Leyes del régimen electoral penden del síndrome de la improvisación que caracteriza a todos los entes y órganos del Estado dominicano.

Por Elba García

Históricamente la República Dominicana ha estado sometida a la incertidumbre por las debilidades de las leyes del régimen electoral, las cuales cada cierto tiempo son modificadas, pero que lamentablemente no terminan de consolidar un sistema que preserve y proteja un aspecto vital de la democracia como es el de elegir y ser elegible.

La República Dominicana es una nación llena de sobresaltos, de incertidumbres, de falta de certezas, porque generalmente todo es el resultado de la improvisación, de la falta de planificación, cuyas características tienen incluso una razón profundamente cultural.

La democracia criolla ha tenido una serie de tropiezos durante sus procesos electorales por medidas administrativas y legislativas provenientes de la Junta Central Electoral (JCE) y de las cámaras legislativas, unas porque desnaturalizan las normas y  otras porque el ánimo que prevalece en el Congreso Nacional es la politiquería y satisfacer intereses que nada tienen que ver con la democracia.

Estos asuntos son debilidades que han marcado la democracia dominicana, la cual en vez de buscar implementar un régimen legal-electoral que perdure en el tiempo, lo que hace es crear legislaciones que deben ser variadas o modificadas cada vez que se acerca un proceso electoral.

La explicación de esta conducta es precisamente por la causa citada más arriba, la politiquería, porque cada partido con incidencia en el Congreso Nacional o sin ella busca impactar en las cámaras legislativas con el único fin de favorecer los intereses de sus miembros o los grupos que lo conforman.

En la contienda electoral del 2020 fueron desastrosas las violaciones cometidas, las cuales provocaron la anulación de las elecciones municipales, pero incluso en las propias presidenciales se dieron situaciones de desconocer la Constitución de la República por parte de todos los partidos que conforman el sistema que los sustenta.

Fueron tantas las violaciones que en ese proceso no se respetó lo que tanto se había debatido como es la cuota de género, ya que partidos como el Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) incurrieron en todas las ilegalidades imaginables para acomodar las elecciones a sus intereses.

Pero esta es una debilidad que arrastra la democracia dominicana desde hace décadas cuando el presidente Joaquín Balaguer sostenía que si perdía ganaba, si empataba ganaba y si ganaba ganaba, porque la Junta Central Electoral era un órgano dirigido por personajes muy vinculados al Partido Reformista Social Cristiano y cuando menos por tener una notable cercanía con los grupos en el poder.

En el curso de los años los cambios que se han producido en el contexto electoral son prácticamente insignificantes, porque lo más reciente en términos de las normas fueron las aprobaciones de las leyes 15-19 y la 33-18, las cuales fueron manejadas con una gran premura y que por esa razón ni aquellos que las propiciaron crearon las herramientas para defenderse como parcelas políticas.

Al final de la jornada todo mundo ha perdido con las referidas legislaciones, es decir, no sólo los partidos, que son los propiciadores del gran desorden en esta materia, sino la propia democracia nacional, dado que lo ocurrido afectó mucho la credibilidad del sistema electoral.

Estas dos leyes han sufrido una serie de mutilaciones por parte del Tribunal Constitucional por estar al margen de la Carta Magna, pero éstas todavía mantienen el país en una incertidumbre que hay quienes se aventuran a decir que por los errores cometidos las mismas no garantizan unas elecciones transparentes y creíbles.

Es un problema que se constituye en la más grande amenaza a un ejercicio como es el comicial que representa la mayor expresión del derecho al voto y de un derecho constitucional de elegir y ser elegible, porque con esas legislaciones prevalecen más las trampas que el mandato saludable de las normas.

Ahora a menos de una semana para el cierre de la actual legislatura en el Congreso Nacional, los diputados se apresuran a la creación de una comisión especial para debatir las reformas que se buscan a las leyes del régimen electoral.

Este jueves, momentos previos a que llegaran los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), tanto el presidente de la Cámara de Diputados, como el de la comisión especial, no aseguraron que la pieza vaya a ser aprobada en esta legislatura.

Las dudas aparentemente se despejaron con lo dicho por  el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, de que  que habría tiempo para su aprobación, pero solo si se extiende la actual legislatura.

Pero en iguales términos se expresó el presidente de la comisión especial, diputado Elias Wessin Chávez, quien agregó que no tiene dudas de que el proyecto de modificación no va estar listo para el cierre de la legislatura.

Otro que se mostró muy cuidadoso al respecto fue presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuya respuesta fue prácticamente poco optimista.

“Ayer definimos una ruta crítica de trabajo con relación a esta ley, pero luego de nosotros ver el camino definitivo que vamos a tomar y determinar las opiniones podremos establecer conclusiones de esa naturaleza. Mientras soberana la comisión y el pleno”, comentó Pacheco.

La actual legislatura termina el 12 del presente mes de enero, pero se hacen esfuerzos para que la misma pueda extenderse, sobre todo ante la gran prioridad e importancia de que las leyes del régimen electoral sean adecuadas al sistema.

El presidente de la JCE afirmó que respondieron todas las dudas de los diputados y se mostró confiado en que “quedaron sensibilizados” tras culminar la conversación.

Todo se produce pese a que el pleno de la JCE depositó en las cámaras legislativas una serie de propuestas de modificación de las leyes 15-19 y 33-18 el 22 de abril de 2022, pero las mismas todavía están en el limbo, ya que el Senado introdujo algunos cambios en estas normas, pero éstos fueron considerados inaceptables por amplios sectores de la vida nacional, los cuales están pendientes de ponderación en la Cámara de Diputados.

El presidente de la JCE recordó que con las propuestas de modificación de ambas leyes había decidido ejercer su facultad constitucional de iniciativa legislativa, conforme a lo establecido en el artículo 96, numeral 4, de la Constitución de la República.