Opinión
Lo de Dovicon no tenía madre
El Ministerio de Obras Públicas merece un reconocimiento por haber rescindido el contrato que su antecesor Víctor Díaz Rúa había otorgado a una empresa denominada Dominicana de Vías Concesionarias (DOVICON) para que se ganara más de 3 mil millones de dólares en 30 años, al través del cobro de los peajes de las principales carreteras del país.
Al informar sobre la decisión, el ministro Gonzalo Castillo señaló que de esa forma el Estado se queda con unos 70 millones de dólares anuales que ahora se podrán gestionar e invertir con transparencia para beneficio de todos los dominicanos y dominicanas. Pero el reconocimiento sería mayor si el funcionario hubiese presentado un informe pormenorizado que pudiera justificar el pago de 70 millones de dólares por las inversiones que supuestamente había hecho la empresa para cumplir la responsabilidad de ampliación, reparación y mantenimiento de las tres principales vías del país.
Lo peor de todo es que a la DOVICON se le pagará también una indemnización de 65 millones de dólares por la rescisión del contrato, por lo que la erogación total será de 135 millones de dólares, equivalentes a más de 5,400 millones de pesos que tienen toda la configuración de una enorme estafa en perjuicio de este pueblo pobre que todavía vive en precariedad de agua potable, energía eléctrica, alcantarillados, escuelas, hospitales, viviendas y transporte.
Nos encontramos ante un escándalo de dimensiones similares al histórico caso de la Sun Land Corporation, a la que el presidente Leonel Fernández y su ministro Félix Bautista entregaron pagarés por 130 millones de dólares para venderlos en el mercado internacional y usufructuar ese dinero, bajo el entendido de que sería invertido en una serie de obras que no ejecutaron.
A diferencia de lo que ocurrió cuando trascendió el financiamiento clandestino, al margen del Congreso Nacional, esta vez casi nadie ha expresado consternación. Unos pocos periodistas y medios y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera han expresado indignación y reclamado transparencia total.
No es solo que a este país le deben la justificación de las supuestas inversiones, sino una explicación, que debía ser casi denuncia judicial, de cómo fue posible que se otorgara un contrato tan grosero, con la consiguiente identificación de los accionistas y ejecutivos de la empresa, que según se tiene entendido son colombianos y dominicanos. La normalidad con que hemos asumido ese pago de 135 millones de dólares es un indicio contundente de que aquí perdimos la capacidad de asombro. Ni siquiera hay oposición política en capacidad de clamar sanciones. Tampoco un Congreso Nacional vigilante que cumpla su responsabilidad de fiscalización y representación, en vez de estar engrosando barrilitos y cofrecitos para repartir migajas y traficar con la miseria.
Si se le suman unos 50 millones de dólares que en los meses finales del año pasado hubo que pagar como indemnización a otra concesionaria de carreteras (CODACSA) a la que también se le rescindió un contrato, el monto de pérdidas asciende a 185 millones de dólares, más de 7,400 millones de pesos.
En ambos casos se trató de contratos amarrados con los funcionarios de turno, tráfico de influencia, negocios oscuros de enormes dimensiones, que quedan en la impunidad. Por eso es que esta nación es campeona mundial en corrupción y malversación. Por eso la descomposición se traduce en tanta violencia.
Como consuelo, y en abono del ministro Castillo, hemos sabido de fuentes de total crédito que también ha renegociado el contrato de la carretera Ocoa-Piedra Blanca, reduciendo su costo en unos 150 millones de dólares, y la circunvalación La Romana, Bulevar del Este-Miches con economía de otros 90 millones de dólares.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.