el Congreso Nacional o sin ella busca impactar en las cámaras legislativas con el único fin de favorecer los intereses de sus miembros o los grupos que lo conforman.
En la contienda electoral del 2020 fueron desastrosas las violaciones cometidas, las cuales provocaron la anulación de las elecciones municipales, pero incluso en las propias presidenciales se dieron situaciones de desconocer la Constitución de la República por parte de todos los partidos que conforman el sistema que los sustenta.
Fueron tantas las violaciones que en ese proceso no se respetó lo que tanto se había debatido como es la cuota de género, ya que partidos como el Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) incurrieron en todas las ilegalidades imaginables para acomodar las elecciones a sus intereses.
Pero esta es una debilidad que arrastra la democracia dominicana desde hace décadas cuando el presidente Joaquín Balaguer sostenía que si perdía ganaba, si empataba ganaba y si ganaba ganaba, porque la Junta Central Electoral era un órgano dirigido por personajes muy vinculados al Partido Reformista Social Cristiano y cuando menos por tener una notable cercanía con los grupos en el poder.
En el curso de los años los cambios que se han producido en el contexto electoral son prácticamente insignificantes, porque lo más reciente en términos de las normas fueron las aprobaciones de las leyes 15-19 y la 33-18, las cuales fueron manejadas con una gran premura y que por esa razón ni aquellos que las propiciaron crearon las herramientas para defenderse como parcelas políticas.
Al final de la jornada todo mundo ha perdido con las referidas legislaciones, es decir, no sólo los partidos, que son los propiciadores del gran desorden en esta materia, sino la propia democracia nacional, dado que lo ocurrido afectó mucho la credibilidad del sistema electoral.
Estas dos leyes han sufrido una serie de mutilaciones por parte del Tribunal Constitucional por estar al margen de la Carta Magna, pero éstas todavía mantienen el país en una incertidumbre que hay quienes se aventuran a decir que por los errores cometidos las mismas no garantizan unas elecciones transparentes y creíbles.
Es un problema que se constituye en la más grande amenaza a un ejercicio como es el comicial que representa la mayor expresión del derecho al voto y de un derecho constitucional de elegir y ser elegible, porque con esas legislaciones prevalecen más las trampas que el mandato saludable de las normas.
Ahora a menos de una semana para el cierre de la actual legislatura en el Congreso Nacional, los diputados se apresuran a la creación de una comisión especial para debatir las reformas que se buscan a las leyes del régimen electoral.
Este jueves, momentos previos a que llegaran los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), tanto el presidente de la Cámara de Diputados, como el de la comisión especial, no aseguraron que la pieza vaya a ser aprobada en esta legislatura.
Las dudas aparentemente se despejaron con lo dicho por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, de que que habría tiempo para su aprobación, pero solo si se extiende la actual legislatura.
Pero en iguales términos se expresó el presidente de la comisión especial, diputado Elias Wessin Chávez, quien agregó que no tiene dudas de que el proyecto de modificación no va estar listo para el cierre de la legislatura.
Otro que se mostró muy cuidadoso al respecto fue presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuya respuesta fue prácticamente poco optimista.
“Ayer definimos una ruta crítica de trabajo con relación a esta ley, pero luego de nosotros ver el camino definitivo que vamos a tomar y determinar las opiniones podremos establecer conclusiones de esa naturaleza. Mientras soberana la comisión y el pleno”, comentó Pacheco.
La actual legislatura termina el 12 del presente mes de enero, pero se hacen esfuerzos para que la misma pueda extenderse, sobre todo ante la gran prioridad e importancia de que las leyes del régimen electoral sean adecuadas al sistema.
El presidente de la JCE afirmó que respondieron todas las dudas de los diputados y se mostró confiado en que “quedaron sensibilizados” tras culminar la conversación.
Todo se produce pese a que el pleno de la JCE depositó en las cámaras legislativas una serie de propuestas de modificación de las leyes 15-19 y 33-18 el 22 de abril de 2022, pero las mismas todavía están en el limbo, ya que el Senado introdujo algunos cambios en estas normas, pero éstos fueron considerados inaceptables por amplios sectores de la vida nacional, los cuales están pendientes de ponderación en la Cámara de Diputados.
