Análisis Noticiosos
Lo que nunca se ha hecho
Necesitamos un gobernante que siembre en el alma de la sociedad
Expertos en publicidad consideraron muy largo el eslogan de Danilo Medina en la campaña electoral de “continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. El tercer objetivo es el que se ha pegado de forma contundente y perseguirá al gobernante a lo largo de su período de gestión, porque cada día es mayor el reclamo para que haga “lo que nunca se ha hecho”.
Sabemos lo difícil que resultan los cambios en nuestro país, donde se aprueban reformas al por mayor, con una Constitución y leyes redundantes fruto de múltiples concertaciones y pactos, pero que no se logra darle vigencia en gran medida. La circulación vehicular en calles y carreteras es un buen espejo donde se refleja nuestra terrible anomia social.
Danilo Medina proclamó esta semana que no quiere gente pobre viviendo en jaula de oro, ratificando el planteamiento de su discurso de juramentación donde prometió implementar políticas para la promoción de los seres humanos, con modestia, sin sueños de grandeza. Creo que son muchas las ciudadanas y ciudadanos que quieren aferrarse a la idea de que Danilo puede hacer lo que nunca se ha hecho, es decir gobernar para la gente, no para la autoglorificación en cemento.
Este país ha tenido grandes constructores desde Ovando a Trujillo, Balaguer y Leonel, y en verdad puede exhibir una gran urbanización y está sobre el promedio latinoamericano en infraestructuras como puentes y carreteras y ya tiene casi dos líneas de un tren subterráneo. Santo Domingo y Santiago son ciudades modernas por sus edificaciones, e infraestructura vial, de parques y monumentos.
Pero Dominicana sigue siendo una sociedad atrasada con rasgos caóticos, incapacitada para competir en la postmodernidad globalizada, con 41 por ciento en la pobreza e indigencia y otra proporción similar en la cuasi-pobreza al tener ingresos por debajo de los 20 mil pesos mensuales. La falta de oportunidades empujó a millón y medio de los dominicanos y dominicanas a buscársela por el mundo. Con la agravante de que se marcharon muchos de los que tenían más firme decisión de progresar. Por eso tantos son emprendedores exitosos en una veintena de países.
Porque nos concentramos demasiado en la modernidad material, es que quedamos tan atrasados en capacidades, en educación fundamental y para la innovación y la productividad. Por eso los graves déficits competitivos, en comercio exterior, y liderazgos en malversación, corrupción, falta de transparencia, pobreza educativa, en mortalidad materno-infantil, en embarazos de adolescentes y hasta en la persistencia de nuestros beisbolistas en pretender burlar las normas de competencia. Necesitamos un gobernante que no reproduzca el interés de perpetuarse en monumentos de piedras, que siembre en el alma de la sociedad y de la ciudadanía, aunque los frutos no sean de visibilidad inmediata para reproducirse por múltiples períodos en el poder, como todos los sembradores de cemento.
El desafío es muy grande porque es posible que quien haga lo que nunca se ha hecho hasta sea en principio subestimado, y a lo mejor ni siquiera pueda volver, pero la historia lo reivindicará. Claro que la ausencia de megas-obras puede y debe compensarse invirtiendo en millares de escuelas y centros de salud, en decenas de miles de viviendas para pobres en vez de apartamentos de lujo, atendiendo los innumerables reclamos de las pequeñas y medianas comunidades.
La mejoría en educación, la austeridad, la reducción de la malversación y la corrupción, permitirá a la vez elevar los salarios de maestros y policías, médicos y enfermeras, lo que redundará en mayor seguridad y calidad de vida.
Danilo encuentra un amarre constitucional, institucional y partidario que le impedirá aspirar a una reelección. Si parte de esa realidad y hace lo que nunca se ha hecho, trascenderá y podrá regresar en unos años. Será intrascendente si en circunstancias fiscales y económicas tan adversas intenta reproducir lo que siempre se ha hecho.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.