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Leyes del régimen electoral penden del síndrome de la improvisación que caracteriza a todos los entes y órganos del Estado dominicano.
Por Elba García
Históricamente la República Dominicana ha estado sometida a la incertidumbre por las debilidades de las leyes del régimen electoral, las cuales cada cierto tiempo son modificadas, pero que lamentablemente no terminan de consolidar un sistema que preserve y proteja un aspecto vital de la democracia como es el de elegir y ser elegible.
La República Dominicana es una nación llena de sobresaltos, de incertidumbres, de falta de certezas, porque generalmente todo es el resultado de la improvisación, de la falta de planificación, cuyas características tienen incluso una razón profundamente cultural.
La democracia criolla ha tenido una serie de tropiezos durante sus procesos electorales por medidas administrativas y legislativas provenientes de la Junta Central Electoral (JCE) y de las cámaras legislativas, unas porque desnaturalizan las normas y otras porque el ánimo que prevalece en el Congreso Nacional es la politiquería y satisfacer intereses que nada tienen que ver con la democracia.
Estos asuntos son debilidades que han marcado la democracia dominicana, la cual en vez de buscar implementar un régimen legal-electoral que perdure en el tiempo, lo que hace es crear legislaciones que deben ser variadas o modificadas cada vez que se acerca un proceso electoral.
La explicación de esta conducta es precisamente por la causa citada más arriba, la politiquería, porque cada partido con incidencia en el Congreso Nacional o sin ella busca impactar en las cámaras legislativas con el único fin de favorecer los intereses de sus miembros o los grupos que lo conforman.
En la contienda electoral del 2020 fueron desastrosas las violaciones cometidas, las cuales provocaron la anulación de las elecciones municipales, pero incluso en las propias presidenciales se dieron situaciones de desconocer la Constitución de la República por parte de todos los partidos que conforman el sistema que los sustenta.
Fueron tantas las violaciones que en ese proceso no se respetó lo que tanto se había debatido como es la cuota de género, ya que partidos como el Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) incurrieron en todas las ilegalidades imaginables para acomodar las elecciones a sus intereses.
Pero esta es una debilidad que arrastra la democracia dominicana desde hace décadas cuando el presidente Joaquín Balaguer sostenía que si perdía ganaba, si empataba ganaba y si ganaba ganaba, porque la Junta Central Electoral era un órgano dirigido por personajes muy vinculados al Partido Reformista Social Cristiano y cuando menos por tener una notable cercanía con los grupos en el poder.
En el curso de los años los cambios que se han producido en el contexto electoral son prácticamente insignificantes, porque lo más reciente en términos de las normas fueron las aprobaciones de las leyes 15-19 y la 33-18, las cuales fueron manejadas con una gran premura y que por esa razón ni aquellos que las propiciaron crearon las herramientas para defenderse como parcelas políticas.
Al final de la jornada todo mundo ha perdido con las referidas legislaciones, es decir, no sólo los partidos, que son los propiciadores del gran desorden en esta materia, sino la propia democracia nacional, dado que lo ocurrido afectó mucho la credibilidad del sistema electoral.
Estas dos leyes han sufrido una serie de mutilaciones por parte del Tribunal Constitucional por estar al margen de la Carta Magna, pero éstas todavía mantienen el país en una incertidumbre que hay quienes se aventuran a decir que por los errores cometidos las mismas no garantizan unas elecciones transparentes y creíbles.
Es un problema que se constituye en la más grande amenaza a un ejercicio como es el comicial que representa la mayor expresión del derecho al voto y de un derecho constitucional de elegir y ser elegible, porque con esas legislaciones prevalecen más las trampas que el mandato saludable de las normas.
Ahora a menos de una semana para el cierre de la actual legislatura en el Congreso Nacional, los diputados se apresuran a la creación de una comisión especial para debatir las reformas que se buscan a las leyes del régimen electoral.
Este jueves, momentos previos a que llegaran los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), tanto el presidente de la Cámara de Diputados, como el de la comisión especial, no aseguraron que la pieza vaya a ser aprobada en esta legislatura.
Las dudas aparentemente se despejaron con lo dicho por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, de que que habría tiempo para su aprobación, pero solo si se extiende la actual legislatura.
Pero en iguales términos se expresó el presidente de la comisión especial, diputado Elias Wessin Chávez, quien agregó que no tiene dudas de que el proyecto de modificación no va estar listo para el cierre de la legislatura.