El presidente de la JCE recordó que con las propuestas de modificación de ambas leyes había decidido ejercer su facultad constitucional de iniciativa legislativa, conforme a lo establecido en el artículo 96, numeral 4, de la Constitución de la República.
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El dimes y diretes del presidente Abinader y del ministro de Interior de Venezuela que desluce a ambos Estados.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro está en la cuerda floja hace mucho tiempo por lo que parece ser una obsesión con el poder que ha colocado a Venezuela en un punto muy vulnerable frente a la comunidad internacional.
Lo que ocurre en ese país hermano nadie varias décadas atrás se lo iba imaginar, ya que se trata de personas que llegan al control del Estado para supuestamente hacer las cosas diferentes.
En los actuales momentos Maduro confronta problemas hasta con sus propios aliados naturales internacionales como el presidente de Brasil Ignacio Lula Da Silva y Gustavo Petro de Colombia, todo como resultado de ese interés desmedido por manejar la cosa pública de esa nación.
En ese contexto ha entrado al escenario el presidente Abinader que durante sus mandatos se ha caracterizado por querer intervenir en asuntos que no le competen y de alguna manera ponerse al servicio de intereses que no son los de la República Dominicana.
Abinader en lo que respecta con los temas nacionales se ha manejado con mucha torpeza, no solo con la comisión de los mismos errores y ahora resulta que no sabe distinguir cuál debe el escenario en el que debe pelear con su contrario.
Ello comprueba una vez más con la confrontación verbal que mantiene Abinader con Diosdado Cabello, una figura de primer orden del gobierno de Maduro, pero que no tiene la categoría y la jerarquía para que el jefe de Estado del país se involucre en una discusión pública en la que ninguno de los dos tiene razón.
Ni en Venezuela ni en República Dominicana y mecho menos en la comunidad internacional puede haber alquien que se atreva a desconocer los vínculos históricos y de solidaridad de ambos pueblos, pero raya en lo ridículo que estos funcionarios públicos regateen el aporte que ambas naciones han hecho a través de lo que se conoce como la solidaridad internacional.
Cabello le enrostra a la República Dominicana de una deuda de 350 millones de dólares, lo cual debe ser determinado a través de los mecanismos que tienen los Estados para esos fines, pese a que no hay ningún asidero para reconocer que Venezuela ha sido muy desprendida en términos de petróleo con el país.
Negar eso es ponerse al lado de la ingratitud y de la sin razón, pero ese desprendimiento de Venezuela no puede usarse como un mecanismo de chantaje y de humillación de un país en contra del otro.
Este enfoque equivocado en política internacional ya había ocurrido a propósito de la situación haitiana, porque Abinader asumió ese tema como si tuviera autoridad hasta para solicitar una intervención armada en la hermana nación.
Fueron incontables los escenarios internacionales en los que Abinader hablaba y se comportaba como si él tiene la facultad para hablar y actuar en nombre del pueblo haitiano, cuyos resultados no pudieron ser otros que una confrontación que ha profundizado los niveles de odios en los dos pueblos.
Pues ahora el escogido es Venezuela por razones de geopolítica si el asunto se ve desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos en el país sudamericano, cuya torpeza del Gobierno dominicano ha llevado la situación a lo prácticamente irreconciliable.
El silencio es generalmente más elocuente que la palabra, cuya opción fue la debió tomar el presidente Abinader, porque si ciertamente hay una deuda pendiente con Venezuela, lo cual no es nada nuevo, debió manejarse el asunto por las vías correspondientes.
Naturalmente, todo el mundo sabe que las diferencias entre los gobiernos dominicano y venezolano está asociado a la incautación del avión de la nación sudamericana por parte de los Estados Unidos y que ésta entiende que República Dominicana ha sido utilizada para atacar a un pueblo hermano que ha practicado mucha solidaridad con el país.
Lo más inteligente para la República Dominicana es mantener una postura equidistante del conflicto entre los
AME7886. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/09/2024.- Combo de fotografías de archivo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader (i), y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro, llamó «ladrón» a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña. EFE/ ARCHIVO
Estados Unidos y Venezuela, porque en todo caso son los hermanos sudamericanos los que tienen la responsabilidad de buscarle una salida a la terquedad de Maduro.
