Análisis Noticiosos
Leyes que protegen a las mujeres para combatir el hambre en el mundo
Unos 200 parlamentarios de 64 países se dieron cita en Chile para impulsar legislación y políticas públicas en sus Parlamentos nacionales ante la crisis alimentaria y el avance de la “comida chatarra” que se propaga por el planeta y que afecta sobre todo a las mujeres
Llay Llay (Chile).-Mónica y sus compañeras se han vuelto a calzar el forro polar rojo esta mañana para despachar sus lechugas y cebollas en los puestos callejeros de la comarca chilena del Llay Llay, en el centro del país. Como ocurre todos los viernes desde hace seis años. Tal vez a primera vista no lo parece, pero el suyo es un acto de resistencia. Resisten a los precios disparados de los insumos del campo, a la pertinaz sequía, a la macroindustria que ha cubierto de aguacates sus campos y chupado su agua y a los bolsillos adelgazados de sus vecinos, golpeados por la inflación y abocados a comprar como dicen ellas “comida chatarra” más barata. Resisten porque es su modo de vida y porque ellas también tienen que comer.
En esta comuna de Llay Llay, condenada a la sequía durante más de una década, donde antes corría el agua ahora hay cementerios de vacas. Aún aguantan las cabras y los cabreros, pero muchas otras familias ya no tienen empleo. Hubo hombres que emigraron en busca de ingresos y las mujeres se quedaron cultivando. En los cerros han cavado pozos profundos y plantado aguacates para la exportación. Cada vez hay menos terrenos agrícolas y gente que los cultive. La cosecha es menor e importan más. “Antes nosotras vendíamos rápidamente las cosas, pero ahora la gente no anda con mucho dinero por la inflación”, explica Margarita, una de las agricultoras, junto a sus impresionantes lechugas. Además del agua, el precio de los insumos también se ha disparado. Si hace dos años compraban nutrientes como el nitrógeno por 12.000 pesos el saco, ahora les cuesta 45.000. Como en otras comunas del país y como confirma el alcalde Eduardo González, la obesidad, la otra cara de la malnutrición, avanza. “Cuando uno los ve en el supermercado, los carros llevan pura comida chatarra”, explica Enríquez.
El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”,
“El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”, recordó, al margen del encuentro, Anton Leis, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, promotora de la cita chilena. Porque si en algo coincidieron los parlamentarios es en que hacen falta normas que den continuidad y en la necesidad de dejar instaladas políticas de Estado más allá del Gobierno de turno que conlleven un gasto presupuestario que pueda ser fiscalizado. En América Latina y El Caribe por ejemplo, los Parlamentos nacionales ya han adoptado 80 leyes de lucha contra el hambre. Hay ejemplos como el de Guatemala o el de Honduras, con leyes por las que alimentan a millones a los niños en las escuelas, o como la colombiana, que establece que el 30% de las compras de comida públicas que irán a parar a hospitales o al ejército procederán de pequeños agricultores. O la de Paraguay, que rescata los alimentos de las grandes superficies a punto de caducar. O la pionera chilena, con un etiquetado frontal para reducir la obesidad. Los parlamentarios acordaron en Valparaíso incluir el enfoque de género en sus iniciativas legislativas.
María Eugenia Arancibia vende sus verduras en el mercado de Llay Llay, en el centro de Chile, en junio de 2023ANA CARBAJOSA VICENTE
El proceso no siempre es fácil. “Fue muy duro, pero lo logramos”, cuenta la diputada hondureña Teresa Calix. “Involucramos a maestros, universidades y llevamos a los niños al congreso a decir a los diputados: ‘tenemos hambre, queremos comer’. Los niños se dormían en las clases por debilidad”, recuerda la parlamentaria, que ahora trabaja en una ley de agricultura familiar. Calix achaca parte del problema a que muchos diputados no conocen su realidad. “Son solo de escritorio y eso es un gran problema”, resume.
Los avances son, sin embargo, a todas luces insuficientes. La diputada chilena Carolina Marzán, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, tiene claro que “hay alimentos suficientes para alimentar a la población, pero todavía hay inseguridad alimentaria y las mujeres son las que más lo sufren”. Explica que “la realidad con la pandemia cambió. Tuvimos un retroceso tremendo. Las mujeres retrocedieron muchísimo en lo que se había avanzado”.
