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En medio de groseras manipulaciones llegan vistas públicas sobre candidaturas independientes.
Por Elba García
En medio de grandes equivocaciones y enfoques distorsionados sobre el neo-constitucionalismo, el cual se fundamenta en la interpretación de valores y de principios del derecho, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados convocó para el próximo lunes 9 de junio vistas públicas para que los diferentes sectores de la vida nacional expongan sus consideraciones sobre un descabellado proyecto de ley que busca regular la referida figura jurídica.
Las vistas públicas tendrán lugar en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, las cuales se celebran después de un debate totalmente manipulado por los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que les sirven de soporte.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes y director de este diario, doctor José Cabral Salcedo, ha subrayado que no se entiende cómo instituciones como la Fundación e Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, y Participación Ciudadana (PC) sostienen que para implementar en el sistema electoral dominicana la referida figura jurídica hay que reformar la Constitución de la República, cuya posición, en opinión del FPCI, es una visión tradicional y equivocada de enfocar la sentencia del Tribunal Constitucional.
El especialista en derecho constitucional planteó que lo más grave del asunto es que estas organizaciones de la sociedad civil no explican de forma puntual por qué entienden que ante la decisión del TC debía producirse una reforma a la carta magna, porque parece una tesis que no tiene nada que ver con el constitucionalismo moderno.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) expresó que ambas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han hecho importantes aportes a la democracia nacional, deben ajustar sus planteamientos con el neo-constitucionalismo, el cual hoy está muy presente en el derecho comparado y en todos los sistemas jurídicos del planeta, lo cual de no hacerse representa un impedimento para que haya una lectura correcta de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con Cabral Salcedo el neo-constitucionalismo prioriza los valores y principios constitucionales sobre la lectura literal de las normas y reglas, dado que, en lugar de una visión estricta y legalista de la constitución, se busca una interpretación más amplia que considere los ideales y objetivos fundamentales.
El abogado constitucionalista recordó que el neo-constitucionalismo, que en el país se aplica desde la Constitución del 2010, no resiste el análisis que se hace a partir del concepto tradicionalista del derecho constitucional, ya que se centra en las reglas escritas más que en los principios como guías interpretativas.
Cabral Salcedo sostuvo que con el neo-constitucionalismo se produce una comprensión más amplia de la Constitución, a partir principalmente de los valores y principios fundamentales, lo cual explica el error de lo planteado por ambas organizaciones de la sociedad civil.
Expresó que la PC y FINJUS deben hacer una interpretación más flexible de la constitución, en lugar de una lectura literal de sus disposiciones, ya que el neo-constitucionalismo desplaza el enfoque tradicional que se centraba en la aplicación rigurosa de la ley para que sea una lectura más amplia y contextualizada en el constitucionalismo moderno.
En la sentencia del TC se ha hecho una interpretación del derecho, valor y principio de elegir y ser elegido, el cual tiene necesariamente que ser a partir del ciudadano o lo que es lo mismo de la persona física, la cual tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, lo que es encontrado en el espíritu de la Constitución y en una serie de sus articulados como el 2, el 22, el 2008 y el 272, que habla del referendo aprobatorio.
Tanto es así que el método que se aplica en el neo-constitucionalismo es el de la ponderación cuando hay un conflicto entre principios, que permite que el juez haga uso de la discrecionalidad para resolver casos complejos.
Observó que tanto Participación Ciudadana (PC) como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entienden que las normas y las reglas están por encima de los valores y los principios, lo que los coloca en una perspectiva equivocada si se ve desde el neo-constitucionalismo, ya que ambas entidades están ancladas en artículos como el 216 y otros que hacen referencia a los partidos políticos.
Reiteró que el actor principal en el neo-constitucionalismo es el ciudadano, que no es otro que la misma persona física que tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, pero que la democracia representativa, la cual en este modelo es algo del pasado en una serie de aspectos, de alguna manera estableció el mecanismo para la elección de los funcionarios públicos, como los legisladores y el presidente de la República, entre otros, cuya representación no implica abandonar y no respetar los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano.
Advirtió que enarbolar el criterio de ambas organizaciones, que sin dudas han hecho grandes aportes a la democracia nacional, hace más daño que bien para la mejoría del sistema político nacional, el cual por su profunda descomposición pone en peligro todo el orden institucional del país.
El doctor José Cabral Salcedo llamó a PC y la FINJUS a revisar sus posiciones para que las ajusten a la corriente que prevalece en esta época en el derecho comparado, dado que por su carácter internacional impacta el derecho interno, a los fines de que no represente una negación de la corriente del neo-constitucionalismo, que es la bandera en la actualidad de los derechos fundamentales.
Explicó que el neo-constitucionalismo se focaliza en la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y los derechos como pilares fundamentales de la Constitución, la cual ocupa la supremacía que guía la interpretación de todas las demás normas legales.
Con el planteamiento de los que se oponen a las candidaturas independientes demuestran que no entienden que el espíritu de la sentencia del TC se fundamenta en cumplir con una serie de principios del derecho como son el de legalidad, finalidad, legitimidad y proporcionalidad, porque los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 restringen el derecho y principio de participación y en cuya decisión también el alto tribunal partió del contexto de razones políticas y sociales.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor José Cabral Salcedo, doctor Alberto Fiallo Billini, autor de la acción directa de inconstitucionalidad; doctor José Dunker Lamber, doctor Isaías Ramos, doctor Sixto Ureña, doctor Jensy Cid, doctora Ilianni Berrido García, licenciado Miguel Valoy, licenciado Rommel Santos, licenciada Elba García Hernández, ingeniero Guillermo Caram, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el señor Edgar Paniagua Miguel.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.