Nacionales
López Rodríguez responde a curas que critican sentencia
Castillo Semán pide a ONG ayudar haitianos a regularizar estatus migratorio; jueces defienden fallo sobre nacionalidad
Los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta, estuvieron en La Vega para anunciar la conferencia “El Ciudadano en la Constitución Dominicana de 2010”, que dictará la magistrada Leyda Margarita Piña. –
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo ayer que ni siquiera la Iglesia católica está por encima de las decisiones del Tribunal Constitucional. Dijo que desde que este tribunal emitió la sentencia que establece un precedente para regular la inmigración irregular en República Dominicana hay mucha gente opinando sin ni siquiera haberla leído. Fue en este contexto que López Rodríguez dijo que “por encima del Tribunal Constitucional dominicano no hay nadie. Aunque sea aquí (dentro de la iglesia). Esos (los curas) también que digan lo que ellos quieran. Nadie está por encima del Tribunal Constitucional. Nadie. Ni la iglesia católica”, puntualizó López Rodríguez.
La respuesta del prelado católico fue a propósito de que aun dentro de la propia iglesia católica las opiniones sobre los efectos y alcance de esta sentencia están divididas, sobre todo en lo que concierne a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana, a quienes muchos entienden no se les debe otorgar el derecho a la nacionalidad dominicana.
El pasado martes, un grupo de 43 sacerdotes y fieles de la iglesia católica denunció el “sufrimiento e injusticia” generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que afecta a hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país. Dijeron que esta disposición “arrebata” la nacionalidad a cuatro generaciones.
“Estamos indignados de que se quiera despojar de sus derechos a miles de personas. Pedimos al Gobierno que respete la ley; una sentencia no puede estar por encima de la Carta Magna”, alegan. El sacerdote Abraham Apolinar, quien leyó un documento en nombre del grupo, dijo que esa sentencia debilita el estado de derecho en el país y vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110.
“Desde nuestro trabajo pastoral damos testimonio de que la aplicación de las medidas que legaliza la sentencia injusta ya ha provocado heridas profundas en la vida de dominicanos y dominicanas afectadas, con los que compartimos nuestra fe. El derecho a la nacionalidad es un derecho adquirido, a quienes se les vulneren esos derechos la iglesia estará ahí para acompañarlos”, sostuvo.
López Rodríguez señala que las decisiones del Tribunal Constitucional no deben ser discutidas. “Para eso está, para la interpretación de lo que debe ser la Constitución de la República”, dijo.
Estatus migratorio en RD
Por su lado, Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, pidió este jueves a las ONG que han estado fomentando campañas contra la República Dominicana en el exterior, aprovechar el plan de regularización que ha ordenado el Gobierno para ayudar a los haitianos residentes ilegalmente en el país, a regularizar su estatus migratorio. Castillo Semán explicó a través de un comunicado, que así los inmigrantes podrán ejercer sus derechos fundamentales debidamente documentados. “El plan de regularización que anunció ayer el Gobierno en acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional es una magnífica oportunidad para que las ONG demuestren que realmente están interesadas en el drama humano de los sin papeles o indocumentados. Harían muy bien esas organizaciones que reciben dólares y euros, dedicarse en armonía con la Junta Central Electoral, la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Migración, a regularizar el estatus de dichos inmigrantes ilegales”, expresó Castillo Semán a través de un comunicado.
“En cuanto a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país, que se han criado y formado en la República Dominicana, es perfectamente posible, dentro del plan de regularización, enviar al Congreso una ley especial que abrevie los pasos o requisitos para la naturalización en los casos que lo ameriten, para darle su nacionalidad dominicana legal y constitucionalmente, evaluando cada caso en particular”, agregó. Indicó que “ese proyecto de ley sobre los procesos de naturalización especiales puede redactarse conforme a la realidad que arroje el informe que le ha sido encomendado a la Junta Central Electoral por el Consejo Nacional de Migración, para establecer la cantidad y las modalidades de afectados por las irregularidades en el Registro Civil que han sido abordados por la sentencia del Tribunal Constitucional”.
Jueces
Dos de los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta, criticaron que se emitan opiniones sin haber leído la sentencia sobre la nacionalidad que afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Al defender la decisión, dijeron que esta sentencia tiene la suficiente motivación.
En cuanto al tema de la irretroactividad, manifestaron que si se lee con detenimiento, sabrían que dan respuesta a esa inquietud. Ambos hablaron en La Vega, donde anunciaron la conferencia “El Ciudadano en la Constitución Dominicana de 2010”.
Extranjeros comienzan a regularizar situación
El director de Migración informó ayer que ya muchos extranjeros están acudiendo a regularizar su situación migratoria tanto a la Junta Central Electoral como a la entidad que dirige. José Ricardo Taveras aseguró que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros será un éxito.
