Opinión
Loma Miranda convertida en Torre de Babel
Por Juan Bolívar Díaz
Muchos de los argumentos del presidente Danilo Medina para observar la ley que declaraba la loma Miranda parque nacional tienen validez, pero nadie entiende cómo permitió que su absoluta mayoría legislativa aprobara casi a unanimidad una ley que parece expresión de la excesivamente prematura lucha en el interior de su partido por sucederle.
La indefinición en el Gobierno y la incapacidad de la empresa Falcondo para presentar un proyecto de explotación minera con parámetros medioambientales aceptables, permitieron que se expandiera una oposición radical que subestimaba las implicaciones económicas y sociales del proyecto.
El veto presidencial. No fue una simple observación de la ley que declaraba a loma Miranda parque nacional, fue un veto absoluto a la procedencia de la ley para consternación de amplios sectores sociales y políticos que habían concentrado su atención en los últimos dos años en el rechazo de la explotación minera por considerar la loma Miranda como un santuario inviolable del equilibrio ecológico regional.
Aunque algunos de los argumentos presidenciales pueden ser discutibles, como que la ley tenía que esperar por una dilatada Ley de Ordenamiento Territorial, otros fueron contundentes, como que los legisladores fundamentaran su decisión en tres leyes y cuatro decretos que habían sido derogados, tan inconcebible que no han faltado quienes crean que fue expreso para que la ley se cayera ante el ejecutivo o en una instancia judicial.
Colocado entre la espada y la pared, el presidente Danilo Medina adoptó la posición clara que se le había requerido en el proceso de debate que abarcó por lo menos los últimos dos años. Se auxilió del reclamo de veto del sector empresarial, pero mejor fundamentado por dos razones, especialmente porque advirtió que la observación de la ley no implicaba aprobación de la explotación minera en loma de Miranda, que solo autorizaría “luego de que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental y se hayan validado, si fuese el caso, los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medioambientales”.
El mandatario se refirió respetuosamente a “sectores de la vida nacional que, en una acción loable, son defensores de los recursos naturales” y les garantizó que no autorizará ninguna explotación minera “sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambiental sostenible y que la empresa beneficiaria de la concesión se gane legítimamente, con sus acciones, la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza”.
El mismo martes 2 en que se produjo el veto presidencial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada había publicado un comunicado maniqueísta donde sin la menor consideración ni diferenciación sostenía que no se debía promulgar una ley “que ha sido empujada por grupos ideológicamente radicales, que de manera constante se oponen al desarrollo sostenido y sostenible. Aunque la oposición es tan amplia que abarca grupos políticos y populares, religiosos encabezados por el obispo de La Vega, donde hasta las entidades empresariales apoyaban el parque nacional.
Responsabilidad del PLD
Lo que nadie logra entender es cómo fue posible que el poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no bajara recomendaciones a sus legisladores en un proyecto tan importante y que dejara al presidente Medina enfrentar solo las consecuencias políticas del veto. Se responsabiliza a los presidentes de las cámaras legislativas por haber permitido un despacho acelerado del proyecto de ley, conocido en ambas cámaras en tres días. Se afirma que el presidente Medina se quejó de ello en la reunión de ese organismo del lunes, cuando anunció que vetaría la ley.
Se han producido autocríticas en el equipo ejecutivo del mandatario por no haber fijado posición clara al respecto, mientras otros se quejan de que los encargados de “bajar línea” no hicieron su trabajo. No han faltado quienes estiman que se trató de una “negligencia inducida” para exponer a Danilo Medina a una reducción de su popularidad en momentos en que tomaba velocidad el activismo de algunos que creen posible una repostulación del mandatario, lo que solo sería posible con la declinación de los aspirantes a la candidatura presidencial, relevantemente el expresidente Leonel Fernández, cada semana más metido en su promoción.
De lo que no hay dudas es que precandidatos y dirigentes peledeístas quisieron subirse a la ola popular que reclama la conversión de loma Miranda en parque nacional sin medir las consecuencias ni pedir el parecer del Gobierno, compitiendo anticipadamente con una aún dispersa oposición que busca espacios de articulación y crecimiento. Tampoco hay dudas de que la prematura campaña interna en el PLD empieza a condicionar su propio Gobierno cuando apenas ha iniciado su segunda mitad.
