Nacionales
Llegada del año 2024 inicia la cuenta regresiva para las elecciones municipales
Con la llegada del año 2024, la Junta Central Electoral (JCE) entra en una cuenta regresiva para el montaje de las elecciones municipales del 18 de febrero y con ellos una serie de puntos que se deben agotar antes del primer encuentro con las urnas.
Tras emitir la proclama que dejó abierta la campaña para las elecciones municipales, la JCE continuó con una serie de aprestos entre los que destacan la capacitación de los 55 mil militares y policías miembros de la Policía Militar Electoral.
Para enero los plazos legales establecen el límite para anunciar el local donde estarán funcionando cada colegio electoral.
De acuerdo al artículo 100 de la ley 20-23 de Régimen Electoral, el anuncio de donde funcionarán los colegios electorales se debe hacer 45 días antes de las elecciones y no podrán ser modificadas después de ser anunciadas, «salvo por alguna causa que impidiere su uso para fines electorales y contando el consentimiento expreso de la Junta Central Electoral«.
Asimismo, se establece el límite para la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central.
Las leyes electorales establecen que 40 días antes de la fecha para la celebración de los comicios está prohibido inaugurar obras de las alcaldías.
Para el 19 de enero, 30 días antes de las elecciones, se estableció el límite para la creación de colegios electorales.
«La Junta Central Electoral creará, con no menos de treinta (30) días de anticipación, los colegios electorales que juzgue necesarios para cada elección, determinarán los lugares donde deban situarse, haciéndolo de conocimiento público, y señalará la demarcación territorial que haya de abarcar cada uno», señala el artículo 59 de la ley 20-23.
Para crear estos colegios se tomarán en cuenta la distancia, número de electores inscriptos en cada registro de cada barrio o sección.
«A cada colegio electoral se asignará no más de 600 electores», señala el párrafo dos del artículo 59.
Los locales para los colegios electorales se deben escoger 30 días antes de las elecciones, o sea, a más tardar el 19 de enero.
Febrero de cuenta regresiva
Para el 3 de febrero la JCE deberá publicar oficiales de las elecciones en los medios de comunicación, esta acción se debe llevar a cabo 15 días antes de las elecciones.
La boleta electoral deberá contener todas las características que permitan identificar claramente la demarcación, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos participantes y los candidatos que han de ser escogidos con ellas, de acuerdo al párrafo uno del artículo 101.
Para el tres de febrero la JCE deberá designar a los funcionarios de los colegios electorales de las Juntas Electorales en cada jurisdicción y la notificación a los seleccionados deberá realizarse 24 horas después.
Acreditaciones
La entrega de acreditaciones de esos funcionarios deberá ser entregadas a mas tardar el 10 de febrero, ocho días antes de las elecciones.
Ocho días antes de las alecciones del 18 de febrero queda prohibida la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales.
Para el 13 de febrero la JCE iniciar con la entrega de materiales a las Juntas Electorales. Estos materiales incluyen las boletas, sobres para boletas observadas, impresos para las declaraciones de protestas e impugnaciones, lapiceros, impresos, libros para actas y registros entre otros.
«Las juntas electorales darán recibo a la Junta Central Electoral, por los materiales y útiles en detalle y serán responsables de su conservación hasta cuando hayan realizado entrega de los mismos a los colegios electorales», indica el párrafo único del artículo 103 de la ley 20-23.
Cuatro días antes de las elecciones 14 de febrero, el presidente y secretario de cada colegio electoral deberá ir ante la Junta Electoral de su jurisdicción donde recibirá los materiales para ser utilizado en su colegio electoral.
Entre estos se incluirán las boletas y as copias certificadas de las listas de electores a quien corresponde votar en ella.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.