La develación del más reciente, denominado Operación Calamar, despertó a la población dominicana el domingo con la noticia de que, durante la madrugada de se produjeron una serie de allanamientos que dieron al traste con la detención de importantes exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.

Los nombres más sonoros son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y  el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Pero, ¿qué ha pasado con las otras grandes operaciones contra la corrupción puestas en marcha por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (Pepca)?

Antipulpo

El primer gran caso de corrupción fue develado en noviembre de 2020 por el Ministerio Público, fue la denominada “Operación Antipulpo”,  a poco más de tres meses de instalado el gobierno de Luis Abinader.

Se realizaron 38 allanamientos en todo el país y decenas de apresamientos, en el caso donde  el ministerio público los acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4 mil millones.

Los principales acusados de formar parte del supuesto entramado son Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

También Carmen Magalys Medina Sánchez, otra hermana del exmandatario Medina, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República.

En agosto de 2022, el  Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de Alexis Medina de prisión preventiva, que cumplía desde diciembre de 2020, por arresto domiciliario e impedimento de salida.  Esa misma instancia ordenó el pasado mes de febrero la apertura a juicio de fondo contra él y todos los demás implicados en la operación.

Mientras que, en febrero de este año, el mismo tribunal envió a juicio de fondo a 21 involucrados en el expediente, incluyendo a los hermanos del exmandatario peledeísta.

Medusa

El exprocurador Jean Alain Rodríguez protagonizó probablemente uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de la justicia dominicana desde su apresamiento el 29 de junio de 2021.

Rodríguez es el principal imputado por el Caso Medusa. También figuran como imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya.

Los envueltos en este entramado son señalados por delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delito electrónico y lavado de activos.

El cese de la prisión preventiva a Jean Alain fue ordenado en enero de este año por el mismo tribunal que conoce el juicio preliminar del caso, quien a cambio le impuso como medida de coerción arresto domiciliario, pago de una fianza de RD$50 millones, uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país.

Coral y Coral 5G

Operación Coral es el caso donde están involucrados principalmente altos oficiales militares, encabezados por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

A los involucrados se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.

Por su presunta participación en estos crímenes guardaban prisión preventiva el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez De Aza, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez,  Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.  Mientras que, el mayor Raúl Girón Jiménez, guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con el MP.

La mayoría de ellos ahora cumple arresto domiciliario tras habérsele variado la medida de coerción en diciembre de 2022.

Coral 5G

La segunda operación, que involucra a varios militares de altos rangos, fue revelada en noviembre de 2021 bajo el nombre de Coral 5G. En esta operación, el MP acusa a importantes miembros de los cuerpos castrenses con fuertes nexos con la pasada administración, de desviar miles de millones de pesos de las arcas del Estado.

En total son 13 los implicados, entre ellos el  exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.

Tanto la defensa de los encartados en ambos casos como el MP espera que en la audiencia de este lunes 20 de marzo, el tribunal decida dictar o no el auto de apertura a juicio contra los procesados.

Caracol

Aunque en febrero de 2021 el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Caracol” con una serie de allanamientos en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, el caso no ha avanzado y hasta ahora no existen arrestos ni acusaciones.

Esta operación involucra a pasados miembros de la referida instancia por, presuntamente, maquillar auditorías a favor de funcionarios del pasado gobierno, y se les imputa delitos como obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos.

Operación 13

El 12 de junio de 2021, el MP puso en marcha la “Operación 13”, nombre que hace alusión al bolo que usaron con el mismo número en la Lotería Nacional para “maquinar” el fraude cometido a bancas de lotería, en el sorteo del primero de mayo de ese año, que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones. Por su presunta vinculación con el caso, el órgano apresó a un grupo de 10 personas, encabezado por Luis Dicent, ex administrador de la Lotería.

Dentro de los implicados también se encontraban William Lisandro Rosario Ortiz; Valentina Rosario Cruz; Jonathan Brea; Carlos Berigüete; Miguel Mejía; Felipe Santiago Toribio; Rafael Mesa; Eladio Batista Valerio; y Edison Perdomo Peralta, todos acusados de formar parte de la estafa.

Tras agotar un largo proceso de audiencias, el pasado 6 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, y condenó a penas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados.

El tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por Yissel Soto y Katherine Rubio, en la sentencia alegó que no se presentaron pruebas en contra del exfuncionario.

Según el órgano persecutor, ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su función de administradores públicos, “prevaricaron y se coalicionaron” para esos fines.

También se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien se postuló a la presidencia por el partido morado en 2020 y es otro de los principales implicados en la operación anticorrupción.

De acuerdo con el MP, para realizar estas maniobras fraudulentas, Guerrero y Peralta contaron con la complicidad de Emilio César Rivas (occiso), en ese entonces el titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de los acuerdos de pagos de expropiaciones consciente de que estos no cumplían con los requisitos legales.

El documento expresa que estos acuerdos sirvieron de instrumento para la distracción de fondos públicos y que, además, Rivas también recibió sobornos millonarios para beneficio personal.

Claudio Silver Peña Peña, exdirector de Catastro Nacional es otro de los imputados señalados como cómplices de la supuesta estructura orquestada, según el MP, “desde las entrañas del Poder Ejecutivo”.

En la petición de allanamiento se acota que Peña incurrió en actos de corrupción durante su gestión, así como en los delitos de asociación de malhechores y coalición de funcionarios. También se le señala por presuntamente estafar, desfalcar y recibir sobornos de aproximadamente RD$60,280,000.

