Opinión
Llevarlos a su propia legalidad
Por Hamlet Hermann
Sabremos los dominicanos en qué tipo de sociedad vivimos? ¿Tenemos idea clara de hacia dónde vamos? Nuestra vida republicana ha sido una en la que ha predominado la violencia mantenida por elementos nacidos en este país, aunque auspiciada desde el exterior. ¡Que nadie se llame a engaños! Por este tipo de comportamiento social entre el huevo y la piedra, muchos han llegado a creer que tenemos garantizado un futuro rectilíneo e inmutable, basado, como hasta ahora, en la ilegalidad de los llamados a imponer el cumplimiento de la ley. Pero se equivocan los que así piensan. Tanto va el cántaro al río hasta que se rompe. La arrogancia desestima que el equilibrio social puede saltar en pedazos cuando la politiquería es incapaz de manejar las situaciones de crisis.
Muy pocas veces en nuestra historia (para no decir nunca) los dominicanos hemos estado tan lejos los unos de los otros. La frustración generalizada creada por algunos cabecillas entre los herederos de Juan Bosch, ha logrado que el mal haya sido tomado como sustituto del bien. Nadie en ese grupo tiene el valor para admitir públicamente que ha metido la pata en alguna situación. Menos aún de decir: “Nos equivocamos y vamos a corregir lo mal hecho”. Siempre buscan (y encuentran) a quién culpar, fuera de su grupo.
El sectarismo se ha hecho universal en República Dominicana y toda opinión cae dentro de un dogmatismo irracional. Quizás es producto de la sedimentación del Trujillismo y el Balaguerismo dentro de personajes provenientes de sectores sociales muy pobres, luego enriquecidos a la velocidad de la luz. Esos valores impiden crear fertilidad para las ideas, las acciones éticas y morales. La impunidad para los detentadores del poder político ha convertido el suelo social en un árido desierto. El gran ladrón es el gran señor.
Cuando los gobernantes se aterrorizan, empiezan a hablar de los peligros de una crisis de gobernabilidad creada por ellos mismos. Se comportan como los banqueros generadores de enormes crisis que azotan naciones quienes luego exigen que el dinero para la rehabilitación les sea entregado. Esos políticos son quienes diseñan y ponen en práctica las trampas para perjudicar a la ciudadanía. Y cuando el pueblo reacciona, se moviliza y reclama, inventan peligros para desacreditar a los movimientos populares.
Cuando los políticos gobernantes incurran en violaciones a las leyes, la respuesta no debe ser una huelga improvisada sin sustentación popular. El deber de los afectados es llevar a las autoridades ante los tribunales. ¿Qué los tribunales están ocupados por políticos designados perversamente por Leonel Fernández? No importa. Los intentos de perpetuar la impunidad de los tribunales de la República con sentencias amañadas servirán para denunciar y desacreditar en breve plazo a los jueces corruptos. Es una situación de “ganar, ganar” en la que la verdad tendría buen terreno para germinar. A este país le hace mucha falta un proceso que nos lleve hasta la paz social mientras recobramos la lucidez. Necesitamos una tregua pacífica acordaba de conjunto entre la sociedad civil, los trabajadores y los gobernantes, dejando fuera a los partidos políticos.
Admito que no es fácil desmontar una práctica que lleva siglos reinando. Esa violencia, encubierta o descarada, ha generado mucha desconfianza y hasta odios. Ha abierto muchas heridas y enormes ganas de cobrar viejas cuentas a Trujillistas y Balagueristas enquistados en la cima del poder político. Pero mientras más se alarga esa guerra entre la justicia y el abuso, entre la honestidad y la corrupción, más difícil resulta generar los antídotos que se necesitan para erradicar los odios que se han creado.
Intentemos, aunque sea por única vez, una tregua pacífica en este semestre, donde el propósito fundamental de los gobernados sea que prime el imperio de la ley. Reclamar a los gobernantes absoluta legalidad desde la imposición semanal de los amañados precios de los combustibles hasta los “No ha lugar” que tratan de posponer la condena de los políticos corruptos. Llevemos esos casos una y otra vez a los tribunales. Sin cansarnos. Llevando como estandarte aquella frase de Juan Bosch de llevar al gobierno a su propia legalidad. Debemos plantearlo como una cuestión de igualdad de derechos junto a la igualdad de deberes.