Otro que se mostró muy cuidadoso al respecto fue presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuya respuesta fue prácticamente poco optimista.
“Ayer definimos una ruta crítica de trabajo con relación a esta ley, pero luego de nosotros ver el camino definitivo que vamos a tomar y determinar las opiniones podremos establecer conclusiones de esa naturaleza. Mientras soberana la comisión y el pleno”, comentó Pacheco.
La actual legislatura termina el 12 del presente mes de enero, pero se hacen esfuerzos para que la misma pueda extenderse, sobre todo ante la gran prioridad e importancia de que las leyes del régimen electoral sean adecuadas al sistema.
El presidente de la JCE afirmó que respondieron todas las dudas de los diputados y se mostró confiado en que “quedaron sensibilizados” tras culminar la conversación.
Todo se produce pese a que el pleno de la JCE depositó en las cámaras legislativas una serie de propuestas de modificación de las leyes 15-19 y 33-18 el 22 de abril de 2022, pero las mismas todavía están en el limbo, ya que el Senado introdujo algunos cambios en estas normas, pero éstos fueron considerados inaceptables por amplios sectores de la vida nacional, los cuales están pendientes de ponderación en la Cámara de Diputados.
El presidente de la JCE recordó que con las propuestas de modificación de ambas leyes había decidido ejercer su facultad constitucional de iniciativa legislativa, conforme a lo establecido en el artículo 96, numeral 4, de la Constitución de la República.
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El triunfo de Lula en Brasil es el inicio del fin de la influencia de Trump y el control de la ultraderecha en Latinoamérica.
La reelección del mandatario brasileño representa un revés para el bolsonarismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los gobiernos aliados de Washington, mientras crece el descontento social frente a las dificultades económicas, la inseguridad y las expectativas incumplidas.
Por Elba R. García
La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye mucho más que la continuidad de un proyecto político de izquierda en la principal economía de América Latina, cuyo triunfo representa un acontecimiento de profundas repercusiones geopolíticas, particularmente para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya estrategia regional ha encontrado importantes aliados entre los sectores conservadores y de derecha del continente.
Lula consiguió imponerse en la segunda vuelta presidencial celebrada el 25 de octubre de 2026 frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, protagonizando una remontada electoral después de haber quedado en segundo lugar durante la primera votación, cuya victoria fue proyectada por Datafolha y confirmada por los reportes posteriores sobre el escrutinio.
Sin embargo, reducir este resultado a una confrontación entre izquierda y derecha sería desconocer las transformaciones políticas y sociales que experimenta América Latina, dado que lo ocurrido en Brasil también refleja las dificultades que enfrentan los proyectos políticos sustentados en liderazgos personalistas, discursos confrontativos y alianzas internacionales que no siempre responden a las expectativas de bienestar de sus propias poblaciones.
La derrota del candidato de Donald Trump en Brasil representa un revés para él e incluso por la estrecha relación entre el mandatario de la primera potencia del mundo y Jair Bolsonaro, además de que el expresidente brasileño en uno de los principales referentes latinoamericanos del movimiento conservador internacional.
Ambos dirigentes desarrollaron una afinidad política caracterizada por el nacionalismo, la confrontación con sectores progresistas, el cuestionamiento de determinadas instituciones y un discurso centrado en la seguridad, los valores tradicionales y la defensa de sus respectivas bases electorales, lo que llevó a Donald Trump durante los últimos anos a defender públicamente a Bolsonaro frente a distintos procesos judiciales y controversias políticas, lo que se vio como una injerencia en los asuntos internos de la nación más poderosa de Latinoamérica.
Incluso, una investigación de Reuters publicada el 24 de octubre reveló que funcionarios estadounidenses promovieron medidas de presión contra Brasil que, según fuentes consultadas, buscaban favorecer políticamente al entorno bolsonarista.
En ese contexto, la derrota de Flávio Bolsonaro constituye un golpe simbólico para la estrategia de expansión de la influencia trumpista en América Latina, aunque ello no significa que el presidente estadounidense haya perdido automáticamente su capacidad de influencia regional, pero sí demuestra que su cercanía con determinados candidatos no garantiza victorias electorales.
