Análisis Noticiosos
Leyes que protegen a las mujeres para combatir el hambre en el mundo
Unos 200 parlamentarios de 64 países se dieron cita en Chile para impulsar legislación y políticas públicas en sus Parlamentos nacionales ante la crisis alimentaria y el avance de la “comida chatarra” que se propaga por el planeta y que afecta sobre todo a las mujeres
Llay Llay (Chile).-Mónica y sus compañeras se han vuelto a calzar el forro polar rojo esta mañana para despachar sus lechugas y cebollas en los puestos callejeros de la comarca chilena del Llay Llay, en el centro del país. Como ocurre todos los viernes desde hace seis años. Tal vez a primera vista no lo parece, pero el suyo es un acto de resistencia. Resisten a los precios disparados de los insumos del campo, a la pertinaz sequía, a la macroindustria que ha cubierto de aguacates sus campos y chupado su agua y a los bolsillos adelgazados de sus vecinos, golpeados por la inflación y abocados a comprar como dicen ellas “comida chatarra” más barata. Resisten porque es su modo de vida y porque ellas también tienen que comer.
En esta comuna de Llay Llay, condenada a la sequía durante más de una década, donde antes corría el agua ahora hay cementerios de vacas. Aún aguantan las cabras y los cabreros, pero muchas otras familias ya no tienen empleo. Hubo hombres que emigraron en busca de ingresos y las mujeres se quedaron cultivando. En los cerros han cavado pozos profundos y plantado aguacates para la exportación. Cada vez hay menos terrenos agrícolas y gente que los cultive. La cosecha es menor e importan más. “Antes nosotras vendíamos rápidamente las cosas, pero ahora la gente no anda con mucho dinero por la inflación”, explica Margarita, una de las agricultoras, junto a sus impresionantes lechugas. Además del agua, el precio de los insumos también se ha disparado. Si hace dos años compraban nutrientes como el nitrógeno por 12.000 pesos el saco, ahora les cuesta 45.000. Como en otras comunas del país y como confirma el alcalde Eduardo González, la obesidad, la otra cara de la malnutrición, avanza. “Cuando uno los ve en el supermercado, los carros llevan pura comida chatarra”, explica Enríquez.
El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”,
“El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”, recordó, al margen del encuentro, Anton Leis, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, promotora de la cita chilena. Porque si en algo coincidieron los parlamentarios es en que hacen falta normas que den continuidad y en la necesidad de dejar instaladas políticas de Estado más allá del Gobierno de turno que conlleven un gasto presupuestario que pueda ser fiscalizado. En América Latina y El Caribe por ejemplo, los Parlamentos nacionales ya han adoptado 80 leyes de lucha contra el hambre. Hay ejemplos como el de Guatemala o el de Honduras, con leyes por las que alimentan a millones a los niños en las escuelas, o como la colombiana, que establece que el 30% de las compras de comida públicas que irán a parar a hospitales o al ejército procederán de pequeños agricultores. O la de Paraguay, que rescata los alimentos de las grandes superficies a punto de caducar. O la pionera chilena, con un etiquetado frontal para reducir la obesidad. Los parlamentarios acordaron en Valparaíso incluir el enfoque de género en sus iniciativas legislativas.
María Eugenia Arancibia vende sus verduras en el mercado de Llay Llay, en el centro de Chile, en junio de 2023ANA CARBAJOSA VICENTE
El proceso no siempre es fácil. “Fue muy duro, pero lo logramos”, cuenta la diputada hondureña Teresa Calix. “Involucramos a maestros, universidades y llevamos a los niños al congreso a decir a los diputados: ‘tenemos hambre, queremos comer’. Los niños se dormían en las clases por debilidad”, recuerda la parlamentaria, que ahora trabaja en una ley de agricultura familiar. Calix achaca parte del problema a que muchos diputados no conocen su realidad. “Son solo de escritorio y eso es un gran problema”, resume.
Los avances son, sin embargo, a todas luces insuficientes. La diputada chilena Carolina Marzán, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, tiene claro que “hay alimentos suficientes para alimentar a la población, pero todavía hay inseguridad alimentaria y las mujeres son las que más lo sufren”. Explica que “la realidad con la pandemia cambió. Tuvimos un retroceso tremendo. Las mujeres retrocedieron muchísimo en lo que se había avanzado”.