Por Isaías Ramos
La República Dominicana no puede seguir engañándose. El subsidio actual al combustible y al sector eléctrico no solo es fiscalmente insostenible; también es social y fiscalmente injustificable. La factura no la paga una cifra. La paga la madre que reduce comida, el productor que ve subir sus costos y la familia que descubre, una vez más, que el mes es más largo que el salario. La paga también el hogar que cada semana tiene que escoger entre completar la compra, pagar el pasaje o posponer una medicina. Porque una parte importante de ese esquema se financia con más deuda, más déficit y más presión sobre un futuro que no vota, no decide y no se defiende: el de generaciones que ni siquiera han nacido.
Ese es el fondo del problema. Se sigue administrando el presente como si el futuro fuera una cuenta ajena. Se siguen comprando semanas de aparente alivio al precio de años de dependencia. Y así, una dirigencia que ha preferido postergar las correcciones necesarias termina trasladando la factura a los hijos de un país que ya vive demasiado estrecho.
Pero tampoco sería serio reducir la crisis eléctrica exclusivamente a las distribuidoras. El sector eléctrico dominicano no puede seguir analizándose a pedazos ni utilizándose como coartada parcial para justificar un desorden más grande. Sin una auditoría integral del sistema eléctrico —desde la generación hasta la distribución— el país seguirá discutiendo fragmentos y no la verdad completa del problema. Y mientras esa verdad no se conozca, el presupuesto seguirá absorbiendo un sacrificio enorme para sostener un sistema que no termina de corregirse.
Eso ya sería suficientemente grave. Pero el cuadro se vuelve todavía más peligroso cuando se mira la producción nacional de alimentos.
Durante demasiado tiempo, en lugar de proteger, incentivar y planificar la producción agrícola y pecuaria, el Estado ha permitido que se consolide una lógica de importación fácil que beneficia a pocos y debilita al productor local. Se importa sin visión estratégica, se posterga la inversión productiva, se deja solo al agro frente al clima, al financiamiento caro, a la logística deficiente y al abandono técnico, y luego se pretende vender ese atajo como eficiencia económica.
No lo es.
Es la lógica de comer hoy para pasar hambre mañana.
Porque cuando un país castiga su producción nacional y se acostumbra a sustituirla por importaciones oportunistas, lo que parece alivio momentáneo termina convirtiéndose en vulnerabilidad estructural. Hoy puede bajar una presión coyuntural. Pero mañana, cuando el clima golpee más fuerte, cuando el transporte internacional encarezca, cuando los fertilizantes suban, cuando la energía siga presionando costos y cuando la oferta local continúe siendo insuficiente, el pueblo dominicano sentirá con mucha más crudeza el peso del abandono.
Y ese riesgo ya no es teórico.
Entramos a un mundo incierto, marcado por turbulencias económicas, choques energéticos, tensiones geopolíticas y creciente presión sobre los alimentos. La República Dominicana llega a ese mundo sin márgenes suficientes de protección, con servicios básicos aún no resueltos, con un sistema eléctrico todavía opaco e ineficiente y con una estructura productiva que no ha sido fortalecida como debió ser. La crisis encuentra al país tarde y débil, mientras los sectores con mayor capacidad de protección enfrentan mejor el golpe que la mayoría. Al pueblo le quedan la factura, el dolor y el peso de una indiferencia acumulada durante décadas.
Un país sin producción fuerte no enfrenta las crisis: las padece.
Por eso la discusión no puede seguir atrapada entre dos errores: subsidiarlo todo o quitarlo todo. Ninguno de los dos caminos resuelve el problema. Lo correcto es reordenar el Estado con verdad y prioridad nacional.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que eso exige, por lo menos, cuatro decisiones urgentes.
Primero, una auditoría integral del sector eléctrico, para que el país sepa de una vez por todas dónde están las pérdidas, las distorsiones, los costos reales y las responsabilidades del sistema completo.
Segundo, una transformación del esquema de subsidios, dejando atrás los subsidios generales, opacos y poco focalizados, y sustituyéndolos por protección directa, transparente y verificable para quienes realmente lo necesitan, así como para funciones sociales y productivas esenciales.
Tercero, una defensa seria de la producción nacional, especialmente agrícola, pecuaria y pesquera, con planificación, crédito, riego, logística, asistencia técnica, compras públicas inteligentes y la reactivación de INESPRE como instrumento permanente de estabilización de precios, apoyo a mercados de productores y comercialización justa, con reglas claras que prioricen la soberanía alimentaria por encima de intereses de corto plazo que debilitan la producción nacional.
Cuarto, un blindaje fiscal real, que termine con la cultura del déficit permanente y con la costumbre de financiar con deuda lo que no se quiere corregir con responsabilidad.
