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Llegan papeles del caso Odebrecht desde Brasil

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PROCURADOR DICE DATOS SE CONOCERÁN AL SOMETERLOS ANTE TRIBUNALES

Debido proceso. El procurador general Jean Alain Rodríguez se integró de inmediato con un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del ministerio público, para la traducción legal de los cientos de archivos recibidos

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República recibió formalmente las informaciones y documentaciones que, sobre el caso de los sobornos pagados por la multinacional empresa Odebrecht, fueron enviadas por las autoridades de Brasil.

Así lo informó el procurador Jean Alain Rodríguez, quien dijo que, sin embargo, todas esas informaciones, sin excepción, serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales.

“En aras de la transparencia que merece la ciudadanía, en la medida en que la investigación de este caso y el cumplimiento del indispensable proceso legal lo permitan, todas esas informaciones serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales”, acotó Rodríguez.

Dijo que tan pronto llegó la información un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del ministerio público inició la traducción legal de estos cientos de archivos recibidos.

Manifestó que se inició su cotejo y verificación con los miles de datos recabados durante la investigación local y con otros detalles específicos suministrados por la empresa brasileña.

Rodríguez manifestó que muy pronto el pueblo podrá comprobar que todo aquel al que las pruebas señale como beneficiado con los sobornos que Odebrecht admitió que pagó en el país, será sometido a la justicia y encarcelado, sin importar quién sea, ni el cargo o la filiación política.

Indicó que esto confirma la información que ofreció el pasado 19 de abril, de que a más tardar en treinta días el ministerio público tendría en sus manos la lista de quienes Odebrecht dice que recibieron pagos ilegales, así como también testimonios, correos electrónicos, libros, registros y documentos afines. Las investigaciones fueron abiertas en diciembre pasado, luego que Odebrecht admitiera en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida República Dominicana con US$92 millones, en el período 2001-2014.

La multinacional brasileña ya fue sancionada por tribunales en Estados Unidos, y sus ejecutivos, específicamente los señores Marcelo Odebrecht y Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, ya fueron procesados y condenados por la justicia de Brasil.

La empresa Odebrecht admitió que había pagado sobornos por US$92 millones en República Dominicana y llegó a un acuerdo con la Procuraduría General, para devolver al país US$184 millones a cambio de que se obviara su procesamiento judicial y ofrecer los nombres de las personas implicadas en el caso.

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CÁMARA DE CUENTAS AUDITARÁ LAS OBRAS

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana dispuso la realización de una investigación especial a las obras ejecutadas, y que ya han sido completadas en el país por la empresa Norberto Odebrecht, desde el 7 de marzo de 2001 hasta el 14 de abril de 2014.

En un espacio pagado, la entidad fiscalizadora indicó que las auditorías se realizan cuando el uso de los fondos públicos ha sido ejecutado. No obstante, dicha solicitud incluye qué obras en ejecución podrán ser auditadas cuando concluya el proceso de construcción como el caso de la Termoeléctrica Punta Catalina.

La institución señaló que la realización de las investigaciones especiales conlleva la reprogramación del plan anual de auditoría de la entidad fiscalizadora, del personal, recursos técnicos y económicos a emplear.

listindiario.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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