El presidente Abinader debe abandonar la actitud de meter la cuchara en un plato que no es el suyo para que prevalezca el respeto mutuo y la dignidad en las relaciones entre los pueblos que conforman la comunidad internacional.
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Candidatos presidenciales que penden de una especie de ruleta rusa que no deja la certeza de quién será la víctima.
Donald Trump aparecía hace algunos meses como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero la entrada en competencia de su rival, Kamala Harris, como que le ha dado un vuelco a las mismas que nadie se atreve a asegurar cuál será el resultado final.
Pero de cualquier modo la imagen de la nación más poderosas del mundo ha sufrido bastante en lo que respecta a su credibilidad frente al mundo por el candidato más audaz de estos tiempos doblegar la parte más fuerte y sólida de los Estados Unidos de América como es sus altos niveles de institucionalidad.
Ello así, porque hace algún tiempo que nadie se podía imaginar que una persona física, no una clase social, pudiera torcer la balanza en favor de sus intereses personales en desmedro de la historia de la unión americana.
Aunque hay una serie de casos judiciales pendientes y que probablemente pueden vislumbrar una condena civil o penal, pero en términos de opinión pública Trump ha ganado la batalla, ya que incluso se le ve como mucho más fuerte que el sistema de justicia y que otros estamentos de la institucionalidad de la potencia del norte.
Ha sido tanto así que mientras más se presentan acusaciones de crímenes y delitos en contra de Trump, éste aumenta su popularidad y nadie puede negar que representa un candidato lo suficientemente fuerte para imponerse en las elecciones de noviembre.
Sin embargo, luce que la entrada en la escena presidencial de Kamala Harris ha disminuido la fortaleza de una candidatura que a pesar de sus debilidades y la vocación de hacer cosas al margen de la ley de Trump no ha aparecido una forma que lo saque de la contienda electoral.
El caso Trump debe estudiarse política y sociológicamente para entender el fenómeno, pese a que en realidad a partir de la herencia histórico cultural de los Estados Unidos no parece que haya una explicación convincente.
Trump es un candidato antivalores y que no tiene ninguna base de sustentación, cuya aceptación popular es producto de la espontaneidad, pero apoyado en un discurso que lo principal que conlleva es impactar negativamente la imagen y la institucionalidad de una nación en la que no hay una explicación lógica del por qué no ha funcionado el sistema de justicia en su caso.
Es una tolerancia que no encaja con lo que todos los analistas consideran como un ejemplo de la aplicación severa de la ley cuando se trata de la comisión de crímenes y delitos graves, pero que esa tradición parece haber terminado con la salida al mundo político de Donald Trump.
Este hombre no sólo ha logrado llegar a la cima del poder, sino que vista la cuestión desde la irreverencia en que se apoya vende la idea de que es protagonista de una película en la que él siempre vence.
Independientemente de que Kamala Harris en las elecciones de noviembre no parece que pueda llevar a los Estados Unidos a recobrar la fortaleza institucional y la imagen de pulcritud que ha exhibido históricamente ante los demás países del mundo, pero por lo menos vende una imagen de mayor tolerancia y ternura que ni remotamente se puede encontrar en Trump, cuya principal obra es el irrespeto a la institucionalidad de una nación que busca castigar a los que se apoyan en un comportamiento parecido en aquellos países que están bajo su órbita geopolítica.
En todo caso, ya Donald Trump ha parido algunos iguales en algunos países latinoamericanos, como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonoro en Brasil y otros tantos que buscan parecerse a este personaje que se proyecta como enemigo de las instituciones y de la aplicación irrestricta de la ley.
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Desconfianza interpersonal se constituye en principal retranca para el desarrollo social en el país.
Por Elba García
La República Dominicana es una nación en crisis en lo que respecta a su desarrollo social, dado que sólo tres de cada diez ciudadanos dicen confiar en las demás personas.
Este cuadro resulta desalentador porque establece una desconfianza interpersonal que representa un gran peligro para el desarrollo social.