“La verdad es que la mayoría no anda detrás del ruido que se ha generado, la mayoría lo que quiere es que se le resuelva su problema de la manera que fuere y como mande la ley, pero que se le dé su residencia”. Insistió en que las personas que quieran regular su estatus en el país deben acercarse a la Junta Central Electoral para evitar que el procedimiento sea lo menos molestoso posible para los ciudadanos extranjeros.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Treinta años de prisión solicitó el Ministerio Público este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para Wesly Carmona, alias «El Dotolcito» y 40 años para Luis Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) por su alegada participación en el homicidio de Joshua Fernández el pasado 19 de abril del 2023 en la discoteca Kiss Bar.
Magalys Sánchez, representante del de Ministerio Público (MP), aseguró que, aunque la defensa de los imputados alegue que Wesly Carmona, alias » El Dotolcito«, no tuvo participación en el acto, su influencia fue «transcendental» en el desarrollo del atraco que terminó trágicamente con la vida de Joshua Fernández, por lo que piden una condena justa.
«Sin la influencia de Wesly no se hubiese llevado a cabo nada y hoy Joshua estuviera vivo. A él le permitían entrar a la discoteca sin revisarlo, según explicó uno de los imputados al ser interrogado, incluso no era requisado aún si portaba armas de fuego», destacó Sánchez.
Dijo, además, que él fue quien llamó al taxista y organizó todo. » El fue la cabecilla de esta trama», subrayó la representante del MP.
Agregó que «si Wesly Carmona no hubiese llamado a Luisito, mientras éste estaba durmiendo con su esposa y éste a Alison, cuando la discoteca estaba cerrando, Joshua estuviese vivo».
El tribunal aplazó el juicio por cinco minutos para deliberar la solicitud del MP.
Abogados de la familia de Joshua Fernández dicen están satisfechos con la condena solicitada por el MP.
A El Dotolcito se le imputa haber violado los artículos 265,266,295,304,379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.
A Chiquito y a Luisito se le imputa violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16, de ponerte y tenencia de armas.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado recibió este lunes una solicito del Ministerio Público (MP) para no permitir la presencia de la prensa durante el interrogatorio de los testigos presentados por ellos en el caso Antipulpo, el cual imputa a Alexis y Magalys Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con el órgano acusador, exponer en medios de comunicación la declaración de los testigos puede contaminar a los demás, por lo que pidieron al tribunal excluir a los periodistas durante esta fase del proceso.
Ante este pedimento, la mayoría de los abogados de la defensa no presentaron oposición, sin embargo, alguno de ellos rechazaron la solicitud, alegando que esto estaría violentado el derecho a la libertad de prensa.
Otros togados propusieron que los periodistas se mantuvieran durante todo el proceso, tomando notas, pero que sean restringidos el uso de teléfonos móviles y cámaras.
Se recuerda que en esta audiencia el MP estaría presentando como testigos al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, pero previo al interrogatorio expusieron este pedimento.
Por su parte, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, las juezas que presidente tribunal,establecieron un receso para deliberar sobre el incidente.
En el caso Antipulpo, el Ministerio Público acusa a los imputados de desfalco al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones.
Los principales acusados en el entramado son los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez.
También figura el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfrido Hidalgo Núñez; el excontralor, Rafael Antonio Germosén, y el exdirector del FONPER Fernando Rosa.
Santo Domingo.-Cuando vence el plazo para que el Ministerio Público presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, tres ex-funcionarios del Gobierno de Danilo Medina fueron sometidos a interrogatorios.
El pasado viernes, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho interrogaron al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
Camacho anunció que en los próximos días, en la presentación de la acusación del caso Calamar, serían involucrados nuevos imputados y la presentación de nuevas pruebas.
Simón Lizardo, figura en el expediente acusatorio del caso Calamar, conjuntamente con el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, como uno de los que estuvo en una de las reuniones de los principales señalados del supuesto entramado contra el Estado por más de 17,000 millones de pesos.
Así lo especifica la instrumentación del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, en la que menciona a Lizardo en la página 32 como uno de los que supuestamente conversó y «tramitó» el inicio del presunto plan en detrimento del erario.
El pasado 8 de abril, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, en un plazo de 15 días.
La jueza advirtió a los fiscales que de no cumplir con la presentación de la acusación cuyo plazo vence el 6 de mayo, se procederá a fijar audiencia de extinción de la acción penal.
La decisión fue tomada en virtud a una solicitud hecha por la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, doctores Luis Rivas y Laura Acosta, a la que se sumó la defensa de los demás implicados, quienes plantearon al tribunal declarare la inadmisibilidad sobrevenida del conocimiento de la solicitud de prórroga por cuatro meses que hizo el Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
En el caso figuran además como imputados el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el ex director de Catastro Nacional.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.