Nacionales
Lluvias siguen causando estragos en RD tras el paso del huracán
En ese sentido, el presidente de dicha cámara, Rubén Maldonado, aseguró de que ese órgano irá «en los próximos días» con «la mano amiga» a las comunidades afectadas para ayudar a la gente
Santo Domingo, 26 sep (EFE).- Las lluvias siguen causando estragos en la República Dominicana tras el paso del huracán María, anegando casi 9.000 viviendas, especialmente en el noreste y noroeste, a causa de desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, mientras más de 26.000 personas siguen fuera de sus casas.
Tras el paso el jueves pasado del huracán María cerca de la costa este y noreste de la República Dominicana, el país ha recibido fuertes lluvias, que se han prolongando y fortalecido desde el fin de semana por una vaguada y una onda tropical, por lo que 20 de las 32 provincias de la nación siguen en alerta.
Una de la provincia que continúa seriamente afectada es Montecristi, principalmente las localidades de Palo Verde y Castañuela, donde los residentes están “con el agua a la cintura” a causa de la crecida del Yaque del Norte, explicó a Efe por teléfono el representante de la Defensa Civil en el noroeste, Pedro Torres.
“Miles de casas están inundadas. Ha sido mucha agua”, dijo Torre, mientras participaba en Palo Verde en el rescate, junto a miembros de las Fuerzas Armadas, de tres monjas atrapadas en un edificio debido a la situación, que calificó de “muy difícil” tanto para Palo Verde como para Castañuela.
Estos dos localidades fueron visitadas el domingo por el presidente dominicano, Danilo Medina, como parte de un recorrido por el noreste y noroeste del país para constatar los daños, y este lunes dispuso una serie de obras para Montecristi, durante una reunión con autoridades locales y dirigentes comunitarios.
También sufrieron importantes daños las provincias Duarte, Samaná, Espaillat y María Trinidad Sánchez, en el noreste; Dajabón (norte); y El Seibo, Hato Mayor y La Altagracia, en el este, según informaron diputados en la sesión de hoy de la cámara baja, donde reclamaron ayuda para sus distintas comunidades.
En ese sentido, el presidente de dicha cámara, Rubén Maldonado, aseguró de que ese órgano irá “en los próximos días” con “la mano amiga” a las comunidades afectadas para ayudar a la gente.
El huracán María causó un muerto en el norte a causa del derrumbe del techo de una vivienda y otro en el este tras intentar cruzar una cañada desbordada, según fuentes de la de Defensa Civil, pero el COE no incluye en sus estadísticas ambas muertes, por considerar que se trata de episodios indirectos.
Las fuertes lluvias ocasionaron daños a 14 puentes y a 5 carreteras, y aunque el Gobierno aún no han hecho un balance total de los daños, varios funcionarios aseguran que serán “cuantiosos”.
Un informe dado a conocer hoy por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) indicó que las precipitaciones y las consecuentes inundaciones destruyeron 188 viviendas, afectaron 861, mientras que 8.856 están anegadas, una buena parte de ellas en el noreste y noroeste a causa del desbordamiento de los ríos Yuna y Yaque del Norte, dos de los principales del país.
Esto ha ocasionado que 24.384 personas se hayan trasladado a casas de familiares y que 1.819 estén el albergue oficiales, de acuerdo con el COE, que informó de que 26 comunidades están incomunicadas y que 27 acueductos se encuentran fuera de servicio, lo que mantiene sin agua a 389.352 personas.
El director de los Comedores Económicos del Estado, Nicolás Calderón, informó hoy de que el presidente Danilo Medina convocó a una licitación pública para abastecer los almacenes de alimentos para poder asistir a los afectados por las lluvias.
El Ministerio de Obras Públicas informó de que continúa interviniendo en zonas perjudicadas, principalmente en la limpieza de las vías, mientras que el Plan Social de la Presidencia aseguró que prosigue la entrega de electrodomésticos y otros artículos del hogar a personas afectadas.
Por su lado, el Ministerio de Salud está enviando plantas potabilizadoras y camiones de agua a la provincia de El Seibo y Espaillat, para apoyar la distribución de agua a la población.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé una reducción “significativa” de las lluvias a partir de mañana, miércoles, en todo el país, aunque no descartó algunos chubascos aislados en fronteriza, sectores de la cordillera central y Los Haitises, en el noreste.EFE
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.