Análisis Noticiosos
Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales
Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos.
Por Juan Bolívar Díaz
Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.
Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos
Tres informes relegados
El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020.
Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.
Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.
Las propuestas de Attalí
De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados.
También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.
Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes.
“Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.
Aumentó la desconfianza
Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.
En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018. En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.
En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.
Una gran oportunidad
Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.
Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado.
Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.
El triste lamento de Danilo
Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos.
Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.
Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.
Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.