La negligencia de Falcondo
Con su producción de ferroníquel paralizada por los bajos precios del mercado internacional, la minera Falcondo pareció subestimar la potencialidad del movimiento de los defensores del medio ambiente. La provincia entera de La Vega se le fue en contra, con su obispo, legisladores y empresarios al frente, y la de Monseñor Nouel y su sindicato de trabajadores salieron tarde al debate para defender un millar de empleos directos y otros dos mil indirectos.
No se encuentra justificación al hecho de que 16 meses después del informe del PNUD que desestimó su plan de explotación, la empresa no hubiese presentado otro proyecto, atendiendo sugerencias y requerimientos. La única explicación es que al no estar exportando, la empresa no mostrara prisa en garantizarse la expansión, pero mientras tanto la fiebre del parque nacional subía de temperatura.
La empresa debió invertir recursos para adelantar la remediación ambiental que aún tiene pendiente en las áreas que ha explotado ferroníquel en las últimas cuatro décadas. El informe del PNUD reconoce que “la empresa ha dedicado importantes esfuerzos a recuperar la cobertura vegetal luego de la extracción del mineral”, pero advierte que “no obstante persiste un área considerable aprovechada en el pasado, cuya degradación es aún visible”, planteando que “Hasta que se restablezcan estos sitios, será difícil para Falcondo argumentar que no se producirán impactos visuales similares en loma Miranda”.
Una Torre de Babel
Lo ocurrido en el debate sobre loma Miranda ha sido una reproducción de la bíblica Torre de Babel, en la que cada sector hablaba su propio lenguaje, sin tratar de entender el de los demás. Ha faltado una iniciativa del Gobierno para contener el movimiento ecologista, reclamando a Falcondo la nueva propuesta de impacto ambiental como condición fundamental para considerar la autorización de explotación. No bastaba lo de la seguridad jurídica ni derechos adquiridos. En todo el mundo las explotaciones mineras pasan por legitimarse social y económicamente y cuando no ocurre, simplemente quedan desautorizadas.
Los defensores del medio ambiente han lucido radicalmente cerrados a toda discusión y consideración, algunos exagerando el valor ecológico de la loma Miranda, pero con justificadas preocupaciones, sobre todo si hasta los técnicos extranjeros del PNUD advertían que no se ha remediado todo lo degradado en las explotaciones de La Peguera y Ortega.
Ha habido escasa valoración del empleo directo e indirecto y de los ingresos fiscales que representa la explotación del ferroníquel. Lo que parece haber predominado es la algarabía politiquera y las dificultades de los dominicanos para concertar en aras del interés colectivo, mucho más allá de los legítimos intereses sectoriales.
Ambivalencia gubernamental
Hasta que se produjo el veto presidencial a la ley de parque nacional, lo que hubo en el Gobierno fue una ambivalencia. Por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente había acogido las conclusiones de la evaluación de la misión técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contratada por el Gobierno, de que el proyecto de explotación minera presentado “no responde a las exigencias ambientales y sociales, y por ende de desarrollo sostenible del país”. En oficio del 6 de junio de 2013, el ministerio decidió “desestimar el proyecto loma Miranda para obtener autorización ambiental hasta tanto las condiciones socioeconómicas y ambientales y las tecnologías de explotación minera garanticen un aprovechamiento sostenible del recurso mineral”.
Pero la posición del Ministerio de Industria y Comercio y su Dirección General de Minería eran contrarias al parque nacional, planteado como forma de cerrar toda posibilidad de explotación. Favorecían el proyecto minero sin enfatizar el cumplimiento de las exigencias medioambientales, ni la remediación forestal total de las dos lomas, La Peguera y Ortega, donde la Falcondo ha operado durante cuatro décadas. A esa dicotomía se atribuyeron los desacuerdos en las cámaras legislativas para tramitar el proyecto de ley de parque nacional.
