Nacionales
López Rodríguez responde a curas que critican sentencia
Castillo Semán pide a ONG ayudar haitianos a regularizar estatus migratorio; jueces defienden fallo sobre nacionalidad
Los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta, estuvieron en La Vega para anunciar la conferencia “El Ciudadano en la Constitución Dominicana de 2010”, que dictará la magistrada Leyda Margarita Piña. –
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo ayer que ni siquiera la Iglesia católica está por encima de las decisiones del Tribunal Constitucional. Dijo que desde que este tribunal emitió la sentencia que establece un precedente para regular la inmigración irregular en República Dominicana hay mucha gente opinando sin ni siquiera haberla leído. Fue en este contexto que López Rodríguez dijo que “por encima del Tribunal Constitucional dominicano no hay nadie. Aunque sea aquí (dentro de la iglesia). Esos (los curas) también que digan lo que ellos quieran. Nadie está por encima del Tribunal Constitucional. Nadie. Ni la iglesia católica”, puntualizó López Rodríguez.
La respuesta del prelado católico fue a propósito de que aun dentro de la propia iglesia católica las opiniones sobre los efectos y alcance de esta sentencia están divididas, sobre todo en lo que concierne a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana, a quienes muchos entienden no se les debe otorgar el derecho a la nacionalidad dominicana.
El pasado martes, un grupo de 43 sacerdotes y fieles de la iglesia católica denunció el “sufrimiento e injusticia” generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que afecta a hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país. Dijeron que esta disposición “arrebata” la nacionalidad a cuatro generaciones.
“Estamos indignados de que se quiera despojar de sus derechos a miles de personas. Pedimos al Gobierno que respete la ley; una sentencia no puede estar por encima de la Carta Magna”, alegan. El sacerdote Abraham Apolinar, quien leyó un documento en nombre del grupo, dijo que esa sentencia debilita el estado de derecho en el país y vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110.
“Desde nuestro trabajo pastoral damos testimonio de que la aplicación de las medidas que legaliza la sentencia injusta ya ha provocado heridas profundas en la vida de dominicanos y dominicanas afectadas, con los que compartimos nuestra fe. El derecho a la nacionalidad es un derecho adquirido, a quienes se les vulneren esos derechos la iglesia estará ahí para acompañarlos”, sostuvo.
López Rodríguez señala que las decisiones del Tribunal Constitucional no deben ser discutidas. “Para eso está, para la interpretación de lo que debe ser la Constitución de la República”, dijo.
Estatus migratorio en RD
Por su lado, Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, pidió este jueves a las ONG que han estado fomentando campañas contra la República Dominicana en el exterior, aprovechar el plan de regularización que ha ordenado el Gobierno para ayudar a los haitianos residentes ilegalmente en el país, a regularizar su estatus migratorio. Castillo Semán explicó a través de un comunicado, que así los inmigrantes podrán ejercer sus derechos fundamentales debidamente documentados. “El plan de regularización que anunció ayer el Gobierno en acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional es una magnífica oportunidad para que las ONG demuestren que realmente están interesadas en el drama humano de los sin papeles o indocumentados. Harían muy bien esas organizaciones que reciben dólares y euros, dedicarse en armonía con la Junta Central Electoral, la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Migración, a regularizar el estatus de dichos inmigrantes ilegales”, expresó Castillo Semán a través de un comunicado.
“En cuanto a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país, que se han criado y formado en la República Dominicana, es perfectamente posible, dentro del plan de regularización, enviar al Congreso una ley especial que abrevie los pasos o requisitos para la naturalización en los casos que lo ameriten, para darle su nacionalidad dominicana legal y constitucionalmente, evaluando cada caso en particular”, agregó. Indicó que “ese proyecto de ley sobre los procesos de naturalización especiales puede redactarse conforme a la realidad que arroje el informe que le ha sido encomendado a la Junta Central Electoral por el Consejo Nacional de Migración, para establecer la cantidad y las modalidades de afectados por las irregularidades en el Registro Civil que han sido abordados por la sentencia del Tribunal Constitucional”.
Jueces
Dos de los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta, criticaron que se emitan opiniones sin haber leído la sentencia sobre la nacionalidad que afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Al defender la decisión, dijeron que esta sentencia tiene la suficiente motivación.
En cuanto al tema de la irretroactividad, manifestaron que si se lee con detenimiento, sabrían que dan respuesta a esa inquietud. Ambos hablaron en La Vega, donde anunciaron la conferencia “El Ciudadano en la Constitución Dominicana de 2010”.
Extranjeros comienzan a regularizar situación
El director de Migración informó ayer que ya muchos extranjeros están acudiendo a regularizar su situación migratoria tanto a la Junta Central Electoral como a la entidad que dirige. José Ricardo Taveras aseguró que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros será un éxito.
“La verdad es que la mayoría no anda detrás del ruido que se ha generado, la mayoría lo que quiere es que se le resuelva su problema de la manera que fuere y como mande la ley, pero que se le dé su residencia”. Insistió en que las personas que quieran regular su estatus en el país deben acercarse a la Junta Central Electoral para evitar que el procedimiento sea lo menos molestoso posible para los ciudadanos extranjeros.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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