La República Dominicana necesita dejar de administrar escasez con propaganda. Necesita verdad, disciplina, producción y visión de futuro. La responsabilidad de un liderazgo serio no es administrar el deterioro, sino corregirlo antes de que se convierta en destino. Porque la mala política no se siente primero en los despachos; se siente en la mesa de la familia dominicana.
Y ningún pueblo merece heredar, como destino, la factura de una dirigencia que, pudiendo corregir a tiempo, prefirió postergar las decisiones que el país exigía. Porque un país que subsidia mal, importa mal y se endeuda mal no protege a su pueblo: compromete su destino.
Basta de improvisar; es tiempo de gobernar.
Por Oscar López Reyes
A fuego y sangre, en 1776 las 13 colonias norteamericanas se liberaron de la servidumbre del Reino de Gran Bretaña, y en las décadas subsiguientes la nueva República emuló a ese imperio: con los dientes más afilados que un Dragón se adueñó –por invasión y compra- de territorios cercanos y lejanos. En el último medio siglo, Estados Unidos ha pilotado fatigosos reveses tras intervenciones militares y, en la cubierta de ese cadalso, estratégicamente el presidente Donald Trump ha sido contrarrestado por Irán, acelerando la pérdida de su hegemonía militar y económico-financiera y automatizada la transición hacia un nuevo universo multipolar.
Como líder de una nación que se deshace en su unipolaridad, dominada por una desapercibida élite plutócrata con poder transnacional, Trump acaba de retroceder, envuelto en columnas de humo. Se está tragando sus propias palabras luego de afirmar que haría desaparecer a una civilización completa (la de la República Islámica de Irán), pero se ha visto compelido a anunciar una tregua indefinida en ese territorio del Medio Oriente.
El mandatario gringo reculó por la advertencia rusa de que habrá una respuesta militar directa, a raíz de la incautación de un petrolero, que abarcaría la acometida con torpedos y el hundimiento de barcos estadounidenses. Informes señalan que Rusia e Irán intercambian inteligencia sobre la operatividad de Estados Unidos y que ha sido activado el Pacto de Cooperación Militar Total suscrito en secreto entre Moscú y Teherán, que cubre la transferencia a esta última de misiles hipersónicos King Sal y tecnología nuclear.
El audaz de Vladimir Putin, presidente de Rusia, previno que “un ataque contra irán puede desatar una catástrofe”, que acarrearía hacía la Tercera Guerra Mundial, porque el apoderamiento de los recursos energéticos del Golfo Pérsico por Estados Unidos e Israel impediría el suministro de petróleo a Rusia, China e India. Irán exporta a China más del 90% de su hidrocarburo, que cruza por el estrecho de Ormuz, en tanto que Rusia abastece del crudo a China y a India.
La balcanización estrangularía a China, Rusia e India y destruiría la coalición del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que luego se unieron Irán, Arabia Saudita, Egipto y Etiopía), que impulsa la cooperación financiera de esos representantes del “Sur Global”. Al unísono, el Eje de la Resistencia del Medio Oriente persigue consolidar el control del Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo.Estados Unidos no levanta cabeza. Ha gastado una inmensidad de recursos financieros, militares y humanos, interviniendo militarmente en países que, a la postre, no alcanza controlar. Ejemplifiquemos:
1.- Somalia. El de Trump ha superado con creces a los gobiernos juntos de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden en los despliegues de tropas especiales y los bombardeos con drones para desmantelar a los grupos armados, como Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda, y facciones regionales del Estado Islámico en el Cuerno de África, para alegadamente proteger los intereses de Estados Unidos.
2.- Afganistán. En el 2001, Estados Unidos ocupó, con el cañón del fusil, a este país, buscando liquidar Al-Qaeda (fundado por Osama bin Landen) y deponer a los talibanes, y concluyó en el 2021, veinte años después, en la guerra más prolongada de la potencia del Norte. Resultados: 2,459 bajas militares yanquis, el desmoronamiento del Ejército entrenado por Estados Unidos, el regreso al poder de los talibanes fundamentalistas y una abrumadora crisis tanto humanitaria como de derechos humanos.
3.- Irak. Tras la invasión de Estados Unidos de 2003 y la ejecución del presidente Saddam Hussein, sobrevino un insondable vacío de poder, con una sangrienta guerra civil intransigente. La nación se sumergió en una inestabilidad crónica, bajo la vanguardia del Estado Islámico (ISIS), interferida por una corrupción endémica y una aguda crisis económica, que fragmento la democracia, hasta hoy.