El resultado también confirma que la política brasileña posee dinámicas propias y que los ciudadanos no necesariamente trasladan sus simpatías hacia Estados Unidos al momento de decidir quién debe gobernar su país, lo cual sirve de espejo a otras democracias latinoamericanas.
Uno de los elementos que otorgan mayor relevancia al triunfo de Lula es el momento político que atraviesan varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos mantienen afinidades ideológicas o relaciones cercanas con la administración estadounidense.
Argentina, Chile y Ecuador presentan escenarios distintos, pero comparten una preocupación: la distancia entre las expectativas creadas durante las campañas electorales y los resultados que una parte considerable de la ciudadanía percibe en su vida cotidiana.
En Argentina, Javier Milei llegó al poder prometiendo una transformación radical del modelo económico y del funcionamiento del Estado, cuya cercanía política con Donald Trump ha sido uno de los rasgos más visibles de su proyección internacional.
No obstante, las tensiones sociales derivadas de sus políticas económicas y el malestar de determinados sectores han afectado su valoración ciudadana por lo que su popularidad ha bajado de forma impresionante.
En Chile, José Antonio Kast enfrenta el desafío de convertir su discurso de orden, seguridad y cambio político en resultados capaces de sostener su legitimidad social, pese a que el principal cuestionamiento en estos momentos es la liberación y reducción de penas a violadores sexuales de niños.
Mientras tanto, en Ecuador, Daniel Noboa debe responder a las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la violencia, la seguridad pública y la situación económica, lo que parece llevarlo a iniciar algún tipo de persecución política a través del derecho penal de los opositores que lo enfrentan.
La encuesta regional de CB Global Data correspondiente a octubre de 2026, difundida por la agencia EFE, permite dimensionar estas dificultades, ya que en la misma Javier Miley de Argentina tiene una imagen positiva que llega al 36,1 por ciento, mientras que la negativa alcanza el 59,0 por ciento.
Por su parte, José Antonio Kast de Chile tiene una imagen positiva de un 38,8 por ciento y negativa de un 56,8 por ciento y Daniel Noboa del Ecuador tiene un 47,5 por ciento de imagen negativa y un 46,9 por ciento negativa.
Estos indicadores evidencian dificultades importantes para determinados gobiernos, lo cual podría implicar que todos los mandatarios latinoamericanos de su línea están amenazados de sufrir una derrota en una próxima contienda electoral, sumándose al fenómeno la posibilidad de que Donald Trump pierde el control de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.
Aunque parece que tuvo algún peso la injerencia de Trump en Brasil para que Lula ganara la reelección, pero también obedece a la forma del ciudadano brasileña ver la política interna independientemente de lo que ocurre en otras partes del mundo.
Lo significativo es que una alianza internacional poderosa puede fortalecer la proyección diplomática de un gobernante, pero no sustituye su obligación de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.
Otro aspecto fundamental para interpretar la victoria de Lula es el sentimiento de soberanía nacional que históricamente ha acompañado a sectores importantes de la sociedad brasileña.
Brasil no es solamente el país más extenso y poblado de América del Sur. También es una potencia económica con una tradición diplomática que procura mantener márgenes de autonomía frente a las grandes potencias.
Su participación en los BRICS y sus relaciones comerciales con China, Estados Unidos, Europa y otras economías reflejan una estrategia internacional que trasciende las afinidades personales entre mandatarios.
Para determinados sectores políticos brasileños, la posibilidad de que el país adoptara una posición excesivamente alineada con Trump representaba un riesgo para esa autonomía.
Lula logró presentar su candidatura como una alternativa frente al retorno del bolsonarismo y como una defensa de la capacidad de Brasil para decidir sus políticas sin subordinación a intereses extranjeros.
También intervinieron las políticas sociales, la experiencia acumulada del mandatario, las alianzas electorales, la movilización de sus seguidores y las preocupaciones de una población profundamente dividida.
Lo que sí puede sostenerse es que la derrota del candidato bolsonarista debilita una de las principales plataformas políticas desde las cuales Washington podía ampliar su afinidad ideológica en la región.
El escenario latinoamericano demuestra que las sociedades no mantienen una fidelidad permanente hacia un determinado proyecto ideológico, ya que durante las últimas décadas, distintos países han experimentado alternancias entre gobiernos progresistas, conservadores, liberales y de orientación populista.
Estos cambios responden, en buena medida, al desgaste de los gobernantes y a la frustración de una ciudadanía que reclama mejores condiciones de vida.
