PROCURADOR DICE DATOS SE CONOCERÁN AL SOMETERLOS ANTE TRIBUNALES
Debido proceso. El procurador general Jean Alain Rodríguez se integró de inmediato con un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del ministerio público, para la traducción legal de los cientos de archivos recibidos
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República recibió formalmente las informaciones y documentaciones que, sobre el caso de los sobornos pagados por la multinacional empresa Odebrecht, fueron enviadas por las autoridades de Brasil.
Así lo informó el procurador Jean Alain Rodríguez, quien dijo que, sin embargo, todas esas informaciones, sin excepción, serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales.
“En aras de la transparencia que merece la ciudadanía, en la medida en que la investigación de este caso y el cumplimiento del indispensable proceso legal lo permitan, todas esas informaciones serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales”, acotó Rodríguez.
Dijo que tan pronto llegó la información un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del ministerio público inició la traducción legal de estos cientos de archivos recibidos.
Manifestó que se inició su cotejo y verificación con los miles de datos recabados durante la investigación local y con otros detalles específicos suministrados por la empresa brasileña.
Rodríguez manifestó que muy pronto el pueblo podrá comprobar que todo aquel al que las pruebas señale como beneficiado con los sobornos que Odebrecht admitió que pagó en el país, será sometido a la justicia y encarcelado, sin importar quién sea, ni el cargo o la filiación política.
Indicó que esto confirma la información que ofreció el pasado 19 de abril, de que a más tardar en treinta días el ministerio público tendría en sus manos la lista de quienes Odebrecht dice que recibieron pagos ilegales, así como también testimonios, correos electrónicos, libros, registros y documentos afines. Las investigaciones fueron abiertas en diciembre pasado, luego que Odebrecht admitiera en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida República Dominicana con US$92 millones, en el período 2001-2014.
La multinacional brasileña ya fue sancionada por tribunales en Estados Unidos, y sus ejecutivos, específicamente los señores Marcelo Odebrecht y Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, ya fueron procesados y condenados por la justicia de Brasil.
La empresa Odebrecht admitió que había pagado sobornos por US$92 millones en República Dominicana y llegó a un acuerdo con la Procuraduría General, para devolver al país US$184 millones a cambio de que se obviara su procesamiento judicial y ofrecer los nombres de las personas implicadas en el caso.
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CÁMARA DE CUENTAS AUDITARÁ LAS OBRAS
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana dispuso la realización de una investigación especial a las obras ejecutadas, y que ya han sido completadas en el país por la empresa Norberto Odebrecht, desde el 7 de marzo de 2001 hasta el 14 de abril de 2014.
En un espacio pagado, la entidad fiscalizadora indicó que las auditorías se realizan cuando el uso de los fondos públicos ha sido ejecutado. No obstante, dicha solicitud incluye qué obras en ejecución podrán ser auditadas cuando concluya el proceso de construcción como el caso de la Termoeléctrica Punta Catalina.
La institución señaló que la realización de las investigaciones especiales conlleva la reprogramación del plan anual de auditoría de la entidad fiscalizadora, del personal, recursos técnicos y económicos a emplear.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