El MP delimita su papel en la estructura a “la realización de los avalúos, donde violó el procedimiento en beneficio del entramado y, posteriormente adquirió, poseyó y ocultó bienes muebles e inmuebles”.

El exdirector del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo Mccabe, actuó en confabulación con Donald Guerrero y los demás imputados en la compra fraudulenta de dos parcelas que se ubican en el Mercado de Productos Agropecuarios (Merca Santo Domingo) a través de la dependencia que dirigía, desfalcando al Estado.

Para la compra ilegal de estos terrenos, Piccirillo recibió sobornos por casi 59 millones de pesos por parte de la estructura de corrupción.

Otro exfuncionario que recibió sobornos de la estructura, de acuerdo con el documento, fue el imputado Daniel Omar Caamaño Santana, quien se desempeñó como contralor General de la República entre 2016 y 2020.

El Ministerio Público lo acusa de autorizar pagos basados en cesiones de créditos, en disonancia con sus funciones como contralor y de actuar en complicidad con Donald Guerrero, el fenecido César Rivas y Luis Miguel Piccirillo.

La solicitud de allanamiento indica que el excontralor recibió sobornos por más de 366 millones de pesos entre diciembre 2019 y julio 2020.

“Se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para obtener beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones ilícitas que autorizó desde la Contraloría”, dictó el documento.

El monto del desfalco

Las alegadas operaciones fraudulentas por la que se investiga al grupo de exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, están mayormente relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, con el fin de sustraer de los fondos públicos más de RD$ 19, 653 millones por concepto de acuerdos transaccionales.

Esta cifra es la más alta dentro de todos los procesos anticorrupción que se han realizado en el órgano persecutor desde 2020.

Otros imputados

Los demás imputados en el caso son Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández. Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández y Ángel Lockward.

“Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe. Fe en Dios, fe en mi Pueblo, fe en la Justicia. Libraré esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe”, dijo Castillo.

El pronunciamiento de Castillo fue mediante su cuenta de Twitter, luego de que al mediodía de este lunes, simpatizantes del partido morado escenificaran una trifulca frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde este se encuentra detenido desde el domingo junto a otros dirigentes peleideistas y exfuncionarios.

Castillo indicó que se defiende de los delitos que se le acusan, entre los que figuran soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, desfalco, entre otros, asegurando que tiene la razón y confía en la justicia y “que tiene la verdad”.

“Yo me defiendo y me defenderé. Tengo la razón, confío en la justicia y tengo la verdad. Y con ustedes, mi familia y Dios veré libre y reivindicado un nuevo amanecer”, leía otro de sus tuits.

Castillo agradeció además a sus compañeros de partido “por el acto de solidaridad”, ya que le sirve de aliento, puesto le hace comprender que “su lucha no ha sido en vano, que ha servido para mejorar la vida de otros, y que ellos lo recuerdan”.

Sin embargo, pidió calma, al tiempo de solicitar se respeten los espacios públicos como es el Palacio de Justicia, para que no tengan excusas de acusarlos de quebrar la paz.

“Nuestro ánimo debe reflejar la certeza serena de nuestra razón. Pido que hoy y siempre se respeten los recintos de la justicia. Que no tengan excusas para acusarnos de quebrar la paz, tesoro común de los dominicanos”, escribió el exministro.

A pesar del pedido de calma, Castillo finalizó sus mensajes comprendidos en cinco publicaciones, aseverando que se verá libre y agradeciendo la solidaridad.

“Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre”, finalizó.

Su apoyo me sirve de aliento y me da fuerzas. Me hace comprender que mi lucha no ha sido en vano, que ha servido para mejorar la vida de otros, y que ellos lo recuerdan. Pero quiero pedirles una cosa más: quiero pedirles calma.2/5

— Gonzalo Castillo Terrero (@GonzaloCastillo) March 20, 2023

Nuestro ánimo debe reflejar la certeza serena de nuestra razón. Pido que hoy y siempre se respeten los recintos de la justicia. Que no tengan excusas para acusarnos de quebrar la paz, tesoro común de los dominicanos.4/5

— Gonzalo Castillo Terrero (@GonzaloCastillo) March 20, 2023

Yo me defiendo y me defenderé. Tengo la razón, confío en la justicia y tengo la verdad. Y con ustedes, mi familia y Dios veré libre y reivindicado un nuevo amanecer. Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre.5/5

— Gonzalo Castillo Terrero (@GonzaloCastillo) March 20, 2023

El caso

Gonzalo Castillo figura junto a Donald Guerrero, Jose Ramón Peralta y otras 16 personas, en “Operación Calamar”, un nuevo caso de corrupción del Ministerio Público, en el que se le acusa de corrupción administrativa y otros delitos, estos fueron apresados en una serie de allanamientos realizados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En el documento de petición de allanamientos que hizo el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, se establece que el excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, recibió $3,957,000,000,00 de manos del imputado Manuel Emilio Jiménez (Mimilo), para financiar su campaña política a la presidencia del país.

Estos recursos, indica el documento, eran recibidos por el detenido Gonzalo Castillo en bolsas y maletas de viajes.

“Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo tres mil novecientos cincuenta y siete millones (DOP$3,957,000,000,00), quien los recibía en efectivo en bolsas y maleta de viajes, confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”, dice la documentación.