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Llegada del año 2024 inicia la cuenta regresiva para las elecciones municipales

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Con la llegada del año 2024, la Junta Central Electoral (JCE) entra en una cuenta regresiva para el montaje de las elecciones municipales del 18 de febrero y con ellos una serie de puntos que se deben agotar antes del primer encuentro con las urnas.

Tras emitir la proclama que dejó abierta la campaña para las elecciones municipales, la JCE continuó con una serie de aprestos entre los que destacan la capacitación de los 55 mil militares y policías miembros de la Policía Militar Electoral.

Para enero los plazos legales establecen el límite para anunciar el local donde estarán funcionando cada colegio electoral.

De acuerdo al artículo 100 de la ley 20-23 de Régimen Electoral, el anuncio de donde funcionarán los colegios electorales se debe hacer 45 días antes de las elecciones y no podrán ser modificadas después de ser anunciadas, «salvo por alguna causa que impidiere su uso para fines electorales y contando el consentimiento expreso de la Junta Central Electoral«.

Asimismo, se establece el límite para la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central.

Las leyes electorales establecen que 40 días antes de la fecha para la celebración de los comicios está prohibido inaugurar obras de las alcaldías.

Para el 19 de enero, 30 días antes de las elecciones, se estableció el límite para la creación de colegios electorales.

«La Junta Central Electoral creará, con no menos de treinta (30) días de anticipación, los colegios electorales que juzgue necesarios para cada elección, determinarán los lugares donde deban situarse, haciéndolo de conocimiento público, y señalará la demarcación territorial que haya de abarcar cada uno», señala el artículo 59 de la ley 20-23.

Para crear estos colegios se tomarán en cuenta la distancianúmero de electores inscriptos en cada registro de cada barrio o sección.

«A cada colegio electoral se asignará no más de 600 electores», señala el párrafo dos del artículo 59.

Los locales para los colegios electorales se deben escoger 30 días antes de las elecciones, o sea, a más tardar el 19 de enero.

Febrero de cuenta regresiva

Para el 3 de febrero la JCE deberá publicar oficiales de las elecciones en los medios de comunicación, esta acción se debe llevar a cabo 15 días antes de las elecciones.

La boleta electoral deberá contener todas las características que permitan identificar claramente la demarcación, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos participantes y los candidatos que han de ser escogidos con ellas, de acuerdo al párrafo uno del artículo 101.

Para el tres de febrero la JCE deberá designar a los funcionarios de los colegios electorales de las Juntas Electorales en cada jurisdicción y la notificación a los seleccionados deberá realizarse 24 horas después.

Acreditaciones

La entrega de acreditaciones de esos funcionarios deberá ser entregadas a mas tardar el 10 de febrero, ocho días antes de las elecciones.

Ocho días antes de las alecciones del 18 de febrero queda prohibida la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales.

Para el 13 de febrero la JCE iniciar con la entrega de materiales a las Juntas Electorales. Estos materiales incluyen las boletas, sobres para boletas observadas, impresos para las declaraciones de protestas e impugnaciones, lapiceros, impresos, libros para actas y registros entre otros.

«Las juntas electorales darán recibo a la Junta Central Electoral, por los materiales y útiles en detalle y serán responsables de su conservación hasta cuando hayan realizado entrega de los mismos a los colegios electorales», indica el párrafo único del artículo 103 de la ley 20-23.

Cuatro días antes de las elecciones 14 de febrero, el presidente y secretario de cada colegio electoral deberá ir ante la Junta Electoral de su jurisdicción donde recibirá los materiales para ser utilizado en su colegio electoral.

Entre estos se incluirán las boletas y as copias certificadas de las listas de electores a quien corresponde votar en ella.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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