Al final de la primera legislatura del año y al comienzo, en agosto, de la segunda, se esperaba una clara definición del Gobierno que no se produjo, lo que explicaría la aprobación casi unánime del parque nacional en sesiones de urgencia de ambas cámaras legislativas. En el Senado solo disintió el senador por Monseñor Nouel, atendiendo las preocupaciones de su comunidad por el desempleo que determinaría el cierre de la explotación del ferroníquel en su provincia. El partido de Gobierno controla 31 de los 32 escaños senatoriales. Entre los diputados la desaprobación y las abstenciones fueron un puñado.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Opinión
Cerca de US$50 mil millones en costo financiero de la deuda: ¿qué país construimos a cambio?
Por Isaias Ramos
Hay cifras capaces de desnudar décadas de discurso económico.
Cerca de US$50 mil millones.
Esa es la magnitud que arroja nuestra reconstrucción del costo financiero de la deuda del Gobierno Central dominicano entre 2004 y 2026, utilizando las ejecuciones oficiales de DIGEPRES hasta 2025 y lo presupuestado para 2026.
No estamos incluyendo amortización de capital.
Entre 2004 y 2025, las cuentas públicas registran aproximadamente RD$2.285 billones en la clasificación funcional de intereses y comisiones. Incorporando el presupuesto de 2026 y convirtiendo cada año a dólares, el acumulado se aproxima a US$50 mil millones, con variaciones según la clasificación financiera y el tipo de cambio utilizados.
La cifra adquiere una dimensión extraordinaria frente a las necesidades fundamentales que todavía enfrenta nuestra nación.
Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021 estimó entonces en US$32,175 millones las inversiones necesarias hasta 2030 para atender importantes brechas dominicanas en agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y transporte.
¡La factura financiera reconstruida equivale aproximadamente a una vez y media aquella estimación de infraestructura!
Son magnitudes de períodos y bases de precios diferentes, no recursos automáticamente intercambiables. Pero su contraste revela la escala del costo financiero y obliga a examinar nuestras prioridades.
La cuestión no es atribuir obras al pago de intereses, sino determinar si el endeudamiento que originó esa factura produjo beneficios económicos y sociales suficientes para justificar su costo.
¿Qué país construimos a cambio de semejante factura?
Durante décadas, el debate sobre la deuda pública ha girado alrededor de un indicador que, presentado aisladamente, puede transmitir una tranquilidad injustificada: la relación deuda/PIB.
El indicador es legítimo, pero insuficiente.
El PIB mide el tamaño de la economía, no los ingresos fiscales disponibles. Los intereses deben financiarse con ingresos públicos o nuevo endeudamiento, comprometiendo capacidad fiscal presente o futura.
Para 2026, DIGEPRES presupuestó RD$324,257 millones en intereses bajo la clasificación económica, equivalentes al 26.2% de los ingresos tributarios previstos. La clasificación funcional más amplia alcanza RD$362,550 millones, equivalentes al 29.3%, pero incorpora conceptos adicionales asociados al Banco Central que no deben confundirse con intereses estrictos.
De cada RD$100 proyectados en impuestos, aproximadamente RD$26 equivalen solamente a intereses. Y todavía falta amortizar capital.
Mientras tanto, el FMI ha advertido que una inversión pública cercana al 2.5% del PIB continúa siendo insuficiente para atender nuestras necesidades de infraestructura y desarrollo.
Hemos desarrollado una enorme capacidad para financiar obligaciones, mientras persisten profundas deficiencias en los servicios esenciales que deberían sostener el bienestar y la productividad nacional.
El proyecto presupuestario de 2027 añade otra dimensión: contempla RD$351,327 millones en intereses y RD$44,556 millones para recapitalizar el Banco Central. Aunque son obligaciones contables diferentes, su suma ronda RD$396,000 millones, superando la asignación proyectada para el Ministerio de Educación, que no representa la totalidad del gasto educativo nacional.
La deuda convencional tampoco cuenta toda la historia.
En 2024, RD Vial registró RD$5,624 millones en intereses devengados, frente a RD$6,576 millones de resultado operativo. Su costo financiero equivalió al 85.5% de ese resultado contable, aunque no necesariamente del efectivo disponible.
Este caso plantea preguntas que deben extenderse a los demás fideicomisos públicos, empresas estatales, garantías y contratos de largo plazo:
¿Cuánto deben? ¿Qué ingresos futuros tienen comprometidos? ¿Qué patrimonio han creado? ¿Qué beneficios económicos y sociales concretos aportan a la nación?
