Opinión
Llenaremos las cárceles antes que callar
Por Hamlet Hermann
Como último recurso, decidieron modificar el Código Penal
El diagnóstico de que los principales funcionarios del anterior gobierno están afectados del síndrome Pinocho no fue producto de la invención de algún opositor político.
Las colecciones de medios impresos contienen miles de evidencias que muestran su incontinencia en cuanto a mentir de manera habitual. El problema de ese padecimiento es que se agrava cada día que pasa ya que los afectados se niegan a corregir el comportamiento. Pocas esperanzas hay de sanación puesto que el adicto debe, ante todo, admitir su vicio. Y esa admisión es algo casi imposible entre narcisistas.
Algunos de este clan se dieron cuenta de que la mentira constante los estaba perjudicando políticamente. No había forma de que el pueblo confiara en su gestión. Pero en vez de cambiar de actitud y hablar nada más que la verdad, decidieron entonces sobornar a cuanto periodista o comunicador evidenciara ser susceptible de corromperse. Pero como la desconfianza seguía creciendo, entonces los ideólogos de la perpetuación en el poder político concluyeron que, si no había sido suficiente con el soborno a los comunicadores, lo que había que hacer era adueñarse de los medios de comunicación. Con el erario a su disposición y los chantajes fiscales a la orden del día, organizaron el proceso de adquisición de los medios usando testaferros a quienes no les importaba exhibir que eran dirigentes del grupo corporativo PLD o socios económicos del entonces presidente Fernández. Pero esas apropiaciones con dinero ajeno demostraron no ser suficientes para ganarse la credibilidad del pueblo.
Fue entonces cuando, como último recurso para seguir mintiendo, decidieron modificar el Código Penal de manera que todo aquel que evidenciara su incontinencia de falsedades fuera sometido ante los tribunales y penalizado de manera extrema. Mostraron tanta impaciencia por seguir mintiendo que la Cámara de Diputados aprobó, en primera lectura, que quien considerara se atentaba contra su honor, buen nombre, imagen, dignidad o integridad familiar podía lograr que se condenara a prisión y a multas en dinero a aquel que lo denunciara. Nada dice el artículo 191 propuesto si la denuncia que se hiciera fuera sostenida con evidencias obtenidas de fuentes confiables.
Lo que es peor. El artículo 193 del código penal trata de erigir una barrera protectora de los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta los empleados de cuarta categoría, nacionales o extranjeros. Vendría a ser como los fosos, las murallas y el aceite hirviente de los castillos medievales levantados por los corruptos para sancionar, confiando en jueces sumisos, que actuarían contra quienes los acusen de saqueo de los fondos públicos.
Suerte para Héctor Valdez, gobernador del Banco Central, que ese Código Penal no estuviera ya en vigencia puesto que el honor y la dignidad familiar de Leonel Fernández deben haberse resentido cuando desmintió las cifras que proclamó públicamente tratando de justificar el descomunal déficit fiscal que provocó su manejo de la cosa pública.
Otros que pudieron ser sometidos a la justicia, si el Código Penal hubiera estado vigente, serían los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional quienes estudiaron la situación económica y financiera del país. Ellos denunciaron públicamente que los gastos del gobierno de Leonel Fernández en 2012 fueron realizados en violación a las apropiaciones presupuestarias establecidas por la ley de gastos públicos. Asimismo, denunciaron la falta de transparencia en las operaciones del gobernante, las que provocaron el descomunal déficit fiscal.
En un enredo semejante de tribunales se hubiera visto Raúl Izaguirre, embajador de Estados Unidos, por haber denunciado ante la Cámara Americana de Comercio que la corrupción gubernamental es el mayor obstáculo para el fortalecimiento económico del país. Enfatizó el diplomático que la corrupción no debe ser aceptada por nadie sino que, por el contrario, debe ser superada.
¡Qué suerte tuvieron esos tres!
Como todo lo maligno en la vida, este código trae en sí el germen de su propia destrucción. Ese mamotreto intimidador de Pinocho la enfrentaremos hasta vencerla ya que no vamos a callar, ni permitiremos que se salgan con la suya limitando la libertad de expresión que ha prevalecido hasta ahora en este país.
Que se preparen para llenar las cárceles con nosotros, porque nunca vamos a callar sus iniquidades.
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.