Los electores pueden respaldar propuestas radicales cuando consideran que los partidos tradicionales han fracasado, pero ese apoyo puede debilitarse cuando las promesas de transformación no se traducen en soluciones.
En ese sentido, el triunfo de Lula plantea una advertencia a la derecha latinoamericana: ganar unas elecciones mediante un discurso de ruptura no garantiza conservar el respaldo popular, aunque el mismo también representa una advertencia para la izquierda, en el sentido del que lo haga mal será expulsado del poder.
El mandatario brasileño enfrentó una elección extraordinariamente competitiva, lo que demuestra que su experiencia y liderazgo histórico tampoco lo eximen de responder a las demandas de seguridad, empleo, estabilidad económica y transparencia.
La lección política es más amplia: ninguna corriente ideológica tiene asegurado el respaldo ciudadano, lo que ha sido evidenciado con lo reñida de las elecciones en Brasil
Donald Trump continúa siendo una figura influyente entre numerosos dirigentes conservadores latinoamericanos, pero sin lugar a dudas que su liderazgo ha recibido un fuerte revés en los países latinoamericanos, lo cual podría profundizarse si es desplazado del control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Su posición al frente de Estados Unidos le proporciona instrumentos diplomáticos, comerciales y estratégicos que ningún otro gobernante del continente posee en la misma dimensión, pero parece que su política de injerencia y confrontación tienen un límite.
La victoria brasileña demuestra que la influencia internacional no equivale a control electoral y que un proyecto político puede no imponerse a una alternativa no cercana al trumpismo, incluso en medio de una región marcada por el avance de diversas expresiones de derecha.
También evidencia las limitaciones de interpretar las elecciones latinoamericanas exclusivamente como una extensión de las disputas políticas estadounidenses, ya que los ciudadanos votan fundamentalmente condicionados por sus propias realidades nacionales.
En Argentina pesan las expectativas económicas. En Ecuador, la inseguridad. En Chile, las demandas de orden y bienestar. En Brasil, estos factores se combinaron con una disputa sobre el rumbo democrático, institucional e internacional del país.
Para Trump, la derrota del bolsonarismo representa un revés político importante, lo que podría implicar el comienzo de un retroceso generalizado de sus aliados regionales.
Esa posibilidad dependerá de la evolución económica, social e institucional de cada nación, sobre todo que Brasil es una especie de equilibrio político continental, dado que la permanencia de Lula al frente de esta nación fortifica los espacios regionales y multilaterales.
Su gobierno ha defendido una política exterior con mayores márgenes de independencia, la cooperación entre países del sur global, el fortalecimiento del multilateralismo y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos internacionales.
La continuidad de ese liderazgo permitirá mantener una voz latinoamericana con capacidad para discrepar de Washington en asuntos comerciales, ambientales y diplomáticos.
No obstante, Lula tendrá que gobernar una sociedad polarizada y negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten sus prioridades.
Su reelección no elimina la fortaleza electoral del conservadurismo brasileño ni garantiza el predominio regional de la izquierda, ahora lo que sí establece es un contrapeso significativo frente a las aspiraciones de expansión política del trumpismo.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el resultado de unas elecciones presidenciales, porque representa un golpe para el bolsonarismo, un revés para las aspiraciones regionales de Donald Trump y una demostración de que los procesos democráticos latinoamericanos conservan dinámicas que no pueden determinarse desde el exterior.
En momentos en que varios gobiernos enfrentan importantes niveles de rechazo ciudadano, Brasil recuerda que el verdadero poder político no reside exclusivamente en las alianzas internacionales, en la popularidad de un líder extranjero ni en la capacidad de movilizar emociones durante una campaña.
Reside, fundamentalmente, en la confianza de los ciudadanos y en la capacidad de transformar las promesas electorales en resultados.
La gran enseñanza del triunfo de Lula es que ningún liderazgo internacional puede sustituir la voluntad soberana de los pueblos. Y ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, puede conservar indefinidamente el apoyo ciudadano si deja de responder a sus necesidades.
La tragedia del Jet Set podría convertirse en un punto de referencia para la manera en que la justicia dominicana examine las muertes ocasionadas por el desplome de edificaciones cuyos peligros eran conocidos y no fueron corregidos, lo que ahora es un caso que tiene repercusión jurídica, económica, empresarial y social, sobre todo con la nueva calificación penal de homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual, frente a la situación de numerosas edificaciones dominicanas que podrían presentar deterioro estructural, modificaciones no supervisadas o ausencia de mantenimiento adecuado.