Las cifras dejan claro que la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3, según los últimos datos de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, publicados en abril. Eso supone un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2019. “Durante la pandemia de la covid-19, la inseguridad alimentaria aumentó más rápido en el caso de las mujeres, y las pérdidas de empleo tanto en la producción agrícola primaria como en los segmentos no agrícolas de los sistemas agroalimentarios fueron mucho más acusadas en la población femenina que en la masculina. Las mujeres se vieron obligadas a agotar sus activos y ahorros, más limitados, antes que los hombres”, indica el informe de la FAO. El 22% de las mujeres perdieron su empleo en el sistema agroalimentario no agrícola en el primer año de la pandemia, en comparación con solo el 2% de los hombres. El informe calcula que si se cerrara la brecha de género en la productividad agrícola y se suprimiera la diferencia salarial en los sistemas agroalimentarios, el PIB mundial aumentaría un 1%. Con ello, la inseguridad alimentaria mundial se reduciría en alrededor de dos puntos porcentuales, y 45 millones de personas dejarían de pasar hambre.
La inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3%, según los últimos datos de la FAO.
En los países en desarrollo, la mitad de los trabajadores del campo son mujeres y producen entre el 60% y el 80% de los alimentos. Sin embargo, son propietarias de menos de un quinto de las tierras en esos países. Las mujeres, además, ganan en promedio un 18,4% menos que los hombres en el empleo asalariado en la agricultura.
Tres hijas para heredar
Claudia Brito, experta en género y sistemas sociales de la FAO, constata que desde 2015 estamos en un proceso de retroceso paulatino. “Sabemos que la mayoría de ese aumento son mujeres”. Considera que un factor fundamental es que las políticas sociales están enfocadas en el mundo urbano y no llegan al campo de la misma manera que a la ciudad. También recuerda que los cuidados siguen imponiendo una carga desproporcionada a las mujeres y las penaliza a la hora de conseguir un empleo y explica además que uno de los problemas es la falta de acceso a la tierra de las mujeres. “Que la mujer tenga tierra es fundamental porque le da espacio para tener voz y voto en los espacios comunitarios”. Es lo que llama la “violencia patrimonial”. “Hay que cambiar las leyes de titularidad. Las mujeres no heredan la tierra. La tierra es clave porque te permite acceder a un crédito, abrir un negocio y te da seguridad”. Detalla que Colombia y Paraguay sí tienen leyes destinadas a las mujeres rurales, pero que hay que tener además fondos específicos para acceso a la tierra y cotitularidad como han hecho Uruguay y México. El porcentaje de hombres con derechos de propiedad sobre tierras agrícolas es el doble que el de las mujeres en casi medio centenar de países estudiados por la FAO.
Es lo que cuenta María Eugenia Arrancibia, una de las agricultoras de Llay Llay. “Tenemos una herencia de papá y ahora estamos en proceso de subdivisión cada hermano con su propiedad. Pero nosotras somos tres hijas y si los maridos no quieren firmar a nosotras no nos entregan la tierra. Ellos son como administradores de nuestras tierras. Es una ley muy machista. Si es de nuestros padres, debe ser nuestra”. Arancibia ha cumplido ya los 65 y, pese a la guerra que le da la artrosis en la rodilla, sigue sacando lustrosas verduras de sus bancales.
Coincide con ella Norma Don Juan Pérez, indígena y representante de la Alianza por la Soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe, que acudió a la cita de Valparaíso para recordar a los parlamentarios lo que sucede fuera de los despachos. “Las mujeres no estamos representadas. No podemos tomar decisiones cuando se convocan las consultas, por ejemplo, sobre infraestructuras o financiación. La titularidad sigue siendo para el hombre. Para tu marido, para tu hijo, cuando en realidad muchas son titulares del facto porque los maridos han emigrado o trabajan fuera”, cita
Escuchó también con atención los discursos de los políticos reunidos en Valparaíso Juana Labraña, una cabrera chilena de 55 años. Reconocía el diagnóstico que hacían los parlamentarios porque lo vive a diario en sus campos desecados, sin pasto para el ganado. En cuanto a las soluciones, se perdía un poco en los vericuetos legislativos, pero tenía muy claro cuáles son sus necesidades: “No tienen que darnos comida. Tienen que darnos créditos para hacer invernaderos y sistemas de riego”.
elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.