Análisis Noticiosos
Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales
Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos.
Por Juan Bolívar Díaz
Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.
Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos
Tres informes relegados
El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020.
Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.
Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.
Las propuestas de Attalí
De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados.
También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.
Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes.
“Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.
Aumentó la desconfianza
Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.
En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018. En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.
En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.
Una gran oportunidad
Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.
Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado.
Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.
El triste lamento de Danilo
Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos.
Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.
Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.
Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.