La decisión judicial de variar la calificación penal de homicidio involuntario a voluntario mediante la figura del dolo eventual plantea interrogantes que trascienden el proceso contra los propietarios de la discoteca.
La madrugada del 8 de abril de 2025, el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, provocó una de las mayores tragedias ocurridas en un centro de entretenimiento dominicano.
El 16 de octubre de 2026, el juez Franni González modificó la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusación que venía siendo examinada como homicidio involuntario y que ahora pasó a una calificación de homicidio voluntario sustentada en el dolo eventual.
Se trata de una decisión procesal que modifica la gravedad de la acusación y obliga a que el juicio se conozca nuevamente ante un tribunal colegiado, pero, más allá de las consecuencias para los imputados, surge una cuestión de interés nacional: ¿Qué ocurriría si otras edificaciones utilizadas por miles de dominicanos se encontraran en situaciones semejantes?
El dolo eventual en el derecho penal se presenta cuando una persona crea la posibilidad de provocar un resultado delictivo y, aun así, acepta ese riesgo al continuar con su conducta, aunque necesariamente esto no signifique que alguien desee directamente la muerte de otra persona, como lo ocurrido en la discoteca Jet Set hace ya algún tiempo.
La diferencia está en el conocimiento del peligro y en la aceptación de la posibilidad de que el resultado ocurra, pese a que haya habido advertencias técnicas serias de que el techo de un establecimiento presenta peligro de colapso como pasa en una gran cantidad de edificios del país, los cuales están llenos de objetos de alto peso, como plantas eléctricas y tinacos.
En todo caso si se produce un desplome mortal, el tribunal tendría que determinar si existió una negligencia grave o si los hechos permiten demostrar conocimiento y aceptación del resultado posible, porque no toda advertencia ignorada demuestra automáticamente dolo eventual, ya que para tales fines se exigen pruebas concretas sobre lo que sabía cada imputado y cómo se comportó frente al peligro.
La nueva calificación del caso Jet Set supone una advertencia para propietarios, administradores y responsables de establecimientos que operan en inmuebles con riesgos conocidos, ya que los responsables de edificaciones destinadas a espectáculos, actividades comerciales, viviendas, servicios educativos, atención sanitaria o de reuniones multitudinarias podrían tener mayores motivos para revisar sus condiciones estructurales.
Sin embargo, esto quiere decir que cualquier deterioro importante debe ser evaluado técnicamente y corregido oportunamente, cuya responsabilidad por el deterioro de un techo no sólo recae sobre los propietarios privados, sino también del Estado, el cual debe velar porque tragedias por esa causa no se produzcan.
La República Dominicana dispone de disposiciones sobre diseño, construcción, supervisión e inspección de edificaciones, entre las que figuran el Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras y el Reglamento R-004 para la Supervisión e Inspección de Obras.
No obstante, las medidas preventivas pueden evitar pérdidas humanas, cierres inesperados, litigios, indemnizaciones y daños patrimoniales, dado que la seguridad estructural debe ser entendida como parte del costo responsable de cualquier actividad económica y no como un gasto opcional.
En el dolo eventual entra en el debate la presunción de inocencia, cuyo cambio de calificación también enfrenta importantes desafíos jurídicos, pero que de cualquier modo los abogados defensores de los hermanos Espaillat, que es el caso que ha puesto sobre el tapete la referida figura jurídica, cuestionan la aplicación de la misma sobre la base de que no se ha demostrado la aceptación consciente de un desenlace mortal.
Desde cualquier perspectiva que sea vea, la decisión del tribunal al cambiar la calificación del caso a dolo eventual podría generar un proceso preventivo que permitiría identificar inmuebles que requieran mantenimiento, reforzamiento estructural, limitaciones de ocupación o, en situaciones extremas, clausura temporal.
Puede decirse que como la decisión judicial del caso Jet Set no ha establecido todavía la culpabilidad de los acusados, pero que sí coloca sobre la mesa una pregunta que el país no debería ignorar, ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si las advertencias técnicas fueran tomadas en serio antes de que aparezcan las víctimas?De portada
El narcotráfico, el lavado de activos, la economia subterranea y su impacto en la sociedad en R.D.
