Nacionales
López Rodríguez responde a curas que critican sentencia
Castillo Semán pide a ONG ayudar haitianos a regularizar estatus migratorio; jueces defienden fallo sobre nacionalidad
Los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta, estuvieron en La Vega para anunciar la conferencia “El Ciudadano en la Constitución Dominicana de 2010”, que dictará la magistrada Leyda Margarita Piña. –
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo ayer que ni siquiera la Iglesia católica está por encima de las decisiones del Tribunal Constitucional. Dijo que desde que este tribunal emitió la sentencia que establece un precedente para regular la inmigración irregular en República Dominicana hay mucha gente opinando sin ni siquiera haberla leído. Fue en este contexto que López Rodríguez dijo que “por encima del Tribunal Constitucional dominicano no hay nadie. Aunque sea aquí (dentro de la iglesia). Esos (los curas) también que digan lo que ellos quieran. Nadie está por encima del Tribunal Constitucional. Nadie. Ni la iglesia católica”, puntualizó López Rodríguez.
La respuesta del prelado católico fue a propósito de que aun dentro de la propia iglesia católica las opiniones sobre los efectos y alcance de esta sentencia están divididas, sobre todo en lo que concierne a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana, a quienes muchos entienden no se les debe otorgar el derecho a la nacionalidad dominicana.
El pasado martes, un grupo de 43 sacerdotes y fieles de la iglesia católica denunció el “sufrimiento e injusticia” generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que afecta a hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país. Dijeron que esta disposición “arrebata” la nacionalidad a cuatro generaciones.
“Estamos indignados de que se quiera despojar de sus derechos a miles de personas. Pedimos al Gobierno que respete la ley; una sentencia no puede estar por encima de la Carta Magna”, alegan. El sacerdote Abraham Apolinar, quien leyó un documento en nombre del grupo, dijo que esa sentencia debilita el estado de derecho en el país y vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110.
“Desde nuestro trabajo pastoral damos testimonio de que la aplicación de las medidas que legaliza la sentencia injusta ya ha provocado heridas profundas en la vida de dominicanos y dominicanas afectadas, con los que compartimos nuestra fe. El derecho a la nacionalidad es un derecho adquirido, a quienes se les vulneren esos derechos la iglesia estará ahí para acompañarlos”, sostuvo.
López Rodríguez señala que las decisiones del Tribunal Constitucional no deben ser discutidas. “Para eso está, para la interpretación de lo que debe ser la Constitución de la República”, dijo.
Estatus migratorio en RD
Por su lado, Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, pidió este jueves a las ONG que han estado fomentando campañas contra la República Dominicana en el exterior, aprovechar el plan de regularización que ha ordenado el Gobierno para ayudar a los haitianos residentes ilegalmente en el país, a regularizar su estatus migratorio. Castillo Semán explicó a través de un comunicado, que así los inmigrantes podrán ejercer sus derechos fundamentales debidamente documentados. “El plan de regularización que anunció ayer el Gobierno en acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional es una magnífica oportunidad para que las ONG demuestren que realmente están interesadas en el drama humano de los sin papeles o indocumentados. Harían muy bien esas organizaciones que reciben dólares y euros, dedicarse en armonía con la Junta Central Electoral, la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Migración, a regularizar el estatus de dichos inmigrantes ilegales”, expresó Castillo Semán a través de un comunicado.
“En cuanto a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país, que se han criado y formado en la República Dominicana, es perfectamente posible, dentro del plan de regularización, enviar al Congreso una ley especial que abrevie los pasos o requisitos para la naturalización en los casos que lo ameriten, para darle su nacionalidad dominicana legal y constitucionalmente, evaluando cada caso en particular”, agregó. Indicó que “ese proyecto de ley sobre los procesos de naturalización especiales puede redactarse conforme a la realidad que arroje el informe que le ha sido encomendado a la Junta Central Electoral por el Consejo Nacional de Migración, para establecer la cantidad y las modalidades de afectados por las irregularidades en el Registro Civil que han sido abordados por la sentencia del Tribunal Constitucional”.
Jueces
Dos de los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta, criticaron que se emitan opiniones sin haber leído la sentencia sobre la nacionalidad que afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Al defender la decisión, dijeron que esta sentencia tiene la suficiente motivación.
En cuanto al tema de la irretroactividad, manifestaron que si se lee con detenimiento, sabrían que dan respuesta a esa inquietud. Ambos hablaron en La Vega, donde anunciaron la conferencia “El Ciudadano en la Constitución Dominicana de 2010”.
Extranjeros comienzan a regularizar situación
El director de Migración informó ayer que ya muchos extranjeros están acudiendo a regularizar su situación migratoria tanto a la Junta Central Electoral como a la entidad que dirige. José Ricardo Taveras aseguró que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros será un éxito.
“La verdad es que la mayoría no anda detrás del ruido que se ha generado, la mayoría lo que quiere es que se le resuelva su problema de la manera que fuere y como mande la ley, pero que se le dé su residencia”. Insistió en que las personas que quieran regular su estatus en el país deben acercarse a la Junta Central Electoral para evitar que el procedimiento sea lo menos molestoso posible para los ciudadanos extranjeros.
El Caribe
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.