Porque la responsabilidad fiscal no consiste solamente en demostrar capacidad de pago.
Consiste también en demostrar qué recibe la sociedad a cambio de las obligaciones que asume.
Frente a esta realidad, la respuesta nacional no puede limitarse a denunciar el pasado ni continuar administrando sus consecuencias.
Gobierno y oposición deberían presentar programas fiscales cuantificados, sometidos al escrutinio público, que expliquen cómo reducirán sostenidamente el costo del endeudamiento sin sacrificar inversión productiva ni servicios esenciales.
República Dominicana necesita un compromiso de Estado de 18 años, desde 2027 hasta 2044, bicentenario de nuestra Independencia Nacional.
No proponemos deuda cero. Proponemos una deuda baja, sostenible y manejable, acompañada de equilibrio fiscal estructural, fortalecimiento de la recaudación, revisión de privilegios injustificados, eficiencia del gasto y recuperación legal del patrimonio público.
El endeudamiento debe orientarse principalmente hacia inversiones cuya rentabilidad económica o social justifique sus costos y riesgos, preservando excepciones transparentes para emergencias.
La transformación exige compromisos verificables: para 2030, publicar un balance fiscal ampliado y establecer una trayectoria plurianual de reducción del déficit estructural; para 2035, evaluar las metas legales de deuda y la presión de intereses sobre ingresos; para 2040, comprobar avances en inversión productiva, reducción de deuda y servicios esenciales; y para 2044, evaluar los resultados de sostenibilidad fiscal y fortalecimiento patrimonial.
Las metas deberán sustentarse en proyecciones públicas de ingresos, gastos, balance primario, deuda e inversión, bajo escenarios económicos favorables, centrales y adversos, con revisiones periódicas y evaluación independiente.
Hacienda deberá publicar sus resultados anualmente; el Congreso ejercer su función fiscalizadora y los organismos de control verificar su cumplimiento. La transición deberá preservar la estabilidad económica y la protección social.
Deuda para crear patrimonio, no para perpetuar déficits.
Después de una factura financiera cercana a US$50 mil millones, no basta con celebrar nuevas emisiones de bonos.
Obtener crédito no demuestra que se haya creado riqueza. Refinanciar no equivale a reducir deuda. Y crecimiento económico no garantiza desarrollo.
Las generaciones que todavía no han nacido heredarán consecuencias de decisiones que nunca tomaron.
Que en 2044 República Dominicana no celebre solamente dos siglos de independencia política, sino también una nueva etapa de autonomía fiscal y económica.
Porque la verdadera independencia también consiste en que el país que entreguemos a nuestros hijos valga más que la deuda que les dejamos.
Por Oscar López Reyes
En la réplica y amplificación con la rapidez más impresionante, la Inteligencia Artificial (IA) crea y reproduce un alto porcentaje de datos incorrectos, imprecisos, desactualizados e inexistentes, muchos de ellos memorables y que, aunque no reconoce sus inexactitudes y falsedades, tampoco exclama: ¡oh, excúsame! ¡Muchas gracias! Lógico que así sea, porque no comprende y carece de la aptitud y el talento para interpretar la información, ya que no piensa y opera condicionada con la probabilidad estadística y no basada en el razonamiento humano crítico y profundo.
El panorama de la información digital ha sido transformado por la IA, la cual desempeña un papel central en la producción y el ensanchamiento de la alteración intencional de una proporción sin precedentes. Esta tecnología permite la difusión multitudinaria de contenido sintético de textos compendiados, a bajo costo, desafiando la integridad de la vida cotidiana y la participación democrática.
¿Cuáles son las desventajas y riesgos críticos asociados a la IA?
1.- Producción de desinformación y deepfakes: La IA permite generar videos y audios sintéticos que copian con gran precisión a las personas reales, que se utiliza para distorsionar la realidad y manipular la opinión pública.
2.- Alucinaciones y falta de veracidad: Los modelos de lenguaje suelen engendrar información que parece coherente y gramaticalmente correcta, pero que contiene hechos totalmente inciertos o inventados, que los convierte en fuentes de información poco confiables.