La realidad reflejada en la encuesta de Cultura Democrática del ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) demuestra que el 68.9 por ciento de la población cree que la mayoría de sus conciudadanos son “poco” o nada confiable.
Es decir, que el grueso de la ciudadanía no tiene esperanza con relación a sus semejantes y la baja confianza social alberga expectativas muy negativas sobre el comportamiento ajeno.
Esto plantea la necesidad de revertir los indicadores encontrados en el referido trabajo de investigación, ya que las sociedades donde la confianza interpersonal se encuentra generalizada, no crea un alto grado de compromiso y cohesión social, fruto de la expansión de normas informales que no favorecen la producción de bienes públicos.
Un elemento destacable en la investigación es que la baja confianza en las personas también se extrapola a las instituciones públicas, de las que de un total de diez medidas, los resultados constatan la baja confianza en las instancias democráticas nacionales.
Según el trabajo, los partidos políticos, lo cual no podía ser menos tras la gran abstención electoral en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de los pasados meses de febrero y mayor del presente año, son los que generan menos credibilidad para la gente, ya que el 76.6 % de la muestra asegura tener poca o ninguna confianza en ellos, mientras que los funcionarios generaron un nivel de desconfianza del 75.7 %.
Sin embargo, en contraposición a este deplorable cuadro, la Presidencia representa la institución que mejor valúan los dominicanos, dado que el 22.2 % respondió que confía «mucho» en Luis Abinader, siendo este el balance más alto de esa métrica.
En la medición una serie de instituciones públicas fueron evaluadas, entre las que se encontraban los tribunales, la Procuraduría, el presidente, el Poder Legislativo, los ayuntamientos, los funcionarios, los partidos políticos, la Junta Central Electoral, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En sentido general los indicadores demuestran que el país proyecta una imaginaria estabilidad política, máxime porque se celebran elecciones cada cuatro años, lo cual vende la idea de ser una democracia consolidada, pero la población entiende que no se gobierna para el bienestar colectivo.
Otro hallazgo de la investigación indica que apenas un 28.9 % de los dominicanos pudo expresar que se gobierna para el bien de todo el pueblo.
Otro detalle es que la mayoría de la población considera que ciertos grupos gobiernan el país para satisfacer sus propios intereses, lo cual constituye una retranca para el progreso social y económico.
Asimismo, la mayoría de las personas entiende que ciertos grupos gobiernan el país para satisfacer sus propios intereses.
El 67.3 % de alrededor de 2000 personas entiende que RD «está gobernada por unos cuantos grupos poderosos que sólo buscan su propio beneficio».
Este porcentaje pasó ligeramente de abril de 2022 a abril de 2023, ya que la ciudadanía que considera que en la nación no se priorizan los objetivos colectivos, de 66.5 a 68.7 %.
En el trabajo se detalla en sus conclusiones la urgencia de que las autoridades aborden esta crisis de representatividad y desconfianza hacia los actores estatales.
«Es necesario mejorar la representación de los intereses ciudadanos desde la actuación gubernamental, ya que en la actualidad sólo tres de cada diez ciudadanos afirman que el país está gobernado para el bien de todo el pueblo, mientras dos de cada tres lo perciben gobernado por unos cuantos grupos de poderosos en su propio beneficio», expresa el informe.
En la investigación se revela la ruptura entre gobernantes y gobernados y se agudiza por diversos factores relacionados al bienestar colectivo y a la gestión de lo público.
La población del país culpa a la clase política, ya que piensa que ésta es la que impone sus intereses por encima de los de la mayoría de los ciudadanos.
En un cuadro en el que se explican diferentes variables para este fenómeno, se evidenció que la percepción que se tiene de los actores políticos, se ve empañada por los casos de corrupción a los que pueden ser vinculados.
Se destacan dos factores que inciden en el tema: los políticos son «algo» o «muy» corruptos y los funcionarios del gobierno son «poco» o «nada» confiables.
El trabajo revela que aunque la gente establece que está de acuerdo con la democracia, el 64.0 % afirmó que está «poco» o «nada» satisfecho con el funcionamiento de este sistema político en la actualidad.
La poca satisfacción es la opción predominante entre los encuestados con un 35.7 % de escogencia para 2023.