Análisis Noticiosos
Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales
Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos.
Por Juan Bolívar Díaz
Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.
Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos
Tres informes relegados
El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020.
Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.
Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.
Las propuestas de Attalí
De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados.
También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.
Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes.
“Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.
Aumentó la desconfianza
Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.
En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018. En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.
En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.
Una gran oportunidad
Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.
Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado.
Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.
El triste lamento de Danilo
Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos.
Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.
Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.
Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.