3.- Bots para distorsión social: Los bots (programas de software automatizados en internet) impulsados por IA emulan el comportamiento humano para construir una ficticia sensación de consenso (astroturfing), amplificar narrativas polarizadoras y acosar a usuarios con opiniones divergentes.
4.- Fraude con identidades sintéticas: La tecnología permite diseñar rasgos amañados con rostros y voces realistas para cometer estafas financieras y suplantar la identidad de figuras públicas o ejecutivos.
5.- Microsegmentación y torcida psicológica: La IA analiza trazos de datos para enviar mensajes de propaganda personalizados que explotan los sesgos y temores específicos de los individuos a una escala industrial.
6.- Riesgos graves para la salud mental: Han sido acreditados temas en los cuales chatbots de IA han ofrecido consejos peligrosos, llegando incluso a sugerir métodos de suicidio a personas en situaciones vulnerables.
7.- Asesoría médica incorrecta: Estudios indican que los consejos de salud proporcionados por chatbots suelen ser incompletos, incorrectos o carecen del contexto necesario, lo que puede llevar a diagnósticos equivocados.
8.- Sesgos y discriminación algorítmica: Muchos sistemas de IA están entrenados con conjuntos de datos limitados o sesgados, lo que puede provocar que la tecnología ignore a grupos minoritarios o perpetúe prejuicios sociales.
9.- Privacidad y protección de datos: El funcionamiento de la IA requiere el procesamiento de grandes volúmenes de datos personales, lo que a menudo entra en conflicto con las leyes de privacidad (como el GDPR) y expone a los usuarios a un rastreo masivo.
10.- Erosión de la confianza pública: La proliferación de noticias falsas y contenido fabricado por IA degrada la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, los medios de comunicación y los procesos electorales.
¿Cuáles son las principales modalidades de desinformación impulsadas por IA?
Primero: Contenido sintético y deepfakes. Entre 2023 y 2024, los incidentes documentados aumentaron aproximadamente un 257 %. Además, solo durante el primer trimestre de 2025 se registraron más incidentes que en todo 2024.
11.- Impacto político: Han sido documentados hechos críticos, como el video falso del presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, pidiendo la rendición en 2022 y audios manipulados en Eslovaquia para sembrar dudas sobre la integridad electoral.
12.- Interferencia electoral: En India, en 2024 fueron utilizados recursos tecnológicos (deepfakes) para superar barreras lingüísticas: líderes políticos aparecieron hablando en videos en idiomas que no dominan, para manipular a diversos grupos étnicos.
13.- Acoso y daño reputacional: La falsificación de multimedia (deepfakes) se ha extendido al acoso personal, como la cuestión de la parlamentaria norirlandesa Cara Hunter, quien fue víctima de pornografía sintética generada para intimidarla.
Segundo: Generación de texto y «fake news».
Los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) pueden producir noticias falsas, en más del 50% de los casos, que los humanos no logran distinguir del periodismo auténtico.
14.- Proliferación de sitios: Para 2024 se identificaron más de 1,200 sitios de noticias falsas generadas por IA, que representa un aumento de diez veces en un año.
15.- Arma política en Brasil: En Brasil, la desinformación creada con IA se triplicó entre 2024 y 2025, pasando de ser mayoritariamente estafas comerciales a convertirse en un arma política con sesgo ideológico en el 45% de los casos analizados.
Tercero: Identidades sintéticas y redes de bots.
La IA facilita la producción de «granjas de troles» altamente convincentes mediante fotos de perfil generadas por redes neuronales (GAN), que no son cónsonos con personas reales.
16.- Automatización Avanzada: Herramientas como «Meliorator» han sido utilizadas por servicios de inteligencia de Rusia para gestionar ejércitos de cuentas falsas en Twitter (X), que imitan comportamientos humanos para difundir propaganda sobre la guerra en Ucrania.
17.- Escala del tráfico: Se estima que el 42% de todo el tráfico web en 2024 fue generado por bots, de los cuales el 65% se clasificaron como maliciosos.
¿Conoce los riesgos críticos y falta de confiabilidad?
La incidencia de la IA no sólo proviene de actores malintencionados, sino de las limitaciones intrínsecas de la tecnología:
18.- Citas y testimonios inventados: El 12 de mayo de 2026, Steven Rosenbaum publicó en Nueva York el libro “El futuro de la verdad: cómo la IA transforma la verdad”, que provocó un escándalo, porque contenía múltiples citas y testimonios alterados o falsos derivados de la inteligencia artificial.