4.- Nigeria. En el mandato de Trump, Estados Unidos llevó a cabo embestidas aéreas contra grupos musulmanes para respaldar al gobierno multipartidista encabezado por Bola Ahmed Tinubu; ha desplegado a 100 militares estadounidenses para entrenar a las fuerzas nigerianas y vendido armas por 346 millones de dólares, para combatir las acciones del yihadista Estado Islámico/ISIS, la persecución religiosa y estabilizar el África occidental, clave por sus recursos petroleros.
5.- Yemen. Estados Unidos junto a Israel ha destruido infraestructuras y abatido a miles de civiles en más de mil ataques aéreos y navales contra objetivos de Yemen. Los hutíes lanzan misiles y drones hacia Israel, primero contra su guerra genocida en la Franja de Gaza y posteriormente en respaldo a Irán.
6.- Siria. Estados Unidos atacó militarmente objetivos del (EIIL: I significa Irak y “L” Levante (Siria, Líbano, Palestina y Jordania), actor principal en la guerra civil siria, proporcionó respaldo político y militar para la caída, el 8 de diciembre de 2024, del presidente Bashar al-Assad; los kurdos tomaron el poder, Siria enfrenta una división territorial y una profunda crisis humanitaria, en tanto que en febrero de 2026 Trump ordenó la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de esa República Árabe enclavada en el Oriente Próximo. En este país Rusia ha instalado dos bases militares.
7.- Irán. El gobierno de Trump ha incrementado a gran escala, junto con Israel, los bombardeos contra instalaciones militares e infraestructuras urbanísticas de este territorio cuyas autoridades la han contrarrestado con misiles y drones y han bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha aumentado los precios del petróleo, la inflación y generado una crisis internacional de peligrosa dimensión.
A su vez, para contrarrestar la influencia de Estados Unidos e Israel, Irán lidera el denominado ´´Eje de la Resistencia´´ o ´´Media Luna Chii´´ que coaliciona a Hezbola, en El Líbano; los huties, en Yemen; las milicias de Irak, y Hamas y Yihad Islámica, en Palestina.
Colofón. Las ocupaciones de Estados Unidos se han traducido en fracasos estrepitosos, porque ha triunfado más la estrategia de los contrarios que su superioridad militar. En lugar de lograr estabilidad política, ha prevalecido un vacío de poder y el caos. El nacionalismo, las culturas locales, las ideologías políticas y los fundamentos religiosos han demostrado más pujanza que las bayonetas.
¿Frenarán Estados Unidos e Israel el programa nuclear de Irán? ¿Mantendrán estas dos naciones el dominio estratégico en Medio Oriente? ¿Evitarán que Rusia y China controlen las rutas comerciales claves de los recursos energéticos? ¿Impedirán la operatividad de grupos que puedan amenazar la seguridad estadounidenses y sus aliados en la zona? ¿Conseguirá Irán avanzar como potencia regional dominante en la meta de eliminar a Israel?
El Medio Oriente vive un momento histórico, buscando que los aliados del Brics lleguen a la meta geopolítica de un Nuevo Orden Mundial, en el triunfo del bloque antioccidental y antisraelís. El conflicto y la crisis están en marcha…
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El autor: Periodista, catedrático y escritor.
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26 de abril de 2026.
Por Rommel Santos Diaz
El crimen de agresión plantea una amenaza singular al entorno natural no solo porque la fuerza militar que toma parte en el acto de agresión normalmente causa daños ambientales, sino también porque los actos de agresión a menudo desencadenan conflictos armados que causen nuevos daños al medio ambiente.
El articulo 8 bis, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen la agresión que tiene lugar cuando se planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
En el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se define como acto de agresión el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En este mismo artículo se enumeran como ejemplos de actos de agresión la invasión, la ocupación militar y el bombardeo.
Casi todos los actos de agresión enumerados en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden dirigirse contra el medio ambiente o causar daños a este. Por ejemplo , el bombardeo del territorio de un Estado causará a menudo la muerte de animales y destruye y contamina campos, bosques y masas de agua, contamina el aire y afectará a la seguridad del clima. Análogamente, la invasión de un Estado puede conducir a la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras, así como anexión formal.
El hecho de que un acto constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas se determinara en fucion de sus características, gravedad y escala.
Al evaluar esos factores, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá en cuenta, entre otras cosas, el daño sufrido por el medio ambiente como consecuencia del acto de agresión, el número y el tipo de víctimas humanas y no humanas del acto y si el daño ambiental es, potencialmente irreversible.
Finalmente, la Fiscalía considera que la destrucción y el daño intencionales del medio ambiente en un Estado ajeno constituyen una forma de uso de la fuerza especialmente grave, pues el entorno natural no debe instrumentalizar en el marco de las relaciones internacionales.