Opinión
Llenaremos las cárceles antes que callar
Por Hamlet Hermann
Como último recurso, decidieron modificar el Código Penal
El diagnóstico de que los principales funcionarios del anterior gobierno están afectados del síndrome Pinocho no fue producto de la invención de algún opositor político.
Las colecciones de medios impresos contienen miles de evidencias que muestran su incontinencia en cuanto a mentir de manera habitual. El problema de ese padecimiento es que se agrava cada día que pasa ya que los afectados se niegan a corregir el comportamiento. Pocas esperanzas hay de sanación puesto que el adicto debe, ante todo, admitir su vicio. Y esa admisión es algo casi imposible entre narcisistas.
Algunos de este clan se dieron cuenta de que la mentira constante los estaba perjudicando políticamente. No había forma de que el pueblo confiara en su gestión. Pero en vez de cambiar de actitud y hablar nada más que la verdad, decidieron entonces sobornar a cuanto periodista o comunicador evidenciara ser susceptible de corromperse. Pero como la desconfianza seguía creciendo, entonces los ideólogos de la perpetuación en el poder político concluyeron que, si no había sido suficiente con el soborno a los comunicadores, lo que había que hacer era adueñarse de los medios de comunicación. Con el erario a su disposición y los chantajes fiscales a la orden del día, organizaron el proceso de adquisición de los medios usando testaferros a quienes no les importaba exhibir que eran dirigentes del grupo corporativo PLD o socios económicos del entonces presidente Fernández. Pero esas apropiaciones con dinero ajeno demostraron no ser suficientes para ganarse la credibilidad del pueblo.
Fue entonces cuando, como último recurso para seguir mintiendo, decidieron modificar el Código Penal de manera que todo aquel que evidenciara su incontinencia de falsedades fuera sometido ante los tribunales y penalizado de manera extrema. Mostraron tanta impaciencia por seguir mintiendo que la Cámara de Diputados aprobó, en primera lectura, que quien considerara se atentaba contra su honor, buen nombre, imagen, dignidad o integridad familiar podía lograr que se condenara a prisión y a multas en dinero a aquel que lo denunciara. Nada dice el artículo 191 propuesto si la denuncia que se hiciera fuera sostenida con evidencias obtenidas de fuentes confiables.
Lo que es peor. El artículo 193 del código penal trata de erigir una barrera protectora de los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta los empleados de cuarta categoría, nacionales o extranjeros. Vendría a ser como los fosos, las murallas y el aceite hirviente de los castillos medievales levantados por los corruptos para sancionar, confiando en jueces sumisos, que actuarían contra quienes los acusen de saqueo de los fondos públicos.
Suerte para Héctor Valdez, gobernador del Banco Central, que ese Código Penal no estuviera ya en vigencia puesto que el honor y la dignidad familiar de Leonel Fernández deben haberse resentido cuando desmintió las cifras que proclamó públicamente tratando de justificar el descomunal déficit fiscal que provocó su manejo de la cosa pública.
Otros que pudieron ser sometidos a la justicia, si el Código Penal hubiera estado vigente, serían los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional quienes estudiaron la situación económica y financiera del país. Ellos denunciaron públicamente que los gastos del gobierno de Leonel Fernández en 2012 fueron realizados en violación a las apropiaciones presupuestarias establecidas por la ley de gastos públicos. Asimismo, denunciaron la falta de transparencia en las operaciones del gobernante, las que provocaron el descomunal déficit fiscal.
En un enredo semejante de tribunales se hubiera visto Raúl Izaguirre, embajador de Estados Unidos, por haber denunciado ante la Cámara Americana de Comercio que la corrupción gubernamental es el mayor obstáculo para el fortalecimiento económico del país. Enfatizó el diplomático que la corrupción no debe ser aceptada por nadie sino que, por el contrario, debe ser superada.
¡Qué suerte tuvieron esos tres!
Como todo lo maligno en la vida, este código trae en sí el germen de su propia destrucción. Ese mamotreto intimidador de Pinocho la enfrentaremos hasta vencerla ya que no vamos a callar, ni permitiremos que se salgan con la suya limitando la libertad de expresión que ha prevalecido hasta ahora en este país.
Que se preparen para llenar las cárceles con nosotros, porque nunca vamos a callar sus iniquidades.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!