19.- Consejos médicos erróneos: Un estudio de 2026 de la revista científica Nature Medicine reveló que los chatbots de IA no superan a las búsquedas tradicionales en calidad de consejos de salud: el 34% de los usuarios identificaron afecciones correctas, pero los modelos suelen ofrecer información incompleta o inventada («alucinaciones»).
20.- Salud mental y seguridad: En 2025 fueron reportados casos en los cuales chatbots ofrecieron consejos peligrosos, como el de una joven de 17 años refugiada de Ucrania, que residía en Polonia, nombrada Viktoria, a quien el sistema le sugirió métodos para suicidarse, en lugar de brindarle ayuda profesional.
21.- Envenenamiento de datos: La IA es vulnerable a la manipulación de sus fuentes de entrenamiento: bastan 250 documentos maliciosos para corromper un modelo y hacer que genere respuestas desastrosas.
22.- Fraude financiero: La IA ha facilitado esquemas de fraude masivo, como ocurrió en 2024 con Michael Smith, domiciliado en Carolina del Norte, Estados Unidos, que ganó millones creando cuentas falsas y canciones generadas por IA para manipular las reproducciones en plataformas como Spotify y Apple Music.
Anotemos respuestas regulatorias y recomendaciones:
La respuesta global es fragmentada, destacando el acta de IA de la Unión Europea (UE, 2024) con sus mandatos de transparencia, frente a enfoques más específicos en EE. UU. o modelos de censura estricta en China.
Para fortalecer la resiliencia democrática, las fuentes recomiendan un marco de gobernanza basado en cuatro facetas:
23.- Resiliencia cognitiva: Integrar la alfabetización digital y el pensamiento crítico en los currículos escolares para que los ciudadanos detecten manipulaciones.
24.- Cooperación internacional: Establecer una alianza global de seguridad de IA para compartir inteligencia sobre amenazas en tiempo real y armonizar regulaciones entre países 29.
25.- Mecanismos adaptativos: Implementar «sandboxes» (códigos o archivos sospechosos) regulatorios y revisiones periódicas de las leyes (cada 18-24 meses) para no quedar rezagados ante el avance tecnológico.
26.- Auditorías de sesgo: Obligar a realizar auditorías de los conjuntos de datos de entrenamiento para evitar que la IA ignore la desinformación dirigida a grupos minoritarios.
Cierre: La IA actúa como un arma y un escudo en la brega por la verdad. Mientras su capacidad para escalar la mentira crece, su uso responsable en la detección y la educación ciudadana son las únicas vías para proteger la esfera pública digital.
………………………………….
Referencias bibliograficas:
1.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
2.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Barcelona, España, 2026.
3.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
4.- Inteligencia Artificial. Guía definitiva desde los orígenes a la IA generativa, Adrián González Sánchez y Laura Sánchez Fernández, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2025.
5.- Liderando la era de la IA generativa: Playbook ejecutivo para convertirse en el líder que impulsa la transformación de su empresa, Adrián González Sánchez, Marcombo, Alpha Editorial, Barcelona, España, 2026.
6. Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/.
7. Noticia de Agencia (Agência Brasil). Agência Brasil. (2026, 6 de febrero). Contenidos falsos creados con IA se triplican entre 2024 y 2025.,.
8. Reportaje periodístico (El Nacional / BBC). Titheradge, N., y Malchevska, O. (2026, 22 de marzo). ¿Por qué ChatGPT aconsejó a una joven rusa suicidarse? El Nacional, p. 7.,.
9. Artículo de opinión/tecnología (Vía Tecnológica). Díaz, R. (s.f.). La IA no es confiable, y esta es la razón. Vía Tecnológica.
10. Artículo sobre salud (The New York Times / Estudio). Rosenbluth, T. (2025, 29 de octubre). Los consejos de salud de los chatbots de IA suelen ser erróneos, según un estudio.
11. Breve de prensa (Fraude con IA). Agencias. (s.f.). Gana millones por fraude con IA.
…………………………………
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
…………………………………….