La economía subterránea vinculada al narcotráfico representa una amenaza para la estabilidad económica, la competencia empresarial y la institucionalidad de la República Dominicana, debido a que la circulación de capitales ilícitos puede distorsionar los mercados y producir una apariencia de prosperidad que no necesariamente se corresponde con el desarrollo nacional.
Por Elba García
Mientras la República Dominicana exhibe crecimiento en sectores como el turismo, la construcción, el comercio y los servicios, existe otra realidad menos visible: la circulación de dinero procedente de actividades ilegales, especialmente del narcotráfico, que plantea una interrogante de enorme trascendencia.
¿Hasta qué punto los recursos económicos provenientes del crimen organizado están penetrando la economía dominicana y alterando las condiciones normales de inversión, competencia y desarrollo?
La preocupación no se limita al tráfico de drogas, sino también al destino de las ganancias que genera esta actividad y a los mecanismos utilizados para introducirlas en el sistema económico nacional.
Para comprender este fenómeno resulta necesario distinguir entre la economía informal, que puede desarrollar actividades lícitas sin cumplir determinadas obligaciones; la economía ilegal, que obtiene ingresos mediante delitos; y el lavado de activos, que procura ocultar el origen ilícito de los recursos.
Esta diferenciación es importante porque no toda inversión millonaria constituye lavado de activos ni toda actividad informal está relacionada con el narcotráfico.
Sin embargo, cuando el dinero criminal logra incorporarse a negocios aparentemente legítimos, sus consecuencias pueden alcanzar a toda la economía.
La ubicación geográfica de la República Dominicana, próxima a importantes rutas comerciales internacionales, representa una ventaja para el turismo y el intercambio de mercancías, pero también constituye un desafío frente a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Durante décadas, organismos internacionales han identificado al país como territorio de tránsito de sustancias ilícitas procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
Las estadísticas oficiales permiten apreciar la dimensión de esta problemática.
Durante el año 2025, las autoridades dominicanas decomisaron 31.3 toneladas de distintas drogas en territorio nacional, cifra que ascendió a 48.3 toneladas al incluir operaciones realizadas mediante cooperación internacional, según informaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Aunque estos resultados reflejan importantes operaciones de interdicción, no permiten establecer cuánto dinero procedente del narcotráfico permanece o circula dentro de la economía dominicana.
En consecuencia, la interrogante fundamental no es solamente cuánta droga atraviesa el territorio nacional, sino qué proporción de los beneficios económicos de esas operaciones logra incorporarse al mercado interno.
El narcotráfico no termina con la comercialización de sustancias prohibidas, porque las organizaciones criminales necesitan mecanismos para disponer de los recursos obtenidos y aparentar que proceden de actividades legales.
Entre los sectores considerados vulnerables al lavado de activos figuran el mercado inmobiliario, la construcción, la compraventa de vehículos, determinados establecimientos comerciales y los juegos de azar.
Esto no significa que esas actividades estén dominadas por el narcotráfico, sino que presentan características que pueden ser aprovechadas para ocultar operaciones financieras ilegales.
Una empresa que utiliza recursos ilícitos podría vender productos por debajo de sus costos, soportar pérdidas prolongadas o realizar inversiones sin depender exclusivamente de la rentabilidad comercial.
En cambio, el empresario que trabaja dentro de la legalidad necesita recuperar su inversión, pagar salarios, impuestos, electricidad, alquileres, seguridad social y demás gastos operativos.
Es precisamente aquí donde el dinero del narcotráfico puede convertirse en un instrumento de competencia desleal, capaz de desplazar negocios legítimos y alterar las reglas del mercado.
Este fenómeno adquiere especial importancia en el sector inmobiliario.
La adquisición de terrenos, apartamentos, edificios y proyectos de construcción mediante capitales ilícitos puede contribuir al incremento artificial de precios y generar presiones especulativas en determinadas zonas.
Las consecuencias recaen sobre las familias que aspiran a adquirir una vivienda y sobre los inversionistas que dependen de financiamiento legítimo.
Sin embargo, no sería correcto atribuir automáticamente el encarecimiento de los inmuebles al narcotráfico, porque también intervienen factores como los materiales de construcción, las tasas de interés, la demanda habitacional y el valor del suelo.
El problema consiste en determinar qué parte de determinadas operaciones inmobiliarias podría estar vinculada con recursos de procedencia ilegal.