Las cifras dejan claro que la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3, según los últimos datos de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, publicados en abril. Eso supone un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2019. “Durante la pandemia de la covid-19, la inseguridad alimentaria aumentó más rápido en el caso de las mujeres, y las pérdidas de empleo tanto en la producción agrícola primaria como en los segmentos no agrícolas de los sistemas agroalimentarios fueron mucho más acusadas en la población femenina que en la masculina. Las mujeres se vieron obligadas a agotar sus activos y ahorros, más limitados, antes que los hombres”, indica el informe de la FAO. El 22% de las mujeres perdieron su empleo en el sistema agroalimentario no agrícola en el primer año de la pandemia, en comparación con solo el 2% de los hombres. El informe calcula que si se cerrara la brecha de género en la productividad agrícola y se suprimiera la diferencia salarial en los sistemas agroalimentarios, el PIB mundial aumentaría un 1%. Con ello, la inseguridad alimentaria mundial se reduciría en alrededor de dos puntos porcentuales, y 45 millones de personas dejarían de pasar hambre.
La inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3%, según los últimos datos de la FAO.
En los países en desarrollo, la mitad de los trabajadores del campo son mujeres y producen entre el 60% y el 80% de los alimentos. Sin embargo, son propietarias de menos de un quinto de las tierras en esos países. Las mujeres, además, ganan en promedio un 18,4% menos que los hombres en el empleo asalariado en la agricultura.
Tres hijas para heredar
Claudia Brito, experta en género y sistemas sociales de la FAO, constata que desde 2015 estamos en un proceso de retroceso paulatino. “Sabemos que la mayoría de ese aumento son mujeres”. Considera que un factor fundamental es que las políticas sociales están enfocadas en el mundo urbano y no llegan al campo de la misma manera que a la ciudad. También recuerda que los cuidados siguen imponiendo una carga desproporcionada a las mujeres y las penaliza a la hora de conseguir un empleo y explica además que uno de los problemas es la falta de acceso a la tierra de las mujeres. “Que la mujer tenga tierra es fundamental porque le da espacio para tener voz y voto en los espacios comunitarios”. Es lo que llama la “violencia patrimonial”. “Hay que cambiar las leyes de titularidad. Las mujeres no heredan la tierra. La tierra es clave porque te permite acceder a un crédito, abrir un negocio y te da seguridad”. Detalla que Colombia y Paraguay sí tienen leyes destinadas a las mujeres rurales, pero que hay que tener además fondos específicos para acceso a la tierra y cotitularidad como han hecho Uruguay y México. El porcentaje de hombres con derechos de propiedad sobre tierras agrícolas es el doble que el de las mujeres en casi medio centenar de países estudiados por la FAO.
Es lo que cuenta María Eugenia Arrancibia, una de las agricultoras de Llay Llay. “Tenemos una herencia de papá y ahora estamos en proceso de subdivisión cada hermano con su propiedad. Pero nosotras somos tres hijas y si los maridos no quieren firmar a nosotras no nos entregan la tierra. Ellos son como administradores de nuestras tierras. Es una ley muy machista. Si es de nuestros padres, debe ser nuestra”. Arancibia ha cumplido ya los 65 y, pese a la guerra que le da la artrosis en la rodilla, sigue sacando lustrosas verduras de sus bancales.
Coincide con ella Norma Don Juan Pérez, indígena y representante de la Alianza por la Soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe, que acudió a la cita de Valparaíso para recordar a los parlamentarios lo que sucede fuera de los despachos. “Las mujeres no estamos representadas. No podemos tomar decisiones cuando se convocan las consultas, por ejemplo, sobre infraestructuras o financiación. La titularidad sigue siendo para el hombre. Para tu marido, para tu hijo, cuando en realidad muchas son titulares del facto porque los maridos han emigrado o trabajan fuera”, cita
Escuchó también con atención los discursos de los políticos reunidos en Valparaíso Juana Labraña, una cabrera chilena de 55 años. Reconocía el diagnóstico que hacían los parlamentarios porque lo vive a diario en sus campos desecados, sin pasto para el ganado. En cuanto a las soluciones, se perdía un poco en los vericuetos legislativos, pero tenía muy claro cuáles son sus necesidades: “No tienen que darnos comida. Tienen que darnos créditos para hacer invernaderos y sistemas de riego”.
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Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.
Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.
Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.
Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
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Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.