¿Puede el narcotráfico influir en la economía nacional?
La respuesta es afirmativa en términos de riesgo y mecanismos económicos, aunque no existe una estimación pública verificable que permita precisar la magnitud de esa influencia en la República Dominicana.
Una economía caracterizada por importantes movimientos de divisas, inversiones, operaciones comerciales y transferencias internacionales necesita mecanismos eficaces para distinguir los recursos legítimos de aquellos provenientes de actividades criminales.
Según el Banco Central, durante los primeros nueve meses de 2026 las remesas familiares alcanzaron los 9,489.8 millones de dólares, un incremento de 6.5 % respecto al mismo período del año anterior.
Estos recursos constituyen ingresos legítimos que contribuyen al consumo y a la disponibilidad de divisas.
No obstante, el desafío consiste en impedir que las organizaciones criminales utilicen operaciones comerciales y financieras para encubrir movimientos de capitales ilícitos.
Tampoco existen datos suficientes para afirmar que el narcotráfico determina la estabilidad cambiaria dominicana o representa un porcentaje específico del producto interno bruto.
Lo que sí puede establecerse es que la penetración de recursos ilegales genera riesgos para la transparencia financiera, la competencia empresarial y la confianza en las instituciones.
Corrupción y debilitamiento institucional
Las consecuencias del narcotráfico trascienden la circulación de dinero.
Las organizaciones criminales pueden intentar establecer vínculos con funcionarios, autoridades y estructuras de poder para proteger sus operaciones, reducir los riesgos de persecución y facilitar el movimiento de sus recursos.
Cuando estas prácticas ocurren, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte también en una amenaza para la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica.
La corrupción vinculada al crimen organizado puede debilitar los mecanismos de control, perjudicar la confianza de los inversionistas y favorecer la impunidad.
A esto se suman los recursos que el Estado debe destinar a combatir el tráfico de drogas, investigar delitos financieros, fortalecer la seguridad ciudadana y procesar judicialmente a los responsables.
Por consiguiente, aunque el dinero ilícito pueda generar movimientos comerciales y financiar determinadas inversiones, eso no significa que produzca desarrollo económico sostenible.
El crecimiento verdadero necesita productividad, empleos legítimos, competencia transparente, seguridad jurídica y confianza institucional.
La responsabilidad del Estado dominicano
La República Dominicana dispone de instrumentos legales para enfrentar estas actividades, entre ellos la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, el combate al narcotráfico no puede limitarse a la incautación de cargamentos de drogas.
También resulta imprescindible investigar el destino de sus ganancias, identificar a los beneficiarios reales de operaciones empresariales, perseguir los patrimonios de origen criminal y fortalecer la supervisión de los sectores vulnerables.
La Unidad de Análisis Financiero y las demás instituciones competentes desempeñan un papel fundamental en la identificación y análisis de operaciones sospechosas.
Pero la efectividad de la política estatal debe medirse también por las investigaciones financieras, las condenas judiciales y la recuperación de los bienes vinculados con actividades ilícitas.
El mayor peligro para la economía dominicana no consiste únicamente en la cantidad de dinero que pueda producir el narcotráfico, sino en la capacidad de ese capital para adquirir apariencia de legalidad, alterar la competencia económica y penetrar las estructuras institucionales.
Una nación puede exhibir edificios modernos, inversiones millonarias, establecimientos comerciales y grandes movimientos financieros sin que todas esas manifestaciones representen necesariamente riqueza generada mediante actividades productivas legítimas.
De ahí que la República Dominicana enfrente un desafío que va mucho más allá de capturar narcotraficantes y decomisar sustancias prohibidas.
Se trata de impedir que el dinero procedente del crimen organizado termine convirtiéndose en un componente de la actividad económica formal y comprometa las posibilidades de desarrollo nacional.
Porque el progreso de un país no debe medirse solamente por la cantidad de dinero que circula en su economía, sino también por la legalidad de su procedencia, la transparencia de las inversiones y los beneficios que produce para la sociedad.
Y ante esta realidad surge una interrogante que las autoridades y la sociedad dominicana no deberían ignorar: ¿hasta qué punto estamos construyendo una economía sustentada en la producción y el trabajo legítimo, y cuánto espacio podría estar ocupando un capital subterráneo cuyo origen y verdadera dimensión todavía desconocemos?